Guías del despachoRegulación financiera

Montar una gestora de capital riesgo (SGEIC) y su primer fondo

Actualizada el 2026-11-09 · Revisado por Jaime Piñeira Pardo, colegiado ICAM nº 138826

La respuesta corta

Para montar una gestora de capital riesgo (SGEIC) necesita la autorización de la CNMV, con 125.000 euros de capital desembolsado e informe del SEPBLAC. La CNMV resuelve en tres meses desde el expediente completo, prorrogables tres; si calla, puede entenderse estimada (art. 46 Ley 22/2014). El primer FCR no se autoriza: se inscribe, con 1.650.000 euros comprometidos. La denegación se recurre en reposición o ante la Audiencia Nacional.

Usted y dos socios llevan ocho años invirtiendo en startups de software desde el family office de uno de ellos y quieren abrir a terceros su primer fondo de capital riesgo, con un objetivo de 40 millones de euros. Un family office ancla compromete 8 millones y una empresa industrial, 5; además, una treintena de directivos de su red pondrían entre 50.000 y 150.000 euros cada uno. Han constituido una sociedad limitada con 3.000 euros de capital, uno de los socios vive en Lisboa y quiere seguir allí, y ya enviaron por correo el dosier del fondo a 200 contactos y abrieron una web con un formulario de «quiero invertir». Quieren saber si basta con registrarse, como en otros países, cuánto capital necesitan, cuánto tardará la CNMV, si pueden aceptar las aportaciones de 50.000 euros y qué pasa si la CNMV no contesta.

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita
Solicitud a la CNMV de autorización de la sociedad gestora de entidades de inversión de tipo cerrado (SGEIC), con su programa de actividades y la información del primer fondo (arts. 45 a 48 Ley 22/2014), y, una vez autorizada, inscripción de la gestora y del fondo de capital riesgo (FCR) en los registros de la CNMV (art. 8). Si se deniega, recurso potestativo de reposición ante la propia CNMV o recurso contencioso-administrativo directo.
Ante quién
Autoriza la CNMV, por su Comité Ejecutivo a propuesta del Director General de Entidades, previo informe preceptivo del SEPBLAC sobre el control interno de prevención del blanqueo (art. 45.4.i Ley 10/2010). Su resolución pone fin a la vía administrativa (art. 46.2 Ley 22/2014): no hay alzada ante el Ministerio, y el contencioso va a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en única instancia (disposición adicional cuarta LJCA), sin el intento previo de negociación del art. 5 LO 1/2025, que solo rige en el orden civil y mercantil.
Plazo
Tres meses desde la solicitud o desde que se completa la documentación exigible, prorrogables otros tres por resolución motivada notificada antes; sin resolución expresa, la solicitud puede entenderse estimada por silencio (art. 46.1 Ley 22/2014). El FCR no tiene plazo legal propio: la CNMV lo inscribe al comprobar que la documentación está completa (art. 8). La autorización caduca si en doce meses no empieza la actividad por causas imputables a la gestora (art. 54). Recursos: reposición en un mes (art. 124 LPAC) o contencioso en dos meses (art. 46.1 LJCA).
Quién puede
Pide la autorización la sociedad gestora, anónima o limitada, ya constituida o en proyecto; si aún no está constituida, la tasa la paga quien la solicita (art. 40 Ley 16/2014). Debe tener su administración central y su domicilio en España (art. 48 Ley 22/2014). La necesita cualquiera que vaya a gestionar fondos o sociedades de capital riesgo, porque la actividad y las denominaciones FCR, SCR y SGEIC están reservadas (arts. 11 y 42). Recurre la solicitante.
Riesgo económico
Gestionar entidades de capital riesgo sin autorización es infracción muy grave (art. 93.g Ley 22/2014), con multa de más del tanto y hasta el quíntuplo del beneficio bruto o, si no se puede cuantificar, de hasta 300.000 euros (art. 96.1). Captar inversores por correo o por la web antes de tiempo ya es comercializar (art. 75.5). Autorizada, el coste es permanente: capital de 125.000 euros como mínimo, recursos propios, tasas anuales, auditoría y examen externo de blanqueo. Denegada, se pierde el tiempo, no la tasa de autorización, que solo se devenga si se autoriza.

