Guías del despachoInmobiliario y arrendamientos

El antiguo administrador de fincas no entrega papeles ni dinero

Actualizada el 2026-11-10 · Revisado por Jaime Piñeira Pardo, colegiado ICAM nº 138826

La respuesta corta

Se ejercita contra el administrador cesado la acción derivada del mandato: entregar el libro de actas y la documentación, rendir cuentas justificadas y devolver el saldo con intereses y daños. Va al Tribunal de Instancia del lugar de la finca, con acuerdo de junta que autorice al presidente e intento previo de negociación. Prescribe a los cinco años desde su cese; las diligencias preliminares pueden pedirse ya.

Usted preside una comunidad de 32 viviendas. En la junta extraordinaria de marzo se cesó al administrador después de años de actas que llegaban tarde y cuentas que nadie entendía, y se nombró a otro. Han pasado ocho meses. El saliente no ha entregado el libro de actas, ni los contratos del ascensor y del seguro, ni la relación de morosos; a los correos responde que lo hará «cuando se le abonen dos trimestres de honorarios». Hasta que usted fue al banco con el acta, conservaba la firma y el acceso a la banca en línea. Los extractos muestran que la cuenta del fondo de reserva pasó de 21.400 a 3.150 euros en un año, con transferencias tituladas «provisión obras» hacia una cuenta que no es de ningún proveedor. Y acaba de llegar un requerimiento de Hacienda por las retenciones del último trimestre de 2025, que nadie presentó.

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita
Acción personal derivada del mandato contra el administrador cesado (arts. 1720 y 1724 del Código Civil, en relación con los arts. 19.4 y 20 de la Ley de Propiedad Horizontal): condena a entregar el libro de actas y la documentación, a rendir cuenta justificada de la gestión y a devolver el saldo con intereses, más la indemnización de daños (art. 1101 CC) y la acción directa contra su aseguradora (art. 76 LCS). Si hace falta, antes, diligencias preliminares de exhibición (art. 256.1.2.º y 5.º LEC).
Ante quién
El Tribunal de Instancia (sección civil) del lugar donde deban presentarse las cuentas y, si no está determinado, del domicilio de la comunidad o del lugar donde se desempeñaba la administración, a elección de la comunidad; en la práctica, el de la finca, que es también el fuero de los juicios de propiedad horizontal (art. 52.1.2.º y 8.º LEC), por juicio ordinario si se pide rendición de cuentas. Las diligencias preliminares, ante el del domicilio del administrador (art. 257.1 LEC).
Plazo
Prescripción de cinco años (art. 1964.2 CC). Para exigir la rendición de cuentas corre desde el día en que el administrador cesó en el cargo; para reclamar el resultado de las cuentas, desde que ese resultado se reconoció de conformidad (art. 1972 CC). La interrumpen el burofax de reclamación (art. 1973 CC) y la solicitud de negociación (art. 7 LO 1/2025). En Cataluña, diez años desde que se conocen o pueden conocerse los hechos.
Quién puede
La comunidad de propietarios, representada por su presidente (art. 13.3 LPH) con acuerdo previo de la junta que le autorice a reclamar. Se dirige contra el administrador o secretario-administrador cesado, sea persona física o sociedad (art. 13.6 LPH), y contra su aseguradora de responsabilidad civil. El propietario que quiere actuar lleva su reclamación a la junta, que es la que resuelve las quejas contra la actuación de los cargos (art. 14.a LPH).
Riesgo económico
Si la demanda se desestima entera, la comunidad paga las costas, con el tope del tercio de la cuantía para honorarios salvo temeridad (art. 394.1 y 3 LEC); pero si el administrador rehusó negociar, la comunidad queda exenta salvo abuso (art. 394.4). Las diligencias exigen caución, que se pierde si no se demanda en el mes siguiente sin justificación (art. 256.3). La comunidad, que no es persona física, paga la tasa judicial fija (300 euros en el ordinario). Y ganar no es cobrar: si el administrador es insolvente y la póliza no cubre la apropiación, la condena puede quedarse en papel.

