Le anotan en el fichero por reclamar su tarjeta revolving

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita

Doble vía ejercitada a la vez: supresión del dato del artículo 17 del RGPD y limitación del tratamiento del artículo 18.1.a) frente al acreedor y frente al responsable del fichero, y demanda civil de tutela del derecho al honor de la Ley Orgánica 1/1982 pidiendo el cese, la cancelación y la indemnización del daño moral.

Ante quién

La sección Civil del Tribunal de Instancia del domicilio del demandante para la acción de honor, con intervención del Ministerio Fiscal y apelación ante la Audiencia Provincial. En paralelo, la reclamación administrativa ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Plazo

La acción de protección frente a la intromisión ilegítima caduca a los cuatro años desde que pudo ejercitarse (artículo 9.5), y mientras el dato sigue publicado en el fichero la intromisión continúa produciéndose. El dato no puede permanecer más de cinco años desde el vencimiento de la obligación, y queda bloqueado durante los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema.

Quién puede

La persona anotada en el fichero, y cada cotitular o avalista que aparezca por separado, porque el derecho al honor es personalísimo, irrenunciable e imprescriptible. Si el titular falleció sin poder reclamar, la acción la ejercitan las personas designadas por la ley y la indemnización entra en la herencia.

Riesgo económico

Si su protesta fue verbal o llegó después de la anotación, la entidad sostendrá que la deuda era cierta cuando la comunicó y el caso se complica. También pesa en contra haber reconocido la deuda por escrito o haber pagado una parte para que le borrasen. Una demanda de honor desestimada abre la puerta a la condena en costas.

Una deuda reclamada en vía administrativa ya no es cierta

El artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 solo presume lícito el tratamiento cuando los datos se refieren a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes. La palabra que decide el caso es esa: reclamación. Y el artículo decide también por dónde, porque una carta a la propia financiera no es ninguna de las tres cosas que enumera, por mucho acuse de recibo que lleve.

La queja ante el servicio de atención al cliente es el primer escalón y no el último. El artículo 30 de la Ley 44/2002 exige haberla formulado antes por escrito para poder acudir al servicio de reclamaciones del Banco de España, que es el que deja la huella administrativa que aquí importa. Ese servicio resuelve mediante informes motivados que no tienen carácter de acto administrativo recurrible, de modo que no obligan a la entidad, pero fijan la fecha en que la deuda pasó a estar discutida. La reclamación ante la autoridad de protección de datos y la demanda de nulidad del contrato valen igual y llegan más lejos.

El mismo artículo exige que el acreedor haya informado al afectado, en el contrato o en el momento de requerir el pago, de la posibilidad de inclusión en esos sistemas, con indicación de aquellos en los que participe. Muchas financieras anotan sin haber requerido nunca el pago, o requieren a un domicilio que consta cambiado. Ese defecto, por sí solo, derriba la presunción de licitud y convierte el tratamiento en ilícito.

Y el reparto de responsabilidad no admite excusas: el apartado 2 hace corresponsables del tratamiento a la entidad que mantiene el sistema y a la acreedora, y añade que corresponde al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. Quien anota, responde.

Dos peticiones a la vez: borrar el dato y marcarlo como impugnado

La supresión del artículo 17 del RGPD obliga al responsable a suprimir sin dilación indebida cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. Una deuda controvertida encaja en el primer supuesto, porque la inclusión nunca cumplió los requisitos. Esa es la petición principal y es la que devuelve su historial a la normalidad.

La limitación del artículo 18.1.a) se pide en el mismo escrito y sirve para el tiempo intermedio: procede cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. Su efecto práctico lo describe el propio artículo 20: el sistema informará a quienes pudieran consultarlo acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos, en tanto se resuelve sobre la solicitud.

Traducido a lo que a usted le importa: el banco que consulte no verá una deuda impagada sin más, verá que ese dato está impugnado. Es la diferencia entre que le denieguen la hipoteca en el acto y que su expediente siga vivo mientras el asunto se resuelve.

La vía que trae dinero es el honor, no el expediente sancionador

La reclamación ante la autoridad de control es útil y se presenta, pero termina en una sanción a la entidad que ingresa el Tesoro, no en una indemnización para usted. El dinero llega por la vía civil, y por eso las dos se llevan en paralelo y no una en lugar de la otra.

El artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 considera intromisión ilegítima la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Publicar en un fichero consultado por todo el sector financiero que usted es un moroso, cuando la deuda está discutida, es exactamente esa imputación de hechos.

