Cumplimiento normativo y blanqueo en una entidad de pago
Actualizada el 2026-11-09 · Revisado por Jaime Piñeira Pardo, colegiado ICAM nº 138826
La respuesta corta
El cumplimiento normativo de una entidad de pago puede externalizarse en sus tareas, nunca en su responsabilidad: si es función importante, se comunica al Banco de España un mes antes, con el contrato (art. 15 RD 736/2019). El representante ante el Sepblac será un administrador o directivo residente, las decisiones de blanqueo son de la entidad y el examen externo anual lo hace un experto independiente.
Usted es consejero delegado de una entidad de pago que el Banco de España autorizó hace cinco meses en Madrid: abre cuentas de pago a comercios en línea, cobra con tarjeta por ellos y les transfiere el saldo. Tiene 16 empleados y prevé facturar 2,4 millones de euros este año. Su responsable de cumplimiento se marcha el 31 de enero, y el consejo quiere sustituirlo por un servicio externo con cuota mensual que lleve el cumplimiento normativo y la prevención del blanqueo, incluido el análisis de alertas. El representante ante el Sepblac es su director financiero, que se ha mudado a Lisboa. La profesional que redactó su manual de prevención del blanqueo se ofrece a hacer también el examen externo anual, y el contrato con el nuevo proveedor está listo para firmarse el 15 de diciembre con efectos el 1 de enero. Pregunta qué puede sacar de casa, a quién tiene que avisar y con cuánta antelación, y si el plan aguanta una inspección.
El caso, en cinco líneas
- Qué se ejercita
- Comunicación al Banco de España de la externalización de la función de cumplimiento, como función operativa importante, al menos un mes antes de que sea efectiva (art. 15.2 RD 736/2019), y comunicación al Sepblac de la propuesta de representante y de sus autorizados (art. 26 ter Ley 10/2010; art. 35 RD 304/2014). Si el Banco de España se opone o impone limitaciones, recurso de alzada ante el Ministro de Economía y, contra su resolución, recurso contencioso-administrativo.
- Ante quién
- Recibe la comunicación y puede oponerse el Banco de España, cuya inspección alcanza también a la entidad en que se externaliza (art. 26.1 RDL 19/2018). El Sepblac recibe la propuesta de representante y puede formular reparos (art. 26 ter.2 Ley 10/2010). Las resoluciones del Banco de España en esta materia se recurren en alzada ante el Ministro de Economía (art. 26.7 RDL 19/2018; art. 2.2 Ley 13/1994) y la de este, en única instancia, ante la Audiencia Nacional (art. 2.3), sin el intento previo de negociación del art. 5 LO 1/2025, que solo rige en el orden civil y mercantil.
- Plazo
- Funciones importantes: aviso al Banco de España al menos un mes antes de que sean efectivas, y este dispone de un mes desde que tiene la información completa para oponerse o fijar limitaciones; las no importantes se comunican en el mes siguiente a su efectividad (art. 15.2 y 15.3 RD 736/2019). El informe del experto externo se emite en dos meses desde su fecha de referencia y se eleva al órgano de administración en tres meses desde su emisión (art. 38.1 RD 304/2014; art. 28.1 Ley 10/2010). Alzada en un mes desde la notificación (art. 122.1 LPAC) y contencioso en dos meses (art. 46.1 LJCA).
- Quién puede
- Está obligada la entidad de pago autorizada y también la exenta, a la que se aplica el art. 15 RD 736/2019 en lo que le corresponda (art. 4.1) y que es sujeto obligado de prevención del blanqueo (art. 2.1.h Ley 10/2010; art. 14.5 RDL 19/2018). Comunica la entidad, no el proveedor, y la propuesta de las personas autorizadas la firma el representante (art. 35.1 RD 304/2014). Recurre la entidad cuya externalización se limita o rechaza.
