Guías del despachoInmobiliario y arrendamientos

El vecino no deja entrar a hacer la obra de la comunidad

Actualizada el 2026-11-10 · Revisado por Jaime Piñeira Pardo, colegiado ICAM nº 138826

La respuesta corta

La comunidad exige al propietario que cumpla el artículo 9.1.c y d de la Ley de Propiedad Horizontal: consentir la reparación o la servidumbre imprescindible y dejar entrar. Conoce la sección civil del Tribunal de Instancia; no hay caducidad mientras la obra haga falta. Si la avería urge, la entrada se pide como medida cautelar, sin negociar antes, y desde que se acuerda hay veinte días para demandar.

Usted preside la comunidad de un edificio de 1965 en Zaragoza. La bajante general se ha roto a la altura del tercero B, donde baja encajonada junto a la cocina: el segundo B tiene el techo del baño ennegrecido, huele en la escalera y la aseguradora de la comunidad exige que se repare el origen antes de pagar nada más. El propietario del tercero B reformó la cocina hace un año y alicató por encima del registro. No deja pasar al fontanero: dice que la comunidad busque otro camino y que, si quieren romper, le paguen antes una cocina nueva entera. Han pasado cuatro meses, no contesta al administrador y el vecino de abajo ya habla de demandar a la comunidad.

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita
Acción de cumplimiento de los deberes del artículo 9.1.c y d de la Ley de Propiedad Horizontal (consentir la reparación o la servidumbre imprescindible y permitir la entrada), con condena a no impedir la obra, autorización de entrada en la vivienda e indemnización de los daños de la demora (arts. 9.1 LPH y 1101 CC). Si urge, entrada como medida cautelar antes de la demanda (arts. 726.2, 727.7.ª y 730.2 LEC).
Ante quién
La sección civil del Tribunal de Instancia del lugar donde radica la finca (art. 52.1.8.º LEC), por juicio ordinario cualquiera que sea la cuantía (art. 249.1.8.º LEC). La medida cautelar previa se pide al tribunal competente para conocer de la demanda principal (art. 723.1 LEC), y la demanda se presenta ante ese mismo tribunal (art. 730.2). Antes de demandar, intento de negociación (art. 5 LO 1/2025), que no hace falta para la cautelar previa ni para la ejecución (art. 5.3). Apelación ante la Audiencia Provincial.
Plazo
No hay caducidad: el deber de dejar entrar se exige mientras la obra haga falta y, como obligación continuada, cada negativa abre de nuevo el plazo de cinco años (art. 1964.2 CC). Los daños de la demora: cinco años para la comunidad, que reclama el incumplimiento de un deber legal (arts. 9.1 LPH y 1101 CC), aunque conviene no pasar del año; el vecino que demanda por el art. 1902 CC, un año desde que conoció el daño (art. 1968.2 CC). Con cautelar previa, veinte días desde que se adopta para demandar (art. 730.2 LEC), que la solicitud de negociación suspende (art. 7.3 LO 1/2025). Y la negociación solo cumple el requisito si se demanda dentro del año siguiente a la recepción de la solicitud o al fin de la negociación sin acuerdo (art. 7.3).
Quién puede
Activa: la comunidad, representada por su presidente (art. 13.3 LPH) con un acuerdo de la junta que le autorice a demandar, y el propietario perjudicado, por su propio daño. Pasiva: el propietario de la vivienda o local que se niega y, si vive en ella otra persona (inquilino, familiar), también el ocupante, que es quien tiene que abrir y quien goza de la protección del domicilio (art. 18.2 CE).
Riesgo económico
Si la demanda se estima entera, el vecino paga las costas, salvo serias dudas de hecho o de derecho (art. 394.1 LEC), además de la demora que causó. Si pierde la comunidad, las costas son suyas. La cautelar exige caución, que se presta antes de entrar (arts. 728.3 y 737 LEC), y si se obtiene y no se demanda a tiempo, la comunidad paga costas y daños (art. 730.2). Si el vecino rehusó negociar, la comunidad queda exenta de costas aunque pierda, salvo abuso (art. 394.4). La reposición de la vivienda la paga la comunidad (art. 9.1.c LPH), y como no es persona física abona la tasa judicial fija del juicio ordinario, 300 euros.

