Refinanció la revolving y le dicen que ya no puede reclamar

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita

Acción de nulidad del contrato de crédito revolving originario por usura y, de forma subsidiaria, de su cláusula de interés por falta de transparencia, con extensión de esa nulidad al documento de refinanciación, a la novación o al préstamo de reunificación que lo sustituyó, declaración de ineficacia de la renuncia de acciones y reclamación de lo cobrado por encima del capital dispuesto.

Ante quién

La sección Civil del Tribunal de Instancia del domicilio del consumidor, con apelación ante la Audiencia Provincial. Si la entidad se ha adelantado y le reclama el saldo del préstamo nuevo, la misma defensa se opone dentro de ese procedimiento.

Plazo

La nulidad radical no caduca ni prescribe, y la refinanciación no le pone fecha de caducidad. Lo que sí tiene plazo es el dinero: la devolución es acción personal de cinco años del artículo 1964.2 del Código Civil y en la revolving nace respecto de cada pago mensual, de modo que se recupera lo pagado de más en los cinco años anteriores a la reclamación. A ese cómputo se le suman ochenta y dos días si atraviesa la suspensión de plazos de 2020. Firmar la refinanciación no reinicia ese plazo ni devuelve a la vida lo que ya quedó fuera.

Quién puede

Quien firmó el contrato originario, aunque el documento nuevo lo firmara solo uno de los titulares. También los cotitulares y el avalista que quedó atrapado en el préstamo de reunificación, y los herederos del titular fallecido que responden de la deuda.

Riesgo económico

La entidad opondrá la renuncia firmada, la confirmación del contrato y los actos propios de quien siguió pagando la cuota nueva. Ninguna de esas defensas sana una nulidad de pleno derecho, pero alargan el pleito y conviene desactivarlas por escrito desde el primer requerimiento. El riesgo económico real es el de siempre: pedir solo la usura cuando el diferencial se queda corto y exponerse a las costas, de ahí que la falta de transparencia vaya siempre detrás.

Lo nulo no se nova, porque no hay nada que sustituir

El argumento de la entidad suena razonable y es falso. Parte de tratar la refinanciación como un contrato nuevo que borra al anterior, cuando lo que el Código Civil regula es otra cosa. El artículo 1204 exige, para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, que así se declare terminantemente o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles. Es decir, la novación presupone una obligación viva que se extingue y otra que ocupa su lugar.

El artículo 1208 cierra el razonamiento: la novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva. Si el crédito revolving era usurario, nunca existió como obligación válida, y lo que se pretendió novar era un vacío. La excepción que el propio artículo contempla, la ratificación que convalida los actos nulos en su origen, no alcanza a la nulidad de pleno derecho: solo se confirma lo anulable, no lo radicalmente nulo.

Detrás está el artículo 6.3 del Código Civil, que declara nulos de pleno derecho los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto. La ley de 1908 es imperativa y su efecto es precisamente la nulidad del contrato, no su anulabilidad. Por eso el paso del tiempo, la firma posterior y el pago de cincuenta cuotas nuevas no convalidan nada.

La renuncia de acciones que le colaron dentro del acuerdo

Casi todos esos documentos llevan la misma línea: el cliente reconoce la deuda, se da por informado y renuncia a ejercitar cualquier acción relativa al contrato. El artículo 6.2 del Código Civil ya pone el primer límite, porque la renuncia a los derechos reconocidos por la ley solo es válida cuando no contraría el interés o el orden público ni perjudica a terceros. La protección del consumidor frente a la usura no es un derecho disponible en una llamada de cinco minutos.

El segundo límite es el de las cláusulas abusivas. El artículo 82.1 del texto refundido de la ley de consumidores considera abusiva toda estipulación no negociada individualmente que, contra las exigencias de la buena fe, cause en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes, y su apartado 4.b) señala en todo caso las que limiten los derechos del consumidor. Una renuncia en bloque a acciones que el consumidor ni siquiera sabía que tenía es el ejemplo de manual.

La carga de la prueba juega a su favor. El artículo 82.2 impone al empresario que afirme que una cláusula fue negociada individualmente la carga de acreditarlo, y el artículo 3.2 de la Directiva 93/13 lo dice con las mismas palabras. Frente a un documento preimpreso firmado en una oficina o aceptado con un código por mensaje, esa carga no se levanta. Y si la renuncia cae, el artículo 83 la tiene por no puesta y el contrato sigue siendo obligatorio en lo demás si puede subsistir sin ella.

