Cártel de coches: el Supremo eleva la indemnización al 5 % y condena a Stellantis por los Chevrolet

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó el 22 de octubre de 2026 dos sentencias contra Stellantis España, la empresa que hoy reúne marcas como Citroën, Peugeot y Opel: una, sobre la demanda de 20 compradores de Citroën, y la 1645/2026, sobre la de 62 compradores de Opel y Chevrolet. En los dos casos, la Audiencia Provincial de Pontevedra había reconocido a los compradores una indemnización del 2 % del precio de sus coches. El Supremo la eleva al 5 %, más los intereses legales desde la fecha de compra de cada vehículo.

El tribunal explica que el sobreprecio exacto es muy difícil de calcular y que esa dificultad no puede dejar a los compradores sin compensación. Por eso hace una estimación judicial del daño y la fija en el 5 %, el mismo porcentaje que ya aplicó a los afectados por el cártel de camiones. Advierte también que ese 5 % no es, en sentido estricto, una indemnización mínima: en cada pleito, el juzgado decide según la prueba que se aporte.

En la 1645/2026, el Supremo condena a Stellantis España, que responde hoy por Opel, a indemnizar también a los compradores de Chevrolet, otra marca que participó en el cártel. Según el tribunal, la responsabilidad nace de haber participado en la conducta que generó el sobreprecio, así que la empresa responde aunque el coche sea de otra marca implicada en la infracción.

Es lo que la jurisprudencia llama solidaridad impropia: el perjudicado puede exigir la indemnización completa a uno de los responsables, y el que paga reclama después a los demás su parte. Cómo se aplicará este criterio a otras marcas lo irán diciendo los tribunales. Y un matiz importante: en este tipo de responsabilidad, reclamar a una empresa no interrumpe el plazo frente a las demás.

A quien compró un coche nuevo de una de las marcas sancionadas mientras duró el cártel, entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Conviene mirar bien las fechas: ese es el periodo total, y la CNMC precisa que cada empresa participó durante un tiempo distinto, en varias más corto.

En julio de 2015, la CNMC sancionó con 171 millones de euros a 21 fabricantes y distribuidores y a dos consultoras por intercambiar información comercial confidencial. Entre ellos están los de Citroën, Peugeot, Renault, Ford, Opel, Chevrolet, Toyota, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Fiat, Hyundai, Kia, Mazda, Honda, Volvo, Mitsubishi y Chrysler, que vendían también otras marcas incluidas, como Dacia, Mini, Smart, Alfa Romeo, Lancia, Jeep o Lexus. Las empresas de Seat, Volkswagen, Audi, Skoda y Porsche quedaron exentas de pagar su multa por acogerse al programa de clemencia.

Pueden reclamar los particulares y también los autónomos y las empresas que compraron vehículos para su actividad. Lo que se reclama es el sobreprecio pagado, así que cuenta el precio de compra que figure en la factura o en el contrato.

Sí, y es lo primero que hay que mirar. En un pleito de este mismo cártel, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió el 4 de septiembre de 2025 (asunto C-21/24) que el plazo no puede empezar a contar antes de que la sanción sea firme, aunque se haya publicado antes. La acción por daños de la competencia prescribe a los cinco años, y el Supremo confirmó las sanciones de la mayoría de las empresas entre el 20 de abril y el 1 de diciembre de 2021.

Contando cinco años desde esas sentencias, que es el cálculo prudente, el plazo ya ha vencido en casi todas las marcas, salvo que se interrumpiera a tiempo: el de Opel, por ejemplo, el 5 de octubre de 2026. Sigue abierto el de Toyota y Lexus, hasta el 1 de diciembre de 2026, según el calendario orientativo del Gobierno Vasco. Hay casos con fechas distintas, como Mazda, cuyo recurso no resolvió definitivamente el Supremo hasta el 9 de marzo de 2026, así que hay que comprobar la fecha en cada caso.

Las sentencias de octubre no reabren plazos vencidos. El plazo se interrumpe con una reclamación extrajudicial (artículo 1973 del Código Civil), pero solo frente a la empresa que la recibe. Si compró un Toyota o un Lexus afectado y todavía no ha reclamado, conviene enviar el requerimiento antes del 1 de diciembre de 2026 y conservar la prueba de su envío y de su recepción. Si su coche es de otra marca, hay que comprobar primero si la acción sigue viva.

Reunir la factura o el contrato de compra, el permiso de circulación y, si lo financió, el contrato del préstamo; comprobar que la marca y la fecha de compra entran en el periodo en que participó esa empresa y que la acción no ha prescrito; calcular la cantidad, tomando como referencia el 5 % del precio que ha aplicado el Supremo, más los intereses legales desde la compra, y enviar el requerimiento a la empresa. Si no paga, la reclamación continúa con la demanda.