Cancelación de sus datos en un fichero de morosos por deuda discutida

Base legal y a tener en cuenta

• El tratamiento de los datos de impago por un sistema común de información crediticia solo se presume lícito cuando concurren a la vez todos los requisitos del artículo 20.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Basta con que falle uno para que la anotación deje de estar amparada por esa presunción.
• Uno de esos requisitos es que la deuda sea cierta, vencida y exigible y que su existencia o su cuantía no hayan sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor, ni de un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes (artículo 20.1.b). Por eso el escrito no entra en si usted debe o no debe: sostiene que ese importe no puede figurar mientras está impugnado.
• La entidad acreedora debió advertirle de la posibilidad de incluirle en estos sistemas, indicando en cuáles participa, en el propio contrato o en el momento de requerirle el pago (artículo 20.1.c). Si no consta ninguna de las dos cosas, la inclusión pierde el amparo de la presunción.
• El responsable del fichero debe notificarle la inclusión e informarle de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la comunicación de la deuda al sistema, y durante ese plazo los datos permanecen bloqueados (artículo 20.1.c, último párrafo, de la Ley Orgánica 3/2018).
• Los datos solo pueden mantenerse mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación, y no desde la fecha en que se hizo la anotación (artículo 20.1.d). Es frecuente que el dato siga figurando cuando ese límite ya se ha superado.
• Además de la supresión del artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679, pedimos la limitación del tratamiento del artículo 18.1.a), que ampara a quien impugna la exactitud de un dato. Mientras se resuelve su solicitud, el sistema está obligado a informar a quien lo consulte de la mera existencia de esa circunstancia, sin facilitar el dato concreto (artículo 20.1.e de la Ley Orgánica 3/2018). Esa es la parte que surte efecto antes, porque la supresión tarda.
• Quien recibe la solicitud dispone de un mes para contestar, plazo ampliable en dos meses más cuando el caso es complejo, y en ese supuesto está obligado a avisarle dentro del primer mes. Conviene que lo sepa desde el principio: el silencio no equivale a aceptación, y si no contestan hay que dar el paso siguiente.
• La entidad acreedora y el responsable del fichero responden como corresponsables del tratamiento, y corresponde al acreedor garantizar que concurren los requisitos de la inclusión, respondiendo de la inexistencia o la inexactitud del dato (artículo 20.2 de la Ley Orgánica 3/2018). Por eso el escrito se dirige a los dos el mismo día, y no solo al fichero.
• Si la anotación que le preocupa está en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, no se trata de un fichero de morosos: allí se recogen los riesgos declarados por las entidades y la rectificación se pide a la entidad que declaró el dato. Se lo advertiríamos antes de enviar nada.
• Este servicio cubre la reclamación ante la entidad y ante el responsable del fichero. Si deniegan la supresión, caben pasos posteriores que se contratan aparte: la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y, si el dato le ha causado un perjuicio, la petición de una indemnización al amparo del artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679. Le diremos por escrito cuál corresponde en su caso.