Refinanciar no reinicia el reloj de lo que usted reclama

Aquí es donde se pierde dinero de verdad. La nulidad se puede pedir siempre, pero la devolución es una acción personal sometida al plazo de cinco años del artículo 1964.2 del Código Civil, que corre desde que pudo exigirse el cumplimiento. En un crédito de tracto continuado eso se traduce en que cada cuota tiene su propio vencimiento y su propio plazo, así que solo vuelve lo pagado de más en los cinco años anteriores a la reclamación, con ochenta y dos días más si el cómputo atraviesa la suspensión de plazos de 2020.

La consecuencia práctica es incómoda y hay que decirla: firmar la refinanciación y esperar dos años más no mejora su posición, la empeora. Por un extremo no gana nada, porque la novación no abre un plazo nuevo para reclamar lo viejo. Por el otro pierde veinticuatro mensualidades del periodo recuperable. Cada mes de espera es un mes de pagos que se cae por el fondo del cálculo.

El movimiento contrario sí existe y conviene hacerlo pronto. El artículo 1973 del Código Civil interrumpe la prescripción por el ejercicio de la acción ante los tribunales y por la reclamación extrajudicial, de modo que un requerimiento escrito y fechado a la entidad congela el periodo recuperable mientras se prepara la demanda. Ese mismo artículo explica el otro lado del tablero: al reconocer la deuda en el documento de refinanciación, usted interrumpió la prescripción de lo que la entidad le reclama a usted.

El préstamo nuevo lleva dentro los intereses usurarios viejos

Mire el principal del préstamo de reunificación y compárelo con lo que usted dispuso alguna vez con la tarjeta. Casi nunca coinciden. Ese principal se formó sumando el saldo que arrastraba la revolving, y ese saldo era capital dispuesto más intereses al veinticuatro por ciento más comisiones por impago más la prima del seguro asociado. La refinanciación convierte todo eso en capital nuevo y vuelve a cobrarle intereses encima. Es el mismo dinero cobrado dos veces.

El artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura da la regla para deshacerlo, y es aritmética, no retórica: declarada la nulidad, el prestatario entrega tan solo la suma recibida y, si ya satisfizo parte de ella y los intereses vencidos, el prestamista devuelve lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado. La suma recibida es el dinero que salió de la tarjeta a su bolsillo o a un comercio, nunca el número que aparece en el contrato de refinanciación.

De ahí sale el cálculo que se lleva a la demanda. En una columna, todas las disposiciones reales desde el primer día. En la otra, todos los pagos hechos a la tarjeta y todos los pagos hechos después al préstamo nuevo, que son pagos del mismo asunto aunque lleven otro número de contrato. La diferencia es lo que se reclama o la deuda que desaparece. En contratos de ocho o diez años con una refinanciación por medio, el resultado suele ser un saldo a favor del cliente.

La comparación se hace con el año del contrato, no con hoy

La usura se mide comparando la tasa anual equivalente pactada con el tipo medio que el Banco de España publicaba para tarjetas de pago aplazado y crédito revolving en la fecha del contrato, y la doctrina del Tribunal Supremo considera usurario el que supera esa media en más de seis puntos porcentuales. No hay un umbral fijo ni un número mágico: hay una media que cambia cada año y un diferencial de seis puntos sobre ella.

Con una refinanciación por medio, la fecha correcta es la del contrato originario, que es el que se ataca. Medir contra la media del año en que se firmó el documento nuevo, o peor aún contra la media de hoy, convierte un caso ganado en un caso perdido, porque esa media lleva años bajando y el diferencial se calcula al revés. Es el error más caro de este bloque y no se ve hasta que la sentencia llega.

Cuando el diferencial se queda corto entra la segunda vía, que es autónoma. El artículo 83 del texto refundido declara nulas de pleno derecho las condiciones incorporadas de modo no transparente en perjuicio de los consumidores, y el artículo 4.2 de la Directiva 93/13 solo blinda del control de contenido a las cláusulas sobre el objeto principal y el precio cuando están redactadas de manera clara y comprensible, mientras que su artículo 5 exige esa claridad en todas. Un sistema en el que la cuota se recalcula sola y el capital se recompone con cada disposición rara vez supera ese listón.

