El vecino moroso se opone al monitorio: diez días y embargo
Actualizada el 2026-11-10 · Revisado por Jaime Piñeira Pardo, colegiado ICAM nº 138826
La respuesta corta
Con la oposición del vecino, el monitorio de la comunidad sigue como juicio verbal ante la sección civil del Tribunal de Instancia, sea cual sea la deuda. La comunidad tiene diez días hábiles desde el traslado de la oposición para impugnarla, ya con abogado y procurador, y desde ese momento puede pedir el embargo preventivo de bienes del vecino, que el tribunal acuerda sin exigirle fianza.
Usted preside una comunidad de veinticuatro viviendas. El propietario del tercero B debe 4.860 euros: dieciocho meses de cuotas y los dos plazos de la derrama de la fachada. La junta aprobó la liquidación en marzo; como él nunca comunicó otro domicilio, el burofax fue al piso, volvió sin recoger y el secretario colgó la notificación en el tablón con su diligencia. Se le propuso por escrito un plan de pagos y no contestó. El día diecinueve del requerimiento, su abogado presenta oposición: dice que nunca le convocaron a la junta que aprobó la derrama, que pagó 600 euros en junio que no aparecen y que los 350 euros de «gastos de gestión» no los aprobó nadie. El decreto que acaba de llegarle abre el juicio verbal y le da diez días. Y el piso ya está anunciado en venta.
El caso, en cinco líneas
- Qué se ejercita
- Impugnación de la oposición en el juicio verbal en que se convierte el monitorio especial de la propiedad horizontal (art. 21 LPH; arts. 250.1.15.º y 818.2 LEC), con petición de embargo preventivo de bienes del vecino sin caución (art. 21.4 LPH).
- Ante quién
- La sección civil del Tribunal de Instancia que admitió la petición de monitorio (la del domicilio del deudor o, a elección de la comunidad, la del lugar del piso), que sigue el asunto como juicio verbal sea cual sea la cantidad. La sentencia se recurre en apelación ante la Audiencia Provincial.
- Plazo
- Diez días hábiles desde el traslado de la oposición para impugnarla y, después, cinco días para proponer prueba (art. 818.2 LEC): son plazos procesales improrrogables (art. 134 LEC), y el escrito presentado después de las quince horas del día hábil siguiente al último ya no se admite (art. 135.5 LEC). De fondo, cada cuota prescribe a los cinco años de su vencimiento (art. 1966.3.ª CC; tres años en Cataluña); la invitación a negociar (art. 7.1 LO 1/2025) y la propia petición de monitorio interrumpen la prescripción.
- Quién puede
- La comunidad de propietarios, representada por su presidente o, si la junta lo acordó, por el secretario-administrador profesional (art. 21.2 LPH), frente al propietario deudor. Si el piso está inscrito a nombre de otra persona, se demanda también al titular registral para que el embargo y la ejecución puedan recaer sobre el piso.
- Riesgo económico
- Desde la oposición, la comunidad litiga con abogado y procurador. Si gana del todo, el vecino paga las costas, incluidos los honorarios desde la petición inicial, con el tope de un tercio de la cuantía para los de abogado salvo temeridad (art. 21.5 LPH y art. 394.3 LEC). Si gana en parte, cada parte paga las suyas. Si pierde, paga las del vecino, salvo que este rehusara negociar sin causa, y el embargo se levanta: no haber prestado fianza no impide que el vecino reclame los perjuicios que le causó.
La oposición convierte el monitorio en un juicio verbal, sea cual sea la deuda
Cuando el vecino se opone dentro de los veinte días, el monitorio termina y empieza el pleito de verdad, cuya sentencia tendrá fuerza de cosa juzgada (art. 818.1 LEC). Lo propio de la comunidad es el cauce: desde el 20 de marzo de 2024, el artículo 250.1.15.º LEC envía al juicio verbal, sea cual fuere la cantidad, las acciones de la Ley de Propiedad Horizontal que versen solo sobre reclamaciones de cantidad. No hay que presentar demanda nueva: el letrado de la Administración de Justicia dicta un decreto que cierra el monitorio, ordena seguir por el verbal y da traslado de la oposición a la comunidad. Cómo funciona la oposición en general lo contamos en la guía sobre el deudor que se opone al monitorio; aquí va lo que cambia cuando quien reclama es una comunidad.
