Patrocinó un evento de interés público y Hacienda lo recorta

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita

Alegaciones frente al acta de disconformidad que recorta la deducción del artículo 27.3 de la Ley 49/2002; recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra la liquidación y, por separado, contra la sanción; recurso contencioso-administrativo. Antes de declarar: solicitud de certificación al consorcio, solicitud de reconocimiento previo a la Agencia Tributaria y, si queda una duda, consulta vinculante a la Dirección General de Tributos.

Ante quién

El consorcio u órgano administrativo del acontecimiento certifica los gastos, con el voto favorable de Hacienda; la Agencia Tributaria da el reconocimiento previo y la Inspección comprueba. Contra la liquidación, reposición ante quien la dictó o reclamación ante el TEAR, o directamente ante el TEAC si la cuantía supera 150.000 euros o el acto es de un órgano central. Si se reclamó ante el TEAR por más de esa cuantía, su resolución se recurre en alzada ante el TEAC. Después, la Audiencia Nacional contra la resolución del TEAC o el Tribunal Superior de Justicia contra la del TEAR que resuelve en única instancia.

Plazo

Certificación: hasta 15 días después de que termine el acontecimiento. Reconocimiento previo: al menos 45 días naturales antes de que empiece el plazo para declarar el período en que se aplica. Alegaciones: 15 días desde el acta. Recurso: un mes desde el día siguiente a la notificación de la liquidación. Contencioso: dos meses. Hacienda puede comprobar la deducción durante 10 años desde que terminó el plazo de declarar el ejercicio en que se generó.

Quién puede

La sociedad, el empresario o profesional en estimación directa del IRPF o el no residente con establecimiento permanente que pagó la publicidad y aplicó la deducción, y su representante acreditado en el expediente.

Riesgo económico

Perder la deducción aplicada y la pendiente, ingresar la cuota con intereses de demora y una sanción que parte del 50 % (artículos 191 y 195 de la Ley General Tributaria), además de perder como gasto el patrocinio computado para el límite del 90 %.

Qué es un acontecimiento de excepcional interés público y qué se deduce

El artículo 27 de la Ley 49/2002 llama programa de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público al conjunto de incentivos fiscales que una ley concede a un acontecimiento concreto. Esa ley fija la duración del programa, de hasta tres años, y crea un consorcio o designa un órgano administrativo que lo ejecuta y certifica que los gastos se ajustan a sus planes. En ese órgano está siempre el Ministerio de Hacienda, y sin su voto favorable no hay certificación. Con los Presupuestos de 2023 prorrogados, los acontecimientos se declaran por real decreto-ley: el 8/2025, de 8 de julio, con 28 iniciativas, y el 12/2026, de 26 de mayo, con 26, ambos con los beneficios máximos del artículo 27.3.

El beneficio que interesa a la empresa es una deducción en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, que también pueden aplicar los empresarios en estimación directa del IRPF y los no residentes con establecimiento permanente: el 15 % de los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para promocionar el acontecimiento y se hagan conforme a los planes del consorcio. Si el contenido del soporte se refiere de modo esencial a la divulgación del acontecimiento, la base es el 100 % del gasto; si no, el 25 %. La certificación del consorcio tiene que decir cuál de las dos cosas es cada soporte.

El reglamento de la ley, el Real Decreto 1270/2003, concreta qué gastos sirven: material gráfico o audiovisual de distribución gratuita que haga de soporte publicitario, pabellones en ferias, campañas de publicidad del acontecimiento y espacios cedidos gratis por los medios de comunicación. La deducción tiene dos topes. No puede pasar del 90 % de las donaciones hechas al consorcio o a las entidades que ejecutan el programa, y esas donaciones ya no dan ningún otro incentivo de la ley. Y entra en el límite conjunto del artículo 39.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el 25 % de la cuota íntegra minorada, que solo sube al 50 % cuando las deducciones por I+D+i y por producciones culturales del propio período superan el 10 % de esa cuota; lo que no cabe se aplica en los 15 años siguientes. En las grandes empresas, la tributación mínima del 15 % la frena todavía más: la deducción solo se aplica hasta esa cuota mínima y el resto se arrastra.

Dos papeles y dos plazos: la certificación y el reconocimiento previo

La certificación se pide al consorcio con la documentación del gasto: sus características y finalidad, el presupuesto, la forma y los plazos de ejecución. El artículo 10 del reglamento cierra el plazo 15 días después de que termine el acontecimiento, y el certificado debe identificar al solicitante, describir el gasto y su importe, confirmar que encaja en los planes del consorcio y calificar el soporte como esencial o no. El consorcio tiene dos meses para notificar; si no lo hace, el requisito se entiende cumplido y la empresa sigue adelante con la copia sellada de su solicitud.