Nada de lo que guarda es suyo, aunque le deban honorarios

La comunidad y su administrador están unidos por un mandato: él gestiona por cuenta y encargo de ella (art. 1709 del Código Civil), y el artículo 1720 le obliga a dar cuenta de sus operaciones y a abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato. La Ley de Propiedad Horizontal pone el contenido: el administrador efectúa los cobros y pagos procedentes y custodia, a disposición de los titulares, la documentación de la comunidad (art. 20); el secretario custodia los libros de actas y conserva cinco años las convocatorias, comunicaciones y apoderamientos (art. 19.4). Y el fondo de reserva es, a todos los efectos, de la comunidad (art. 9.1.f).

La excusa más repetida es «entrego cuando me paguen». No se sostiene. El artículo 1730 solo deja al mandatario retener en prenda las cosas objeto del mandato hasta que se le reembolsen los anticipos y se le indemnicen los daños que le causó cumplirlo (arts. 1728 y 1729); los honorarios no están en esa lista, y el libro de actas y los archivos no son el objeto del encargo, sino el registro de la propia comunidad. La Dirección General de los Registros y del Notariado lo dijo sin rodeos: el administrador no es titular de ninguna documentación de la finca y, al ser destituido, debe entregarla toda, la general y la particular, con independencia de lo que se discuta sobre su contrato.

Tampoco puede quedarse el saldo para cobrarse: la compensación exige deudas vencidas, líquidas y exigibles (art. 1196), y unos honorarios discutidos no lo son. El cese no necesita causa, porque el mandante revoca el mandato a su voluntad (art. 1733) y la junta puede remover al administrador antes de que acabe su año, en junta extraordinaria (art. 13.7 LPH); si su contrato preveía un preaviso, eso se discute aparte y no le autoriza a retener nada. Lo mismo vale para el presidente que hacía de secretario y administrador (art. 13.5 LPH): sus deberes de entrega son idénticos, aunque su culpa se mida con menos rigor si no cobraba (art. 1726).

La primera semana: acuerdo de junta, banco y libro de actas

El presidente representa a la comunidad en juicio y fuera de él (art. 13.3 LPH), pero el Tribunal Supremo tiene declarado que, para demandar en su nombre, necesita un acuerdo previo de la junta que lo autorice, salvo que los estatutos digan otra cosa. Es lo primero que alegará el administrador saliente. El acuerdo tiene que ser completo: cese o no renovación, nombramiento del sucesor, requerimiento de entrega y de rendición de cuentas, y autorización al presidente para negociar, pedir diligencias preliminares, demandar al administrador y a su aseguradora, encargar una pericial contable y denunciar si aparecen indicios de delito.

Ese mismo día, el presidente acude al banco con el certificado del acuerdo y pide tres cosas: la retirada de la firma y del acceso a la banca en línea del saliente, el historial de autorizados y los extractos de todas las cuentas de la comunidad de los últimos cinco años. El banco se los entrega a la comunidad porque es la titular; no hay que pedírselos al administrador, y son la mitad de la prueba. Si el saliente trataba por encargo de la comunidad los datos de los propietarios, el contrato de encargo que exige el artículo 28.3 del Reglamento General de Protección de Datos debe obligarle, en su letra g), a devolverlos o suprimirlos, a elección de la comunidad, al terminar el servicio: el requerimiento pide que los devuelva.

Mientras el libro siga retenido, el acta de la junta que cesa al administrador se extiende aparte, firmada por el presidente y por el nuevo secretario (art. 19.3 LPH), y se transcribe cuando haya libro. Para diligenciar uno nuevo, el artículo 415 del Reglamento Hipotecario exige acreditar la íntegra utilización del anterior, salvo pérdida o extravío: entonces basta que el presidente o el secretario afirmen, bajo su responsabilidad, en acta notarial o ante el Registrador, que se comunicó la desaparición a los propietarios o que se denunció la sustracción. El libro nuevo hace constar que en el antiguo, aunque aparezca, ya no pueden extenderse actas. Recuperar el antiguo sigue siendo necesario: contiene los acuerdos que obligan a la comunidad.

Cinco años desde el cese: cuándo arranca el plazo y cómo se interrumpe

Las acciones contra el administrador son personales y prescriben a los cinco años (art. 1964.2 del Código Civil). El arranque lo fija el artículo 1972: para exigir la rendición de cuentas, el día en que cesó en el cargo quien debía rendirlas; para reclamar el resultado de esas cuentas, la fecha en que ese resultado se reconoció de conformidad. Cuente desde la junta que lo cesó o que nombró a su sucesor, que es la fecha que él alegará, y no desde el día en que la comunidad descubrió el agujero.