Desde ese traslado corren diez días hábiles para impugnar la oposición por escrito y, presentada la impugnación o pasado el plazo, cinco días comunes para proponer la prueba e indicar a quién hay que citar como parte, testigo o perito (art. 818.2 LEC). Esos quince días deciden el caso. La impugnación es el único escrito en el que la comunidad contesta, motivo por motivo, a lo que dice el vecino, y la proposición de prueba fija lo que el juez podrá ver, salvo que en la vista advierta que no basta y deje completarla (arts. 443.4 y 429.1 LEC). Si no hace falta más prueba que los documentos, el tribunal puede resolver sin celebrar vista, de modo que lo que se presente en esos días es, muchas veces, todo el juicio.
Hay un matiz para las deudas grandes. El segundo párrafo del artículo 818.2 sigue hablando de cuantía: si la reclamación excede de la propia del verbal, el acreedor tiene un mes desde el traslado de la oposición para presentar demanda, o el asunto se sobresee con costas. A la comunidad no debería aplicársele, porque su verbal no tiene techo, pero si la deuda pasa de 15.000 euros y lo que recibe es un simple traslado de la oposición, sin decreto que abra el verbal, se presenta la demanda dentro del mes y se discute después, nunca al revés. Y como el verbal de la comunidad va por razón de la materia, su sentencia es apelable ante la Audiencia Provincial aunque la deuda no llegue a 3.000 euros: el artículo 455.1 LEC solo cierra la apelación en los verbales por razón de la cuantía.
El embargo preventivo sin fianza: la ley lo concede, pero hay que pedirlo
Es la herramienta que más cambia el caso y la que más comunidades olvidan. El artículo 21.4 LPH permite a la comunidad, en cuanto el deudor se opone, pedir el embargo preventivo de bienes suficientes para cubrir lo reclamado, los intereses y las costas, y añade que el tribunal lo acordará «en todo caso» y «sin necesidad de que el acreedor preste caución». Es una excepción frontal al régimen común: quien pide una medida cautelar debe justificar el peligro de que la sentencia llegue tarde, aportar un principio de prueba y prestar caución, salvo que la ley disponga otra cosa (art. 728 LEC). Aquí la ley presume ese peligro y dispensa la fianza.
Lo que la ley no hace es acordarlo sola: las medidas cautelares no pueden acordarse de oficio, salvo excepciones legales que aquí no se dan (art. 721.2 LEC). Por eso lo pedimos con la impugnación, o en escrito aparte en cuanto llega el traslado, y muchas comunidades lo anuncian ya en la petición inicial para el caso de que haya oposición. La solicitud cuantifica el principal, los intereses y una cantidad prudencial para costas, y señala bienes concretos: la cuenta en la que se cargaban los recibos, que el administrador conoce; las rentas, si el piso está alquilado, para que el inquilino pague en la cuenta del tribunal; el sueldo, dentro de los límites legales; y el propio piso. El vecino solo puede librarse del embargo prestando las garantías que prevé la ley procesal, y eso para la comunidad es igual de bueno: el dinero queda asegurado.
El piso merece párrafo aparte. El embargo se hace efectivo con una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, y el registrador solo la practica si el piso está inscrito a nombre de quien ha sido parte en el procedimiento. Si el moroso compró en documento privado, heredó sin inscribir o el piso sigue a nombre del anterior dueño, el artículo 21.2 LPH permite demandar también al titular registral para que soporte la ejecución, y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha confirmado negativas a anotar embargos de comunidades cuando el titular no fue parte en debida forma. Si el piso ya se anuncia en venta, la anotación es urgente: frente a un comprador que inscriba antes, el piso solo responde de lo vencido en el año de la compra y en los tres anteriores (art. 9.1.e LPH), y el resto queda contra un vecino que acaba de cobrar.