Dejar entrar no es un favor: es un deber que se indemniza después

El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal impone a cada propietario tres deberes que aquí se encadenan. La letra a): respetar las instalaciones generales de la comunidad, estén o no incluidas en su piso o local. La c): consentir en su vivienda las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir las servidumbres imprescindibles para las obras, actuaciones o servicios comunes acordados conforme a la ley, con derecho a que la comunidad le resarza los daños y perjuicios. Y la d): permitir la entrada en su piso a esos efectos. La bajante que cruza su cocina es común aunque esté dentro de su casa.

La ley cubre dos intensidades distintas. Una es el acceso puntual: el fontanero entra, levanta el alicatado, cambia el tramo roto de la bajante o de la columna de gas y repone. Otra es la servidumbre permanente: un trazado nuevo de tubería por su falso techo o el hueco del ascensor que ocupa parte de un trastero; esta necesita un acuerdo válido que la respalde y se examina con más rigor. Nada de esto es la acción de cesación del artículo 7.2, que frena actividades molestas: aquí no se le prohíbe hacer nada, se le obliga a tolerar. Y si el andamio de la fachada debe apoyarse en la finca de al lado, ajena a la comunidad, el artículo 569 del Código Civil obliga a su dueño a consentirlo si es indispensable, con indemnización.

El derecho a la indemnización no es una llave para cerrar la puerta. La ley le reconoce el resarcimiento de los daños, no el derecho a cobrar antes de abrir. Puede exigir lo razonable: día y hora pactados, protección de muebles y suelos, reposición con material equivalente, el alojamiento si se queda varios días sin baño o sin cocina y el daño real. Pedir por adelantado una cocina nueva entera no lo es, y esa diferencia convierte su negativa en injustificada. Si al reformar tapió el registro o encajonó la bajante, el artículo 7.1 le impedía alterar elementos comunes y le obligaba a dar cuenta de sus obras: la comunidad puede discutir que el sobrecoste de abrir corra de su cuenta.

La clase de obra decide si hace falta junta y qué puede discutir

Reparar una bajante, una columna de agua o de gas, o una fachada que se desprende es conservación. El artículo 10.1.a) hace obligatorias, sin acuerdo previo de la junta, las obras necesarias para mantener el inmueble y sus instalaciones comunes, incluidas las de seguridad y habitabilidad, y la junta solo decide cómo se reparte la derrama (art. 10.2.a). El administrador dispone las reparaciones urgentes dando cuenta inmediata al presidente (art. 20.1.c), y quien advierte una avería urgente debe comunicarla sin dilación (art. 7.1). Si además hay una orden municipal de ejecución, el propietario que se oponga o la demore injustificadamente responde a título individual de las sanciones administrativas (art. 10.2.b).

El ascensor y las rampas tienen su propio régimen. El artículo 10.1.b), en la redacción de la Ley 4/2026 vigente desde el 23 de octubre de 2026, hace obligatorias las obras necesarias para la accesibilidad universal y las que pidan propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años, si lo repercutido al año, descontadas las ayudas, no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, o sin ese tope si las ayudas efectivamente concedidas alcanzan el setenta por ciento; y siguen siendo obligatorias aunque las ayudas no lleguen a ese porcentaje o se supere el tope, si quienes las pidieron asumen el exceso. Fuera de esos casos, el ascensor se aprueba por mayoría de propietarios y de cuotas (art. 17.2). El Tribunal Supremo tiene declarado que esa mayoría basta para imponer una servidumbre sobre parte de un elemento privativo, sin el consentimiento de su dueño y con indemnización, siempre que no le suponga una pérdida de habitabilidad o de funcionalidad. El límite lo pone el artículo 17.4: no pueden hacerse innovaciones que dejen inservible una parte del edificio para un propietario sin su consentimiento expreso.