El artículo 9.3 es el que cambia el pleito de lado: la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. Usted no tiene que demostrar que sufrió, ni cuantificar una pérdida concreta. Acreditada la anotación indebida, el daño se da por hecho y la discusión pasa a ser cuánto, no si.

Cómo se valora lo que le tienen que pagar

El propio artículo 9.3 marca los criterios: la indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, teniendo en cuenta la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. Llevado a un fichero de solvencia, eso son cuatro variables concretas: cuánto tiempo estuvo el dato publicado, en cuántos ficheros a la vez, cuántas entidades lo consultaron y qué operaciones se le cayeron por ello.

La consulta de terceros es el dato de oro y la ley le da acceso a él. El artículo 15 del RGPD le permite conocer los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron los datos, y el artículo 20 obliga a que, si se denegase la solicitud de contrato como consecuencia de la consulta, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta. Esa carta de denegación es la prueba que sube la cifra.

A la indemnización por el honor se suma la del artículo 82 del RGPD, que cubre los daños y perjuicios materiales o inmateriales sufridos por una infracción del Reglamento, y que en su apartado 4 permite dirigirse contra cualquiera de los responsables por el total: cuando varios responsables han participado en la misma operación de tratamiento, cada uno responde de todos los daños a fin de garantizar la indemnización efectiva del interesado.

Si la deuda se vendió a un fondo, el comprador responde igual

La cesión a un fondo de recuperación no limpia nada. El cesionario que mantiene la anotación pasa a ser el acreedor a efectos del artículo 20, y con ello asume la obligación de garantizar que concurren los requisitos para la inclusión y de responder de su inexistencia o inexactitud. Si la deuda ya estaba reclamada cuando la compró, la compró discutida y no puede publicarla.

Conviene mirar también la fecha de la cesión, porque el artículo 1526 del Código Civil dispone que la cesión de un crédito, derecho o acción no surtirá efecto contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse por cierta. Y si el pleito ya estaba contestado, se abre el artículo 1535: vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tiene derecho a extinguirlo reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas y los intereses, dentro de nueve días desde que el cesionario le reclame el pago.

Los fondos compran carteras a un porcentaje pequeño del nominal. Ese artículo convierte el precio real de compra en un dato que interesa muchísimo conocer, y explica por qué rara vez se aporta al pleito sin que el juzgado lo requiera.

Tres relojes distintos corriendo a la vez

Primero, el de la anotación: la acción de protección frente a las intromisiones ilegítimas caduca a los cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarla, según el artículo 9.5. Mientras el dato siga publicado la lesión se sigue produciendo, pero en cuanto se cancela el contador corre de verdad y no se detiene.

Segundo, el de la nulidad del revolving, que no tiene reloj: la nulidad por usura o por falta de transparencia es radical y no caduca ni prescribe, de modo que el contrato puede atacarse aunque se firmara hace quince años.

Tercero, el del dinero pagado de más, que es el más corto y el que se escapa: el artículo 1964.2 del Código Civil da cinco años a las acciones personales desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación, y en revolving ese plazo se cuenta pago a pago, de modo que solo se recupera lo pagado en los cinco años anteriores a la reclamación. Si el cómputo atraviesa la suspensión de plazos de 2020 se le suman ochenta y dos días. Por eso la reclamación escrita se manda cuanto antes, además de porque es la que quita certeza a la deuda.

Cómo lo llevamos, paso a paso

1. 1

   Pedimos al fichero y al acreedor todo lo que consta de usted

   Ejercitamos el derecho de acceso del artículo 15 del RGPD ante los dos: fecha de alta, importe, quien comunicó el dato, origen de la información y, sobre todo, destinatarios a los que se comunicó. Esa lista de consultas es la que después cuantifica el daño.

2. 2

   Dejamos constancia oficial de que la deuda estaba discutida

   Reunimos y fechamos la reclamación al servicio de atención al cliente, el acuse del envío y la respuesta, y con eso elevamos la reclamación al servicio de reclamaciones del Banco de España. Si la protesta solo fue telefónica, la reiteramos de inmediato por un medio que deje constancia, porque lo que sostiene el caso es la fecha cierta de esa reclamación y el hecho de que conste ante un organismo.