Qué oposiciones prosperan: el pago, la notificación y las partidas que nadie aprobó
La oposición más seria es el pago, y casi nunca es total: es un recibo que no aparece o un pago que el administrador aplicó a otra deuda. Si el vecino aporta la transferencia de junio, la comunidad tiene que explicar, con el extracto de su cuenta y recibo a recibo, a qué cuotas se aplicó; cuando el deudor no dijo qué pagaba, el Código Civil fija cómo se imputa el pago, y un cuadro de cargos y abonos ordenado por fechas desactiva la mayoría de estas oposiciones. Si el vecino tiene razón en una parte, se reconoce en la impugnación y se ajusta la cifra: discutir un pago acreditado es la forma más rápida de perder las costas.
El artículo 21.3 LPH exige el certificado del acuerdo de la junta que liquida la deuda, firmado por el secretario con el visto bueno del presidente (salvo que el secretario sea un administrador profesional cualificado que no vaya a intervenir en la reclamación judicial), con el importe desglosado, y el documento que acredite la notificación al deudor. Esa notificación sigue el orden del artículo 9.1.h: el domicilio en España que el propietario comunicó; si no comunicó ninguno, el piso; y solo si allí es imposible, el tablón de anuncios con diligencia firmada, que surte efecto a los tres días naturales. Ya en el verbal, muchos tribunales miran más si la deuda existe que los defectos formales del monitorio, pero un certificado sin desglose o una notificación fuera de orden regalan al vecino un argumento. En Cataluña, el certificado debe declarar además que la deuda es exigible y coincide con las cuentas aprobadas del libro de actas, y recoger el requerimiento de pago (art. 553-47 del Código civil de Cataluña).
Donde de verdad se pierden las costas es en las partidas añadidas. La junta puede fijar intereses superiores al legal frente a la morosidad, pero nunca con carácter retroactivo (art. 21.1 LPH); sin ese acuerdo previo, la deuda devenga el interés legal desde cada vencimiento. Los gastos de la reclamación se pueden incluir, también los del secretario-administrador (art. 21.3), pero con factura o justificante: una «gestión de morosos» a tanto alzado y sin soporte es la partida que más recortan los tribunales. Y las cuotas que llevaban más de cinco años vencidas cuando se reclamaron por primera vez están prescritas (art. 1966.3.ª CC; en Cataluña, tres años). Cada euro que el juez quita convierte una victoria total en parcial, y el artículo 21.5 LPH solo carga al vecino con los honorarios de la comunidad si la sentencia le es «totalmente favorable».
«La derrama es nula»: un argumento que casi siempre llega tarde
Es la oposición más frecuente y la que menos prospera. Los acuerdos de la junta obligan desde que se adoptan, y su impugnación no suspende la ejecución salvo que el juez lo acuerde como medida cautelar (art. 18.4 LPH). Quien no estaba conforme tenía que demandar a la comunidad en los tres meses siguientes al acuerdo, o en el año si era contrario a la ley o a los estatutos (art. 18.3), y para hacerlo debía estar al corriente de pago o consignar lo debido, salvo que discutiera las cuotas de participación (art. 18.2). Pasado ese plazo, la acción para impugnar el acuerdo ha caducado (art. 18.3), y el vecino no puede resucitarla como excusa en el pleito de reclamación de cuotas. Cómo se impugna un acuerdo lo explicamos en la guía sobre la derrama abusiva; aquí importa el reverso: qué le queda al vecino que no lo hizo.
La excepción que la comunidad tiene que revisar antes que nada está en la última frase del artículo 18.3: para los propietarios ausentes, el plazo se cuenta desde la comunicación del acuerdo conforme al artículo 9. Si el vecino no fue a la junta de la derrama y el acta nunca le llegó por el orden de ese artículo (domicilio comunicado, piso y, solo si fallan, tablón con diligencia), su plazo para impugnar no ha empezado y su defensa de nulidad sigue viva: todavía puede impugnar el acuerdo, consignando lo que debe. Por eso la primera pregunta al leer la oposición no es si la derrama era justa, sino si el vecino estaba en la junta y, si no estaba, cómo y cuándo se le notificó el acta.
