Respuesta al fondo o a la empresa de recobro que le reclama la deuda de su tarjeta

Base legal y a tener en cuenta

• La empresa que hoy le reclama solo puede cobrarle si acredita que el crédito ha llegado hasta ella. El artículo 1526 del Código Civil exige que la cesión de un crédito tenga fecha cierta para surtir efecto frente a terceros, y por eso el escrito reclama el contrato que usted firmó y la cadena completa de ventas de la deuda, no una simple carta en la que afirmen ser los nuevos titulares.
• Probar la deuda corresponde a quien la reclama, no a usted. El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sitúa la carga de la prueba en quien afirma un hecho y atiende a la facilidad probatoria de cada parte: el contrato y el histórico de liquidaciones están en poder de la entidad, no del consumidor.
• Contestar por escrito no reconoce la deuda. Lo que sí la reconoce es pagar algo a cuenta, firmar un fraccionamiento o admitirla por teléfono: el artículo 1973 del Código Civil establece que cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor interrumpe la prescripción, y el artículo 1964.2 fija en cinco años el plazo general de las acciones personales. Si usted ya ha pagado o ha firmado algo, díganoslo antes de que redactemos el escrito, porque cambia el planteamiento.
• Exigimos que separen el capital que usted dispuso de los intereses, las comisiones y el seguro. Sin ese desglose no hay forma de comprobar si el interés aplicado resulta desproporcionado a efectos de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamo usurarios, ni de discutir las comisiones o el seguro vinculado al amparo de los artículos 80, 82, 85 y 87 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y de la Directiva 93/13/CEE.
• Dejar constancia de que usted discute la deuda no borra por sí solo una anotación en un fichero de morosos. El artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018 presume lícito ese tratamiento cuando la deuda es cierta, vencida y exigible y su existencia o su cuantía no han sido objeto de reclamación administrativa o judicial ni de un procedimiento de resolución de disputas vinculante entre las partes. Lo que hace nuestro escrito es dar fecha cierta a esa discusión, que es la pieza con la que después se pide la limitación del tratamiento del artículo 18 del Reglamento General de Protección de Datos ante quien anotó el dato y ante el responsable del fichero. Esa petición es un escrito distinto y también lo hacemos nosotros.
• Si lo que ha recibido viene de un juzgado, el plazo corre y no se prorroga. En el procedimiento monitorio el artículo 815 de la Ley de Enjuiciamiento Civil le concede veinte días para pagar o para oponerse por escrito, y el artículo 816 advierte de que, si no hace ni una cosa ni la otra, se despachará ejecución contra usted; otros procedimientos dan menos días. Esa respuesta ya es una defensa ante el juzgado, se contrata aparte y la asumimos nosotros: avísenos el mismo día y lo tratamos como urgente.
• Aunque el asunto haya avanzado hasta la ejecución, el artículo 557 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite oponerse alegando que el título contiene cláusulas abusivas, de modo que el interés, las comisiones y el seguro siguen siendo discutibles también en esa fase.
• Antes de acudir al juzgado en un asunto civil hay que intentar un acuerdo: el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 exige acreditar una actividad negociadora previa sobre el mismo objeto del pleito. El envío por burofax con acuse de recibo y certificación de contenido deja constancia del contenido y de la fecha de esa comunicación, y si el asunto termina en demanda se completa lo que falte.
• Este servicio exige acreditación y deja constancia de su discusión, pero no garantiza que la deuda se anule ni que le devuelvan nada. Si no le contestan, o contestan sin aportar el contrato ni la cadena de cesiones, el paso siguiente es reclamar ante el juzgado, y ese pleito se contrata aparte.