- Riesgo económico
- No aprobar ni aplicar políticas, no dotar de medios al representante y al órgano de control interno, no tener un manual actualizado o no hacer el examen externo son infracciones graves (art. 52.1 Ley 10/2010): multa mínima de 60.000 euros a la entidad, con amonestación o suspensión temporal de la autorización, y de 3.000 a 5.000.000 de euros a los administradores responsables (art. 57). Externalizar sin aviso o con un contrato sin acceso del supervisor pone en juego las condiciones de la autorización, que la externalización no puede menoscabar (art. 15.4.c RD 736/2019).
Qué puede salir de casa y qué no: la regla del artículo 15
La entidad de pago puede encargar a terceros funciones operativas, también las de cumplimiento, pero con un límite que el Banco de España aplica de verdad: la externalización no puede suponer un completo vaciamiento de la actividad, ni afectar significativamente a la calidad del control interno, ni menoscabar la supervisión (art. 15.1 RD 736/2019). Es importante la función cuya deficiencia puede afectar de manera sustancial a la capacidad de cumplir las condiciones de la autorización, a los resultados, a la solidez, a la continuidad de los servicios o a la confidencialidad de la información.
Las directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre externalización, que el Banco de España adoptó como propias para las entidades de pago, consideran siempre esencial o importante externalizar tareas operativas de las funciones de control interno, salvo que su fallo no afecte a la eficacia de la función. Llevar fuera el cumplimiento o el análisis de alertas de blanqueo es, por tanto, externalizar una función importante. En cambio, un dictamen jurídico o la defensa ante un órgano administrativo o judicial no son externalización y no se comunican.
La alta dirección no traslada su responsabilidad (art. 15.4.a RD 736/2019) y la entidad sigue plenamente responsable de lo externalizado (art. 23.5 RDL 19/2018). Las mismas directrices prohíben la estructura vacía: alguien de la entidad, con conocimientos y tiempo, tiene que supervisar al proveedor y poder retomar la función. En su caso, el error sería que el servicio externo sustituya al responsable que se va en lugar de apoyar a quien le releve: el Banco de España lee esa diferencia en el organigrama y en el contrato.
El aviso al Banco de España: un mes antes y con el contrato
Externalizar una función operativa importante, o cambiar una ya comunicada, se comunica al Banco de España al menos un mes antes de que sea efectiva, con los contratos, una autoevaluación del impacto de los riesgos y la identidad del proveedor (art. 15.2 RD 736/2019). El Banco de España tiene un mes desde que recibe la información completa para oponerse motivadamente o fijar limitaciones, y si falta algo ese mes no empieza; las funciones no importantes se comunican en el mes siguiente a su efectividad (art. 15.3). Para empezar el 1 de enero, el aviso completo tiene que entrar antes del 1 de diciembre.
El contrato se escribe pensando en el supervisor. Debe recoger el acceso directo y sin restricciones de la entidad y del Banco de España a la información en poder del proveedor, la posibilidad de verificar sus sistemas en sus propios locales y, si el proveedor está en el extranjero, la jurisdicción a la que se somete (art. 15.4.e). Las directrices europeas añaden causas de resolución, entre ellas que lo ordene la autoridad, y una salida ordenada con periodo de transición. Y la inspección del Banco de España alcanza a cualquier entidad en que se hayan externalizado actividades (art. 26.1 RDL 19/2018).
Lo que nadie le cuenta: si la entidad aún no está autorizada, el camino más rápido es incluir la externalización en la propia solicitud. La guía del Banco de España para solicitantes pide copia de los principales acuerdos de externalización de funciones importantes, con la persona de la entidad responsable de cada uno, y el Sepblac informa sobre el manual de blanqueo antes de que se conceda la licencia, como explica nuestra guía sobre la licencia de entidad de pago. Ya autorizada, toda modificación relativa a la externalización se comunica sin demora (art. 23.6 RDL 19/2018), y la exenta queda sujeta al art. 15 en lo que le corresponda (art. 4.1 RD 736/2019).
