Su exchange no le deja retirar o le pide pagar impuestos: qué hacer

Sí. El patrón se repite: usted ingresa dinero, el panel muestra beneficios llamativos y, cuando pide la retirada, aparece un cargo que hay que pagar por adelantado: impuestos, tasa antiblanqueo, comisión de liquidez, seguro o «desbloqueo». Si paga, aparece otro. El saldo de la pantalla no existe: lo escribe la plataforma para que siga ingresando.

No puede ser un impuesto real. En España la ganancia por vender criptomonedas la declara usted en su Renta y la ingresa a la Agencia Tributaria por los canales de la propia Agencia. Los exchanges con sede o establecimiento en España informan a Hacienda de saldos y operaciones (modelos 172 y 173), pero no le cobran el impuesto ni condicionan la retirada a pagarlo. Y si el saldo existiera, cualquier cargo legítimo se descontaría de él: quien le pide dinero nuevo para devolverle el suyo reconoce que el suyo no está.

Conseguir pagos con engaño es estafa: engaño bastante para producir error en otro e inducirle a un acto de disposición en perjuicio propio (art. 248 del Código Penal), castigada con prisión de seis meses a tres años, o multa de uno a tres meses si lo defraudado no supera 400 euros. Lo que procede es denunciar, no negociar.

Hay variantes que suplantan a la Agencia Tributaria, la CNMV, el Banco de España o Interpol. Ningún organismo público le pide por WhatsApp o Telegram que ingrese criptomonedas para cobrar lo que es suyo.

Desde el 1 de julio de 2026, prestar servicios de criptoactivos en España exige autorización de la CNMV o el pasaporte de una autorización de otro Estado de la Unión. Ese día terminó el periodo transitorio de MiCA (art. 143.3 del Reglamento (UE) 2023/1114). España anunció que lo acortaría, pero nunca lo aprobó en el BOE.

Compruébelo en el registro de proveedores de criptoactivos de la CNMV y en el registro de MiCA de la ESMA, que recoge a los autorizados en toda la Unión. Busque la denominación social exacta, no la marca, y confirme que la web en la que opera es la registrada. Revise también la lista de entidades advertidas de la CNMV.

Los clones son habituales: una web casi idéntica a la de un exchange conocido, con otro dominio. MiCA prohíbe que quien no está autorizado use un nombre o publicidad que sugiera que lo está o cree confusión (art. 59.5). Si no aparece en ningún registro, o el nombre coincide pero la web no, trátelo como plataforma falsa.

Si su exchange operaba legalmente antes de julio de 2026 y no obtuvo la autorización, ya no puede prestar servicios en España: pídale por escrito cómo y cuándo puede retirar sus criptomonedas y su efectivo, y hágalo cuanto antes.

Sí, temporalmente y con motivo. Los exchanges son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo: deben identificar a sus clientes con documentos fehacientes (art. 3) y aplicar diligencia debida según el riesgo (art. 7), también a clientes antiguos cuando cambian sus circunstancias o hacen una operación significativa por su volumen o complejidad, y siempre que haya indicios de blanqueo.

Por eso puede pedirle que vuelva a verificar su identidad, un justificante de domicilio, el origen de los fondos (nóminas, escritura de venta de un inmueble, extractos de la cuenta de origen) o la explicación de una operación. Mientras no lo aporta, puede no ejecutar la retirada.

Si no logra aplicar esas medidas, no puede ejecutar operaciones y debe poner fin a la relación, sin responsabilidad «salvo que medie enriquecimiento injusto» (art. 7.3). Esa salvedad importa: la ley le obliga a dejar de operar con usted, pero no le autoriza a quedarse con su saldo.

Lo que no hace un exchange autorizado es cobrarle por levantar el bloqueo ni pedirle más dinero para retirar. Sus comisiones tienen que estar publicadas en un lugar destacado de su web (art. 66.4 MiCA). Conteste siempre desde la aplicación o la web oficial, nunca por un enlace recibido, entregue los documentos completos de una vez y guarde copia de todo.

Todo proveedor autorizado debe tener un procedimiento de reclamaciones eficaz, transparente y gratuito, con una plantilla y un registro de las que recibe (art. 71 MiCA). El Reglamento Delegado (UE) 2025/294 lo concreta: publica en su web el procedimiento y la plantilla estándar en todas las lenguas en que comercializa, y admite reclamaciones por medios electrónicos o en papel.

Al recibirla acusa recibo con el nombre y los datos de contacto de quien la lleva, la fecha de recepción y el plazo, y le dice sin demora si la admite. No puede pedirle información que ya tiene (art. 5.2) y le responde por escrito en la lengua en que usted reclamó, si es una de las que usa o una lengua oficial del Estado de origen o de acogida que también sea oficial de la Unión.

La decisión llega motivada en un máximo de dos meses desde que la recibe (art. 6.2). Solo en situaciones excepcionales puede retrasarse, explicándole el motivo y dándole una fecha. Si no le da la razón, o solo en parte, debe decirle por qué y qué vías de recurso le quedan (art. 6.4).

