Tope de precios en emergencias: el Real Decreto-ley 32/2026 obliga a devolver lo cobrado de más

El artículo 9 del Real Decreto-ley 32/2026 añade un artículo 20 ter al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). En contextos de urgencia, riesgo o necesidad, el precio final de los bienes y servicios afectados no puede superar el precio máximo al que se ofertaron, o se ofertaron otros de naturaleza análoga, durante los treinta días previos a la situación sobrevenida.

Si ese precio máximo era más de un 50 % superior al precio medio de esos treinta días, la referencia pasa a ser el precio medio incrementado en un 50 %. En los bienes y servicios de marcado carácter estacional se puede tomar el precio del mismo periodo del año anterior actualizado con el Índice de Precios al Consumo. En los servicios con tarifas reguladas o fijadas por contrato con la Administración se entiende cumplido el tope.

Hasta ahora, la ley solo impedía que subiera en esas situaciones el precio personalizado mediante decisiones automatizadas en las ventas a distancia o fuera del establecimiento. El real decreto-ley retira esa previsión del artículo 20 y reúne todos los límites de precio en emergencias en el nuevo artículo 20 ter.

El límite se aplica tras la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, que regula la Ley 17/2015 y aprueba el Consejo de Ministros. También puede aplicarse en situaciones de urgencia derivadas de un accidente, una emergencia técnica o fuerza mayor cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros, que fija las fechas de inicio y fin y los bienes o servicios afectados.

Si una empresa incumple el tope, el consumidor tiene derecho a la devolución automática de cualquier cantidad cobrada en exceso sobre el precio máximo aplicable, sin perjuicio del régimen sancionador. La norma sí permite subidas que respondan a un aumento acreditable de los costes o que sean necesarias para poner en el mercado nuevos bienes o servicios que ayuden a compensar la alteración de la oferta y la demanda.

Para los negocios que venden a consumidores, como alojamientos, comercios o empresas de transporte, esto supone revisar sus precios en cuanto se active una emergencia. Conviene que conserven la prueba de los precios aplicados en los treinta días anteriores y de cualquier aumento de costes que justifique una subida.

El real decreto-ley aplica el artículo 20 ter a los servicios afectados por el accidente ferroviario del 28 de octubre de 2026 en Urda (Toledo), en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, y a las conexiones ferroviarias que sigan suspendidas por ese motivo. El tope rige desde el 4 hasta el 10 de noviembre de 2026 y el Consejo de Ministros puede prorrogarlo.

Las limitaciones que puedan afectar a la libertad de precios del transporte aéreo o de otras modalidades de transporte sujetas al Derecho de la Unión Europea no se aplicarán hasta que la Comisión Europea lo autorice de forma expresa.

Pueden recibirlas los viajeros, maquinistas, personal en formación y personal de a bordo de los trenes siniestrados que resultaron heridos o fallecidos. En caso de fallecimiento, la ayuda corresponde al cónyuge no separado legalmente o a la pareja que convivía de forma permanente con la persona fallecida durante al menos los dos años anteriores (si tenían hijos en común, basta la convivencia inmediatamente anterior al fallecimiento), y a los hijos del fallecido, así como a los hijos del cónyuge o de la pareja si son menores de edad o, siendo mayores, dependían económicamente del fallecido; en su defecto, por este orden, a los padres, a los abuelos y a los hermanos. El importe es de 72.121,46 euros por persona fallecida y, por lesiones, de 2.404,04 a 84.141,7 euros según las 14 categorías del baremo del Seguro Obligatorio de Viajeros.

Además, dentro del mismo procedimiento, se puede pedir una ayuda adicional del mismo importe como anticipo de la indemnización por responsabilidad civil: el Estado se subroga en ese crédito y la víctima no tiene que devolver nada si la indemnización final es menor. Las ayudas no son reembolsables, están exentas del IRPF y son compatibles con los seguros y con las indemnizaciones del Reglamento (UE) 2021/782 sobre derechos de los viajeros de ferrocarril.

La Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible publicará una resolución con el procedimiento, y desde esa publicación habrá tres meses para pedir la ayuda, ampliables por causas justificadas. La concesión se notificará en un máximo de seis meses desde el fin del plazo de solicitudes y se pagará en un único pago. La norma prevé también oficinas de atención integral a las víctimas para facilitar la solicitud.

No. Según la disposición adicional tercera, las personas trabajadoras que no hayan podido acudir presencialmente a su puesto o empezar a trabajar con puntualidad por el accidente o por las alteraciones del servicio ferroviario no pueden ser sancionadas por la empresa ni sufrir perjuicio alguno en su relación laboral. La norma prevé además justificantes acreditativos de esas incidencias.