Solicitud a la financiera del contrato y el histórico de su tarjeta revolving

Base legal y a tener en cuenta

• El escrito se apoya en el derecho de acceso del artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos: usted puede obtener de la entidad la confirmación de qué datos suyos trata y una copia de ellos. El apartado 3 de ese mismo artículo solo permite cobrar un canon razonable por las copias adicionales, de modo que esa primera copia no pueden facturársela.
• El artículo 15 obliga además a la entidad a decirle a qué destinatarios ha comunicado sus datos y, cuando no los obtuvo de usted, cuál es su origen. Es la vía por la que se averigua si su contrato acabó en manos de otra sociedad o si sus datos se remitieron a un fichero de solvencia patrimonial.
• En paralelo dirigimos el escrito al servicio de atención a la clientela. El artículo 29 de la Ley 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero, obliga a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito a tener ese servicio, a prestarlo gratuitamente y a acusar recibo por escrito, resolviendo también por escrito y de forma motivada.
• El plazo que maneja la ley es de un mes desde que la entidad recibe el escrito. El artículo 30.3.a de la Ley 44/2002 exige acreditar que ha transcurrido ese mes sin respuesta, o que la petición ha sido denegada, para poder acudir después al servicio de reclamaciones del Banco de España. Por eso enviamos el requerimiento por burofax con acuse de recibo: la fecha de entrega es la prueba de que ese mes empezó a correr.
• Conviene saberlo de antemano: el servicio de reclamaciones del Banco de España resuelve mediante informes motivados que, por disposición expresa del artículo 30.2 de la Ley 44/2002, no tienen en ningún caso carácter de acto administrativo recurrible. Orientan y pesan, pero no obligan a la entidad a entregarle la documentación ni a devolverle cantidad alguna.
• Si la tarjeta la emitió una entidad y hoy le reclama otra distinta, el escrito se dirige también a quien compró la deuda, porque quien trata sus datos responde de su propia obligación de acceso conforme al artículo 15 del Reglamento. El contrato firmado y el histórico de liquidaciones suelen seguir, en cambio, en poder de quien le concedió el crédito.
• Nadie puede garantizarle que la entidad conserve el contrato que usted firmó hace diez o quince años. Lo que la ley le asegura es la copia de los datos que trata sobre usted hoy, y una negativa o un silencio tampoco son un viaje perdido: dejan por escrito que la entidad no acredita documentalmente lo que le viene cobrando. Antes de entregar nada la entidad puede exigir que quede acreditada su identidad, y de ahí que su documento de identidad se adjunte materialmente al escrito.
• Merece la pena no demorarlo. Según cómo se plantee después la reclamación, la devolución de lo cobrado de más puede topar con el plazo general de prescripción de cinco años que el artículo 1964.2 del Código Civil fija para las acciones personales, que corre desde que cada cantidad pudo exigirse. Cada mes que pasa sin el histórico delante es un mes que puede quedar fuera de la cuenta.
• Este servicio es el primer escalón del recorrido y se agota en obtener los papeles. Con el contrato y el histórico delante se puede calcular después si el interés aplicado fue desproporcionado y reclamárselo a la entidad; si esta guarda silencio o contesta con evasivas, cabe acudir a la Agencia Española de Protección de Datos como autoridad de control. Cada uno de esos pasos se contrata aparte y se lo explicamos cuando llegue el momento.