Un acuerdo válido obliga a todos los propietarios (art. 17.9), también al que votó en contra. Si el vecino discrepaba del ascensor o del trazado, debía impugnarlo: tres meses desde la junta, o un año si el acuerdo es contrario a la ley o a los estatutos, y para el ausente desde que se le comunicó (art. 18.3), estando al corriente de pago o consignando lo debido (art. 18.2). Aun impugnado, el acuerdo se ejecuta salvo que el juez lo suspenda como medida cautelar (art. 18.4). Pasado el plazo, y salvo una nulidad radical que es excepcional, en el pleito de entrada ya no se discute si el ascensor convenía: solo si su piso es el paso imprescindible, cuánto se ocupa y cuánto se le indemniza. Cómo se impugna lo explicamos en nuestra guía sobre impugnación de acuerdos de la junta.

El caso lo gana el perito: avería común y paso imprescindible

La palabra que decide el pleito está en la propia ley: servidumbres imprescindibles. La defensa del vecino casi siempre es la misma, que hay otro camino: por la fachada, por el patio o por el piso de al lado. Por eso la demanda se gana con un informe del perito con el que trabajamos que diga dónde está la avería, que el elemento es común, por qué el acceso por esa vivienda es el único razonable, qué alternativas se estudiaron y cuánto costarían, qué se levanta, cuántos días dura y cómo se repone. En Cataluña, donde rige el Código civil catalán y no la Ley de Propiedad Horizontal, el artículo 553-39 lo dice expresamente: la restricción solo cabe si no hay otra forma de hacer la obra o la otra es desproporcionadamente cara o gravosa, y la comunidad puede exigir servidumbres permanentes sobre los anexos de los elementos de uso privativo si son indispensables para ejecutar acuerdos de supresión de barreras arquitectónicas o de mejora, o para acceder a elementos comunes que no tengan otro acceso.

Antes de exigir nada hay que saber de quién es la avería. Si el agua sale del desagüe que solo sirve a su piso, antes de entroncar con la bajante, en el criterio que sigue la mayoría de los tribunales la instalación es privativa: el artículo 9.1.b) le obliga a mantenerla y a resarcir los daños que cause, y el caso cambia de signo, porque entonces la obra y la factura son suyas. Si la rotura está en la bajante o en la columna general, la obra es de la comunidad. Una inspección con cámara introducida por la propia bajante, desde la cubierta o desde un registro común, puede localizar la rotura sin entrar en su casa, y ese informe es la prueba que sostiene la medida cautelar.

El juez pondera la intromisión, y la comunidad debe llegar con un plan que la reduzca al mínimo: días y horas concretos, duración, empresa con seguro, protección de la vivienda, reposición con material equivalente y una oferta de indemnización por lo que no pueda reponerse. Ese plan, enviado por escrito antes de demandar, cumple dos funciones. Delimita el objeto de la negociación previa que exige la Ley Orgánica 1/2025. Y si el vecino lo rechaza sin razones, su negativa queda sin justificación ante el juez, que es lo que después le carga los daños de la demora y las costas.

Si el daño avanza, la entrada se pide como medida cautelar

Cuando el agua sigue cayendo, una fuga obliga a cortar el gas a todo el edificio o la fachada amenaza con desprenderse, esperar a la sentencia no es una opción. El artículo 730.2 LEC permite pedir medidas cautelares antes de la demanda si se alegan y acreditan razones de urgencia o necesidad, y el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 1/2025 exime esa petición del intento previo de negociación. La medida puede ordenar al vecino que permita la entrada y se abstenga de impedir la obra: el artículo 726.2 admite órdenes de contenido similar a lo que se pide en el pleito, con carácter temporal, y el 727.7.ª, la de abstenerse de una conducta. Si la urgencia lo justifica, el tribunal puede acordarla sin oírle, por auto en el plazo de cinco días, contra el que no cabe recurso, sin perjuicio de que el vecino se oponga después (art. 733.2).

El juez exige tres cosas. Peligro por la mora: que, sin la medida, el daño se agrave o la sentencia llegue tarde (art. 728.1). Apariencia de buen derecho: el informe técnico, el requerimiento con su negativa y el acuerdo de la junta (art. 728.2). Y caución, que se presta antes de cualquier acto de cumplimiento (arts. 728.3 y 737). Prestada, la medida se cumple de inmediato con los medios de la ejecución de sentencias (art. 738.1): en la práctica, cerrajero y, si hace falta, auxilio policial. Como la medida anticipa lo que se pide en el pleito, el juez será exigente, y ahí pesan el informe y la oferta de reposición. El error que la hunde está en el propio artículo 728.1: no se acuerdan medidas para alterar situaciones consentidas durante largo tiempo, salvo que se justifique por qué no se pidieron antes. La comunidad que lleva un año tolerando la fuga tendrá que explicar qué ha cambiado.

