El vecino moroso sigue sin pagar: embargo y subasta del piso
Actualizada el 2026-11-10 · Revisado por Jaime Piñeira Pardo, colegiado ICAM nº 138826
La respuesta corta
Con el decreto del monitorio o la sentencia firme, la comunidad pide la ejecución ante la sección civil del Tribunal de Instancia que dictó el título, sin negociar antes, en los cinco años siguientes a su firmeza. Si ejecuta el banco, la tercería de mejor derecho debe presentarse antes de que cobre. Desde abril de 2025, si nadie puja, el moroso puede pedir que se alce el embargo.
Usted preside la comunidad de un bloque de treinta y seis viviendas en Móstoles. El propietario del quinto A dejó de pagar en enero de 2022 y ya debe 9.300 euros entre cuotas ordinarias y la derrama para cambiar el ascensor. En marzo de 2025 la comunidad ganó el monitorio: ni pagó ni se opuso, y el letrado de la Administración de Justicia dictó el decreto que lo cerraba. Desde entonces, nada. No se le conoce nómina, la cuenta desde la que pagaba está vacía y el piso lo tiene alquilado. La nota simple muestra una hipoteca de 2007, y hace dos semanas un vecino encontró el piso anunciado en el Portal de Subastas: el banco está ejecutando. En la última junta alguien aseguró que, con la ley nueva, la comunidad ya no puede quedarse el piso. La junta quiere saber si todavía puede cobrar y si llega antes que el banco.
El caso, en cinco líneas
- Qué se ejercita
- Demanda ejecutiva para cobrar el decreto que cerró el monitorio o la sentencia de condena (artículos 517, 549 y 816 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), con embargo, anotación preventiva y subasta del piso; y, si ejecuta el banco u otro acreedor, demanda de tercería de mejor derecho (artículos 614 a 620) para cobrar antes con la preferencia del artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal.
- Ante quién
- La sección civil del Tribunal de Instancia que dictó el título despacha la ejecución (artículo 545.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y la subasta se celebra en el Portal de Subastas del BOE. La tercería se presenta ante el tribunal que conoce de la ejecución en la que se quiere cobrar, normalmente la del banco, y se sigue como juicio verbal (artículo 617).
- Plazo
- Cinco años desde la firmeza de la sentencia para presentar la demanda ejecutiva, de caducidad (artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); para el decreto del monitorio, cuente los mismos cinco años desde su firmeza. La anotación del embargo caduca a los cuatro años de su fecha si el mandamiento de prórroga no entra antes en el Registro (artículo 86 de la Ley Hipotecaria). La tercería cabe desde que el piso está trabado hasta que el ejecutante cobra o adquiere el piso (artículo 615), y la preferencia se mide hacia atrás desde el día en que se presenta.
- Quién puede
- La comunidad de propietarios, que actúa por su presidente, frente al propietario que figura en el título y, si el piso está inscrito a nombre de otra persona, frente a ese titular registral, que debe haber sido demandado en el monitorio a efectos de soportar la ejecución sobre el piso (artículo 21.2 de la Ley de Propiedad Horizontal) o quedar sujeto a ella como dueño del piso afecto a la deuda por ley, y solo en esa medida (artículo 538.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La tercería se dirige siempre contra el acreedor ejecutante, y también contra el propietario cuando la deuda de la comunidad no consta en un título ejecutivo (artículo 617.2).
- Riesgo económico
- La comunidad adelanta los gastos de la ejecución (Registro, tasación, procurador). Se cargan al moroso sin necesidad de condena expresa (artículo 539.2), pero solo se recuperan si la ejecución produce dinero, y si la subasta queda desierta y el moroso pide el alzamiento, lo gastado no vuelve. Si la comunidad puja, responde de pagar la diferencia entre su crédito y su postura. La tercería desestimada le cuesta todas sus costas (artículo 620.1); estimada, las paga el banco si contestó a la demanda, a medias con el moroso si también se opuso.