Solo escapan del plazo los pocos acuerdos que el Tribunal Supremo considera nulos de pleno derecho, por vulnerar normas imperativas, el orden público o derechos fundamentales; un acuerdo adoptado sin la mayoría que exige la ley es contrario a la ley y caduca al año. Si el vecino ha demandado en paralelo para anular el acuerdo y pide que el verbal espere, la comunidad se opone con el artículo 18.4: la impugnación no suspende la ejecución. Y el clásico «no pago hasta que arreglen mis humedades» no es una oposición: la obligación de contribuir del artículo 9.1.e LPH no depende de que la comunidad cumpla otras, y un daño sin cuantificar no se compensa con una deuda líquida; ese daño se reclama aparte.
Abogado, procurador y costas: quién paga qué cuando hay oposición
La petición inicial del monitorio no exige abogado ni procurador (arts. 23.2.1.º y 31.2.1.º LEC), y muchas comunidades la presentan con su administrador. Con la oposición cambia todo. Esos mismos artículos solo eximen en los verbales cuya cuantía determina el cauce y no pasa de 2.000 euros, y el de la comunidad se determina por la materia. Desde la impugnación, la comunidad litiga con abogado y procurador aunque la deuda sea de 300 euros; sin firma de abogado no se provee ninguna solicitud, y un escrito que no se subsana a tiempo es como si no existiera. En Managora los pone el despacho, y el procurador recibe las notificaciones y presenta los escritos en plazo.
Para el vecino, la regla del artículo 818.1 es menos nítida: su escrito de oposición debe ir firmado por abogado y procurador «cuando su intervención fuere necesaria por razón de la cuantía, según las reglas generales». Hay tribunales que, leyendo esa frase, admiten la oposición sin profesionales si la deuda no pasa de 2.000 euros y se los exigen para el verbal, y otros que los exigen desde el primer escrito. Lo que casi ninguno hace es tener por no presentada una oposición sin abogado sin dar antes plazo para subsanar. La comunidad puede alegar el defecto, pero no debe construir el caso sobre él: el fondo se prepara como si la oposición fuera impecable.
Las costas siguen las reglas generales del artículo 394 LEC, con un añadido a favor de la comunidad: si la sentencia le es totalmente favorable, incluyen los honorarios del abogado y los derechos del procurador desde la petición inicial, aunque su intervención no fuera preceptiva (art. 21.5 LPH). El límite es el de siempre: de los honorarios de abogado, el vecino solo paga hasta un tercio de la cuantía del proceso, salvo que el tribunal declare su temeridad, y por eso, frente a una oposición sin fundamento, pedimos expresamente esa declaración. Si la estimación es parcial, cada parte paga las suyas; el Tribunal Supremo admite que una estimación sustancial cuente como total, pero eso lo decide el juez y no conviene dejarlo en sus manos. En deudas pequeñas, lo que se recupera en costas rara vez cubre lo gastado: la palanca real es el embargo.
El intento previo de acuerdo: se acredita una vez y no se repite
Desde el 3 de abril de 2025, el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025 exige haber intentado un medio adecuado de solución de controversias antes de los procesos declarativos y de los especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es donde está el monitorio; en lo que aquí importa, solo quedan fuera el juicio cambiario y el monitorio europeo. Los tribunales no lo aplican igual a la comunidad: unos lo comprueban al admitir la petición y otros dan por bastante la notificación de la deuda del artículo 21.3 LPH. Lo que sí es claro es que el verbal que nace de la oposición no es un pleito nuevo: si el intento se hizo antes del monitorio, no hay que repetirlo.