Con el certificado se pide a la Agencia Tributaria el reconocimiento previo del artículo 9 del reglamento, al menos 45 días naturales antes de que empiece el plazo para declarar el período en que se aplica la deducción. En una sociedad cuyo ejercicio coincide con el año natural, el Impuesto sobre Sociedades se declara del 1 al 25 de julio, así que la solicitud tiene que estar presentada, como tarde, el 17 de mayo. La Agencia resuelve en 30 días naturales y, si no notifica, el reconocimiento se entiende otorgado. La Dirección General de Tributos ha repetido en sus consultas que la certificación y el reconocimiento previo son condición necesaria de la deducción.

Lo que nadie le cuenta: ninguno de los dos papeles cierra la discusión. El artículo 27.4 de la ley y el artículo 7.3 del reglamento permiten a la Administración comprobar después los requisitos y regularizar, y la Dirección General de Tributos incluye en esa comprobación la valoración y la cuantificación de la base. Además, el consorcio remite cada trimestre a la Agencia Tributaria copia de los certificados que expide, de modo que la Inspección sabe qué se ha certificado antes de abrir el expediente. Por eso conviene pedir la certificación ejercicio a ejercicio, con el desglose de cada soporte, y no apurar el plazo final.

La base del 15 %: el coste total del soporte, no el del logotipo

Durante años la Inspección solo admitía como base el sobrecoste de insertar el logotipo del acontecimiento en el envase o en el anuncio. El Tribunal Supremo cambió el criterio en sus sentencias de 20 y 21 de julio de 2021, y abandonó el más restrictivo que había fijado en 2017: la base es el coste de la actuación publicitaria en su conjunto, porque la norma no distingue soportes ni exige que el gasto sea adicional. La STS 1316/2022, de 17 de octubre (rec. 6439/2020), lo aplicó a los envases con el logotipo, y las SSTS 687/2022 y 1454/2022 siguen la misma línea.

La STS 1006/2024, de 6 de junio (rec. 7476/2022), dio un paso más. La Abogacía del Estado sostenía que el producto que se vende no puede ser soporte publicitario de distribución gratuita, y que la base debía limitarse a envases, envoltorios u otros elementos separables. El Supremo desestimó su recurso porque el manual de identidad aprobado por el consorcio admitía ese producto como soporte y fijaba como base sus costes de diseño y fabricación, y los certificados del consorcio lo confirmaban. La sentencia relativizó además la aparente desproporción a la vista de lo que la empresa había aportado al acontecimiento en donaciones y patrocinio.

De ahí sale la prueba que decide este frente: el manual de identidad y cada modificación aprobada por el consorcio, los acuerdos que fijan la base y los certificados con su calificación. La defensa es débil cuando el soporte no estaba previsto en el manual, cuando el certificado lo calificó como no esencial y la empresa aplicó el 100 %, o cuando se incluyen gastos que no son del soporte. La Dirección General de Tributos, por ejemplo, ha excluido de la base el coste de distribuir los folletos, y ha incluido el canon pagado por usar el logotipo en los objetos publicitarios.

El patrocinio que cuenta para el 90 % no se resta además como gasto

El límite del 90 % se mide sobre donaciones, y lo pagado como patrocinio no lo es: la Dirección General de Tributos dijo en la consulta V0304-11 que el patrocinio pagado a un consorcio no es una donación pura y simple, porque el patrocinador obtiene una utilidad. Pero hay normas que declaran acontecimientos y establecen que lo pagado como patrocinio al consorcio o a las entidades del programa se tiene en cuenta para calcular ese límite, y algunas añaden que no es gasto deducible en la base imponible. Para una de ellas, la del Bicentenario de la Constitución de 1812, esa misma consulta añadió que el patrocinio podría ser gasto deducible, algo que el Supremo ha descartado después. La primera pregunta del caso es, por tanto, qué dice la norma de su acontecimiento.

Cuando la norma computa el patrocinio para el límite, el Tribunal Supremo ha resuelto que se deduce en la cuota, dentro de los límites del artículo 27.3, y no en la base imponible, aunque la norma no lo diga expresamente. Lo fijó la sentencia de 27 de febrero de 2024 (rec. 6768/2022) y lo reiteró la STS 1006/2024: si la ley equipara esos pagos a donaciones para hacer posible la deducción, no pueden dejar de serlo para restarse como gasto, y la Ley del Impuesto sobre Sociedades no admite como gasto los donativos (artículo 15.e). Restar el patrocinio y además deducir sobre él sería, dice el Supremo, una doble deducción.