Sin registro ligero: autorización completa y 125.000 euros

La SGEIC es una sociedad anónima o limitada que gestiona las inversiones de entidades de capital riesgo y de inversión colectiva de tipo cerrado (art. 41.1 Ley 22/2014); el FCR no tiene personalidad jurídica y es un patrimonio separado que ella administra (art. 30.1). La directiva europea permite que la gestora alternativa pequeña solo se registre (art. 3.3 Directiva 2011/61/UE), pero España no usó esa puerta: toda SGEIC necesita autorización de la CNMV, con el mismo capital y el mismo régimen de recursos propios. Si su fondo es abierto, con reembolsos periódicos, el camino es el de la SGIIC, que tratamos en la guía sobre crear una gestora de fondos de inversión y lanzar su primer fondo.

La diferencia está en lo que viene después. Si los activos gestionados no superan 100 millones de euros con apalancamiento, o 500 millones sin apalancamiento y sin derechos de reembolso durante cinco años, a la gestora no se le aplica el capítulo II de la ley: depositario, remuneraciones, delegación reglada o el folleto e informe anual del art. 67 (art. 72.1). Sigue obligada a informar a la CNMV de sus fondos y riesgos, a dar a los inversores la información de los arts. 68 y 69 y a auditar sus cuentas, con el informe a disposición de la CNMV en los seis primeros meses de cada ejercicio (art. 72.3). Puede acogerse voluntariamente al capítulo II para tener pasaporte europeo (art. 72.6).

El capital mínimo es de 125.000 euros íntegramente desembolsados (art. 48.a), así que su sociedad de 3.000 euros tendrá que ampliarlo. Los recursos propios exigibles son el mayor entre ese capital, más el 0,02 % de lo gestionado por encima de 250 millones, y el 25 % de los gastos de estructura previstos: con 800.000 euros de gastos al año, la cifra sube a 200.000. Se suma un 0,01 % de lo gestionado por responsabilidad profesional, sustituible por un seguro que cubra el 0,7 % por siniestro y el 0,9 % al año; el seguro nunca sustituye al capital. Los recursos propios mínimos se mantienen en activos líquidos y, si bajan del mínimo, hay que comunicarlo con un plan: la CNMV puede dar hasta seis meses antes de revocar (art. 53.1.a).

Lo que la CNMV mira de verdad: personas, sustancia y blanqueo

El consejo de administración tiene al menos tres miembros; todos los consejeros y directores generales necesitan honorabilidad, y la mayoría del consejo, conocimientos y experiencia, que se presumen con tres años en funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o de otras empresas (art. 48 Ley 22/2014). Cada socio con participación significativa aporta cuestionario, currículum y antecedentes penales de los países donde trabajó los últimos diez años y, si es una sociedad, toda la cadena hasta las personas físicas. Si el grupo tiene una entidad financiera en otro Estado de la Unión, la CNMV consulta a su supervisor (art. 49), y puede denegar si los vínculos estrechos le impiden supervisar (art. 51.2).

La gestora tiene que gestionar la cartera y controlar sus riesgos, y no puede hacer solo una de las dos cosas (arts. 42.3 y 44). Puede externalizar el cumplimiento normativo, la auditoría interna, la valoración o la administración, pero no ser una caja vacía: la CNMV pide a las gestoras pequeñas que se inspiren en el capítulo II en retribuciones, conflictos de interés y delegación. La administración central y el domicilio están en España: su socio de Lisboa puede sentarse en el consejo, pero la dirección efectiva se ejerce aquí, y la directiva pide que la determinen al menos dos personas idóneas (art. 8.1.c Directiva 2011/61/UE). El plan de negocio a tres ejercicios, con sus hipótesis y comisiones, tiene que cuadrar con el organigrama y la dedicación real de cada persona.

La gestora es sujeto obligado de prevención del blanqueo (art. 2.1.f Ley 10/2010). Su manual se adjunta a la solicitud y la CNMV lo remite al SEPBLAC, cuyo informe sobre el control interno previsto es preceptivo (art. 45.4.i): un manual genérico es la vía más corta hacia un requerimiento. Necesita además un representante ante el SEPBLAC residente en España con cargo de administración o dirección (art. 26 ter) y un examen anual de su control interno por un experto externo, como exige la ley (art. 28); la exención de los sujetos obligados pequeños no alcanza a la gestora (art. 31 RD 304/2014). DORA deja fuera a las gestoras alternativas por debajo de los umbrales de la directiva (art. 2.3.a Reglamento 2022/2554), y esa lectura conviene dejarla razonada por escrito; lo desarrollamos en la guía de DORA para gestoras pequeñas.

