La pension de viudedad (INSS): quien tiene derecho y como pedirla

Pueden ser beneficiarios el cónyuge, la pareja de hecho registrada, el ex cónyuge (separado o divorciado) y la ex pareja de hecho. En todos los casos, la persona fallecida debe haber reunido la cotización mínima que se explica más abajo, y el beneficiario no debe haber contraído después nuevo matrimonio ni haber constituido una nueva pareja de hecho.

Cónyuge: si existen hijos comunes, el derecho es pleno. Si no los hay, se exige que el matrimonio se hubiera celebrado al menos un año antes del fallecimiento o acreditar un periodo previo de convivencia (como pareja de hecho o matrimonio) de dos años. Cuando no se cumple ese requisito, la pensión puede reconocerse de forma temporal por dos años.

Pareja de hecho: es necesario acreditar la inscripción en un registro de parejas de hecho (o su formalización en documento público) con al menos dos años de antelación al fallecimiento, junto con una convivencia estable y notoria de al menos cinco años. Esa convivencia de cinco años no se exige cuando la pareja tiene hijos comunes: en ese caso basta con la inscripción o formalización con dos años de antelación. Desde la reforma introducida por la Ley 21/2021 ya no se exige acreditar dependencia económica respecto de la persona fallecida.

Ex cónyuge separado o divorciado: tiene derecho quien fuera acreedor de la pensión compensatoria del Código Civil, siempre que esa pensión se extinga con el fallecimiento. Existen reglas especiales que permiten el acceso sin pensión compensatoria (matrimonio de larga duración, hijos comunes o tener 50 años o más, en separaciones anteriores a 2008). Las víctimas de violencia de género no necesitan haber sido acreedoras de pensión compensatoria.

Ex pareja de hecho: desde la Ley 21/2021 también puede tener derecho en términos análogos a los del ex cónyuge, cuando percibía de la persona fallecida una pensión o compensación económica que se extingue con el fallecimiento y no ha formado después un nuevo vínculo. Managora revisa cuál es su situación concreta.

El requisito de cotización depende de la situación laboral del fallecido en el momento de su muerte. Si estaba dado de alta o en situación asimilada al alta, debía haber cotizado 500 días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Si la persona fallecida no estaba en alta ni en situación asimilada, se exige un periodo mínimo de cotización de quince años a lo largo de toda su vida laboral.

No se exige ningún periodo previo de cotización cuando el fallecimiento se debe a un accidente (sea o no de trabajo) o a una enfermedad profesional. Tampoco cuando la persona fallecida ya era pensionista de jubilación o de incapacidad permanente: en ese caso el requisito se considera cumplido.

La cuantía es un porcentaje de la base reguladora del fallecido. Con carácter general se aplica el 52 por ciento. Ese porcentaje sube al 60 por ciento cuando el beneficiario tiene 65 años o más, no percibe otra pensión pública y no obtiene ingresos por trabajo ni rentas por encima del límite fijado cada año.

El porcentaje puede llegar al 70 por ciento cuando concurren a la vez tres condiciones: que el beneficiario tenga cargas familiares, que la pensión de viudedad sea su principal o única fuente de ingresos y que sus rendimientos anuales no superen el límite legal establecido. Si dejan de cumplirse esas condiciones, la pensión vuelve al porcentaje general.

La base reguladora, con carácter general (fallecimiento por enfermedad común o accidente no laboral), se obtiene dividiendo entre 28 la suma de las bases de cotización de un periodo ininterrumpido de 24 meses que elige el propio beneficiario dentro de los 15 años anteriores al fallecimiento. Cuando la muerte deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cálculo sigue otra fórmula basada en salarios reales.

Existen además cuantías mínimas garantizadas, posibles complementos a mínimos y el complemento para reducir la brecha de género. Los importes exactos y los límites de renta se actualizan cada año: puede ver el importe estimado y actualizado en la ficha del trámite.

La pensión de viudedad es compatible con las rentas del trabajo del beneficiario (por cuenta propia o ajena) y también con su propia pensión de jubilación o de incapacidad permanente. Percibir un salario o cobrar otra pensión no impide, por sí solo, tener derecho a la viudedad.

El derecho se extingue con carácter general si el beneficiario contrae nuevo matrimonio o constituye una nueva pareja de hecho, aunque la ley prevé supuestos en los que puede conservarse la pensión (por ejemplo, cuando se tiene una determinada edad, una discapacidad reconocida o la viudedad es la principal fuente de ingresos).

Conviene tener presente que el porcentaje reforzado del 70 por ciento está ligado al nivel de rentas: si los ingresos del beneficiario superan el límite anual, la pensión se ajusta al porcentaje que corresponda.

El fallecimiento que genera la viudedad suele generar también pensión de orfandad para los hijos. Con carácter general la pueden cobrar los hijos menores de 21 años, y también los hijos de cualquier edad que tengan reconocida una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

El límite de edad se amplía hasta los 25 años cuando el huérfano no trabaja o, si trabaja, sus ingresos son inferiores al salario mínimo interprofesional. En situaciones de orfandad absoluta (sin ningún progenitor) también se aplican reglas más favorables.

Cada pensión de orfandad equivale, con carácter general, al 20 por ciento de la base reguladora. En la orfandad absoluta la cuantía puede incrementarse. La suma de la viudedad y las orfandades tiene un tope conjunto sobre la base reguladora. Managora calcula y solicita la orfandad junto con la viudedad en el mismo expediente.

El derecho a la pensión de viudedad no prescribe, de modo que puede solicitarse en cualquier momento. Ahora bien, los efectos económicos solo se retrotraen a los tres meses anteriores a la solicitud: si se pide más tarde, se pierden mensualidades. Por eso es recomendable presentarla cuanto antes tras el fallecimiento.

La documentación habitual incluye el documento de identidad del solicitante (DNI o NIE), el certificado de defunción de la persona fallecida y el documento que acredita el vínculo: certificado de matrimonio, certificado de inscripción como pareja de hecho o, en el caso del ex cónyuge, la sentencia de divorcio y el convenio regulador que recoja la pensión compensatoria.

La solicitud se presenta ante el INSS por la sede electrónica de la Seguridad Social (con certificado digital o Cl@ve) o de forma presencial con cita previa. La resolución se notifica al domicilio del interesado.

Managora reúne la documentación, comprueba los requisitos de cotización, calcula la base reguladora y el porcentaje aplicable, presenta la solicitud ante el INSS en su nombre y hace el seguimiento hasta la resolución. Puede ver el importe del servicio en la ficha del trámite.