El recargo de prestaciones: del 30 al 50 por ciento mas si falto seguridad

El recargo de prestaciones está regulado en el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015). Establece que todas las prestaciones económicas que tengan su causa en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional se aumentan, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento cuando la lesión se produce por equipos, instalaciones o lugares de trabajo sin los medios de protección reglamentarios, con esos medios inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se observaron las medidas de seguridad y salud exigibles.

El incremento se aplica sobre todas las prestaciones derivadas del accidente: la incapacidad temporal, la incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, las lesiones permanentes no invalidantes y las prestaciones de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad, auxilio por defunción) si el trabajador fallece.

Lo paga directamente la empresa infractora con su propio patrimonio. El artículo 164.2 LGSS declara el recargo inasegurable: es nulo de pleno derecho cualquier pacto o seguro para cubrirlo, compensarlo o transmitirlo. Ni el INSS ni la mutua lo adelantan ni responden de él.

Aunque tiene una función sancionadora para la empresa, quien lo cobra es usted: el recargo se suma a su prestación y lo recauda la Tesorería General de la Seguridad Social a cargo de la empresa.

Deben concurrir tres elementos: un accidente de trabajo o enfermedad profesional que haya generado una prestación económica de la Seguridad Social, un incumplimiento empresarial de la normativa de prevención de riesgos laborales, y una relación de causalidad entre ese incumplimiento y la lesión sufrida.

Los supuestos típicos son la falta de protecciones colectivas (barandillas, redes, líneas de vida), equipos de trabajo sin resguardos o en mal estado, ausencia de evaluación de riesgos o de formación e información al trabajador, falta de equipos de protección individual y la no adaptación del puesto a las condiciones personales del trabajador.

La prueba más sólida es el acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con propuesta de recargo, pero no es imprescindible: también sirven el informe de investigación del accidente, el parte de accidente, la documentación preventiva de la empresa, testigos y pericias. Managora analiza su caso, reúne esa prueba y construye la relación de causalidad, que es donde se ganan o se pierden estos expedientes.

La ley solo fija la horquilla (del 30 al 50 por ciento) y ordena graduarla según la gravedad de la falta cometida por la empresa, no según la gravedad de las lesiones. Una infracción muy grave con un daño moderado puede merecer más recargo que una infracción leve con un daño severo.

En la práctica administrativa y judicial es habitual asociar el 30 por ciento a incumplimientos de menor entidad, el 40 por ciento a infracciones graves y el 50 por ciento a las muy graves, valorando la peligrosidad de la actividad, el número de medidas omitidas, la existencia de advertencias o requerimientos previos y la conducta de la empresa tras el accidente. El porcentaje concreto lo motiva la resolución del INSS y puede revisarlo el Juzgado de lo Social.

El porcentaje se aplica sobre todas las prestaciones presentes y futuras derivadas del mismo accidente. En las pensiones (por ejemplo, una incapacidad permanente), la empresa debe ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital coste necesario para pagar el recargo durante toda la vida de la pensión.

Son responsabilidades independientes y compatibles. El artículo 164.3 LGSS declara el recargo compatible con las responsabilidades de todo orden, incluso penal, y el artículo 42.3 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, confirma que las responsabilidades administrativas derivadas del procedimiento sancionador son compatibles con las indemnizaciones por daños y perjuicios y con el recargo de prestaciones. La multa la impone la autoridad laboral y la cobra la Administración; el recargo lo declara el INSS y lo cobra usted.

Si el accidente da lugar a un proceso penal contra los responsables de la empresa, el procedimiento sancionador administrativo se suspende hasta que termine la vía penal. El expediente de recargo, en cambio, es independiente; aun así, en la práctica el INSS puede acordar la suspensión del expediente de recargo mientras está pendiente el proceso penal, lo que retrasa el cobro pero no hace perder el derecho.

Que la empresa sea absuelta en vía penal no impide el recargo: el estándar de prueba penal es más exigente y el recargo se basa en el incumplimiento de normas de prevención, no en la existencia de delito.

Sí. El recargo es acumulable a la indemnización civil de daños y perjuicios que usted puede reclamar a la empresa por el mismo accidente. Conforme a la doctrina consolidada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el importe del recargo no se descuenta de esa indemnización, precisamente por su naturaleza sancionadora.

Lo que sí se coordina con la indemnización son las prestaciones básicas de la Seguridad Social: lo cobrado como prestación se computa para calcular el lucro cesante indemnizable, pero el recargo queda fuera de ese descuento.

El orden de reclamaciones típico es este: primero se reconoce la prestación (incapacidad temporal, incapacidad permanente o muerte y supervivencia); en paralelo actúa la Inspección de Trabajo y, en su caso, el proceso penal; después se insta el recargo ante el INSS; y por último se reclama la indemnización civil ante el Juzgado de lo Social. Un recargo firme es además una prueba muy potente de la culpa empresarial en el pleito de daños.

Managora le organiza todo el recorrido: solicita el recargo ante el INSS, controla los plazos de cada vía y deja preparada la base para la reclamación de daños. Puede ver el importe actualizado del servicio en la ficha del trámite.

El derecho al recargo prescribe a los cinco años, por aplicación del artículo 53.1 LGSS. El cómputo presenta matices en la jurisprudencia: como regla de prudencia, tome como referencia el reconocimiento de la prestación derivada del accidente y no apure el plazo.

El plazo se interrumpe por las actuaciones de la Inspección de Trabajo, el procedimiento sancionador o el proceso penal seguidos por los mismos hechos, de modo que un proceso penal largo no le hace perder el derecho.

Cuidado con esperar: si la solicitud se presenta tarde respecto de prestaciones ya reconocidas, los tribunales han aplicado la regla de la retroactividad máxima de tres meses del artículo 53.1 LGSS a los efectos económicos, con lo que se puede perder parte de los atrasos. Solicitar pronto siempre es la opción segura, y Managora se encarga de presentarlo sin demoras.