El plazo se interrumpe con la reclamación extrajudicial (art. 1973), y por eso el burofax sale en cuanto hay acuerdo de junta, no cuando termine la auditoría. La solicitud de negociación de la Ley Orgánica 1/2025 también lo interrumpe desde que consta el intento de comunicarla, aunque el cómputo se reinicia si en treinta días naturales no se mantiene la primera reunión o no se obtiene respuesta por escrito (art. 7.1). Y hay un segundo reloj que nadie mira: las cuotas de los morosos prescriben a los cinco años desde cada vencimiento (art. 1966.3.ª). Si el saliente retiene la relación de deudores, la comunidad puede perderlas mientras discute con él, y ese daño también se le reclama.

Dos variantes cambian las cuentas. Si el administrador era una sociedad, se demanda a la sociedad; si sus administradores causaron directamente el daño, la acción individual contra ellos prescribe a los cuatro años desde que pudo ejercitarse (art. 241 bis de la Ley de Sociedades de Capital). Y en Cataluña rige su Código civil: el secretario custodia al menos cinco años la documentación contable (art. 553-17), los libros de actas se conservan treinta años (art. 553-28), el fondo de reserva va en cuenta separada a nombre de la comunidad (art. 553-6.3) y las pretensiones prescriben a los diez años desde que se conocen o pueden conocerse los hechos (arts. 121-20 y 121-23), salvo las cuotas periódicas de los morosos, que prescriben a los tres años (art. 121-21.a).

Diligencias preliminares: ver los libros antes de demandar

Si el saliente no entrega, o entrega a medias, la comunidad puede pedir al juez que le obligue a exhibir antes del pleito. No hace falta intentar antes la negociación: el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 1/2025 exceptúa expresamente las diligencias preliminares, igual que las medidas cautelares previas a la demanda. Es competente el Tribunal de Instancia del domicilio de quien tiene que exhibir (art. 257.1 LEC), que puede no ser el de la finca; la demanda, en cambio, irá al lugar donde deben presentarse las cuentas.

La mayoría de los tribunales lee como cerrada la lista del artículo 256.1 LEC, así que el número importa. La solicitud se apoya en el 2.º, que permite pedir que el futuro demandado exhiba la cosa que tiene en su poder y a la que se refiere el juicio (el libro de actas, los archivadores, los contratos cuya entrega se va a pedir), y en el 5.º para la póliza de responsabilidad civil. El 4.º, el de los documentos y cuentas de la comunidad, está redactado para el comunero frente a la comunidad o al condueño que los tiene; frente a un profesional ajeno a la finca se invoca junto al 2.º, nunca solo. La solicitud explica el pleito que se prepara y ofrece caución (art. 256.2 y 3).

El tribunal resuelve en cinco días y fija la caución, que se presta en tres (art. 258); el requerido tiene diez días para exhibir y la comunidad puede acudir con su perito contable (art. 259). Si se opone sin razón, paga las costas del incidente (art. 260.3). Si ni exhibe ni se opone, el tribunal puede, si lo considera proporcionado, ordenar la entrada y registro del lugar donde haya indicios de que están los documentos, depositar la cosa o, si se pidieron documentos contables, tener por ciertas en el juicio las cuentas que presente la comunidad (art. 261). Después corre un mes para demandar: pasado sin justificación, se pierde la caución (art. 256.3). Por eso la invitación a negociar se envía a la vez que se piden las diligencias.

La demanda: entrega, cuentas, saldo e intereses en un solo pleito

Antes de demandar hay que intentar negociar sobre el mismo objeto que tendrá el pleito (art. 5.1 LO 1/2025), y si ese intento no consta la demanda se inadmite (art. 403.2 LEC). Vale la negociación directa entre abogados, pero un burofax que solo dice «entregue en cinco días» no invita a negociar. El escrito útil define el objeto (documentos, cuentas, saldo y daños), propone una reunión, va por burofax y al correo electrónico que el administrador usaba con la comunidad (art. 7.1), y se dirige también a la aseguradora si va a ser demandada. Si en treinta días naturales desde la recepción no se mantiene la primera reunión o no se obtiene respuesta por escrito, el intento ha terminado (art. 10.4.a), y el año para demandar se cuenta desde esa misma recepción (art. 7.3).