El reloj: tres meses y un silencio que juega a su favor

La CNMV debe notificar su resolución en tres meses desde la solicitud o desde que se completa la documentación exigible, y puede prorrogar otros tres por resolución motivada que notifique antes (art. 46.1 Ley 22/2014). Antes de presentar, su Guía Técnica 3/2019 aconseja una prenotificación: un formulario al menos una semana antes de una reunión con su departamento de autorizaciones, celebrada al menos un mes antes de la solicitud formal, tras la cual la CNMV hará sus mejores esfuerzos por dar su valoración en un mes. Merece la pena, porque un cambio sustancial después de presentar alarga los plazos de manera significativa.

El plazo legal no es el real. Cada requerimiento suspende el cómputo hasta que se contesta, y la CNMV puede suspenderlo también mientras espera informes preceptivos como el del SEPBLAC. Según su informe anual, en 2024 las autorizaciones de gestoras, empresas de servicios de inversión y plataformas de financiación participativa tardaron de media 7,3 meses: 2,2 en manos del promotor, 2,8 de la CNMV y 2,3 esperando informes de otras autoridades. Los plazos que se publican en el sector para una SGEIC van de seis a doce meses. Lo que acorta el reloj depende de usted: llegar con el expediente completo y contestar cada requerimiento en días, no en semanas.

Si vence el plazo sin resolución expresa, la solicitud puede entenderse estimada (art. 46.1), a diferencia de las empresas de servicios de inversión o las entidades de pago, donde el silencio deniega. El acto presunto se acredita con el certificado que la CNMV debe expedir en quince días y que puede pedirse en cualquier momento, y una resolución posterior solo puede confirmarlo (art. 24 LPAC). No es un atajo: el acto presunto que da derechos sin los requisitos esenciales es nulo de pleno derecho (art. 47.1.f LPAC), y la gestora sigue necesitando su inscripción. La tasa de autorización, 10.406,04 euros según la CNMV (10.000 en el texto de la Ley 16/2014), solo se devenga si se autoriza (art. 42); la inscripción de la gestora cuesta 300 euros, y cada 1 de septiembre se devenga una tasa de supervisión de al menos 1.040,60 euros.

El primer FCR: se inscribe, no se autoriza, y salva la autorización

El fondo no necesita una segunda autorización. La gestora remite a la CNMV la información del fondo, y puede hacerlo durante su propio expediente; después lo constituye y pide su inscripción, que la CNMV practica al comprobar que la documentación está completa (art. 8 Ley 22/2014). La escritura pública y el Registro Mercantil son potestativos para el FCR. El patrimonio comprometido mínimo al constituirse es de 1.650.000 euros (art. 31.1), y el reglamento de gestión fija duración, valoración, remuneración de la gestora, distribución de resultados, sustitución de la gestora y política de inversiones (art. 33).

Para inscribirlo, la CNMV pide el contrato constitutivo, la certificación de denominación, la acreditación del desembolso inicial, el NIF provisional, el reglamento y el folleto firmados, la carta del depositario si lo hay, el documento de datos fundamentales si se vende a minoristas y una declaración sobre los umbrales y los inversores a los que se dirige. La tasa es de 2.601,51 euros según la CNMV. La ley no fija plazo, y su procedimiento interno habla de máxima celeridad y de tres meses como máximo. El fondo invierte en empresas no financieras ni inmobiliarias que no coticen en el primer mercado (art. 9), con al menos el 60 % del activo computable en ellas (art. 13.3) y no más del 25 % en una sola empresa ni del 35 % en un mismo grupo (art. 16.1).

Lo que nadie le cuenta son dos relojes. La autorización de la gestora caduca si en doce meses desde su notificación no empieza a operar por causas que le sean imputables, y la CNMV entiende que empieza con la inscripción de su primer vehículo; la caducidad la declara expresamente (art. 54). Además, puede revocarla si pasa un año sin gestionar ningún fondo (art. 53.1.h). Por eso el reglamento, el folleto y los compromisos del inversor ancla se preparan en paralelo al expediente de la gestora, no cuando llega la autorización. El otro reloj juega a favor: el 60 % puede incumplirse durante los tres primeros años desde la inscripción y durante tres años tras cada nueva aportación (art. 17.1).

