Baja medica e incapacidad: temporal y permanente

La incapacidad temporal, conocida como baja médica, es la situación en la que usted no puede trabajar por enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo o enfermedad profesional, y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Es una prestación que sustituye a su salario mientras dura la recuperación.

Quién firma la baja depende de la causa. Si es enfermedad común o accidente no laboral, el parte de baja lo emite el médico de su Servicio Público de Salud (su médico de cabecera o el especialista). Si la causa es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la baja la emite el médico de la mutua colaboradora con la Seguridad Social.

Desde el 1 de abril de 2023 (Real Decreto 1060/2022) usted ya no tiene que llevar los partes a su empresa. El Servicio Público de Salud o la mutua envían la baja al INSS por vía telemática, y el INSS la comunica a la empresa. Usted solo debe acudir a las revisiones médicas que le citen.

La baja médica tiene una duración máxima de 365 días. Si al llegar a ese límite se prevé que usted puede recuperarse y recibir el alta, el INSS puede prorrogarla 180 días más, hasta un total de 545 días. A partir del día 365 el único organismo competente para prorrogar, dar el alta o iniciar una incapacidad permanente es el INSS, no su médico ni la mutua.

En caso de enfermedad común o accidente no laboral, los tres primeros días no se cobra nada (salvo que su convenio colectivo lo mejore). Del día 4 al 20 se percibe el 60% de la base reguladora, y a partir del día 21 el 75%. El tramo del día 4 al 15 lo abona la empresa a su cargo, y desde el día 16 corresponde al INSS o a la mutua, aunque se cobra en la nómina mediante pago delegado (lo adelanta la empresa y luego se lo compensa la Seguridad Social).

En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional la cobertura es mayor: el día de la baja lo paga la empresa con el salario íntegro, y desde el día siguiente se percibe el 75% de la base reguladora ya desde el primer día. Si usted es trabajador autónomo, la prestación se abona directamente por la mutua con los mismos tramos de porcentaje, sin intermediación de una empresa.

Cuando las lesiones o la enfermedad se estabilizan y dejan secuelas definitivas que reducen o anulan su capacidad de trabajar, la situación deja de ser temporal y se valora una incapacidad permanente. La ley reconoce cuatro grados, de menor a mayor afectación.

Incapacidad permanente parcial: reduce el rendimiento normal para su profesión habitual sin impedirla del todo. No da derecho a pensión mensual, sino a una indemnización en un solo pago equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora.

Incapacidad permanente total: le inhabilita para su profesión habitual, aunque pueda dedicarse a otra distinta. La pensión es del 55% de la base reguladora, que puede incrementarse en un 20% adicional (total cualificada) cuando concurren determinadas circunstancias de edad y dificultad para encontrar empleo.

Incapacidad permanente absoluta: le inhabilita para toda profesión u oficio. La pensión es del 100% de la base reguladora. Gran invalidez: es el grado más alto, cuando además necesita la ayuda de otra persona para los actos esenciales de la vida diaria (vestirse, comer, desplazarse), y suma a la pensión un complemento económico destinado a retribuir a quien le atiende.

El organismo que reconoce y valora la incapacidad permanente es el INSS, a través del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), que examina sus informes médicos y emite un dictamen propuesta sobre el grado que corresponde. El procedimiento puede iniciarse de oficio por el propio INSS, a instancia de la mutua o la empresa, o a solicitud de la persona interesada.

Para valorar su caso, el INSS revisa los informes médicos, las pruebas diagnósticas y el historial de su baja. Es clave aportar toda la documentación clínica que acredite las secuelas, porque el grado (y por tanto la cuantía) depende de lo bien documentado que esté el expediente.

No todos los casos exigen haber cotizado un mínimo. Si la incapacidad deriva de un accidente (laboral o no) o de una enfermedad profesional, no se requiere periodo previo de cotización. Si deriva de enfermedad común sí se exige un tiempo mínimo cotizado que varía según su edad en el momento del hecho causante.

Si el INSS deniega la incapacidad o reconoce un grado inferior al que le corresponde, la resolución no es la última palabra: puede impugnarse. Es frecuente que un grado adecuadamente documentado se reconozca solo tras insistir, por lo que conviene preparar la solicitud y, en su caso, la reclamación con el máximo detalle desde el principio.

Managora prepara y presenta por usted tanto la gestión de la incapacidad temporal como la solicitud de incapacidad permanente ante el INSS, en su nombre y sin que usted tenga que desplazarse. Reunimos la documentación, ordenamos los informes médicos y presentamos el expediente por la vía telemática.

Si su solicitud es denegada o le reconocen un grado menor del que le corresponde, Managora prepara la reclamación previa ante el INSS y el siguiente paso si fuera necesario, defendiendo el grado que se ajusta a sus secuelas.

Puede iniciar cada gestión desde su ficha de trámite. El importe actualizado de nuestro servicio figura siempre en la ficha correspondiente (incapacidad temporal e incapacidad permanente): estas prestaciones no llevan tasa administrativa, de modo que lo que ve en la ficha es únicamente la tarifa de Managora por hacerlo todo por usted.