Control de inversiones extranjeras: consulta previa y solicitud de autorización

Base legal y a tener en cuenta

• Quién necesita autorización: quien reside fuera de la Unión Europea y de la AELC, o una sociedad de la UE o española controlada desde fuera en más del 25 %, que pase a tener el 10 % o el control de una sociedad española que opere en infraestructuras críticas, tecnologías críticas o de doble uso, suministro de energía, agua, materias primas o alimentos, acceso a información sensible o medios de comunicación. Si quien invierte depende de un Gobierno de fuera de la UE, o tiene ciertos antecedentes, el control alcanza a cualquier sector (Ley 19/2003, art. 7 bis; Real Decreto 571/2023, arts. 14 a 16).
• Inversores de la UE y de la AELC: hasta el 31 de diciembre de 2026 también necesitan autorización si invierten en esos sectores en una sociedad cotizada en España o, si no cotiza, por más de 500 millones de euros (Real Decreto-ley 34/2020, disposición transitoria única).
• Exenciones: las inversiones en sociedades con una cifra de negocios de hasta 5 millones de euros en el último ejercicio cerrado, salvo en infraestructuras críticas, en ciertos operadores de telecomunicaciones, en la minería de materias primas estratégicas y cuando su tecnología se desarrolló con programas públicos de especial interés; ciertas inversiones en el sector energético; los inmuebles que no sirven a una infraestructura crítica, y las colocaciones transitorias de acciones. Cuando quien invierte depende de un Gobierno de fuera de la UE, la exención por cifra de negocios hay que estudiarla caso por caso. No es inversión sujeta la reorganización dentro de un grupo ni el aumento de quien ya tiene más del 10 % sin cambiar el control (Real Decreto 571/2023, arts. 14.3 y 17).
• No hay exención general por importe: la de las operaciones de menos de 1 millón de euros era transitoria y no la recoge el Real Decreto 571/2023. Si su caso depende de ella, la consulta previa lo aclara con una respuesta vinculante.
• Consulta previa: la responde la Dirección General en un máximo de 30 días hábiles, con informe favorable de la Junta de Inversiones Exteriores, y su respuesta vincula a la Administración frente a quien consulta. Es confidencial. Mientras se tramita no se puede pedir la autorización, y si no llega en plazo no significa que no haga falta: solo que ya se puede pedir (Real Decreto 571/2023, art. 9).
• Autorización: resuelve la Dirección General de Política Comercial y Seguridad Económica si la inversión es de hasta 5 millones de euros, y el Consejo de Ministros por encima, en ambos casos con informe de la Junta de Inversiones Exteriores, en un máximo de 3 meses; si no resuelve, la solicitud se entiende denegada. Puede autorizar sin condiciones, autorizar con condiciones o compromisos, o denegar (Ley 19/2003, art. 6.2; Real Decreto 571/2023, arts. 11 y 14).
• En 2024 el Ministerio recibió 167 solicitudes. De las que informó la Junta, 94 operaciones estaban sujetas: 85 se autorizaron sin condiciones, 8 con condiciones y 1 se denegó; otras 42 se archivaron por no estar sujetas.
• Sin autorización, la operación no tiene validez ni efectos jurídicos y el inversor no puede ejercer sus derechos económicos ni políticos en la sociedad hasta legalizarla. Además es una infracción muy grave: multa de al menos 30.000 € y hasta el importe de la operación, con amonestación pública o privada (Ley 19/2003, arts. 7 bis.5, 8 y 9; Real Decreto 571/2023, art. 11.1.a).
• Con la autorización, la inversión se hace en el plazo que fije la resolución o, si no fija ninguno, en 6 meses, prorrogables una sola vez por otros 6 si se piden antes de que venzan. Los cambios en la operación se comunican, y uno sustancial obliga a pedir de nuevo la autorización. Hecha la inversión, se declara al Registro de Inversiones en el plazo de un mes (Real Decreto 571/2023, art. 11.1; Orden ECM/57/2024, art. 12).
• Defensa, armas, cartuchería, pirotecnia y explosivos tienen su propio régimen de autorización, con otros órganos y otras excepciones (Real Decreto 571/2023, arts. 18 y 19).
• Desde el 17 de enero de 2028 se aplica el Reglamento (UE) 2026/1386, que sustituye al marco europeo actual y obliga a revisar el régimen español: autorización obligatoria en más sectores y revisión de oficio de operaciones ya cerradas.