Captar inversores sin cruzar la línea

Las participaciones de un FCR español se comercializan solo entre clientes profesionales (art. 75.1 Ley 22/2014). Un no profesional puede entrar si se compromete a invertir al menos 100.000 euros y declara por escrito, en documento distinto del compromiso, que conoce los riesgos, o si invierte siguiendo una recomendación personalizada de quien le preste el servicio de asesoramiento, con un mínimo de 10.000 euros que no supere el 10 % de su patrimonio financiero cuando este no pase de 500.000 euros (art. 75.2). Los administradores, directivos y empleados de la gestora y quienes acrediten experiencia en la gestión o el asesoramiento de entidades de capital riesgo similares tienen su propia puerta (art. 75.4), y el no profesional recibe antes el documento de datos fundamentales (art. 75.6).

Aquí se decide el régimen de la gestora. Si vende fondos que no sean ECR-Pyme a no profesionales por las vías de los apartados 2 y 3 del art. 75, pierde el régimen reducido aunque esté por debajo de los umbrales (art. 72.5) y necesita depositario para ese vehículo (art. 50). Sus treinta directivos con aportaciones de 50.000 euros solo encajan si son clientes profesionales, si invierten con esa recomendación personalizada, si suben a 100.000 euros o si acreditan experiencia en la gestión o el asesoramiento de entidades similares (art. 75.4); aceptar el dinero sin más es comercializar fuera de la ley. Un primer fondo solo para profesionales mantiene a la gestora en el régimen más ligero, y la puerta minorista puede abrirse en el segundo.

El dosier enviado a 200 contactos y el formulario de su web ya son comercialización: la ley la define como cualquier campaña por teléfono, visitas, cartas personalizadas, correo electrónico o medios telemáticos, y presume dirigida a residentes en España la web que facilita la información para adherirse (art. 75.5). Antes de la autorización no hay sondeo amparado; después, la gestora autorizada puede precomercializar entre profesionales un fondo aún no constituido, siempre que no entregue nada que permita comprometerse (art. 75 bis). Gestionar sin autorización es infracción muy grave (art. 93.g), y lo hecho antes de tiempo puede pesar en la valoración de idoneidad: conviene retirar el formulario hoy.

Si la CNMV deniega: reposición o Audiencia Nacional

La resolución de la CNMV sobre la autorización pone fin a la vía administrativa (art. 46.2 Ley 22/2014). A diferencia de lo que ocurre con el Banco de España, no hay alzada ante el Ministerio: cabe recurso potestativo de reposición ante la propia CNMV en un mes, que debe resolverse en otro mes (arts. 123 y 124 LPAC), o recurso contencioso-administrativo en dos meses desde el día siguiente a la notificación (art. 46.1 LJCA), ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en única instancia (disposición adicional cuarta LJCA). Si elige la reposición, el contencioso espera a que se resuelva o se entienda desestimada (art. 123.2 LPAC). No hace falta el intento previo de negociación: el art. 5 LO 1/2025 solo rige en el orden civil y mercantil.

La denegación tiene que ser motivada (art. 46.1), y la sala respeta el margen técnico del supervisor: controla los hechos, la motivación y el error manifiesto, de modo que el pleito se gana con el expediente presentado. Antes de llegar ahí hay una salida que casi nadie pide: la CNMV puede autorizar restringiendo el ámbito, en particular las estrategias que la gestora podrá gestionar (art. 51.1). Una autorización más estrecha, ampliada después como modificación, que se resuelve en un mes prorrogable otro y con silencio positivo (art. 52), suele llegar antes que un proyecto que el supervisor no ve maduro.

Si la denegación descansa en un defecto real, como un consejero sin experiencia acreditada o una cadena de socios opaca, suele ser más rápido corregirlo y volver a solicitar mientras se recurre: la tasa de autorización no se devenga si se deniega, así que la nueva solicitud no paga dos veces. Si descansa en un error jurídico, el recurso tiene recorrido, y las medidas cautelares se piden al tribunal (arts. 129 y 130 LJCA). Los conflictos civiles del proyecto, con un partícipe o entre socios, sí exigen el intento previo de negociación del art. 5 LO 1/2025.