Hay un atajo que pocos conocen cuando lo bloqueado no es su vivienda, sino un elemento común de uso general: el candado que el vecino del ático puso en la puerta de la azotea o el cuarto de contadores que llenó de trastos. Ahí la comunidad no necesita entrar en ningún domicilio. Puede pedir la tutela sumaria de la posesión por juicio verbal (art. 250.1.4.º LEC), que está exceptuada de la negociación previa (art. 5.2.e de la Ley Orgánica 1/2025), con un límite estricto: la demanda no se admite pasado un año desde el acto de perturbación (art. 439.1 LEC).

Negociar, autorizar y demandar sin caer en los veinte días

La medida obtenida antes de la demanda queda sin efecto si la demanda no se presenta ante el mismo tribunal en los veinte días siguientes a su adopción: se alza, se condena en costas a quien la pidió y se le declara responsable de los daños causados (art. 730.2 LEC). Como la demanda sí exige negociar antes, la Ley Orgánica 1/2025 lo coordina: si las cautelares se acordaron antes de abrir la negociación, la solicitud suspende esos veinte días, que se reanudan, no vuelven a empezar, cuando la negociación termina sin acuerdo; si se acordaron durante la negociación, hay veinte días desde que termina (art. 7.3). Por eso enviamos la solicitud de negociación el mismo día en que pedimos la medida. Y aunque la bajante ya esté reparada, la demanda se presenta: si no, la comunidad carga con las costas y los daños de la cautelar.

La negociación previa es requisito de admisión de la demanda (art. 5 de la Ley Orgánica 1/2025), y esta acción no está entre las exceptuadas. Vale la negociación directa entre las partes o entre sus abogados, una oferta vinculante confidencial, la conciliación o la mediación, siempre con el mismo objeto que tendrá el pleito. Se acredita con un documento firmado por ambas partes o, si el vecino no colabora, con la prueba de que recibió la solicitud y pudo acceder a su contenido íntegro (art. 10.2). Si en treinta días naturales desde que la recibe no se mantiene la primera reunión o no se obtiene respuesta por escrito, la negociación se tiene por terminada (art. 10.4.a), y sin ese documento la demanda no se admite (arts. 264.4.º y 403.2 LEC). Negarse tiene precio: si el vecino rehusó negociar, la comunidad queda exenta de costas aunque pierda, salvo abuso (art. 394.4 LEC), y si lo hizo sin justa causa no obtendría costas a su favor aunque ganara (art. 394.1).

El presidente representa a la comunidad en juicio (art. 13.3 LPH), pero el Tribunal Supremo exige, salvo que los estatutos digan otra cosa, un acuerdo de la junta que le autorice a demandar. Si urge, la junta extraordinaria se convoca con la antelación que sea posible para que llegue a conocimiento de todos (art. 16.3), y en el mismo acuerdo se autorizan la medida cautelar y la demanda. La demanda va al Tribunal de Instancia del lugar de la finca (art. 52.1.8.º LEC), por juicio ordinario cualquiera que sea la cuantía (art. 249.1.8.º), contra el propietario y, si vive allí otra persona, también contra el ocupante. Pide que se les condene a permitir la entrada en las fechas que fije la dirección técnica y a no impedir la obra, que se autorice la entrada con cerrajero y auxilio de la fuerza pública si no abren y que el responsable pague los daños de la demora.

Ejecutar la condena y cargar la demora a quien la causó

La sentencia se ejecuta sin negociación previa (art. 5.3 de la Ley Orgánica 1/2025). El auto que despacha ejecución requiere al vecino para que cumpla en el plazo que fije el tribunal y puede apercibirle con apremios personales o multas (arts. 699 y 705 LEC). La condena a no impedir la obra es una condena de no hacer: si la quebranta, se le requiere para que deshaga lo hecho, indemnice y no reitere, con apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial y multas por cada mes (art. 710). Lo que de verdad desbloquea es la entrada. El artículo 18.2 de la Constitución solo permite entrar en un domicilio con el consentimiento del titular o con resolución judicial, y la sentencia que autoriza expresamente la entrada es esa resolución. Por eso se pide en la demanda y no se deja para la ejecución.