En una inspección esto significa que la parte del patrocinio restada como gasto está casi siempre perdida, y que el esfuerzo debe ir a la base del 15 % y a la sanción. Si la norma no computa el patrocinio, el problema es el contrario: sin donaciones no hay límite sobre el que aplicar la deducción, y una donación que sirve de límite pierde los demás incentivos de la ley. Cómo elegir entre donativo, convenio de colaboración y patrocinio antes de firmar lo explicamos en «Su empresa financia cultura: donativo, convenio o patrocinio».

Diez años para comprobar, y una inspección con sus propios plazos

El derecho a liquidar prescribe a los cuatro años, pero las deducciones aplicadas o pendientes se pueden comprobar durante diez años desde que terminó el plazo de declarar el ejercicio en que se generaron (artículo 66 bis.2 de la Ley General Tributaria y artículo 39.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades). Una deducción generada en 2022 que se arrastra durante años puede revisarse mucho después, aunque la corrección solo surte efecto en los ejercicios no prescritos. Pasados esos diez años, quien la aplica la acredita con la autoliquidación y la contabilidad depositada en el Registro Mercantil.

La inspección dura 18 meses, o 27 si la cifra de negocios obliga a auditar las cuentas o se comprueba un grupo fiscal (artículo 150 de la Ley General Tributaria). Si termina con un acta de disconformidad, hay 15 días para alegar ante el órgano competente para liquidar, y es ahí donde entran el manual de identidad, los acuerdos del consorcio, los certificados y el cálculo alternativo de la deducción. Cómo se lleva una inspección de principio a fin lo contamos en «Le han abierto una inspección de Hacienda: cómo defenderse».

Contra la liquidación cabe recurso de reposición potestativo o reclamación económico-administrativa, ambos en un mes desde el día siguiente a la notificación. La reclamación va al TEAR, o directamente al TEAC si la cuantía supera 150.000 euros, o 1.800.000 si se discuten bases o valoraciones, o si el acto es de un órgano central; el tribunal tiene un año para resolver. Si se reclamó ante el TEAR por más de esas cuantías, su resolución se recurre en alzada ante el TEAC en un mes. Después, dos meses para el contencioso: ante la Audiencia Nacional contra el TEAC, ante el Tribunal Superior de Justicia contra el TEAR que resuelve en única instancia. El intento previo de negociación de la Ley Orgánica 1/2025 no se exige en ninguna de estas vías. La liquidación se suspende si se garantiza, y la sanción recurrida, sin garantía.

La sanción, y el contrato y el calendario que lo habrían evitado

Si la deducción indebida dejó de ingresar cuota, la sanción es la del artículo 191 de la Ley General Tributaria: el 50 % si es leve, del 50 al 100 % si es grave. Si solo se acreditó una deducción para ejercicios futuros, es la del artículo 195: el 50 % de lo acreditado en cuota. Pero no hay sanción cuando se actuó con la diligencia necesaria, en particular con una interpretación razonable de la norma (artículo 179.2.d). Un gasto certificado por un consorcio con voto favorable de Hacienda, con reconocimiento previo, y declaraciones presentadas antes de que el Supremo fijara su criterio sobre el patrocinio en febrero de 2024, son argumentos serios. Lo desarrollamos en «Le sancionan por un error: anular la sanción por falta de culpa».

La mayoría de estos conflictos se decide antes de firmar. El contrato con el consorcio debe decir si lo que se paga es donación o patrocinio y qué recibe la empresa a cambio, y hay que leerlo con la norma del acontecimiento delante para saber si el patrocinio cuenta para el 90 %. Cada soporte tiene que estar previsto en el manual de identidad, con su base fijada, antes de producirse; si es nuevo, se pide antes la modificación del manual. Y el calendario se fija desde el principio: certificación por ejercicios, reconocimiento previo con 45 días de margen y, si queda una duda, consulta vinculante a la Dirección General de Tributos antes de que acabe el plazo de declarar, que se contesta en seis meses y vincula a la Administración con el consultante mientras no cambien los hechos, la norma ni la jurisprudencia.

En Managora el despacho revisa la norma del acontecimiento y el manual del consorcio antes de que la empresa se adhiera, redacta o revisa el contrato, prepara las solicitudes de certificación y de reconocimiento previo y, si hace falta, la consulta a la Dirección General de Tributos. Nuestro abogado colegiado es colaborador social de la Agencia Tributaria: presenta en nombre de la empresa, con su representación, sin pedirle nunca su certificado digital ni su Cl@ve. Si la Inspección ya ha llegado, lleva las alegaciones, la reclamación ante el TEAR o el TEAC y el contencioso, y coordina la prueba pericial sobre el coste de los soportes cuando la discusión es de cifras.