Cómo lo llevamos, paso a paso

  1. 1

    Calificamos el vehículo y el régimen de la gestora

    Fondo cerrado o abierto, por debajo o por encima de los umbrales, solo profesionales o también no profesionales, y qué modelo de manual de la CNMV le corresponde.

  2. 2

    Diseñamos estructura, capital y equipo

    Capital de 125.000 euros desembolsado, recursos propios calculados sobre sus gastos, consejo de tres con mayoría experta, dirección efectiva en España y delegaciones que no vacíen a la gestora.

  3. 3

    Hacemos la prenotificación con la CNMV

    Formulario, reunión con su departamento de autorizaciones y su valoración antes de la solicitud formal, para no introducir cambios sustanciales después.

  4. 4

    Presentamos un expediente completo

    Programa de actividades, plan de negocio a tres ejercicios, idoneidad de socios y consejeros, manual de blanqueo para el SEPBLAC, política de sostenibilidad e información del primer FCR.

  5. 5

    Llevamos el reloj y abrimos la actividad

    Contestamos cada requerimiento con prueba y fechamos cada entrada; autorizada, escritura, Registro Mercantil, inscripción de la gestora e inscripción del FCR antes de los doce meses.

  6. 6

    Si hay denegación, recurrimos en plazo

    Reposición en un mes o contencioso ante la Audiencia Nacional en dos y, si es más rápido, una nueva solicitud que corrija el defecto.

La prueba que decide el caso

  • El plan de negocio a tres ejercicios, con balance, cuenta de resultados y gastos de estructura previstos: de él salen los recursos propios exigibles y la credibilidad del proyecto.
  • La cadena de titularidad hasta las personas físicas, con cuestionario, currículum y antecedentes penales de los últimos diez años de cada socio significativo, consejero y director general.
  • El organigrama con la dedicación de cada persona y los contratos de delegación: demuestra que la gestión y el control de riesgos se hacen dentro de la gestora y desde España.
  • El manual de prevención del blanqueo adaptado a su fondo, con el representante ante el SEPBLAC designado: es lo que lee el SEPBLAC para su informe preceptivo.
  • El reglamento de gestión, el folleto, los compromisos que suman al menos 1.650.000 euros y la declaración sobre umbrales e inversores del primer FCR.
  • En el recurso, el expediente con la fecha de cada entrada y requerimiento: fija cuándo se completó la solicitud, si nació el silencio positivo y qué sabía la CNMV.

Lo que cierra la puerta

  • Enviar el dosier del fondo por correo o abrir una web con formulario de inversión antes de la autorización: es comercializar y puede pesar en la idoneidad.
  • Contar con un registro ligero como en otros países: en España toda SGEIC se autoriza, con 125.000 euros desembolsados.
  • Creer que el seguro de responsabilidad civil sustituye al capital: solo sustituye el 0,01 % adicional por responsabilidad profesional.
  • Aceptar aportaciones de 50.000 euros de no profesionales sin recomendación personalizada ni compromiso de 100.000 euros: es comercializar fuera de la ley, y las vías de los 100.000 euros o de la recomendación personalizada arrastran el capítulo II y el depositario, salvo en una ECR-Pyme.
  • Dejar el primer fondo para después de la autorización: si en doce meses no hay un vehículo inscrito, la autorización puede caducar.
  • Recurrir en alzada ante el Ministerio o dejar pasar los dos meses: la resolución de la CNMV agota la vía administrativa y el plazo del contencioso no se reabre.

