Le deniegan la residencia de emprendedor por el informe de ENISA

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita

Recurso de alzada contra la denegación y, si se desestima, recurso contencioso-administrativo que pida su anulación y la autorización o un nuevo informe de ENISA. En paralelo, si conviene, una solicitud nueva con el formulario de ENISA rehecho.

Ante quién

La alzada se dirige al órgano superior de la Dirección General de Migraciones que indique el pie de recurso y puede presentarse ante la propia Dirección General (art. 121.2 de la Ley 39/2015). El pleito, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en única instancia (arts. 10.1.n y 14.1 LJCA).

Plazo

Un mes para la alzada desde la notificación; vencido, la denegación es firme (art. 122.1 de la Ley 39/2015). Tres meses para resolverla, con silencio negativo, y dos meses para el contencioso desde la notificación de su resolución expresa (art. 46.1 LJCA). Antes, una fecha: si pasaron veinte días hábiles desde la presentación sin resolución notificada, y nada detuvo el plazo, hubo silencio positivo (art. 76.1 de la Ley 14/2013).

Quién puede

El emprendedor que pidió la autorización, por sí o mediante representante (art. 69.1 de la Ley 14/2013); el despacho presenta con su propio certificado, sin pedirle el suyo. Cada familiar recurre su propia resolución. ENISA no resuelve ni es parte: su informe se discute a través de la denegación.

Riesgo económico

La alzada no tiene coste judicial, pero no prolonga su estancia: la prórroga del art. 76.1 de la Ley 14/2013 acaba con la denegación. El contencioso exige representación procesal, se alarga y puede acabar en costas. Salvo que se gane por silencio positivo, ganar por defectos del informe lleva previsiblemente a una nueva evaluación, no a la autorización directa.

El informe de ENISA decide, pero lo que se recurre es la denegación

El art. 70.1 de la Ley 14/2013 solo considera actividad emprendedora la innovadora y/o de especial interés económico para España que cuenta con informe favorable de ENISA. Ese informe es preceptivo, lo pide la UGE de oficio y se emite en diez días hábiles. Sin él, la Dirección General de Migraciones, a la que el art. 76.1 atribuye la concesión, deniega.

Pero el informe no es la resolución: es un acto intermedio del procedimiento. El art. 112.1 de la Ley 39/2015 solo abre recurso autónomo contra los actos intermedios que deciden el fondo, impiden continuar o causan indefensión o perjuicio irreparable, y la oposición a los demás se alega para que se tenga en cuenta en la resolución final. Podría discutirse si este informe encaja en la excepción, pero no hace falta: la denegación llega enseguida, y contra ella abre la ley la alzada.

Lo que nadie le cuenta es que el informe va de ENISA a la UGE, no a usted. Lo verá si la UGE le requiere o le da audiencia antes de resolver, o en la resolución. Ese momento previo es el mejor para combatirlo: diez días si es un requerimiento de subsanación, que si no se atiende le tiene por desistido (art. 68.1 de la Ley 39/2015), y entre diez y quince si es la audiencia, para alegar y aportar documentos (art. 82.2). Después, el art. 53.1.a le da acceso al expediente y copia del informe.

Antes de recurrir, mire las fechas: veinte días y silencio positivo

El art. 76.1 de la Ley 14/2013 da veinte días desde la presentación electrónica para resolver y, si no se resuelve en ese plazo, tiene la autorización por estimada. Son días hábiles, por la regla general del art. 30.2 de la Ley 39/2015, y corren desde la presentación en la UGE, no desde que llega el informe de ENISA, que se pide dentro del procedimiento.

Si la denegación se notificó después, y ningún requerimiento ni otra comunicación detuvo el plazo, el art. 24.1 de la Ley 39/2015 le permite entender estimada su solicitud, y el art. 24.2 da a esa estimación valor de acto que pone fin al procedimiento. El art. 24.3.a cierra la marcha atrás: la resolución expresa posterior solo puede confirmar lo estimado. Importa qué fecha cuenta: en la notificación electrónica basta con que la resolución se pusiera a su disposición en la sede dentro del plazo, aunque la abriera después (arts. 40.4 y 43.3).

Por eso lo primero que se busca no es el informe, sino el resguardo de presentación y el acuse de la notificación. Si las fechas dan silencio positivo, la alzada no discute el juicio de ENISA: sostiene que la autorización ya existía. Se acredita por cualquier medio, incluido el certificado que el art. 24.4 obliga a expedir en quince días y que puede pedirse en cualquier momento.

Primero la alzada, después el juez: aquí no hay contencioso directo

En otras denegaciones de extranjería se elige entre reposición y contencioso directo; aquí no. El art. 76.1 de la Ley 14/2013 prevé la alzada, y la Dirección General de Migraciones no está entre los órganos que agotan la vía administrativa (art. 114 de la Ley 39/2015). La disposición adicional novena del RD 1155/2024, que sí la agota, se refiere a lo resuelto con base en el reglamento. Si el pie de recurso dice otra cosa, se recurre igual dentro del mes.

