Quiere invertir en cine para pagar menos Impuesto de Sociedades

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita

Revisión previa de la operación y redacción o negociación del contrato de financiación del artículo 39.7 LIS (o de la entrada como socio de una AIE), consulta vinculante a la Dirección General de Tributos cuando la operación lo pide, preparación de la comunicación a la Agencia Tributaria y, si llega la comprobación, la defensa del expediente.

Ante quién

La Agencia Tributaria recibe la comunicación y comprueba la deducción. Los certificados de nacionalidad y de carácter cultural los expide el ICAA o el órgano de la comunidad autónoma, y vinculan a Hacienda. La consulta la contesta la Dirección General de Tributos. Si hay liquidación, reposición ante el órgano que la dictó o reclamación ante el TEAR o el TEAC y, contra la resolución del TEAC, la Audiencia Nacional.

Plazo

Las aportaciones para costes de producción valen hasta la obtención de los certificados, con su fecha y su hora; las de copias, publicidad y promoción, nunca después del período en que el productor incurre en esos gastos (art. 39.7 LIS). La comunicación, antes de que termine el período impositivo en que usted tiene derecho a aplicar la deducción, que es el de finalización de la obra con sus certificados. Hacienda puede comprobar la deducción durante diez años desde el fin del plazo de declaración del período en que se generó (art. 66 bis.2 LGT).

Quién puede

Cualquier contribuyente del Impuesto sobre Sociedades, o persona física con actividad económica en el IRPF, que financie la producción española de otro contribuyente sin estar vinculado con él en el sentido del artículo 18 LIS. En la AIE, quien sea socio el día en que concluye el período impositivo de la propia AIE (art. 46 LIS).

Riesgo económico

Si falla un requisito, no hay deducción, y lo aportado no vuelve sin una cláusula que lo prevea. Si ya la aplicó, la ingresa con la cuota del período del incumplimiento más intereses de demora (art. 125.3 LIS) o se la liquida la Inspección, con posible sanción del 50 % o más (arts. 191 y 195 LGT). Aunque todo salga bien, su cuota pone el techo: 25 % o 50 % de la cuota íntegra minorada, sin cobro de lo que no quepa y con quince años para aplicar el resto.

Qué compra cuando financia una película: una deducción, no la obra

El artículo 36.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) da al productor de un largometraje, un cortometraje o una serie española de ficción, animación o documental una deducción del 30 % del primer millón de base y del 25 % del exceso, con un máximo de 20 millones de euros por producción y de 10 millones por episodio en las series. Desde 2021, el artículo 39.7 LIS permite que esa deducción la aplique, en las mismas condiciones, quien financia la producción de otro contribuyente. Es la operación que le están ofreciendo.

Lo que usted compra no es la película. El financiador no adquiere derechos de propiedad intelectual ni de ninguna otra índole: la obra es siempre del productor, y usted no participa en sus ingresos. A cambio, aplica en su cuota una deducción que la ley topa en 1,20 veces lo aportado. Ese 20 % de diferencia es la rentabilidad que se anuncia, y solo existe si la deducción llega entera. Si la producción no cumple, usted ha pagado y no deduce. Cómo tributa ese margen en su base imponible es otra pregunta que conviene dejar resuelta antes de firmar.

La misma vía sirve para los espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales del artículo 36.3 LIS, con otra deducción (el 20 % de los costes directos, con un máximo de 500.000 euros por contribuyente y período) y otro certificado; lo contamos en «Hacienda le recorta la deducción por teatro, música o danza». Y si la producción se rueda en Canarias, cambian los porcentajes, los límites y lo que se discute: está en «Rodar en Canarias: la deducción del 54 % y lo que mira Hacienda».

El calendario decide: aportaciones, certificados y comunicación

Las cantidades para costes de producción pueden aportarse en cualquier fase, antes o después de que el productor incurra en los gastos, pero solo hasta la obtención de los certificados de nacionalidad y de carácter cultural (art. 39.7 LIS). La Dirección General de Tributos lo ha precisado en la consulta V2535-23: lo aportado después no computa, y el 1,20 se calcula sobre el total aportado en plazo. Cuentan la fecha y la hora del certificado. Las aportaciones para copias, publicidad y promoción, que solo valen hasta el 30 % de los costes de producción, no pueden hacerse después del período en que el productor incurre en ellas.

El certificado de nacionalidad se pide una vez terminada la obra, al ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) o a la comunidad autónoma, y se resuelve en un mes, con silencio positivo. Para las solicitudes que entren entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026, el ICAA ha ampliado ese plazo un mes. La deducción se genera cada año por el coste incurrido, pero se aplica desde el período en que termina la producción. Terminar el rodaje no es terminar la obra: falta la posproducción. Una película que acaba de rodar en noviembre puede no tener sus certificados hasta bien entrado el año siguiente, y el plan fiscal tiene que contar con eso.