Con el título en la mano: ejecución sin negociar y cinco años de plazo
Que el vecino no se opusiera al monitorio, o que la comunidad ganara el juicio, no mete un euro en la cuenta. El decreto con el que el letrado de la Administración de Justicia cierra el monitorio sin oposición es título ejecutivo, y el artículo 816 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite pedir la ejecución con una mera solicitud, sin esperar los veinte días que el artículo 548 impone tras una sentencia. Se pide ante la misma sección civil del Tribunal de Instancia que dictó el título (artículo 545.1), identificando la resolución (artículo 549.2). La mecánica general de la ejecución la explicamos en la guía sobre el juicio ganado que no se cobra; aquí va lo propio de una comunidad y de un piso.
No hace falta intentar antes un acuerdo: el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 1/2025 excluye la demanda ejecutiva del requisito de negociación previa que rige en el orden civil. Sí hacen falta abogado y procurador cuando la ejecución de un monitorio sin oposición supera los 2.000 euros (artículo 539.1), y en la práctica siempre que se va a por un piso. Ese coste no se pierde sin más: si la comunidad ya usó abogado y procurador en el monitorio, el artículo 21.5 de la Ley de Propiedad Horizontal carga al moroso los honorarios y derechos de ambos, también los de la ejecución, con el tope del artículo 394.3 (un tercio de la cuantía), y desde el auto que despacha la ejecución la deuda devenga el interés legal más dos puntos (artículos 816.2 y 576).
El plazo es lo que más se descuida. El artículo 518 da cinco años desde la firmeza de la sentencia para presentar la demanda ejecutiva, y es caducidad: no se interrumpe con burofaxes ni con llamadas. El decreto del monitorio no aparece nombrado en ese artículo y los tribunales no siempre razonan igual sobre su plazo, así que el despacho cuenta cinco años desde su firmeza y no apura ni un día. Despachada la ejecución, el moroso solo puede oponerse en diez días alegando, en cuanto al fondo, pago documentado, caducidad o un pacto que conste en documento público (artículo 556), o defectos procesales tasados (artículo 559), y la oposición por esos motivos de fondo no suspende la ejecución.
El embargo: primero la renta, y el piso siempre anotado
El artículo 592 no obliga a empezar por el piso. Manda embargar lo que se venda con más facilidad y resulte menos gravoso para el deudor y, cuando ese criterio no puede aplicarse, fija un orden: el dinero y las cuentas van primero, las rentas en dinero en cuarto lugar, los inmuebles en el séptimo y los sueldos en el octavo. El artículo 584 prohíbe además embargar bienes cuyo valor exceda de lo reclamado, salvo que el deudor solo tenga bienes de valor superior y su embargo sea necesario. Si el moroso tiene el piso alquilado, suele ser más eficaz embargar la renta: el inquilino recibe orden de retenerla a disposición del tribunal (artículo 622) y la deuda baja cada mes sin subasta.
Cuando no hay otra cosa, se embarga el piso, y lo que da valor a ese embargo es su anotación preventiva en el Registro de la Propiedad. El artículo 629 dice que el letrado libra el mandamiento a instancia del ejecutante: si nadie lo pide, no se anota. Anotado, el embargo es oponible a terceros y prefiere a los créditos posteriores (artículo 1923.4.º del Código Civil), y tiene dos efectos que casi nadie aprovecha. Si la anotación es anterior a la certificación de cargas de la ejecución del banco, el registrador comunicará esa ejecución a la comunidad, siempre que su domicilio conste en el Registro (artículos 659 y 689). Y ninguna venta pactada dentro de ella podrá aprobarse sin la conformidad expresa de la comunidad (artículo 640).