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   Ejercitamos supresión y limitación en el mismo escrito

   Pedimos la supresión del artículo 17 como petición principal y la limitación del artículo 18.1.a) para el tiempo que tarde en resolverse, de modo que quien consulte vea que el dato está impugnado. Se dirige a la vez al responsable del fichero y a la entidad que comunicó la deuda.

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   Reclamamos ante la autoridad de control si no cancelan

   Si pasan los plazos sin cancelación, presentamos la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos con la documentación completa. No indemniza, pero deja acreditado el incumplimiento y suele acelerar la cancelación mientras se prepara la demanda.

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   Demandamos por el honor y acumulamos el ataque al contrato

   La demanda pide la declaración de la intromisión, el cese, la cancelación en todos los ficheros y la indemnización cuantificada, frente al acreedor, al responsable del fichero y al fondo cesionario si lo hay. En el mismo escrito se ataca el revolving por usura y por falta de transparencia.

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   Comprobamos que la cancelación llegó a todas partes

   Volvemos a consultar cada fichero pasadas unas semanas y pedimos confirmación de que el dato se eliminó y de que se informó a quienes lo recibieron. Un borrado en un fichero y no en los otros deja el problema exactamente igual de vivo.

La norma aplicable

• Art. 20 de la LO 3/2018 (LOPDGDD). Solo presume lícito el tratamiento por sistemas comunes de información crediticia cuando los datos se refieren a deudas ciertas, vencidas y exigibles cuya existencia o cuantía no haya sido objeto de reclamación administrativa o judicial del deudor ni de un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante, y cuando el acreedor informó de la posible inclusión en el contrato o al requerir el pago. Hace corresponsables al fichero y al acreedor, y obliga al acreedor a responder de la inexistencia o inexactitud de la deuda. BOE-A-2018-16673
• Art. 30 de la Ley 44/2002. Los servicios de reclamaciones del Banco de España atienden las quejas y reclamaciones de los usuarios de servicios financieros por presunto incumplimiento de la normativa de transparencia y protección de la clientela, y las resuelven mediante informes motivados que en ningún caso tienen carácter de acto administrativo recurrible. Para admitirlas es imprescindible acreditar haberlas formulado antes por escrito ante el departamento de atención a la clientela de la entidad reclamada. BOE-A-2002-22807
• Art. 15 del RGPD. Da derecho a obtener del responsable confirmación de si se tratan datos que le conciernen y acceso a ellos, incluidos los destinatarios a los que se comunicaron, el plazo de conservación previsto y, cuando los datos no se obtuvieron del interesado, cualquier información disponible sobre su origen. 32016R0679
• Art. 17 del RGPD. Obliga al responsable a suprimir los datos sin dilación indebida cuando hayan sido tratados ilícitamente o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos y, cuando los hubiera hecho públicos, a adoptar medidas razonables para informar de la solicitud de supresión a los responsables que estén tratando esos datos. 32016R0679
• Art. 18 del RGPD (apartados 1.a y 2). Permite obtener la limitación del tratamiento cuando el interesado impugne la exactitud de los datos, durante el plazo que permita al responsable verificarla, y prohibe que los datos limitados se traten para otra cosa que su conservación o el ejercicio de reclamaciones. 32016R0679
• Art. 82 del RGPD. Reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños materiales o inmateriales sufridos por una infracción del Reglamento, y cuando varios responsables participaron en la misma operación cada uno responde de todos los daños para garantizar la indemnización efectiva del interesado. 32016R0679
• Art. 7.7 de la LO 1/1982. Considera intromisión ilegítima la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. BOE-A-1982-11196
• Art. 9 de la LO 1/1982. La tutela comprende el cese inmediato de la intromisión, la reposición del estado anterior y la indemnización de los daños. El perjuicio se presume siempre que se acredite la intromisión ilegítima, y el daño moral se valora atendiendo a las circunstancias del caso, la gravedad de la lesión y la difusión del medio. Las acciones caducan a los cuatro años desde que pudieron ejercitarse. BOE-A-1982-11196
• Art. 1.3 de la LO 1/1982. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible, y es nula la renuncia a la protección prevista en la ley. BOE-A-1982-11196
• Art. 1964.2 CC. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación, que es el plazo que limita cuanto dinero se recupera de lo pagado de más en el revolving. BOE-A-1889-4763
• Art. 1535 CC. Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor puede extinguirlo reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas y los intereses, dentro de nueve días desde que el cesionario le reclame el pago. Un crédito es litigioso desde que se contesta a la demanda. BOE-A-1889-4763

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

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