La demora tiene un responsable. Si la negativa era injustificada, el vecino responde de lo que costó esperar: el agravamiento de la avería, el sobrecoste de la obra y de las visitas frustradas, las sanciones administrativas y lo que la comunidad haya tenido que pagar al vecino de abajo. El fundamento es el incumplimiento de un deber legal (art. 9.1.c y d LPH, en relación con el art. 1101 CC), y se acumula en la misma demanda. El plazo general de las acciones personales es de cinco años (art. 1964.2 CC), pero no lo apure: si el tribunal encuadra la reclamación en el artículo 1902, el plazo es de un año desde que se conoció el daño (art. 1968.2 CC). Documente cada factura y cada visita con su fecha.

Si usted es el vecino de abajo, no dependa de la comunidad. Puede reclamar su daño a la comunidad, obligada a conservar la bajante, y al propietario que impide la reparación, que responde ante los demás titulares de los daños que causa (art. 9.1.g LPH). Demandar a los dos evita que cada uno culpe al otro en el juicio. Si se apoya en el artículo 1902 del Código Civil, tiene un año desde que conoció el daño (art. 1968.2), que se interrumpe con una reclamación extrajudicial que pueda acreditar (art. 1973) o con la solicitud de negociación (art. 7.1 de la Ley Orgánica 1/2025). Cuando el agua sigue entrando, los tribunales suelen contar desde que el daño se estabiliza, pero no lo dé por hecho: reclame por escrito ya.

Cómo lo llevamos, paso a paso

  1. 1

    Informe técnico antes de cualquier carta

    Nuestro perito localiza la avería, con cámara si es posible, y acredita que el elemento es común, por qué el acceso por esa vivienda es el único razonable, qué alternativas se descartaron, cuánto durará la obra y cómo se repondrá.

  2. 2

    Propuesta escrita con fechas, garantías e indemnización

    Enviamos por burofax con certificación de texto, al propietario en el domicilio que comunicó a la comunidad y al ocupante, el plan de obra y la oferta de reposición e indemnización. Esa carta es la solicitud de negociación: interrumpe la prescripción y abre los treinta días.

  3. 3

    Junta extraordinaria con la autorización

    Convocamos con la antelación que sea posible si urge. La junta aprueba la obra si hace falta y autoriza al presidente a pedir la medida cautelar y a demandar; quien ejerce la secretaría certifica el acuerdo.

  4. 4

    Entrada cautelar si el daño avanza

    Pedimos la medida antes de la demanda, sin audiencia del vecino si la urgencia lo justifica, prestamos la caución y coordinamos con la comisión judicial el día de entrada, el cerrajero y la empresa que repara.

  5. 5

    Demanda de cumplimiento y daños

    Dentro de los veinte días de la cautelar, con el plazo suspendido mientras dura la negociación, o, sin cautelar, dentro del año siguiente a la recepción de la solicitud o al fin de la negociación, demandamos al propietario y al ocupante con el informe, el documento de la negociación y la certificación de la junta.

  6. 6

    Ejecución y cuenta de la demora

    Si no cumple, pedimos la ejecución con entrada y apremios. Reparada la avería, cuantificamos el agravamiento, los sobrecostes y lo pagado al vecino de abajo, y se lo reclamamos a quien impidió la obra.

La prueba que decide el caso

  • El informe de nuestro perito, con inspección por cámara si es posible: sitúa la rotura en el elemento común, explica por qué el paso por esa vivienda es imprescindible y valora las alternativas descartadas.
  • El burofax con certificación de texto y acuse de recibo que llevó el plan de obra y la oferta de indemnización, y la respuesta o el silencio del vecino: prueba la negativa injustificada y el intento de negociación.
  • Los partes de la empresa que acudió y no pudo entrar, con día y hora, y los mensajes en que el vecino se niega o pone condiciones.
  • Fotos y vídeos fechados del daño que avanza, el informe de la aseguradora y los presupuestos de antes y de ahora: sostienen la urgencia y cuantifican la demora.
  • La certificación del acuerdo de la junta y, si es el ascensor, el acta con la mayoría obtenida y la fecha en que se comunicó al vecino, que dice si impugnó a tiempo.
  • La nota simple del Registro de la Propiedad y la prueba de quién ocupa la vivienda: determinan a quién hay que demandar.