Si el vecino alega en su oposición que nadie intentó negociar, la comunidad responde con el documento. El artículo 10 LO 1/2025 admite un escrito firmado por ambas partes o, en su defecto, cualquier documento que pruebe que el vecino recibió la invitación o la propuesta, en qué fecha y que pudo acceder a su contenido íntegro; si en treinta días naturales no se mantuvo la primera reunión o no se obtuvo respuesta por escrito, la negociación se tiene por terminada sin acuerdo (art. 10.4.a). Un burofax con certificación de texto, o un correo electrónico certificado, que notifique la liquidación y ofrezca un plan de pagos concreto cumple las dos funciones a la vez. Lo que no se puede es hacer el intento después: si se hizo y no se aportó, se acredita; si nunca se hizo, el riesgo es perder el pleito por la forma y tener que empezar de nuevo.
El intento previo también pesa en el bolsillo. La solicitud de negociación interrumpe la prescripción desde que consta el intento de comunicarla (art. 7.1), y tras la negociación fallida la reclamación debe presentarse dentro del año (art. 7.3). En costas, el artículo 394 LEC niega la condena a favor de quien rehusó sin justa causa el medio al que fue convocado y exime de pagarlas a quien lo propuso y fue rechazado, y el artículo 7.4 LO 1/2025 obliga a los tribunales a valorar la colaboración de cada parte. Para la comunidad, el burofax que el vecino ignoró es requisito e interrupción de la prescripción y, si consta que rehusó negociar, también escudo frente a las costas.
Cómo lo llevamos, paso a paso
- 1
Fijar los plazos el día del traslado
Contamos los diez días hábiles para impugnar desde el traslado de la oposición y dejamos marcados los cinco de la prueba. Si la deuda pasa de 15.000 euros y llega un simple traslado de la oposición, sin decreto que abra el verbal, manda el mes para demandar.
- 2
Pedir el embargo preventivo
Con la impugnación o antes, pedimos el embargo de bienes suficientes para principal, intereses y costas: la cuenta de los recibos, las rentas si el piso está alquilado y la anotación sobre el piso, tras comprobar con una nota simple a nombre de quién está inscrito.
- 3
Reconstruir la deuda recibo a recibo
Cotejamos el extracto de la cuenta del vecino con el banco, las actas que aprobaron presupuestos y derramas, las notificaciones y el intento de negociación. Lo que no se sostiene se retira antes de que lo quite el juez.
- 4
Impugnar la oposición motivo por motivo
En los diez días, con abogado y procurador, contestamos cada motivo con su documento: el pago, con el extracto; la nulidad, con el acta y su notificación; la falta de negociación, con el burofax. Si la oposición carece de base, pedimos que se declare la temeridad.
- 5
Proponer la prueba en cinco días
Proponemos los documentos, el interrogatorio del vecino y el testimonio del secretario o del administrador que notificó y llevó las cuentas, con los datos para citarlos. Lo que no se propone ahí solo entra si en la vista el juez advierte que la prueba no basta y deja completarla (arts. 443.4 y 429.1 LEC).
- 6
Sentencia, costas y cobro
Con la sentencia pedimos la tasación de costas, que incluye los honorarios desde la petición inicial si la victoria es total. Si el vecino apela, pedimos la ejecución provisional, y los bienes ya embargados son los primeros sobre los que se cobra.
La prueba que decide el caso
- El certificado del acuerdo de liquidación, firmado por el secretario con el visto bueno del presidente, con el desglose por recibo (periodo, concepto e importe): fija qué se debe y por qué.
- Las actas de las juntas que aprobaron los presupuestos y la derrama, con los asistentes, y la prueba de cuándo y cómo se notificó el acta al vecino si no asistió: deciden si su plazo para impugnar empezó a correr y si la nulidad llega tarde.
- El justificante de la notificación de la liquidación en el domicilio que el vecino comunicó o en el piso y, si fracasó, la diligencia del tablón con la fecha, el motivo y las firmas del secretario y del presidente.
- El extracto de la cuenta del vecino en la comunidad, cuadrado con los movimientos del banco, con cada cargo, cada pago y el recibo al que se aplicó: es lo que gana o pierde la oposición del «ya pagué».
- La invitación a negociar con prueba de su recepción y de su contenido íntegro (burofax con certificación de texto o correo electrónico certificado) y el silencio o la negativa posterior: abre la puerta del pleito y protege en costas.