Esa anotación tiene fecha de caducidad. El artículo 86 de la Ley Hipotecaria la extingue a los cuatro años de su fecha, salvo que el mandamiento de prórroga se presente en el Registro antes de que el asiento caduque; prorrogada, dura otros cuatro, y así sucesivamente. Nadie le avisará: el artículo 143 del Reglamento Hipotecario exime al registrador de comunicar al tribunal la cancelación por caducidad, y con ella la comunidad pierde su rango frente a quien inscribió después. El despacho apunta el vencimiento el día en que se anota, pide la prórroga con meses de margen y hace constar en la anotación el aumento de intereses y costas (artículo 613.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), porque frente a quien adquiera el piso en otra ejecución este responde solo por lo anotado (artículo 613.3).
Antes de la subasta: la hipoteca se descuenta y puede dejarla en nada
En la ejecución de la comunidad, la hipoteca del banco no desaparece. El artículo 666 manda sacar el piso a subasta por su tasación menos el importe de todas las cargas anteriores, y quien se lo adjudique acepta que subsisten y se subroga en ellas (artículo 670.5). Si las cargas igualan o superan el valor, el letrado de la Administración de Justicia deja en suspenso la ejecución sobre ese piso (artículo 666.2). Embargar un piso hipotecado hasta el techo no es inútil, por lo que acabamos de ver de la anotación, pero no lleva a ninguna subasta.
Aquí está el matiz que más subastas salva. El Registro publica la responsabilidad máxima de la hipoteca, no lo que se debe hoy, y un préstamo de 2007 puede estar a mitad de pago. El artículo 657 obliga al letrado a preguntar de oficio al banco y al moroso cuánto queda pendiente; si hay conformidad, la comunidad pide el mandamiento que lo hace constar en el Registro, y el artículo 666 descuenta entonces esa cifra y no la máxima. Vigilar que el banco conteste, y pedir que se le reitere con multas si calla (artículo 657.3), separa a menudo una subasta viable de una suspendida.
La subasta, además, es una palanca. Hasta que se aprueba el remate, el moroso puede liberar el piso pagando todo lo que debe por principal, intereses y costas (artículo 670.7), y muchos pagan cuando ven el anuncio. También cabe pactar la venta: el artículo 640 permite a ejecutante y ejecutado convenir la forma de realización más eficaz, incluida la venta por persona o entidad especializada, con la conformidad de quienes tengan derechos anotados después. Y antes de subastar se tasa el piso, salvo que comunidad y moroso pacten su valor (artículo 637).
Lo que cambió en abril de 2025: si nadie puja, el piso no es de la comunidad
Hasta el 3 de abril de 2025, una subasta desierta dejaba al acreedor veinte días para pedir que se le adjudicara el piso por un porcentaje de su valor. La Ley Orgánica 1/2025 suprimió esa salida en los procedimientos iniciados desde esa fecha (su disposición transitoria novena). El artículo 671 dice ahora que, si no hay ningún postor, el letrado alzará el embargo a instancia del ejecutado. Solo lo evita que se designe a alguien dispuesto a quedárselo por al menos el 50 % de su valor de subasta, o por lo que cubra toda la deuda con un mínimo del 40 % (designación que la ley pone en manos del ejecutado, por sí o a propuesta del ejecutante); que el letrado apruebe una petición inferior; o que ambas partes pacten otra subasta u otra forma de pago.
La consecuencia práctica es que la comunidad que quiera el piso, o que quiera asegurarse de que la subasta produzca dinero, tiene que actuar dentro de la subasta. El artículo 647.2 le permite pujar aunque no haya otros licitadores y sin consignar depósito, pero le cierra la puerta después: si no hubo pujas, no puede pedir la adjudicación, y si otro fue el mejor postor, no puede mejorar su precio. Lo sensato es que la junta acuerde antes hasta dónde se puja y que la comunidad ceda el remate a un tercero (artículo 647.3), normalmente un inversor que paga el precio, para no tener que desembolsarlo ella.