La alzada se presenta en el mes siguiente a la notificación, ante el órgano superior que indique el pie de recurso o ante la propia Dirección General, que la remite con el expediente (art. 121.2). Hay tres meses para resolverla; sin respuesta, puede darse por desestimada (art. 122.2). Pasado el mes sin recurrir, la denegación es firme (art. 122.1), y con ella se pierden el silencio positivo y cualquier defecto del informe.

Contra la resolución de la alzada, dos meses para el contencioso (art. 46.1 LJCA), ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El art. 8.4 LJCA solo lleva a las secciones de lo contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia la extranjería de la Administración periférica del Estado y de los órganos competentes de las comunidades autónomas; la Dirección General es un órgano central que los arts. 9 y 11 no asignan a otro órgano, así que rige el art. 10.1.n, y es la de Madrid porque allí tiene su sede el órgano que dictó el acto originario (art. 14.1). Si la alzada la resuelve un Secretario de Estado, el art. 11.1.b solo lleva a la Audiencia Nacional los actos que rectifican en vía de recurso, y la resolución debe indicar el órgano judicial (art. 88.3 de la Ley 39/2015): si señala otro, se estudia antes de presentar.

Qué se le puede reprochar al informe, y qué no

La denegación debe estar motivada (art. 76.1 de la Ley 14/2013 y art. 35.1.a de la Ley 39/2015), y el informe sirve de motivación cuando se incorpora a su texto (art. 88.6): citar un «informe desfavorable de ENISA» sin decir qué falla no cumple. Y si se resolvió con un informe que usted no pudo ver ni contestar, falta la audiencia del art. 82.1, que solo puede omitirse cuando no cuentan más hechos ni pruebas que los del interesado (art. 82.4).

El fondo también tiene flancos. Basta que la actividad sea innovadora o de especial interés económico, y ENISA mide este último por la escalabilidad, según su propia guía. Un informe que niega la innovación sin valorar la escalabilidad, o que exige mínimos de inversión o de empleo que la UGE publica que no existen, aplica criterios ajenos al art. 70.2, que mira al perfil e implicación del solicitante, al plan de negocio y al valor añadido para España.

Y está el error de hecho. Según la guía de ENISA, un solo criterio acreditado aprueba directamente la innovación: inversión, financiación o ayuda pública para I+D+i o emprendimiento innovador en los últimos tres años sin revocación, premio como empresa innovadora, ganador o finalista, de alcance al menos regional, informe motivado vinculante del Ministerio de Ciencia, bonificación por investigadores, o Sello Pyme Innovadora, certificación de AENOR como joven, pequeña o microempresa innovadora o certificación conforme a la norma UNE 166.002. Si constaba alguno y se niega la innovación, el error es claro. La mera discrepancia no prospera: el juicio técnico se respeta salvo error, arbitrariedad o falta de motivación.

Volver a presentar: más rápido, con otro formulario y en regla

La Ley 14/2013 no limita las solicitudes, y una nueva se resuelve en veinte días hábiles con silencio positivo, frente a los tres meses y el silencio negativo de la alzada. Si el problema estuvo en lo que ENISA tuvo delante (tablas vacías, cifras sin comprobar, un criterio de aprobación directa sin marcar), volver a presentar bien hecho es el camino más corto.

Lo que nadie le cuenta es que su estancia sigue corriendo. La solicitud la prorrogó hasta la resolución del procedimiento (art. 76.1 de la Ley 14/2013), y la denegación es esa resolución: la ley no la alarga mientras se recurre. Para pedir desde España no hay que estar en situación irregular (art. 62.3.a). Si su estancia sigue en vigor, la nueva solicitud se presenta antes de que venza; si no, desde fuera, donde la autorización también se pide ante la UGE y, concedida, el visado en el consulado (arts. 69.1 y 70.1).

Recurrir y volver a presentar no son incompatibles, y a menudo se hacen las dos cosas: la alzada conserva la primera solicitud, su fecha y el argumento del silencio; la nueva busca la vía rápida. Pero no puede repetir la anterior: todas las tablas completas, pulsando «Añadir» en cada fila, inversiones a 18 o 24 meses, previsiones a cuatro años, el criterio de aprobación directa si existe y datos que ENISA pueda comprobar. La tasa 790-038 se paga de nuevo: 73,26 € en 2026.

El consulado y la renovación: el mismo informe, otros frentes

Si pidió desde fuera y le concedieron la autorización, el visado lo resuelve el consulado en diez días hábiles, salvo consulta del art. 22 del Código de visados (art. 75.5 de la Ley 14/2013). Su denegación es otro acto, de otro órgano, y manda su propio pie de recurso: si declara agotada la vía administrativa, como hace la disposición adicional novena del RD 1155/2024 con los visados del reglamento, caben reposición en un mes o contencioso en dos.