Cómo lo llevamos, paso a paso

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   Lectura del acta y de la norma del acontecimiento

   Se leen el acta, el informe ampliatorio y la norma que declaró el acontecimiento: duración del programa, si computa el patrocinio para el límite del 90 % y si lo excluye de la base imponible. Con eso se separa lo que el Supremo ya ha resuelto de lo que se puede discutir.

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   Reconstrucción del expediente del consorcio

   Se reúnen el manual de identidad con sus modificaciones, los acuerdos del consorcio, las solicitudes de certificación con su fecha de registro, los certificados y el reconocimiento previo o la prueba del silencio. Lo que falte se pide al consorcio con la representación de la empresa.

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   Cálculo alternativo de la deducción

   Se recalcula soporte por soporte: coste total, base del 100 % o del 25 % según el certificado, tope del 90 % de las donaciones, límite conjunto del artículo 39.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y arrastre a ejercicios siguientes. Ese cálculo acompaña a las alegaciones.

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   Alegaciones en quince días

   Frente al acta de disconformidad se presentan alegaciones ante el órgano competente para liquidar, con la doctrina del Supremo sobre la base, la prueba documental y, si se discute la cifra, el informe del perito de costes que coordina el despacho.

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   Reclamación contra la liquidación y la sanción

   En el mes siguiente a la notificación se presenta reposición o reclamación ante el TEAR o el TEAC, con la suspensión de la liquidación mediante garantía. La sanción se recurre por separado y se suspende sin garantía, con el argumento de la diligencia del artículo 179.2.d).

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   Contencioso y planificación de los ejercicios siguientes

   Si el TEAR desestima en primera instancia, hay un mes para la alzada ante el TEAC; si desestima el TEAC, o el TEAR en única instancia, quedan dos meses para la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia. En paralelo se ordenan los ejercicios que quedan por declarar: certificaciones, reconocimientos previos y, si hay duda, consulta vinculante.

La norma aplicable

• Art. 27 Ley 49/2002. Regula los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público: los declara una ley, duran hasta tres años y los ejecuta un consorcio con Hacienda, cuyo voto es necesario para certificar. Da una deducción del 15 % de los gastos de publicidad de proyección plurianual, con base del 100 % o del 25 % según el soporte sea esencial o no, con tope del 90 % de las donaciones y dentro del límite conjunto de deducciones, y permite a la Administración comprobar y regularizar. BOE-A-2002-25039
• Arts. 7, 8 y 9 RD 1270/2003. Exigen el reconocimiento previo de la Agencia Tributaria, sin perjuicio de su comprobación posterior; enumeran los gastos de publicidad que dan derecho a la deducción y la regla del 100 % o del 25 %; y fijan la solicitud de reconocimiento al menos 45 días naturales antes del plazo de declaración, con la certificación del consorcio, resuelta en 30 días con silencio positivo. BOE-A-2003-19571
• Arts. 10 y 11 RD 1270/2003. Regulan la solicitud de certificación al consorcio, que se presenta hasta 15 días después de que termine el acontecimiento, su contenido mínimo con la calificación de esencial o no del soporte, el plazo de dos meses con silencio que da por cumplido el requisito, y la remisión trimestral de los certificados a la Agencia Tributaria. BOE-A-2003-19571
• Arts. 1 a 3 RDL 12/2026. Declara 26 iniciativas acontecimientos de excepcional interés público con los beneficios máximos del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, fija la duración de cada programa y remite la certificación de los gastos a ese artículo y a los planes de cada órgano competente. BOE-A-2026-11397
• Arts. 15.e) y 39 LIS. El artículo 15.e) excluye como gasto deducible los donativos y liberalidades. El artículo 39 limita las deducciones por actividades al 25 % de la cuota íntegra minorada, o al 50 % cuando las de I+D+i y producciones culturales del período superan el 10 %, y permite aplicar lo no deducido en los 15 años siguientes. BOE-A-2014-12328
• Arts. 66 bis y 150 LGT. El artículo 66 bis permite comprobar durante diez años las deducciones aplicadas o pendientes, contados desde el fin del plazo de declarar el ejercicio en que se generaron. El artículo 150 fija la duración de la inspección en 18 meses, o 27 en los supuestos que enumera. BOE-A-2003-23186
• Arts. 179, 191 y 195 LGT. El artículo 179.2.d) excluye la sanción cuando se actuó con la diligencia necesaria, como al amparo de una interpretación razonable. El 191 sanciona dejar de ingresar con multas del 50 % al 150 % según la gravedad, y el 195 sanciona acreditar deducciones improcedentes para el futuro con el 50 % si son en cuota y el 15 % si son en base. BOE-A-2003-23186

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

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