Pujar tiene su letra pequeña. Si la mejor postura no llega al 70 % del valor de subasta, el moroso tiene diez días desde el cierre para presentar a alguien que la mejore; si no lo hace, el remate se aprueba si alcanza el 50 %, o el 40 % cuando cubre toda la deuda, y por debajo decide el letrado según las circunstancias (artículo 670.3). Si el piso es la vivienda habitual del moroso, el remate no baja del 70 %, o del 60 % si así se cobra todo, y cuando la mejor postora es la comunidad con una cifra menor, el letrado se lo aprueba a ella por esos porcentajes. Tendrá que pagar la diferencia con su crédito. El artículo no dice qué pasa si no la paga; lo previsible es que se aplique la regla del ejecutante que puja por el 70 % o más: quiebra de la subasta, descuento del equivalente al depósito de los demás postores y gastos de la nueva a su cargo (artículo 670.2).
Cuando ejecuta el banco: la preferencia se cobra con tercería
El artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal da a la comunidad algo que pocos acreedores tienen: las cuotas de gastos generales de la parte vencida de la anualidad en curso y de los tres años anteriores son preferentes y se cobran antes que la hipoteca y que los embargos anotados (números 3.º y 4.º del artículo 1923 del Código Civil), aunque sean más antiguos. Solo quedan por delante la última anualidad de los impuestos que gravan el piso, dos años de primas del seguro y ciertos créditos salariales. Pero la preferencia no se aplica sola: sin sentencia de tercería, el precio va al banco hasta que cobre capital, intereses y costas (artículo 613.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
La tercería de mejor derecho (artículos 614 a 620) se dirige siempre contra el banco ejecutante y se sigue como juicio verbal ante el tribunal de su ejecución. No exige que la comunidad tenga título: basta un principio de prueba, como el certificado de la deuda aprobado en junta, aunque entonces hay que demandar también al propietario (artículo 617.2). Cabe desde que el piso está trabado en esa ejecución y deja de admitirse en cuanto el banco cobra o adquiere el piso adjudicado (artículo 615). Y la ley no admite una segunda tercería fundada en lo que ya se tenía al presentar la primera (artículo 614.2): todas las cuotas tienen que ir en ella.
La preferencia protege las cuotas de gastos generales de ese periodo; las derramas, según para qué se aprobaron, pueden discutirse, y lo demás (cuotas más antiguas, intereses, costas) solo se cobra como acreedor posterior. Aun ganando, la comunidad no recibe nada hasta que el banco cobre las tres quintas partes de las costas de su ejecución causadas hasta la sentencia de tercería (artículo 620.2). Y el riesgo es real en los dos sentidos: si la tercería se desestima, la comunidad paga todas sus costas; si se estima, las paga el banco que contestó a la demanda, a medias con el moroso si también se opuso (artículo 620.1).
La ventana se cuenta desde la demanda: calendario, negociación y plan B
Lo que casi nadie cuenta es cómo se mide la ventana. El Tribunal Supremo ha fijado que la anualidad en curso y los tres años anteriores se cuentan hacia atrás desde la fecha en que se presenta la demanda de tercería, no desde el monitorio ni desde que el banco empezó a ejecutar. Presentada en noviembre de 2026, entran lo vencido de 2026 y las cuotas de 2023, 2024 y 2025, y las de 2022 ya no; presentada en enero de 2027, también 2023 queda fuera entero. Cada semana de espera cerca de fin de año puede costar doce meses de preferencia.
Falta saber si antes hay que negociar. El artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 exige la actividad negociadora previa en los declarativos del libro II y en los especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la tercería está regulada en el libro III, el de la ejecución, pero se sigue como juicio verbal, y no hay un criterio asentado. El despacho no corre ese riesgo: el mismo día en que sabemos de la ejecución del banco le enviamos una propuesta que define las cuotas y su preferencia. Si no contesta en treinta días naturales, la negociación se da por terminada (artículo 10.4 de esa ley). Si el calendario aprieta, presentamos con la propuesta ya recibida y defendemos que la tercería, incidente de la ejecución, no está sujeta al requisito.