- La nota simple del Registro de la Propiedad y los datos de bienes del vecino (cuenta de domiciliación, contrato de alquiler, empleador): sin ellos, el embargo preventivo se acuerda, pero no muerde.
Lo que cierra la puerta
- Dejar pasar los diez días sin impugnar, o impugnar sin abogado ni procurador y no subsanar: la versión del vecino llega al juez sin respuesta y la prueba se propone a ciegas.
- No pedir el embargo preventivo: el tribunal nunca lo acuerda de oficio, y el vecino que se opone para ganar tiempo vende, hipoteca o vacía la cuenta mientras dura el verbal.
- Pedir la anotación sobre un piso inscrito a nombre de otra persona sin haber demandado al titular registral: el juez acuerda el embargo y el registrador lo deniega.
- Inflar la reclamación con intereses que la junta no aprobó, gastos sin factura o cuotas prescritas: la sentencia deja de ser totalmente favorable y la comunidad pierde las costas.
- Notificar el acta de la derrama solo en el tablón, sin intentarlo antes en el domicilio comunicado o en el piso: el plazo del ausente para impugnar no empezó y su defensa de nulidad sigue viva.
- Recibir, con una deuda de más de 15.000 euros, el traslado de la oposición sin decreto que abra el verbal y esperar a que el tribunal lo encauce: el mes corre desde ese traslado y acaba en sobreseimiento con costas.
La norma aplicable
- Art. 21 LPH. Permite reclamar por el monitorio especial todos los gastos comunes con el certificado del acuerdo de liquidación, firmado por el secretario con el visto bueno del presidente, y la prueba de la notificación al deudor. Los créditos devengan intereses desde cada vencimiento, y los superiores al legal exigen acuerdo de la junta no retroactivo. Si el deudor se opone, el tribunal acuerda en todo caso, a petición de la comunidad, el embargo preventivo sin caución, y la sentencia totalmente favorable incluye en costas al abogado y al procurador aunque no fueran preceptivos. BOE-A-1960-10906
- Arts. 9.1.h y 18 LPH. El propietario debe comunicar un domicilio en España; si no lo hace, vale el piso, y si allí es imposible, el tablón con diligencia del secretario y visto bueno del presidente, que surte efecto a los tres días naturales. Los acuerdos se impugnan en tres meses, o en un año si son contrarios a la ley o a los estatutos, contados para el ausente desde su comunicación; hay que estar al corriente o consignar, y la impugnación no suspende la ejecución salvo medida cautelar. BOE-A-1960-10906
- Arts. 250.1.15.º y 818 LEC. Las acciones de la Ley de Propiedad Horizontal que versan exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad se deciden en juicio verbal, sea cual sea la cantidad. Con la oposición, el monitorio termina y el asunto sigue por ese verbal: diez días al acreedor para impugnar la oposición y cinco a ambas partes para proponer prueba, con una sentencia que tiene fuerza de cosa juzgada. BOE-A-2000-323
- Arts. 23 y 31 LEC. Exigen procurador y abogado, salvo en la petición inicial del monitorio y en los verbales cuya determinación se haya hecho por razón de la cuantía sin exceder de 2.000 euros. El verbal de la comunidad se determina por la materia, de modo que tras la oposición esa exención no opera; sin firma de abogado no se provee ninguna solicitud. BOE-A-2000-323
- Art. 394 LEC. Impone las costas a quien ve rechazadas todas sus pretensiones, salvo serias dudas de hecho o de derecho; con estimación parcial, cada parte paga las suyas. De los honorarios de abogado, el condenado paga como máximo un tercio de la cuantía, salvo temeridad. No hay costas a favor de quien rehusó sin justa causa el medio de solución al que fue convocado, y quien propuso negociar y fue rechazado queda exento de ellas, salvo abuso. BOE-A-2000-323
- Arts. 721 y 728 LEC. Las medidas cautelares se adoptan a petición de parte y no de oficio, sin perjuicio de los casos que la propia ley prevé, y por regla general exigen justificar el peligro de la demora y la apariencia de buen derecho y prestar caución, salvo que la ley disponga otra cosa. El artículo 21.4 LPH es esa excepción a favor de la comunidad. BOE-A-2000-323
- Arts. 5, 7 y 10 LO 1/2025. Exigen intentar un medio adecuado de solución de controversias antes de los procesos declarativos y de los especiales del libro IV de la LEC, salvo las materias tasadas y el monitorio europeo. La solicitud interrumpe la prescripción, la demanda debe presentarse dentro del año siguiente, y basta un documento que pruebe la recepción de la invitación y el acceso a su contenido; treinta días naturales sin respuesta equivalen a terminar sin acuerdo. BOE-A-2025-76
- Art. 1966.3.ª CC. Fija en cinco años la prescripción de las acciones para exigir los pagos que deben hacerse por años o en plazos más breves. Es el plazo de las cuotas de comunidad, y corre por separado para cada cuota desde su vencimiento. BOE-A-1889-4763
Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.