La comunicación la presenta el financiador, con el contrato y la certificación de que se cumplen los requisitos (los certificados y la copia entregada a la Filmoteca), firmada por el productor y por usted, antes de que termine el período impositivo en que tenga derecho a aplicar la deducción. No hay modelo numerado: es una gestión propia de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Lo que nadie le cuenta es que la página de la Agencia sigue hablando del período «en que se genere el derecho», la redacción antigua; por eso la dejamos preparada para presentarla en cuanto llegan los certificados, nunca el último día.

Su cuota pone el techo: límite conjunto, quince años y ningún cobro

La deducción del financiador entra en el límite conjunto del artículo 39.1 LIS: las deducciones de ese capítulo no pueden superar el 25 % de su cuota íntegra minorada en las deducciones por doble imposición internacional y las bonificaciones. El límite sube al 50 % cuando la deducción del 36.1 o del 36.3 que le corresponde como financiador iguala o supera el 25 % de esa cuota (art. 39.7 LIS). Con una cuota de 400.000 euros y 300.000 de deducción, el techo es de 200.000: el resto queda pendiente.

Lo que no aplique ese año se arrastra a los quince siguientes, pero no se cobra: el abono por insuficiencia de cuota del artículo 39.3 LIS es solo de la deducción por producciones extranjeras del 36.2, no de la suya. Si su empresa espera pérdidas o una cuota baja, el crédito puede tardar años en aprovecharse. Las grandes empresas sujetas a la tributación mínima del 15 % solo aplican la deducción hasta esa cuota mínima. Y en los grupos sujetos al impuesto complementario de la Ley 7/2024, que trata como crédito reembolsable admisible el que se paga en efectivo en cuatro años, una deducción que no se cobra merece revisión aparte.

Además, usted no puede aplicar más de lo que haya generado el productor. La base se reduce en las subvenciones; al menos el 50 % tiene que ser gasto en España; y la deducción, sumada al resto de ayudas, no puede pasar del 50 % del coste de producción, con límites mayores en cortometrajes, nuevos realizadores con presupuesto pequeño, documentales, animación de hasta 2,5 millones o coproducciones iberoamericanas, entre otros casos. Si una ayuda llega tarde y rompe ese límite, la deducción encoge. Según la Agencia Tributaria, cuando la deducción traspasada se reduce en parte, se minora primero la del productor; el contrato tiene que decir qué pasa si eso no basta.

Financiador del 39.7 o socio de una AIE: dos riesgos distintos

La otra vía es entrar como socio en una agrupación de interés económico (AIE) que figura como productora. La AIE no paga el impuesto por la base que imputa a sus socios residentes: les traslada sus bases imponibles, positivas o negativas, y las bases de sus deducciones, que cada socio aplica en su propia liquidación (art. 43 LIS). Se imputan a quien sea socio el día del cierre de su período (art. 46 LIS). Y la AIE pierde el régimen en los períodos en que hace actividades ajenas a su objeto o dirige o controla a sus socios o a terceros.

El riesgo aquí es otro: que la Inspección niegue que la AIE sea la productora. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) exige iniciativa, asunción del riesgo y titularidad de los derechos, examinadas caso por caso (RG 4680/2017, de 12 de marzo de 2020), y en 2022 negó esa condición a una AIE que solo canalizaba financiación. La Audiencia Nacional, en varias sentencias de 2025 y 2026 sobre ejercicios de la ley anterior (entre ellas, la SAN 4689/2025), ha anulado esas liquidaciones: la AIE es productora cuando lo acreditan los certificados y los contratos, aunque delegue en un productor ejecutivo y asuma un riesgo menor. El Tribunal Supremo no ha fijado doctrina sobre ese punto y tiene admitida casación sobre si el ahorro de un socio persona física que supera lo invertido tributa en su IRPF (ATS 5764/2026).

Desde el 1 de enero de 2021, además, los certificados del ICAA vinculan a Hacienda también para identificar al productor beneficiario, sea cual sea su fecha de emisión (art. 36.1.a' LIS), un dato que pesa en la defensa de las producciones posteriores. Las dos vías no se suman: según la consulta V2535-23, una AIE productora puede traspasar su deducción a un financiador del 39.7, pero la deducción que recibe una AIE como financiadora no puede reimputarse a sus socios, porque la AIE imputa bases, no deducciones. Y una misma inversión no puede dar deducción en más de una entidad (art. 39.4 LIS).