Si la tercería no llega a tiempo, quedan dos vías. Con su embargo anotado, la comunidad cobra como acreedora posterior de lo que sobre tras pagar al banco (artículo 692), acreditando y liquidando su crédito en los treinta días que le concede el letrado (artículo 672.2); y en su propia ejecución puede pedir que se retenga ese remanente. Además, quien se adjudique el piso responde con él de las cuotas de la parte vencida del año en que adquiere y de los tres años naturales anteriores (artículo 9.1.e), una ventana que no coincide con la de la tercería. En Cataluña rige el libro quinto de su Código civil, que extiende la preferencia y la afección a la parte vencida del año en curso y a los cuatro años anteriores, contados de enero a diciembre (artículos 553-4.3 y 553-5): allí el cálculo se hace con su texto.
Cómo lo llevamos, paso a paso
- 1
Título, fechas y Registro
Comprobamos la fecha de firmeza del decreto o de la sentencia y calculamos los cinco años. Pedimos la certificación de dominio y cargas para saber a nombre de quién está el piso, qué hipoteca tiene y qué embargos le preceden, y miramos el Portal de Subastas por si el banco ya ejecuta.
- 2
Demanda ejecutiva sin negociación previa
Pedimos la ejecución ante la sección civil del Tribunal de Instancia que dictó el título, con embargo de cuentas y de la renta, investigación del patrimonio, embargo del piso y mandamiento de anotación. Si hubo embargo preventivo en el monitorio, pedimos que pase a ejecutivo; si hay otra ejecución abierta, que se retenga su remanente.
- 3
Anotación y calendario
En cuanto el registrador anota, apuntamos el vencimiento de los cuatro años y pedimos la prórroga con meses de margen. Hacemos constar el aumento de intereses y costas y vigilamos que el banco informe de lo que se le debe de verdad, para que el valor de subasta no se hunda.
- 4
La junta decide antes de la subasta
Con el valor de subasta publicado, la junta acuerda si la comunidad puja, hasta qué cifra y si cede el remate a un inversor. Si el piso es la vivienda habitual del moroso, hacemos antes la cuenta del 60 y el 70 %, porque esa diferencia la paga la comunidad.
- 5
Subasta y diez días siguientes
Pujamos dentro de la subasta si así se acordó. Si la mejor postura no llega al 70 %, vigilamos los diez días de mejora del moroso; si queda desierta, movemos la designación de un adquirente por el 50 o el 40 % antes de que el moroso pida el alzamiento, o pactamos otra subasta.
- 6
Si ejecuta el banco, tercería sin perder un día
Enviamos al banco la propuesta de negociación ese mismo día y presentamos la tercería con el desglose de cuotas por año antes de que cobre o se adjudique el piso. En paralelo liquidamos en treinta días lo que corresponda del remanente y reclamamos al adjudicatario lo que cubra la afección.
La prueba que decide el caso
- El decreto que cerró el monitorio o la sentencia, con su fecha de firmeza: es el título y fija el día desde el que se cuentan los cinco años para ejecutar (artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que nombra la sentencia; para el decreto contamos el mismo plazo).
- La certificación de dominio y cargas: dice a nombre de quién está el piso, qué hipoteca y qué embargos le preceden, si la anotación de la comunidad está viva y cuándo caduca, y si es anterior a la certificación de la ejecución del banco.
- La respuesta del banco sobre lo que se le debe hoy (artículo 657): si el moroso está conforme y la cifra se hace constar en el Registro, el valor de subasta descuenta la deuda real y no la responsabilidad máxima inscrita, y la subasta sigue adelante si esa deuda queda por debajo de la tasación.
