Estudio de su tarjeta o crédito revolving: si hay caso y cuánto ha pagado de más

Base legal y a tener en cuenta

• El estudio se apoya en la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, conocida como Ley Azcárate. Su artículo 1 declara nulo el préstamo en el que se estipula un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. De ahí que comparemos la TAE de su contrato con el tipo medio que se publicaba para este tipo de crédito en el mes en que usted firmó, y no con el de hoy.
• El artículo 3 de esa misma ley dice qué ocurre cuando la nulidad se declara: usted queda obligado a devolver solo la suma que recibió, y la entidad debe devolverle lo que haya cobrado por encima de ese capital. Ese es justamente el cálculo que recoge el informe al sumar sus cuotas, cuánto dispuso usted de verdad y cuánto ha pagado por encima.
• Si el interés no llega a ser notablemente superior al del mes de la firma, el informe examina el contrato por la vía de la transparencia. El artículo 80 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios exige que las cláusulas no negociadas individualmente sean concretas, claras y sencillas, y además accesibles y legibles: desde el 1 de junio de 2022 no se entiende cumplido ese requisito si la letra mide menos de 2,5 milímetros o si el poco contraste con el fondo dificulta la lectura.
• El artículo 82 del mismo texto refundido considera abusiva la cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes, y pone en la entidad la carga de probar que una cláusula se negoció individualmente. El artículo 83 añade que esas cláusulas son nulas de pleno derecho y se tienen por no puestas, y que también lo son las condiciones incorporadas de modo no transparente en perjuicio del consumidor.
• En el mismo sentido, la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, exige en su artículo 5 que las cláusulas propuestas por escrito estén redactadas de forma clara y comprensible, y ordena que, en caso de duda sobre su sentido, prevalezca la interpretación más favorable para el consumidor.
• Conviene distinguir dos plazos, porque no son lo mismo. La nulidad de pleno derecho no caduca, de modo que el contrato puede discutirse aunque hayan pasado muchos años. La devolución del dinero es otra cosa: el artículo 1964.2 del Código Civil somete las acciones personales a una prescripción de cinco años, que en un crédito revolving se cuenta cuota a cuota. Dicho en claro, cada mes que pasa sin reclamar sale del cálculo la cuota más antigua.
• El artículo 1973 del Código Civil interrumpe la prescripción por el ejercicio de la acción ante los tribunales, por la reclamación extrajudicial y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda. Por eso le preguntamos si ya escribió usted a la entidad y en qué fecha: si lo hizo, el tramo de cuotas que todavía puede reclamarse puede ser mayor del que parece.
• Conviene que sepa de antemano hasta dónde llega la vía del supervisor. Los artículos 29 y 30 de la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, obligan a la entidad a tener un departamento de atención a la clientela y permiten acudir después al servicio de reclamaciones del Banco de España, pero el informe que este emite no obliga a la entidad a devolverle nada ni sustituye a una resolución judicial.
• Lo que usted recibe aquí es un dictamen, no una reclamación: no interrumpe ningún plazo frente a la entidad y todavía no le pide el dinero a nadie. Le dice si su caso entra, por qué vía y con qué cifra, para que decida el siguiente paso con los números delante; nunca le anticipamos cuánto va a recuperar. Si después hay que escribir a la entidad o acudir a los tribunales, eso se contrata aparte, y tenga en cuenta que el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, exige haber intentado antes una negociación por alguno de los medios adecuados de solución de controversias para que la demanda civil sea admitida.