La revisión y las cláusulas que evitan perder la deducción

Antes de firmar revisamos la productora y la producción: su inscripción en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, el presupuesto con el gasto en España, el plan de financiación con todas las ayudas pedidas o concedidas y la intensidad que resulta, el calendario de rodaje, posproducción y certificados, y si la obra cumple los requisitos de nacionalidad del artículo 5 de la Ley 55/2007 del Cine y los criterios culturales del artículo 12.3 de la Orden CUD/582/2020. Y miramos la vinculación: si su sociedad y la productora están vinculadas en el sentido del artículo 18 LIS, el 39.7 no se aplica, por bien hecho que esté todo lo demás.

El contrato tiene que identificar a las partes, describir la producción, detallar el presupuesto y el gasto en España, también el de copias y publicidad, y separar lo que ponen el productor, el financiador y las subvenciones. Eso es el mínimo legal. Lo que protege su deducción va además: desembolsos con fecha cierta, anteriores a los certificados y con margen (y, si se usa una cuenta de garantía, cuándo se entiende aportado el dinero); la obligación de la productora de terminar, pedir los certificados a tiempo, entregar la copia a la Filmoteca y firmar la comunicación; una deducción mínima garantizada, con su ajuste si encoge; una indemnidad respaldada por aval si se pierde por causa de la productora; y su colaboración, con la documentación de costes, si llega una comprobación.

Cuando la operación lo merece, pedimos una consulta tributaria escrita a la Dirección General de Tributos (arts. 88 y 89 LGT). Hay que presentarla antes de que acabe el plazo para declarar; la DGT tiene seis meses para contestar y su silencio no supone darle la razón; la consulta no interrumpe ningún plazo y no vincula si versa sobre un procedimiento ya iniciado. Su respuesta vincula a la Administración con usted mientras no cambien los hechos, la norma o la jurisprudencia y, aunque no se puede recurrir, actuar según ella es el mejor argumento contra una sanción (art. 179.2.d LGT). Por eso se pide con meses de margen, no en diciembre.

Diez años de exposición: qué mira Hacienda y cómo se defiende

Las directrices del Plan Anual de Control Tributario de 2025 y de 2026 ponen el foco en las AIE como vehículo para canalizar deducciones de producciones cinematográficas, series y espectáculos en vivo, en sus inversores y en los contratos de financiación, con atención a las sobrevaloraciones y a la facturación irregular. El propio plan dice que usar una AIE no es ilícito en sí. Lo que se revisa es si la producción, los costes y las aportaciones son lo que dicen los papeles.

El tiempo juega en contra: Hacienda tiene cuatro años para liquidar cada ejercicio, pero puede comprobar las deducciones aplicadas o pendientes durante diez años desde el fin del plazo de declaración del período en que se generaron (art. 66 bis.2 LGT y art. 39.6 LIS), aunque solo las corrige en ejercicios no prescritos. Si un requisito falla después, por ejemplo porque se revoca el certificado cultural, quien aplicó la deducción la ingresa con la cuota del período del incumplimiento y los intereses (art. 125.3 LIS). Si la Inspección entiende que nunca existió, liquida con intereses y puede sancionar: el 50 % o más de lo dejado de ingresar (art. 191 LGT) o el 50 % de la deducción acreditada indebidamente para años futuros (art. 195 LGT). Si la cuota en juego supera los 120.000 euros por tributo y período, lea «Su expediente pasa a delito fiscal: qué se juega y cómo se para».

Si llega la comprobación, la defensa empieza el primer día: la inspección dura dieciocho meses, o veintisiete si su cifra de negocios obliga a auditar o se comprueba un grupo fiscal o el impuesto complementario; hay alegaciones a la propuesta; y contra la liquidación, un mes para la reposición o la reclamación ante el TEAR, o directamente ante el TEAC si la cuantía pasa de 150.000 euros (con esa cuantía, si se elige el TEAR, su resolución se recurre en alzada ante el TEAC); después, dos meses para la Audiencia Nacional contra el TEAC o para el Tribunal Superior de Justicia contra el TEAR cuando su resolución agota la vía. Haber actuado con una interpretación razonable, o siguiendo una consulta, es la defensa frente a la sanción (art. 179.2.d LGT). Ese recorrido, con la prueba que decide, está en «Hacienda le quita la deducción por invertir en cine o series», y el procedimiento inspector, en «Le han abierto una inspección de Hacienda: cómo defenderse». El despacho presenta las alegaciones y los recursos en su nombre, sin pedirle su certificado digital.

Cómo lo llevamos, paso a paso

1. 1

   Medir su cuota y el techo real

   Se calcula la cuota íntegra prevista del ejercicio en que la obra terminará con sus certificados, las demás deducciones que compiten en el límite del 25 % o del 50 % (art. 39.1 LIS) y, si es el caso, la tributación mínima. De ahí sale cuánto tiene sentido aportar, no de la oferta.