- El certificado del secretario con el visto bueno del presidente que desglosa las cuotas por año natural, con las actas que aprobaron presupuestos y derramas: es el principio de prueba de la tercería y separa lo preferente de lo que no lo es.
- La tasación y la situación posesoria del piso (si el moroso vive en él o lo alquila): deciden si hay valor libre que subastar, si la renta puede embargarse y si rigen los umbrales del 60 y el 70 % de la vivienda habitual.
- El justificante de que el banco recibió la propuesta de negociación, con su fecha y su contenido íntegro (artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2025): protege la tercería frente a una inadmisión por falta de negociación previa.
Lo que cierra la puerta
- Dejar pasar cinco años desde la firmeza del decreto o de la sentencia sin presentar la demanda ejecutiva: la acción fundada en sentencia caduca (artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y no hay forma de reabrirla, y la del decreto queda expuesta a la misma suerte.
- No pedir la anotación del embargo, o dejarla caducar porque el mandamiento de prórroga entró en el Registro después de los cuatro años: la comunidad pierde su rango y nadie se lo comunica.
- Esperar a que la subasta quede desierta para pedir el piso: desde abril de 2025 ya no se puede, y si el moroso pide el alzamiento, el embargo se levanta.
- Pujar por la vivienda habitual del moroso sin dinero ni cesionario: el remate se aprueba al 60 o al 70 % del valor de subasta, la diferencia se paga en plazo y, si no, la comunidad se expone a perder el equivalente al depósito y a pagar la nueva subasta.
- Limitarse a personarse en la ejecución del banco, o presentar la tercería cuando el banco ya ha cobrado o se ha adjudicado el piso: el precio va entero al banco y la tercería ya no se admite.
- Retrasar la tercería o presentarla incompleta: cada mes puede sacar cuotas de la ventana de preferencia, que se cuenta desde la demanda, y no cabe una segunda tercería por lo que ya se tenía.
La norma aplicable
- Art. 518 LEC. La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución que apruebe una transacción o acuerdo, en laudo o en acuerdo de mediación caduca si la demanda ejecutiva no se interpone en los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. BOE-A-2000-323
- Art. 666 LEC. El inmueble sale a subasta por su avalúo menos las cargas anteriores al gravamen que se ejecuta, según la certificación de cargas o la cuantía actualizada que conste en el Registro conforme al artículo 657.2. Si las cargas igualan o superan ese valor, se suspende la ejecución sobre ese bien. BOE-A-2000-323
- Art. 670 LEC. Con postura del 70 % o más, el remate se aprueba al día siguiente. Por debajo, el ejecutado tiene diez días para presentar quien la mejore; si no, se aprueba con el 50 %, o con el 40 % si cubre toda la deuda. En la vivienda habitual, no menos del 70 %, o del 60 % si cubre todo lo debido. BOE-A-2000-323
- Arts. 647.2 y 671 LEC. El ejecutante puede pujar sin otros licitadores y sin depósito, pero sin pujas no puede pedir después la adjudicación. Sin postores, el embargo se alza a instancia del ejecutado, salvo que se designe adquirente por al menos el 50 % del valor de subasta, o por lo que pague todo el crédito con un mínimo del 40 %, que el letrado apruebe otra cifra o que las partes pacten otra salida. BOE-A-2000-323
- Arts. 614, 615 y 617 LEC. Quien afirme un crédito preferente al del ejecutante puede interponer tercería de mejor derecho con un principio de prueba, sin segunda tercería por títulos que ya tenía. Cabe desde el embargo del bien y no después de que el ejecutante cobre o lo adquiera. Va siempre contra el ejecutante, por juicio verbal, y contra el ejecutado si el crédito no consta en título ejecutivo. BOE-A-2000-323
- Art. 9.1.e LPH. Las cuotas de gastos generales de la parte vencida de la anualidad en curso y de los tres años anteriores son preferentes y se pagan antes que los créditos de los números 3.º, 4.º y 5.º del artículo 1923 del Código Civil, salvo los salariales. El adquirente responde con el piso de lo debido del año en que adquiere y de los tres años naturales anteriores. BOE-A-1960-10906
- Art. 86 LH. Las anotaciones preventivas caducan a los cuatro años de su fecha. Pueden prorrogarse por otros cuatro, y sucesivamente, siempre que el mandamiento de prórroga se presente antes de que caduque el asiento. La caducidad se hace constar a instancia del dueño del inmueble. BOE-A-1946-2453
- Arts. 5 y 10 LO 1/2025. En los declarativos del libro II y los especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la demanda solo se admite si antes se acudió a un medio adecuado de solución de controversias, salvo las materias exceptuadas; la demanda ejecutiva no lo exige. La negociación termina sin acuerdo si en treinta días naturales desde la recepción no se mantiene la primera reunión o no se obtiene respuesta por escrito. BOE-A-2025-76
Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.