Lo que cierra la puerta

  • Entrar sin consentimiento ni resolución judicial: con un cerrajero, con la llave del conserje o abriendo desde el piso contiguo. Vulnera el artículo 18.2 de la Constitución, expone a quien entra a una denuncia penal y regala al vecino el pleito.
  • Obtener la medida cautelar y dejar pasar los veinte días sin demandar ni enviar la solicitud de negociación que los suspende: la medida se alza y la comunidad paga costas y daños (art. 730.2 LEC).
  • Consentir la negativa durante meses y pedir después la medida: el artículo 728.1 LEC impide alterar por vía cautelar situaciones consentidas largo tiempo sin justificar el retraso.
  • Demandar sin el documento que acredita la negociación previa o con un objeto distinto del negociado: la demanda no se admite (arts. 264.4.º y 403.2 LEC).
  • Demandar solo al propietario cuando en la vivienda vive un inquilino o un familiar: la autorización de entrada no alcanza al ocupante que no fue parte, y es él quien goza de la protección de ese domicilio.
  • Ir a juicio sin un perito que sitúe la avería en el elemento común y descarte las alternativas: el vecino dirá que el problema es otro o que hay otro camino, y el caso queda en palabra contra palabra.

La norma aplicable

  • Art. 9.1 LPH. Obliga a cada propietario a respetar las instalaciones generales estén o no en su piso, a consentir en su vivienda las reparaciones que exija el servicio del inmueble y las servidumbres imprescindibles para obras, actuaciones o servicios comunes acordados conforme a la ley, con derecho a que la comunidad le resarza los daños, a permitir la entrada a esos efectos y a responder ante los demás titulares de los daños que cause. BOE-A-1960-10906
  • Arts. 10.1, 17.4 y 18 LPH. Hacen obligatorias sin acuerdo previo de la junta las obras de conservación y, en los términos del artículo 10.1.b), las de accesibilidad; prohíben las innovaciones que dejen inservible una parte del edificio para un propietario sin su consentimiento expreso, y fijan la impugnación de los acuerdos en tres meses, o un año si son contrarios a la ley o a los estatutos, sin que suspenda su ejecución salvo medida cautelar. BOE-A-1960-10906
  • Arts. 52.1.8.º y 249.1.8.º LEC. En los juicios en materia de propiedad horizontal es competente el tribunal del lugar en que radique la finca, y las acciones que la Ley de Propiedad Horizontal otorga a las juntas y a los propietarios se deciden en juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía, salvo que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad. BOE-A-2000-323
  • Arts. 726, 728, 730 y 733 LEC. Permiten acordar como medida cautelar órdenes de contenido similar a lo que se pide en el pleito; exigen peligro por la mora, apariencia de buen derecho y caución, y la niegan frente a situaciones consentidas largo tiempo sin justificación; admiten pedirla antes de la demanda por urgencia, con veinte días para demandar so pena de costas y daños, y acordarla sin oír al demandado, en cinco días, si la urgencia lo justifica. BOE-A-2000-323
  • Arts. 699 y 710 LEC. En la ejecución de condenas de hacer o de no hacer, el auto requiere al ejecutado para que cumpla en el plazo que fije el tribunal, con posible apercibimiento de apremios personales o multas; si quebranta una condena de no hacer, se le requiere para que deshaga lo mal hecho, indemnice y no reitere, con apercibimiento de desobediencia y multas por cada mes. BOE-A-2000-323
  • Arts. 5 y 7 LO 1/2025. Exigen en el orden civil acudir antes a un medio adecuado de solución de controversias con identidad de objeto, salvo para la demanda ejecutiva, las medidas cautelares previas y materias tasadas como la tutela sumaria de la posesión; la solicitud de negociación interrumpe la prescripción, la demanda debe presentarse dentro del año siguiente y, si hubo cautelares antes de negociar, el plazo de veinte días para demandar se suspende y se reanuda. BOE-A-2025-76
  • Art. 18.2 CE. Declara inviolable el domicilio y prohíbe toda entrada o registro en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. BOE-A-1978-31229
  • Arts. 1101, 1964.2 y 1968.2 CC. Obliga a indemnizar los daños a quien incumple sus obligaciones; las acciones personales sin plazo especial prescriben a los cinco años desde que puede exigirse el cumplimiento, y en las obligaciones continuadas de hacer o no hacer el plazo comienza cada vez que se incumplen; la acción por la culpa del artículo 1902 prescribe al año desde que lo supo el agraviado. BOE-A-1889-4763