La renovación es el otro momento de riesgo: se pide por dos años y exige mantener las condiciones (art. 76.3), y el emprendedor vuelve a rellenar el formulario de ENISA con los datos reales de la empresa. La denegación por un informe desfavorable se recurre también en alzada, pero aquí sí hay algo que perder, la autorización que la solicitud mantenía viva, y la suspensión se pide con el propio recurso, como en cualquier renovación denegada.

En la renovación, previsiblemente, pesa la actividad real: facturas, clientes, contrataciones e inversión ejecutada frente a la prevista. La disposición adicional séptima obliga a mantener las condiciones y a comunicar a la UGE en treinta días cualquier cambio que las afecte, y permite extinguir la autorización, previa audiencia, si no se cumplen. Y revise las solicitudes de sus familiares: presentadas a la vez, se resuelven a la vez (art. 62.4), y cada una se recurre.

Cómo lo llevamos, paso a paso

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   Fijar las fechas que deciden

   Con el resguardo de presentación, el acuse de la notificación y la fecha en que vence su estancia se comprueba si hubo silencio positivo, se calcula el mes de la alzada y se mide el margen para pedir de nuevo desde España.

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   Leer el informe y el formulario enviado

   Se pide copia del informe en el expediente (art. 53.1.a de la Ley 39/2015) y se compara con el formulario tal y como se envió: tablas vacías, datos sin comprobar, criterios de aprobación directa no valorados.

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   Separar el error ajeno del propio

   Silencio positivo, falta de motivación o de audiencia y criterios que la ley no exige fundan el recurso; un formulario pobre pide una solicitud nueva; y si se denegó por otro requisito del art. 62.3 de la Ley 14/2013, como el seguro, la estrategia es otra.

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   Alzada dentro del mes

   El despacho la presenta como representante, con su propio certificado, atacando la motivación punto por punto con prueba, y pide la anulación y, según el caso, la autorización ganada por silencio o un nuevo informe.

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   Solicitud nueva con el formulario rehecho

   Con la estancia en vigor, o desde fuera si venció, se presenta otra solicitud con un formulario que responda al primer informe. Usted abre la cuenta del Área privada de ENISA con su correo; el contenido lo preparamos nosotros.

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   Contencioso si la alzada no prospera

   Desestimada la alzada, en dos meses desde su notificación, o pasados tres meses sin respuesta, se demanda ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con el expediente completo.

La norma aplicable

• Art. 70 de la Ley 14/2013. Define la actividad emprendedora como la innovadora y/o de especial interés económico para España con informe favorable de ENISA, preceptivo, pedido de oficio por la UGE y emitido en diez días hábiles, y fija como criterios el perfil e implicación del solicitante, el plan de negocio y el valor añadido para la economía española. BOE-A-2013-10074
• Art. 76 de la Ley 14/2013. La UGE instruye y la Dirección General de Migraciones concede; sin resolución en veinte días desde la presentación electrónica, hay silencio positivo. Las resoluciones, motivadas, admiten alzada; la solicitud prorroga la estancia hasta la resolución, y la renovación es por dos años. BOE-A-2013-10074
• Arts. 62 y 69 de la Ley 14/2013. Exigen no estar en situación irregular, carecer de antecedentes penales, seguro de enfermedad y recursos suficientes. La autorización dura tres años, se renueva por dos y se pide ante la UGE, también desde fuera con una única instancia; los familiares que solicitan a la vez se resuelven a la vez. BOE-A-2013-10074
• Art. 24 de la Ley 39/2015. Vencido el plazo sin resolución notificada, la solicitud se entiende estimada salvo ley en contrario; la estimación pone fin al procedimiento, la resolución posterior solo puede confirmarla y se acredita por cualquier medio, incluido un certificado que se expide en quince días. BOE-A-2015-10565
• Arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015. La alzada se interpone ante el superior jerárquico del autor del acto, o ante este, en un mes si el acto es expreso; pasado, la resolución es firme. Sin resolución en tres meses, puede entenderse desestimada. BOE-A-2015-10565
• Art. 112 de la Ley 39/2015. Cabe recurso contra las resoluciones y los actos intermedios del procedimiento que deciden el fondo, impiden continuar o causan indefensión o perjuicio irreparable; la oposición a los demás se alega para que se tenga en cuenta en la resolución que pone fin al procedimiento. BOE-A-2015-10565
• Arts. 35, 53, 82 y 88 de la Ley 39/2015. Obligan a motivar los actos que limitan derechos, dan acceso al expediente y copia, imponen audiencia salvo que solo cuenten los hechos del interesado y exigen indicar recursos, órgano y plazo; un informe sirve de motivación cuando se incorpora a la resolución. BOE-A-2015-10565
• Arts. 8, 10, 11, 14 y 46 LJCA. La extranjería de la Administración periférica va a las secciones de lo contencioso-administrativo de los Tribunales de Instancia; los actos de Ministros y Secretarios de Estado, a la Audiencia Nacional; lo no atribuido a otro órgano, a los Tribunales Superiores de Justicia, por regla general del lugar donde tiene su sede el autor del acto. Plazo: dos meses. BOE-A-1998-16718

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

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