La demanda acumula lo que muchas comunidades reclaman en dos pleitos: entregar, con inventario, el libro de actas, los contratos, las pólizas, los justificantes y las claves; rendir cuenta justificada de la gestión; y pagar el saldo retenido. Si los extractos permiten calcularlo, la cifra se pide cuantificada o con bases que la reduzcan a una operación aritmética, porque no se puede dejar la liquidación para la ejecución (art. 219 LEC). Se suman los intereses de lo que aplicó a usos propios desde el día en que lo hizo y del resto desde el requerimiento (art. 1724 del Código Civil), y los daños: recargos de Hacienda, deudas de morosos prescritas, ayudas perdidas y el coste de rehacer la contabilidad (art. 1101).

Va al Tribunal de Instancia del lugar donde deban presentarse las cuentas o, si no está determinado, del domicilio de la comunidad o del lugar donde se administraba (art. 52.1.2.º LEC), que en la práctica es el de la finca, y por juicio ordinario, porque el valor de una rendición de cuentas no se puede calcular (art. 249.2). Su diligencia se juzga con más rigor porque cobraba (art. 1726). Su defensa habitual será que la junta aprobó sus cuentas cada año: esa aprobación pesa sobre lo que se enseñó, no sobre lo que se ocultó, y la pericial demuestra precisamente que los saldos aprobados no son los del banco. Y las costas favorecen a quien negoció: si el administrador rehusó la negociación, la comunidad queda exenta de costas aunque pierda, salvo abuso (art. 394.4 LEC), y si se allana antes de contestar pero después de un requerimiento fehaciente y justificado, se aprecia mala fe y se le imponen igualmente (art. 395.1).

Si él no paga: la aseguradora y la vía penal

La comunidad tiene acción directa contra el asegurador de responsabilidad civil del administrador (art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro), y el asegurado está obligado a revelarle la existencia del seguro y su contenido. Por eso la póliza se pide en el burofax y, si no llega, con la diligencia preliminar del artículo 256.1.5.º LEC. Frente a la comunidad, la aseguradora no puede oponer las excepciones que tenga contra su asegurado; si el daño se debe a una conducta dolosa de este, paga y después repite contra él.

Lo que la aseguradora sí discute es si el hecho entra en el riesgo que describe la póliza. Una póliza de responsabilidad civil profesional está pensada para el error de gestión: el modelo que no se presentó, el moroso al que se dejó prescribir, la ayuda que se perdió por no pedirla a tiempo. La desaparición del saldo puede quedar fuera de su objeto. Si estaba colegiado, se pregunta también por la póliza colectiva de su colegio y por si incluye una cobertura de caución o de infidelidad. Leer las pólizas antes de demandar decide a quién se demanda y qué se le pide a cada uno.

Cuando el dinero salió hacia el propio administrador o hacia cuentas sin factura detrás, puede haber delito: administración desleal si dispuso de los fondos excediéndose en sus facultades, o apropiación indebida si los hizo suyos o niega haberlos recibido. El despacho redacta la denuncia con la prueba ya ordenada, pero el orden se decide con cuidado: si se acredita una causa penal que investiga hechos en los que se funda el pleito civil y lo que se resuelva en ella puede ser decisivo, el juez civil suspende el pleito cuando solo falta la sentencia (art. 40.2 y 3 LEC). Si lo urgente es recuperar los libros y el saldo, la vía civil no espera; y si hay riesgo de que el dinero desaparezca, cabe pedir embargo preventivo antes de la demanda, acreditando la urgencia y prestando caución (arts. 727, 728 y 730.2 LEC).

Cómo lo llevamos, paso a paso

  1. 1

    Junta con un acuerdo que no deje huecos

    Redactamos el orden del día y el acuerdo: cese o no renovación, nombramiento del sucesor, requerimiento de entrega y de cuentas, y autorización expresa al presidente para negociar, pedir diligencias preliminares, demandar al administrador y a su aseguradora y denunciar si hay indicios de delito.

  2. 2

    Banco, claves y certificados el mismo día

    Con el certificado del acuerdo, el presidente retira en el banco la firma y los accesos del saliente y pide cinco años de extractos y el historial de autorizados. Se revocan los certificados y claves con los que presentaba los impuestos de la comunidad.

  3. 3

    Burofax de requerimiento e invitación a negociar

    Enviamos por burofax y al correo que usaba un escrito con inventario cerrado de lo que debe entregar, plazo, petición de la póliza y de los datos de los propietarios, e invitación a negociar con el objeto definido. Constituye en mora, interrumpe la prescripción y abre la negociación previa.