Preguntas frecuentes
Ganamos el monitorio hace más de dos años y no hicimos nada. ¿Todavía podemos ejecutar?
Sí, si no han pasado cinco años desde la firmeza del decreto o de la sentencia. El artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fija ese plazo para ejecutar una sentencia; el decreto del monitorio no aparece nombrado en él, pero contamos los mismos cinco años y los tratamos como caducidad: escribir al moroso no los interrumpe. La ejecución no necesita negociación previa, y desde el auto que la despacha la deuda devenga el interés legal más dos puntos. Lo que sí ha podido perderse son las cuotas posteriores que nunca se reclamaron: cada una prescribe a los cinco años de su vencimiento.
El piso tiene una hipoteca mayor que lo que vale. ¿Merece la pena embargarlo?
Para subastarlo, no: si las cargas anteriores igualan o superan su valor, la ejecución sobre el piso queda en suspenso (artículo 666.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Para lo demás, sí: con el embargo anotado a tiempo, el registrador le avisará de la ejecución del banco, ninguna venta pactada en ella se aprobará sin la conformidad de la comunidad y esta tendrá derecho a lo que sobre tras pagar al banco. Y antes de darlo por perdido, exija que el banco informe de lo que se le debe hoy: la cifra inscrita suele ser muy superior.
Si nadie puja en la subasta, ¿se queda la comunidad el piso?
Ya no. En las ejecuciones iniciadas desde el 3 de abril de 2025, el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que, si no hay postores, el embargo se alza a instancia del moroso, salvo que se designe a alguien que se adjudique el piso por al menos el 50 % de su valor de subasta, o por lo que cubra toda la deuda con un mínimo del 40 %, o que las partes pacten otra subasta. Si la comunidad quiere el piso, tiene que pujar durante la subasta: después no podrá pedirlo.
El banco está subastando el piso del moroso. ¿Cobramos antes que él?
Por las cuotas de gastos generales de la parte vencida del año en que demanden y de los tres años anteriores, sí, pero solo si presentan una tercería de mejor derecho antes de que el banco cobre o se adjudique el piso. Sin ella, el precio va entero al banco. No necesitan título previo: basta el certificado de la deuda, demandando también al propietario. Lo anterior a ese periodo, los intereses y las costas se cobran solo de lo que sobre.
¿Puede el moroso parar la subasta pagando a última hora?
Sí. Hasta que se aprueba el remate, el artículo 670.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil le permite liberar el piso pagando todo lo que debe por principal, intereses y costas, y la subasta se cancela o queda sin efecto. Es frecuente: el anuncio en el Portal de Subastas es, muchas veces, lo que hace pagar. Por eso conviene tener la liquidación al día, con los intereses y las costas de la ejecución, para que ese pago lo cubra todo.
Esta guía explica cómo funciona la acción en general. No sustituye al estudio de su caso: los plazos dependen de cuándo pasaron las cosas y de lo que usted haya hecho desde entonces.