Blanqueo: el representante, el órgano de control y lo que no se delega
Toda entidad de pago, también la exenta, es sujeto obligado de la Ley 10/2010 (art. 2.1.h; art. 14.5 RDL 19/2018). Su representante ante el Sepblac tiene que ser una persona residente en España que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad, con acceso sin limitación a toda la información (art. 26 ter.1 y 2 Ley 10/2010). Su propuesta se comunica al Sepblac con su trayectoria profesional, y este puede formular reparos. Un proveedor externo no puede ocupar ese puesto, y un director que vive en Lisboa tampoco.
El representante puede designar hasta dos personas autorizadas que actúan bajo su dirección y responsabilidad (art. 35.1 RD 304/2014); ni la norma ni el Sepblac aclaran si pueden ser ajenas a la entidad, así que el diseño no debe depender de ello. La entidad de pago necesita además un órgano de control interno que se reúna con la periodicidad fijada y levante acta: la dispensa por tamaño solo alcanza a los sujetos de la letra i) en adelante (art. 35.2). Las políticas y procedimientos los aprueba el órgano de administración (art. 31.2), y el representante y el órgano de control deben contar con los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios (art. 26 ter.5 Ley 10/2010).
Las directrices europeas sobre el responsable de cumplimiento en materia de blanqueo, que el Sepblac declara aplicar, separan lo que se puede encargar de lo que se decide en casa. No se externalizan la aprobación de la evaluación global de riesgos, la organización interna del marco, la adopción de políticas, la metodología del perfil de riesgo ni los criterios de detección, y la entidad responde en última instancia de la decisión de comunicar una operación al Sepblac. Quien no tiene directivos ni personal propio aparte del órgano de administración puede externalizar la función entera. El análisis de alertas sí puede hacerse fuera; la decisión, no.
El examen del experto externo: anual, independiente y con calendario
Las medidas y los órganos de control interno se someten cada año al examen de un experto externo, cuyo informe describe las medidas, valora su eficacia operativa y propone mejoras; en los dos años siguientes puede sustituirse por un informe de seguimiento de las deficiencias detectadas (art. 28.1 Ley 10/2010). Se eleva en tres meses desde su emisión al órgano de administración, que adopta las medidas para corregirlas, y queda a disposición de las autoridades durante cinco años (art. 28.3); la orden que aprueba el modelo de informe habla de seis, y conservarlo seis no cuesta nada.
La ley impide encargar el examen a personas físicas que hayan prestado a la entidad cualquier otra clase de servicios retribuidos durante los tres años anteriores o posteriores a la emisión del informe (art. 28.2). Quien redactó su manual no puede examinarlo, y quien lleve su cumplimiento tampoco debería hacerlo: sería revisar su propio trabajo. Por eso, cuando llevamos la función, el examen lo hace un experto externo distinto, como exige la ley. El experto comunica al Sepblac su actuación antes de empezar e informa cada semestre de los sujetos examinados, y no existe un registro público de expertos: comprobar su idoneidad es tarea de la entidad.
El calendario importa. El informe se emite en dos meses desde su fecha de referencia (art. 38.1 RD 304/2014), y esa fecha no puede distar más de un año natural de la del informe anterior (art. 5 Orden EHA/2444/2007). Las deficiencias que no puedan resolverse de inmediato llevan un plan de remedio cuyo calendario no puede exceder, con carácter general, de un año natural (art. 38.2), y el experto valora también el grado de cumplimiento del plan anual de formación (art. 39). No hacer el examen externo es infracción grave (art. 52.1.q Ley 10/2010).
Lo que se envía cada mes y cada semestre, y la atención a la clientela
La entidad autorizada remite al Banco de España estados reservados: los de salvaguarda de fondos, cada mes, antes de que acabe el mes siguiente; la mayoría de los demás, cada semestre, el día 20 del segundo mes siguiente; y otros, una vez al año, el 20 de febrero (norma 12.1 Circular 5/2020). La exenta presenta menos estados, todos semestrales, no le alcanza la parte contable de la circular y el Banco de España puede exigirle más avisando con seis meses (normas 2.1, 12.2 y 12.6). A ello se suman las estadísticas de pagos y fraude de la Circular 2/2022, trimestrales y semestrales.