La norma aplicable

  • Arts. 41, 45, 46, 48, 53 y 54 Ley 22/2014. La SGEIC se autoriza por la CNMV en tres meses prorrogables tres, con silencio estimatorio y fin de la vía administrativa; capital de 125.000 euros, recursos propios y consejo de tres; posible revocación si pasa un año sin gestionar ninguna entidad y caducidad si en doce meses no empieza a operar por causas imputables a ella. BOE-A-2014-11714
  • Arts. 8, 13, 16, 17, 30, 31 y 33 Ley 22/2014. El FCR, patrimonio sin personalidad jurídica, se inscribe en la CNMV al estar completa la documentación; 1.650.000 euros comprometidos; coeficiente del 60 %, con tres años de margen, y límites del 25 % por empresa y del 35 % por grupo. BOE-A-2014-11714
  • Arts. 72, 75 y 75 bis Ley 22/2014. Gestoras por debajo de 100 o 500 millones, fuera del capítulo II salvo que vendan fondos que no sean ECR-Pyme a no profesionales por las vías del art. 75.2 y 75.3; comercialización solo a profesionales, o a no profesionales con 100.000 euros o con recomendación personalizada; precomercialización de la gestora autorizada. BOE-A-2014-11714
  • Arts. 40, 42, 46 y 56 Ley 16/2014. Tasas de la CNMV: la de autorización de la gestora solo se devenga si se autoriza; tasas de inscripción de la gestora y del fondo, y tasas anuales de supervisión. BOE-A-2014-9895
  • Arts. 2, 26 ter, 28 y 45 Ley 10/2010. La gestora es sujeto obligado; representante ante el SEPBLAC residente en España; examen anual por experto externo; informe del SEPBLAC sobre el control interno en la creación de entidades financieras. BOE-A-2010-6737
  • Arts. 24, 47, 123 y 124 Ley 39/2015 (LPAC). Efectos y certificado del silencio estimatorio; nulidad del acto presunto sin requisitos esenciales; reposición potestativa en un mes contra los actos que ponen fin a la vía administrativa. BOE-A-2015-10565
  • Art. 46 y disposición adicional cuarta Ley 29/1998 (LJCA). Dos meses para el contencioso desde el día siguiente a la notificación del acto que agota la vía administrativa; los actos de la CNMV se recurren en única instancia ante la Audiencia Nacional. BOE-A-1998-16718
  • Arts. 3 y 8 Directiva 2011/61/UE (AIFMD). A las gestoras por debajo de 100 o 500 millones los Estados deben exigirles al menos el registro y pueden exigir más; la orientación de la actividad la determinan al menos dos personas con honorabilidad y experiencia suficientes. 02011L0061-20210802

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto capital necesita una gestora de capital riesgo en España?

125.000 euros íntegramente desembolsados (art. 48 Ley 22/2014). Los recursos propios exigibles son el mayor entre esa cifra, más el 0,02 % de lo gestionado por encima de 250 millones, y el 25 % de los gastos de estructura, más un 0,01 % por responsabilidad profesional o un seguro que lo sustituya. El fondo necesita aparte 1.650.000 euros comprometidos.

¿Cuánto tarda la CNMV en autorizar una SGEIC?

La ley da tres meses desde el expediente completo, prorrogables tres, con silencio estimatorio (art. 46.1 Ley 22/2014). Los requerimientos suspenden el plazo y, en la práctica, se cuenta entre seis y doce meses. El FCR se inscribe después, sin plazo legal propio, en cuanto la documentación está completa.

¿Se puede registrar una gestora de capital riesgo pequeña sin pedir autorización?

No en España. La directiva permite el simple registro por debajo de 100 o 500 millones, pero la ley española exige autorización de la CNMV a toda SGEIC, con el mismo capital. Lo que se ahorra la pequeña es el capítulo II: depositario, remuneraciones regladas o el folleto del art. 67 (art. 72 Ley 22/2014).

¿Cuál es la inversión mínima en un fondo de capital riesgo si no soy inversor profesional?

100.000 euros con declaración escrita de conocer los riesgos, o 10.000 euros si invierte con una recomendación personalizada de asesoramiento y no supera el 10 % de su patrimonio financiero cuando este no pasa de 500.000 euros (art. 75.2 Ley 22/2014). Para la gestora, vender así fondos que no sean ECR-Pyme arrastra el capítulo II y el depositario.

¿Qué hago si la CNMV deniega la autorización de mi gestora o no contesta?

Si no contesta en plazo, la solicitud puede entenderse estimada y se pide el certificado de silencio (art. 24 LPAC). Si deniega, cabe reposición ante la CNMV en un mes o recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en dos meses (art. 46.1 y disposición adicional cuarta LJCA). A menudo conviene además corregir el defecto y volver a solicitar.

Esta guía explica cómo funciona la acción en general. No sustituye al estudio de su caso: los plazos dependen de cuándo pasaron las cosas y de lo que usted haya hecho desde entonces.

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