Una buena reclamación es concreta: su identificador de usuario, fecha e importe de cada retirada solicitada, activo y red, dirección de destino o IBAN, hash si la operación llegó a salir, documentos KYC entregados y cuándo, y una petición cerrada: que ejecute la retirada o que le diga por escrito el motivo y la lista exacta de documentos que faltan.

En Managora lo hacemos con la ficha de Reclamación a un exchange o plataforma de criptomonedas: comprobamos si el proveedor está autorizado con MiCA, presentamos la reclamación ante su servicio de reclamaciones y, si la rechaza o no contesta en plazo, ante el Servicio de Reclamaciones de la CNMV. Puede ver el importe actualizado en la ficha. Si la plataforma no está autorizada o le pide impuestos para retirar, esa ficha no le sirve: es una estafa.

El siguiente paso es el Servicio de Reclamaciones de la CNMV, que atiende las reclamaciones contra proveedores de criptoactivos autorizados o con pasaporte. Es gratuito y exige haber reclamado antes al proveedor: puede acudir si se la deniega o si pasa un mes sin resolverla (artículo 30.3.a de la Ley 44/2002), aunque el proveedor tenga hasta dos meses para decidir. Se presenta con el formulario oficial, por la sede electrónica o en papel, con la reclamación previa y la respuesta si la hubo.

Su resolución no es vinculante: no obliga al exchange a pagar ni se ejecuta como una sentencia. Aun así pesa ante un proveedor supervisado y es buena prueba si después hay que demandar.

La vía civil para reclamar el saldo prescribe a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento (art. 1964 del Código Civil), y antes de demandar hay que intentar un medio adecuado de solución de controversias; si usted es consumidor, la reclamación al proveedor o a la CNMV ya cuenta como tal (disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 1/2025). Esa demanda no entra en nuestras fichas: si su caso la justifica, el despacho la estudia y la presupuesta aparte.

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero todavía no funciona: sigue siendo un proyecto de ley. Y si la plataforma no está autorizada, la CNMV no resuelve reclamaciones contra ella, aunque sí puede recibir la comunicación para advertir al público: su caso se lleva como estafa, con el banco y la denuncia.

No pague nada más, aunque le digan que es el último cargo. Llame hoy a su banco: si pagó por transferencia, pida la retrocesión por fraude; con tarjeta, el contracargo. Desde el 9 de octubre de 2025 el banco debe cotejar el nombre del beneficiario con el IBAN antes de una transferencia en euros: si no le ofreció ese servicio o falló, responde frente a usted; si le avisó de que no coincidía y usted autorizó igualmente, por esa vía no responde.

Si pagó en criptomonedas, anote la dirección de destino y el hash de cada envío. Si el dinero acabó en un exchange o un banco identificable, se le puede requerir que conserve los datos y valore el bloqueo de esa cuenta.

Después, denuncie: en comisaría, en un cuartel de la Guardia Civil, en el juzgado de guardia u online con ratificación posterior. Le redactamos la denuncia con la prueba ordenada (ficha de Denuncia online ante Policía Nacional o Guardia Civil). Managora no lleva causas penales: ni querellas ni defensa penal.

Si prefiere que llevemos todo el frente, la ficha de Plan de reclamación tras una estafa de inversión, trading o criptomonedas incluye análisis y cronología con la prueba, el escrito a su banco, el requerimiento al banco o exchange receptor para el bloqueo y la conservación de datos, la denuncia redactada, la comunicación a la CNMV si la entidad no está autorizada y la orientación para la Renta. Puede ver el importe actualizado en la ficha. No le prometemos recuperar el dinero: le decimos qué se puede reclamar, a quién y en qué plazo.

Cuidado con la segunda oleada: «agencias de recuperación» o falsos funcionarios que conocen su caso y piden una comisión previa para devolverle el dinero. Es la misma estafa con otro disfraz.

La comisión de retirada legítima existe: está publicada en la web del proveedor (art. 66.4 MiCA), se conoce antes de pedir la retirada y se descuenta del importe que sale, a veces con el coste de la red. No se paga aparte, ni a otra cartera, ni en otra moneda.

En la Renta, según la consulta vinculante V0648-24 de la Dirección General de Tributos, depende del contexto: si la retirada se produce al vender por euros o al permutar, y el gasto es inherente a esa operación y lo paga usted, cuenta para el valor de adquisición o de transmisión; si solo mueve criptomonedas entre dos monederos suyos de distintos proveedores, es irrelevante en el IRPF.

Con más de 50.000 euros en criptomonedas custodiadas fuera de España a 31 de diciembre, presente además el modelo 721, que es informativo. Y si perdió dinero en una plataforma falsa, si esa pérdida cuenta en la Renta depende de cada caso: lo explicamos en la guía Cómo declarar en la Renta el dinero que perdió en una estafa.