La exenta comunica todo cambio que afecte a sus condiciones y el valor total de las operaciones del año anterior, y si la media de doce meses supera 3.000.000 de euros al mes tiene 30 días naturales para pedir la autorización (art. 14.2 RDL 19/2018); el registro como exenta tiene su propia guía. La autorizada informa sin demora de todo cambio sustancial en la información de su solicitud, como condición para mantener la autorización (art. 2.6 RD 736/2019), y sustituir al responsable de cumplimiento por un servicio externo cambia esa información. DORA añade el registro de proveedores tecnológicos, donde entra la plataforma de control de operaciones que contrate, como explica nuestra guía sobre DORA en su entidad de pago.
La Ley 10/2025, de servicios de atención a la clientela, nombra expresamente a las entidades de pago y a las exentas: necesitan un servicio de atención gratuito, separado de los servicios comerciales u operativos para decidir con autonomía, con personal formado y con su información en la web. Puede gestionarlo un tercero (art. 2.3), pero las obligaciones son de la entidad, que en servicios de pago responde en 15 días hábiles, o en un mes como máximo en casos excepcionales (art. 69 RDL 19/2018). El titular del servicio, con honorabilidad y experiencia, lo designa el consejo y se comunica al supervisor, y su informe anual va al consejo en el primer trimestre (arts. 5 y 17 Orden ECO/734/2004). La ley dio doce meses desde su entrada en vigor, el 28 de diciembre de 2025, para adaptarse.
2027 y el reglamento europeo; y si el Banco de España se opone
Desde el 10 de julio de 2027 se aplica el Reglamento (UE) 2024/1624, que exige un director de cumplimiento normativo dentro del órgano de dirección y un responsable del cumplimiento con rango suficiente, que es el punto de contacto con las autoridades y comunica las operaciones sospechosas; si el tamaño y el riesgo lo justifican, ambas funciones pueden recaer en la misma persona (art. 11). La externalización se notificará al supervisor antes de que el proveedor empiece, el proveedor se considerará parte de la entidad y esta seguirá plenamente responsable (art. 18.1 y 18.2).
Lo que nadie le cuenta: el reglamento cierra para siempre parte de lo que hoy se encarga fuera. No se podrán externalizar la propuesta y aprobación de la evaluación de riesgos de toda la actividad, la aprobación de políticas y controles, la decisión sobre el perfil de riesgo y la aceptación del cliente, la comunicación de operaciones sospechosas, salvo a otra entidad obligada de su grupo en el mismo Estado, ni los criterios de detección (art. 18.3), y a las entidades financieras no se las puede dispensar de documentar esa evaluación (art. 10.3). El reglamento prevé una función de auditoría independiente que pruebe políticas, procedimientos y controles y, en su ausencia, permite encargar esa prueba a un experto externo (art. 9.2.b): el contrato que firme ahora debe poder adaptarse.
Si el Banco de España se opone a la externalización o le pone limitaciones, su resolución no agota la vía administrativa: se recurre en alzada ante el Ministro de Economía en un mes desde la notificación (art. 26.7 RDL 19/2018; art. 2.2 Ley 13/1994; art. 122.1 LPAC), que tiene tres meses para resolver, y contra su resolución cabe recurso ante la Audiencia Nacional, en única instancia, en dos meses (art. 2.3 Ley 13/1994; art. 46.1 LJCA), sin intento previo de negociación, que solo se exige en el orden civil y mercantil. A menudo es más rápido corregir el contrato y volver a comunicar mientras se recurre. Si lo que llega es una inspección o una sanción por blanqueo, su defensa tiene guía propia.
Cómo lo llevamos, paso a paso
- 1
Separamos lo que sale de casa y lo que no
Clasificamos cada tarea de cumplimiento y de blanqueo como función importante o no, y marcamos lo que se queda en la entidad: representante, aprobaciones del consejo y decisión de comunicar operaciones.