  4. 4

    Diligencias preliminares si no entrega o entrega a medias

    Pedimos al Tribunal de Instancia de su domicilio que exhiba el libro, los archivadores y la póliza (art. 256.1.2.º y 5.º LEC), con caución. Acudimos con el perito, y si no exhibe ni se opone, pedimos la entrada y registro o que se tengan por ciertas nuestras cuentas (art. 261).

  5. 5

    Pericial contable sobre los extractos

    El perito cruza cuotas emitidas, cobros, pagos con factura y saldo real, señala las transferencias sin soporte y cuantifica los daños: recargos, deudas prescritas, ayudas perdidas y el coste de rehacer la contabilidad. Esa es la cifra que se pide.

  6. 6

    Demanda acumulada y decisión sobre la denuncia

    Dentro del mes siguiente a las diligencias, demandamos al administrador y a su aseguradora: entrega, cuentas, saldo con intereses y daños, con embargo preventivo si hay riesgo de que el dinero desaparezca. Si hubo apropiación, la denuncia se presenta midiendo su efecto sobre el pleito civil.

La prueba que decide el caso

  • El certificado del acta de la junta con el cese, el nombramiento del sucesor y la autorización al presidente: acredita la legitimación y fija la fecha desde la que corre el plazo.
  • Los extractos bancarios de cinco años y el historial de autorizados que el banco entrega a la comunidad como titular: muestran cada transferencia, cada retirada de efectivo y quién tenía firma.
  • El burofax con certificación de contenido y acuse, y el correo enviado a la dirección que usaba el administrador: prueban la mora, la interrupción de la prescripción y el intento de negociación que exige la ley.
  • El contrato o la hoja de encargo y las facturas de sus honorarios: prueban que el mandato era retribuido, lo que endurece la medida de su culpa, y delimitan qué tenía bajo su custodia.
  • La pericial contable que cruza cuotas emitidas, cobros, pagos justificados y saldo bancario: convierte la sospecha en una cifra que el juez puede condenar a pagar.
  • Los requerimientos de Hacienda, las reclamaciones de proveedores y la relación de morosos con sus vencimientos: acreditan los daños que causaron la retención de los papeles y la mala gestión.

Lo que cierra la puerta

  • Demandar sin acuerdo de junta que autorice al presidente. Es lo primero que alegará el administrador, y el caso puede acabar desestimado sin que nadie entre en el fondo.
  • Dejar al saliente con firma o acceso a la banca en línea después de la junta. Mientras conserve el acceso, puede seguir disponiendo de los fondos.
  • Firmar un «recibí» de plena conformidad sin inventario ni reserva de revisar las cuentas. El administrador lo presentará como aprobación de su gestión.
  • Esperar a que termine la auditoría para reclamar. La acción para exigir cuentas prescribe a los cinco años desde el cese, y esperar no detiene el plazo: lo interrumpen la reclamación extrajudicial, la solicitud de negociación, la demanda o un reconocimiento de la deuda por el propio administrador.
  • Presentar la demanda sin un intento de negociación documentado, o con un burofax que solo exige y no invita a negociar. La demanda se inadmite (art. 403.2 LEC).
  • Pedir solo una condena genérica a rendir cuentas cuando los extractos ya permiten cuantificar. Obliga a un segundo pleito para cobrar, porque la liquidación no puede dejarse para la ejecución (art. 219 LEC).