Preguntas frecuentes
¿Tenemos que presentar una demanda ahora que el vecino se ha opuesto?
No. Desde marzo de 2024 la reclamación de cuotas sigue como juicio verbal sea cual sea la cantidad, y el letrado de la Administración de Justicia lo acuerda sin que la comunidad demande de nuevo. Lo que sí tiene que hacer es impugnar la oposición en diez días hábiles y proponer prueba en los cinco días que después le conceda la diligencia de ordenación. Si la deuda pasa de 15.000 euros y recibe solo el traslado de la oposición, sin decreto que abra el verbal, presente la demanda dentro del mes: discutirlo después no cuesta nada, perder el mes cuesta el asunto.
¿De verdad embargan al vecino sin que la comunidad ponga fianza?
Sí. El artículo 21.4 LPH obliga al tribunal a acordar el embargo preventivo en todo caso y sin caución cuando el deudor se ha opuesto y la comunidad lo pide; no hay que probar que el vecino vaya a esconder bienes. Él solo puede evitarlo garantizando la deuda. El riesgo está en otro sitio: si la comunidad pierde, el embargo se levanta, paga las costas y el vecino puede reclamar los perjuicios que le causó. Por eso se pide por lo que de verdad se debe, ni un euro más.
La deuda es de 900 euros. ¿Hace falta abogado y procurador para tan poco?
Tras la oposición, sí. La exención de los 2.000 euros solo vale para los verbales cuya cuantía determina el cauce, y el de la comunidad va por la materia. Si la sentencia es totalmente favorable, el vecino paga costas que incluyen los honorarios desde la petición inicial, pero de los de abogado solo hasta un tercio de la cuantía, salvo que el juez aprecie temeridad. En deudas pequeñas, el embargo y la petición de temeridad pesan más que la tasación de costas.
El vecino dice que la derrama es nula porque no le convocaron. ¿Puede dejar de pagarla?
Solo si todavía está a tiempo de impugnarla. Si asistió a la junta, o se le notificó el acta y dejó pasar tres meses (un año si el acuerdo es contrario a la ley o a los estatutos), el acuerdo le obliga y no puede discutirlo como excusa para no pagar. Si no asistió y el acta nunca le llegó por el orden del artículo 9 LPH, su plazo no ha empezado: entonces todo depende de cómo se le notificó, y eso se revisa antes de impugnar su oposición.
¿Y las cuotas que siga sin pagar mientras dura el juicio?
La petición pudo incluir las cuotas aprobadas que vencieran hasta la notificación de la deuda (art. 21.3 LPH). Las posteriores se liquidan en junta, se notifican y se reclaman aparte; algunas Audiencias admiten además condenar al pago de las que venzan durante el pleito, y otras no. Mientras tanto, el interés corre desde cada vencimiento, y si el vecino vende, el piso sigue respondiendo de lo vencido en el año de la venta y en los tres anteriores.
Esta guía explica cómo funciona la acción en general. No sustituye al estudio de su caso: los plazos dependen de cuándo pasaron las cosas y de lo que usted haya hecho desde entonces.