2. 2

   Revisar la productora y la producción

   Inscripción en el registro del ICAA, presupuesto con al menos el 50 % de gasto en España, ayudas pedidas o concedidas y su intensidad, requisitos de nacionalidad y criterios culturales, y un calendario realista de posproducción y certificados.

3. 3

   Descartar la vinculación y elegir la vía

   Se comprueba con la composición del capital de las dos sociedades que no hay vinculación del artículo 18 LIS y se decide entre financiar por el artículo 39.7 o entrar en una AIE, sabiendo qué riesgo asume en cada una.

4. 4

   Negociar y firmar el contrato de financiación

   El contenido legal del artículo 39.7 LIS y las cláusulas que protegen la deducción: fechas de desembolso, obligaciones de la productora, deducción mínima, indemnidad con aval y colaboración en una comprobación. Si la operación lo pide, antes se presenta la consulta vinculante a la Dirección General de Tributos.

5. 5

   Controlar desembolsos y certificados

   Cada pago se hace por banco antes de los certificados y se guarda su justificante con fecha y hora; se sigue la solicitud de la productora ante el ICAA o la comunidad autónoma y la entrega de la copia a la Filmoteca.

6. 6

   Comunicar, aplicar y guardar diez años

   Con los certificados en la mano se presenta la comunicación firmada por las dos partes antes del cierre del período, se aplica la deducción en la declaración del Impuesto sobre Sociedades dentro del límite y se archiva todo durante los diez años en que Hacienda puede comprobarla.

La norma aplicable

• Art. 36 LIS. Da al productor de producciones españolas, y a quienes participen en su financiación, una deducción del 30 % del primer millón de base y del 25 % del exceso, con al menos el 50 % de gasto en España y un máximo de 20 millones (10 por episodio en series); exige los certificados de nacionalidad y cultural, que vinculan a Hacienda, y la copia en la Filmoteca; reduce la base en las subvenciones y limita la deducción más las ayudas al 50 % del coste, salvo los límites mayores que enumera. BOE-A-2014-12328
• Art. 39 LIS. Limita las deducciones al 25 % de la cuota íntegra minorada (50 % en los casos que fija), da quince años para el resto y, entre las de cine, solo permite cobrar por falta de cuota la del 36.2; impide que una misma inversión dé deducción en dos entidades; permite comprobar las deducciones durante diez años; y regula al financiador: aportaciones hasta los certificados, tope de 1,20 veces lo aportado, contrato con contenido mínimo, comunicación firmada por las dos partes antes del cierre del período en que se aplica y exclusión si hay vinculación. BOE-A-2014-12328
• Arts. 43 y 46 LIS. Hacen que la AIE no pague por la base imputable a sus socios residentes y les impute bases imponibles y bases de deducción, a quien sea socio el día del cierre, y le quitan el régimen en los períodos en que hace actividades ajenas a su objeto o controla a sus socios o a terceros. BOE-A-2014-12328
• Art. 125.3 LIS. Condiciona todo incentivo al cumplimiento de sus requisitos y obliga a ingresar lo deducido, con la cuota del período del incumplimiento y los intereses de demora, cuando se pierde el derecho después de aplicarlo. BOE-A-2014-12328
• Art. 66 bis LGT. Permite a la Administración comprobar las deducciones aplicadas o pendientes durante diez años desde el fin del plazo de declaración del período en que se generaron, aunque solo puede corregirlas en procedimientos sobre períodos no prescritos. BOE-A-2003-23186
• Arts. 88 y 89 LGT. Regulan la consulta tributaria escrita: se formula antes de que acabe el plazo para declarar, se contesta en seis meses sin que el silencio suponga aceptar el criterio del consultante, vincula a la Administración con él mientras no cambien hechos, norma o jurisprudencia, no interrumpe plazos y no se puede recurrir. BOE-A-2003-23186
• Arts. 5 y 12 Ley 55/2007 del Cine. Fijan los requisitos de nacionalidad española de la obra (productora española o de la UE establecida en España; al menos el 75 % de autores, artistas y técnicos de la UE, del EEE o residentes; versión original preferentemente en lengua oficial; rodaje y posproducción en España o la UE) y atribuyen el certificado al ICAA o a la comunidad autónoma. BOE-A-2007-22439
• Arts. 5 y 21 RD 1084/2015. Ordenan pedir el certificado de nacionalidad una vez terminada la obra, con resolución en un mes y silencio positivo (en series, por temporada y en dos meses si pasan de veinte episodios), y suman los incentivos fiscales a las ayudas para medir la intensidad máxima. BOE-A-2015-13207

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

Preguntas frecuentes