- 2
Fijamos el representante y el órgano de control
Proponemos al Sepblac un representante residente con cargo de administración o dirección, con su trayectoria, y dejamos constituido el órgano de control interno con su periodicidad y sus actas.
- 3
Redactamos el contrato que el supervisor acepta
Acceso del Banco de España, verificación en los locales del proveedor, causas de resolución, salida ordenada y la persona de la entidad que supervisa al proveedor.
- 4
Avisamos al Banco de España en plazo
Presentamos la comunicación con el contrato, la autoevaluación de riesgos y la identidad del proveedor al menos un mes antes de la fecha efectiva, y fechamos la entrada para saber cuándo vence el mes del supervisor.
- 5
Llevamos el cumplimiento cada mes
Políticas para aprobación del consejo, manual, formación, análisis de alertas, calendario de estados y estadísticas, servicio de atención a la clientela e informe anual del responsable.
- 6
Preparamos el examen externo y defendemos
Dejamos la documentación lista para el experto externo independiente, seguimos el plan de remedio y, si el Banco de España se opone, recurrimos en alzada dentro del mes.
La prueba que decide el caso
- El contrato de externalización firmado, con la cláusula de acceso directo del Banco de España y de verificación en los locales del proveedor (art. 15.4.e RD 736/2019).
- El justificante de la comunicación al Banco de España con su fecha de entrada: fija cuándo empezó a correr el mes del supervisor y cuándo pudo hacerse efectiva la externalización.
- Las actas del órgano de administración que aprueban políticas y procedimientos, y las del órgano de control interno con la periodicidad fijada.
- La comunicación al Sepblac del representante y de sus autorizados, con la documentación que acredita los requisitos declarados (art. 35.1 RD 304/2014).
- El informe del experto externo y, en su caso, el plan de remedio con su calendario y su grado de ejecución.
- Los registros de supervisión del proveedor: informes periódicos, alertas revisadas y decisiones tomadas en la entidad, que demuestran que no es una estructura vacía.
Lo que cierra la puerta
- Nombrar representante ante el Sepblac al proveedor externo o a un directivo que no reside en España: la ley exige un residente con cargo de administración o dirección.
- Empezar con el proveedor sin haber avisado al Banco de España un mes antes: el supervisor puede oponerse o limitar, y las condiciones de la autorización quedan en juego.
- Encargar el examen externo a la persona física que redactó el manual o le presta otros servicios retribuidos: la ley lo veta durante los tres años anteriores y posteriores al informe, y quien lleva el cumplimiento tampoco debería examinarlo.
- Dejar que el proveedor apruebe las políticas o decida si se comunica una operación sospechosa: son decisiones de la entidad y de su órgano de administración.
- Firmar un contrato sin acceso del supervisor, sin causas de resolución ni plan de salida: es lo primero que el Banco de España revisa y limita.
- Olvidar que el servicio de atención a la clientela debe estar separado de los servicios comerciales y responder en 15 días hábiles, aunque lo gestione un tercero.
