Licencia VTC: permiso de conductor, autorizacion y transmision

En el sector VTC (el que usan plataformas como Uber, Cabify o Bolt) conviven dos títulos que no deben confundirse. La autorización VTC habilita al vehículo y a la empresa para prestar el servicio. El permiso de conductor VTC habilita a la persona que conduce.

La autorización VTC es de ámbito autonómico desde el Real Decreto-ley 13/2018: el servicio se contrata y se inicia en la comunidad donde está domiciliada la autorización. El transporte urbano lo regula cada comunidad autónoma y, en su caso, el ayuntamiento.

Para operar en regla necesita las dos cosas: la autorización al día (con su visado) y un conductor con permiso vigente. Managora coordina ambos trámites y le dice qué necesita en su caso concreto.

Puede obtenerlo quien tenga permiso de conducir de clase B con al menos dos años de antigüedad, no padezca enfermedad infectocontagiosa, no consuma habitualmente drogas o alcohol y no haya sido condenado por delitos contra la libertad sexual.

En la Comunidad de Madrid hay que superar una prueba de 60 preguntas tipo test (60 minutos), repartida en cuatro módulos: lengua castellana, medio físico, accesibilidad y servicio público, y marco jurídico del transporte. Se aprueba módulo a módulo.

Están exentos del examen quienes acrediten haber conducido un VTC un año seguido entre el 12/01/2023 y el 12/01/2024, o dos años entre el 12/01/2020 y el 12/01/2024, y quienes tengan un permiso equivalente de autotaxi o de otra comunidad. El permiso dura cinco años y se renueva sin repetir el examen.

Importante: desde el 2 de octubre de 2026 ninguna empresa de Madrid podrá tener contratados conductores sin este permiso. Managora prepara la solicitud de expedición y la presenta por sede electrónica.

Depende de la comunidad autónoma. A mediados de 2026 el otorgamiento de nuevas autorizaciones está cerrado o suspendido en Madrid, Cataluña, Andalucía, Illes Balears y Canarias, mientras que sigue abierto en otras comunidades como Aragón, Galicia, Murcia o el País Vasco. Es una situación cambiante, sujeta a moratorias, por lo que debe comprobarse en la sede oficial de cada comunidad antes de decidir.

La histórica ratio de una autorización VTC por cada treinta licencias de taxi (ratio 1/30) fue cuestionada por la sentencia del TJUE en el asunto C-50/21, de 8 de junio de 2023, y por el Tribunal Supremo en 2024: no puede imponerse de forma automática y genérica sin justificar, caso a caso, su necesidad y proporcionalidad. Hoy la base para otorgar o denegar son criterios medioambientales y de congestión (Real Decreto-ley 5/2023).

Por eso Managora comprueba primero la viabilidad: si su comunidad no otorga nuevas autorizaciones, la vía realista es adquirir una autorización ya existente mediante transmisión.

Las autorizaciones VTC son transmisibles. La compraventa permite entrar en mercados donde el alta está cerrada, comprando una autorización que ya existe en lugar de solicitar una nueva.

El comprador debe cumplir los mismos requisitos que un titular nuevo (estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, domicilio, vehículo apto) y la autorización no puede trasladarse a otra comunidad autónoma.

Antes de comprar conviene comprobar que la autorización tiene el visado al día, que no arrastra cargas ni sanciones y que el vehículo cumple la antigüedad y la etiqueta ambiental exigidas. Managora hace esa comprobación previa y tramita el cambio de titularidad por usted.

El visado es la revisión periódica de la autorización que confirma que sigue cumpliendo los requisitos. Es bienal (cada dos años) y se hace según un calendario que asigna el mes en función del último dígito del NIF o NIE del titular.

Si no se visa en plazo, la autorización se considera caducada de forma automática, sin necesidad de que la administración la revoque expresamente (artículo 51 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres). Es uno de los errores más caros del sector.

La autorización caducada por falta de visado puede rehabilitarse si se solicita dentro del año siguiente a la notificación de la pérdida de vigencia de la autorización (según el Reglamento de la LOTT, ROTT), no desde el mero vencimiento del plazo de visado. Managora controla su calendario de visado para que no se le pase la fecha.

Una denegación no es el final. La administración solo puede denegar por criterios objetivos y proporcionados: no puede aplicar de forma automática y genérica la ratio 1/30 sin justificar, caso a caso, su necesidad y proporcionalidad, tal como han señalado el TJUE en el asunto C-50/21 y el Tribunal Supremo (STS 474/2024, de 18 de marzo).

Frente a la denegación cabe recurso de reposición ante el mismo órgano y, después o de forma directa, recurso contencioso-administrativo. Los plazos habituales son de un mes para la reposición y de dos meses para el contencioso, contados desde la notificación.

Managora estudia la resolución, comprueba si la denegación está realmente motivada y presenta el recurso por usted, apoyándose en la jurisprudencia europea y del Supremo.