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

Preguntas frecuentes

¿Puede la comunidad entrar con un cerrajero si el vecino no abre?

No. El artículo 18.2 de la Constitución solo permite entrar en un domicilio con el consentimiento del titular o con resolución judicial, y entrar por la fuerza expone a quien lo hace a una denuncia penal. Si hay urgencia, el camino es pedir al tribunal la entrada como medida cautelar antes de la demanda, sin negociación previa y, si está justificado, sin oír al vecino: el auto se dicta en cinco días (art. 733.2 LEC). Prestada la caución, se cumple con los medios de la ejecución de sentencias, cerrajero y auxilio policial incluidos (art. 738.1).

¿Quién paga romper y reponer el alicatado o la cocina del vecino?

La comunidad. El artículo 9.1.c) de la Ley de Propiedad Horizontal da al propietario que soporta la obra derecho a que la comunidad le resarza los daños y perjuicios: la reposición con material equivalente y, si se queda días sin baño o sin cocina, ese perjuicio. Lo que no puede es exigir el pago antes de abrir ni una mejora a costa de todos. Y si al reformar tapió el registro o encajonó la bajante sin dar cuenta a la comunidad, puede discutirse que el sobrecoste de abrir sea suyo.

Vivo debajo y el agua cae en mi casa. ¿Puedo demandar yo sin esperar a la comunidad?

Sí. Puede reclamar su daño a la comunidad, obligada a conservar la bajante, y al propietario que impide la reparación, que responde ante los demás titulares de los daños que causa (art. 9.1.g LPH). Si se apoya en el artículo 1902 del Código Civil, tiene un año desde que conoció el daño (art. 1968.2), y antes de demandar debe intentar la negociación previa, cuya solicitud interrumpe ese plazo. El Tribunal Supremo admite, además, que un propietario actúe en beneficio de la comunidad cuando esta no lo hace y no se opone.

¿Hace falta una junta para obligar al vecino?

Para la obra de conservación, no: el artículo 10.1.a) de la Ley de Propiedad Horizontal la hace obligatoria sin acuerdo previo, y el administrador dispone las reparaciones urgentes dando cuenta al presidente (art. 20.1.c). Para demandar en nombre de la comunidad, sí: el Tribunal Supremo exige, salvo que los estatutos digan otra cosa, un acuerdo de la junta que autorice al presidente. Si urge, la junta extraordinaria se convoca con la antelación que sea posible (art. 16.3), y en el mismo acuerdo se autorizan la medida cautelar y la demanda.

Es para instalar el ascensor y me ocupa parte del trastero. ¿Pueden obligarme?

Sí, si el acuerdo se adoptó con la mayoría de propietarios y de cuotas del artículo 17.2 o la obra es obligatoria por el 10.1.b), con indemnización y siempre que la ocupación no le suponga una pérdida de habitabilidad o de funcionalidad, que es el criterio del Tribunal Supremo. Si la obra deja inservible una parte del edificio para usted, hace falta su consentimiento expreso (art. 17.4). Para impugnar el acuerdo tenía tres meses, o un año si es contrario a la ley o a los estatutos, contados desde la junta o, si no asistió, desde que se le comunicó (art. 18.3), y la impugnación no para la obra salvo medida cautelar (art. 18.4).

Esta guía explica cómo funciona la acción en general. No sustituye al estudio de su caso: los plazos dependen de cuándo pasaron las cosas y de lo que usted haya hecho desde entonces.

Cuéntenos su caso.

Lo estudia un abogado y le decimos si hay acción, qué plazo le queda y qué se puede pedir. Su caso se presupuesta después, porque cada caso es un mundo.

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