La norma aplicable
- Arts. 2.6, 4.1 y 15 RD 736/2019. Externalizar funciones operativas importantes exige aviso al Banco de España un mes antes, con contrato, autoevaluación y proveedor, y este puede oponerse en un mes; contrato con acceso del supervisor; la exenta queda sujeta en lo que le corresponda. BOE-A-2019-18425
- Arts. 14, 23, 26 y 69 RDL 19/2018. La entidad sigue plenamente responsable de lo externalizado y comunica sin demora sus cambios; la inspección del Banco de España alcanza al proveedor; sus resoluciones se recurren en alzada; reclamaciones de pago contestadas en 15 días hábiles; la exenta que supera 3.000.000 de euros al mes pide la autorización en 30 días naturales. BOE-A-2018-16036
- Arts. 2.1.h, 26 ter, 28, 52 y 57 Ley 10/2010. Las entidades de pago, exentas incluidas, son sujetos obligados; representante residente con cargo de administración o dirección; órgano de control interno con medios; examen anual por experto sin otros servicios retribuidos en tres años; infracciones graves y sus multas. BOE-A-2010-6737
- Arts. 31, 35, 38 y 39 RD 304/2014. Políticas aprobadas por el órgano de administración; hasta dos autorizados del representante; órgano de control interno obligatorio para la entidad de pago; informe del experto en dos meses y plan de remedio de hasta un año; plan de formación. BOE-A-2014-4742
- Normas 2 y 12 Circular 5/2020 del Banco de España. Estados reservados de las entidades de pago: salvaguarda mensual, la mayoría semestrales y algunos anuales; régimen reducido y semestral para las exentas. BOE-A-2020-15602
- Art. 2 y disposición final segunda Ley 10/2025. Servicio de atención a la clientela gratuito y separado de los servicios comerciales para las entidades de pago y las exentas; puede gestionarlo un tercero, pero las obligaciones son de la entidad. BOE-A-2025-26698
- Arts. 9, 10, 11 y 18 Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR). Desde el 10 de julio de 2027: director y responsable de cumplimiento, evaluación de riesgos obligatoria, notificación previa de la externalización y tareas que nunca se externalizan. 32024R1624
- Art. 2 Ley 13/1994, de Autonomía del Banco de España. Los actos del Banco de España ajenos a la función monetaria se recurren ante el Ministro de Economía, y la Audiencia Nacional conoce en única instancia del recurso contra su resolución. BOE-A-1994-12553
Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.
Preguntas frecuentes
¿Puede una entidad de pago externalizar el compliance?
Sí, las tareas, no la responsabilidad. Como función importante, se comunica al Banco de España al menos un mes antes con el contrato, y este puede oponerse en un mes (art. 15 RD 736/2019). La entidad conserva las aprobaciones, la supervisión del proveedor y la decisión de comunicar operaciones sospechosas; quien no tiene más personal que el consejo puede encargar la función entera.
¿Quién puede ser el representante ante el Sepblac?
Una persona residente en España que ejerza cargo de administración o dirección de la sociedad, con acceso sin límites a la información (art. 26 ter.1 Ley 10/2010). Se propone al Sepblac con su trayectoria profesional y este puede formular reparos. Puede designar hasta dos autorizados que actúan bajo su dirección y responsabilidad (art. 35.1 RD 304/2014).
¿Quién hace el examen externo de prevención del blanqueo?
Un experto externo idóneo, cada año, con informes de seguimiento posibles en los dos siguientes (art. 28 Ley 10/2010). No puede ser una persona física que le haya prestado otros servicios retribuidos en los tres años anteriores o posteriores al informe, y tampoco debería ser quien lleva su cumplimiento. El experto comunica al Sepblac su actuación antes de empezar.
¿Una entidad de pago exenta necesita órgano de control interno y examen externo?
Sí. La exenta es sujeto obligado de la Ley 10/2010 (art. 2.1.h), y las dispensas por tamaño del reglamento de blanqueo solo alcanzan a los sujetos de la letra i) en adelante (arts. 31.1 y 35.2 RD 304/2014). Necesita representante, órgano de control interno, políticas aprobadas por el consejo, manual, formación y examen externo anual.
¿Qué cambia con el reglamento europeo de blanqueo en 2027?
Desde el 10 de julio de 2027 hacen falta un director de cumplimiento en el órgano de dirección y un responsable del cumplimiento, la externalización se notifica al supervisor antes de empezar y hay tareas que nunca salen de la entidad, como aprobar la evaluación de riesgos o comunicar operaciones sospechosas (arts. 11 y 18 Reglamento (UE) 2024/1624).
Esta guía explica cómo funciona la acción en general. No sustituye al estudio de su caso: los plazos dependen de cuándo pasaron las cosas y de lo que usted haya hecho desde entonces.