La norma aplicable

  • Art. 20 LPH. Atribuye al administrador efectuar los pagos y realizar los cobros procedentes, actuar en su caso como secretario de la junta y custodiar a disposición de los titulares la documentación de la comunidad. BOE-A-1960-10906
  • Art. 1720 CC. Obliga a todo mandatario a dar cuenta de sus operaciones y a abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, aun cuando lo recibido no se debiera al segundo. BOE-A-1889-4763
  • Art. 1964.2 CC. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. BOE-A-1889-4763
  • Art. 1972 CC. La prescripción de la acción para exigir rendición de cuentas corre desde el día en que cesaron en sus cargos quienes debían rendirlas, y la de la acción por su resultado, desde que este se reconoció por conformidad de las partes. BOE-A-1889-4763
  • Art. 256 LEC. Permite preparar el juicio pidiendo que el futuro demandado exhiba la cosa que tiene en su poder (1.2.º) o que se exhiba el contrato de seguro de responsabilidad civil (1.5.º), con caución que se pierde si no se demanda en el mes siguiente sin justificación suficiente. BOE-A-2000-323
  • Art. 261 LEC. Si el requerido no atiende la diligencia ni se opone, permite ordenar la entrada y registro para ocupar los documentos, presentar la cosa al solicitante y depositarla, o tener por ciertas las cuentas y datos que este presente. BOE-A-2000-323
  • Art. 5 LO 1/2025. Exige, para que se admita la demanda civil, acudir antes a un medio adecuado de solución de controversias con identidad de objeto, y exceptúa las diligencias preliminares y las medidas cautelares previas a la demanda. BOE-A-2025-76
  • Art. 76 LCS. Da al perjudicado acción directa contra el asegurador de responsabilidad civil, inmune a las excepciones que este tenga contra el asegurado, con derecho a repetir si el daño se debe a su conducta dolosa, y obliga al asegurado a revelar el seguro y su contenido. BOE-A-1980-22501

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

Preguntas frecuentes

El administrador dice que no entrega nada hasta que le paguemos sus honorarios. ¿Puede hacerlo?

No. El artículo 1730 del Código Civil solo deja al mandatario retener las cosas objeto del mandato hasta que se le reembolsen los anticipos y se le indemnicen los daños sufridos por cumplirlo; los honorarios no están incluidos, y la documentación es de la comunidad. Si se le deben, que los reclame. Tampoco puede compensarlos con el saldo mientras su crédito no sea líquido y exigible (art. 1196).

¿Cuánto tiempo tenemos para reclamarle?

Cinco años (art. 1964.2 del Código Civil). Para exigir la rendición de cuentas se cuentan desde el día en que cesó en el cargo; para reclamar el saldo de unas cuentas reconocidas de conformidad, desde ese reconocimiento (art. 1972). Un burofax o una solicitud de negociación interrumpen el plazo. En Cataluña son diez años desde que se conocen o pueden conocerse los hechos.

¿Podemos legalizar un libro de actas nuevo si no devuelve el antiguo?

Sí, con condiciones. El artículo 415 del Reglamento Hipotecario permite diligenciar un libro nuevo en caso de pérdida o extravío del anterior si el presidente o el secretario afirman, bajo su responsabilidad, en acta notarial o ante el Registrador, que se comunicó la desaparición a los propietarios o que se denunció la sustracción. El libro nuevo deja constancia de que en el antiguo ya no pueden extenderse actas. Aun así, conviene recuperar el antiguo: contiene los acuerdos que obligan a la comunidad.

Quien no entrega nada es el presidente anterior, no un administrador profesional. ¿Cambia algo?

Poco. Si ejercía de secretario y administrador (art. 13.5 LPH), tiene las mismas obligaciones de custodia, entrega y rendición de cuentas. Su culpa se mide con menos rigor si no cobraba (art. 1726 del Código Civil), pero la obligación de entregar lo recibido es idéntica. Y como es propietario, cabe invocar además la diligencia preliminar del artículo 256.1.4.º LEC, pensada para que un comunero pida los documentos y cuentas de la comunidad al condueño que los tenga; si la solicitud la presenta la comunidad, se apoya también en el 2.º, el de la cosa que el futuro demandado tiene en su poder.

¿Y si el dinero no aparece? ¿Lo paga su seguro?

Depende de la póliza. La comunidad tiene acción directa contra la aseguradora de responsabilidad civil (art. 76 LCS), que no puede oponerle las excepciones que tenga contra su asegurado y, si hubo dolo, paga y repite contra él. Pero discutirá si el hecho entra en el riesgo cubierto: las pólizas profesionales cubren el error de gestión y pueden no cubrir la desaparición del saldo. El asegurado está obligado a revelar el seguro; si calla, se pide al juez que lo exhiba (art. 256.1.5.º LEC).

Esta guía explica cómo funciona la acción en general. No sustituye al estudio de su caso: los plazos dependen de cuándo pasaron las cosas y de lo que usted haya hecho desde entonces.

Cuéntenos su caso.

Lo estudia un abogado y le decimos si hay acción, qué plazo le queda y qué se puede pedir. Su caso se presupuesta después, porque cada caso es un mundo.

Otros casos de esta área