Las dos vías viajan en la misma demanda porque no acaban igual. La usura tumba el contrato entero y usted entrega tan solo la suma recibida, con el arrastre del artículo 1208 sobre la refinanciación. La falta de transparencia no tumba el contrato, sino su cláusula de interés: el crédito sobrevive sin coste, y lo que queda en discusión es el principal del préstamo nuevo, formado capitalizando unos intereses que ya no existen. Por eso la transparencia va detrás de la usura y nunca en lugar de ella.

Cómo lo llevamos, paso a paso

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   Pedimos los dos contratos y el documento que firmó en medio

   Requerimos a la entidad el contrato originario de la tarjeta, la información precontractual, el documento de refinanciación completo con sus condiciones generales y el contrato del préstamo de reunificación. Sin el papel de en medio no se puede atacar la renuncia, y es justo el que la entidad no suele entregar a la primera.

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   Datamos y desmontamos la renuncia de acciones

   Fijamos cómo se firmó, en qué soporte, cuánto duró la llamada y qué se le explicó. Si la renuncia viaja en un formulario preimpreso o en un código recibido por mensaje, la entidad tendrá que acreditar que fue negociada individualmente y que usted sabía a qué renunciaba, y casi nunca puede.

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   Rehacemos el cálculo desde la primera disposición

   Sumamos todo lo dispuesto con la tarjeta frente a todo lo pagado a la tarjeta y al préstamo nuevo, separando intereses, comisiones y primas de seguro, y aislamos el interés que se capitalizó dentro del principal refinanciado. Esa cifra es la cuantía del pleito y el argumento que más pesa en una negociación.

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   Comparamos la TAE original con la media de aquel año

   Localizamos la tasa anual equivalente del contrato originario y la contrastamos con la estadística del Banco de España para ese producto y ese periodo, no con la de hoy. Esa comparación decide si el caso entra por usura, por falta de transparencia o por las dos, que es lo habitual.

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   Requerimos por escrito y congelamos el periodo recuperable

   Presentamos reclamación motivada al servicio de atención al cliente, dejando constancia de la fecha, y comunicamos que la deuda está discutida. Eso interrumpe la prescripción de lo que usted reclama, frena la presión de cobro y permite oponerse a la anotación en un fichero de solvencia mientras el asunto se discute.

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   Demandamos la nulidad en cadena, contrato viejo primero

   La demanda pide la nulidad del contrato originario por usura, subsidiariamente la de su cláusula de interés por falta de transparencia, y arrastra a la refinanciación por aplicación del artículo 1208 del Código Civil, con la devolución del exceso y la cancelación de cualquier anotación de impago derivada de esa deuda.

La norma aplicable

• Art. 6 CC. Su apartado 2 solo admite la renuncia a los derechos reconocidos por la ley cuando no contraría el interés o el orden público ni perjudica a terceros, y su apartado 3 declara nulos de pleno derecho los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto. BOE-A-1889-4763
• Art. 1204 CC. Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles, de modo que la novación presupone una obligación anterior válida. BOE-A-1889-4763
• Art. 1208 CC. La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solo pueda ser invocada por el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. Es el artículo que impide sanear con una refinanciación un crédito usurario. BOE-A-1889-4763
• Art. 1964.2 CC. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación, y en las obligaciones continuadas de hacer o no hacer el plazo comienza cada vez que se incumplan. Es el plazo que limita cuánto dinero vuelve, porque cada pago mensual pudo exigirse en su propia fecha. BOE-A-1889-4763
• Art. 1973 CC. La prescripción se interrumpe por el ejercicio de la acción ante los tribunales, por la reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor, que es lo que hace quien firma un documento de refinanciación. BOE-A-1889-4763
• Art. 1 de la Ley de Represión de la Usura. Declara nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, y declara también nulo aquel en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada. BOE-A-1908-5579
• Art. 3 de la Ley de Represión de la Usura. Declarada la nulidad, el prestatario está obligado a entregar tan solo la suma recibida, y si hubiera satisfecho parte de ella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado. BOE-A-1908-5579
• Art. 9 de la Ley de Represión de la Usura. Aplica la ley a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía ofrecida, lo que alcanza tanto a la tarjeta revolving como al préstamo de reunificación que la sustituye. BOE-A-1908-5579
• Art. 82 TRLGDCU. Considera abusivas las estipulaciones no negociadas individualmente que, contra la buena fe, causen en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante, impone al empresario la carga de probar que una cláusula se negoció individualmente y señala en todo caso las que limiten los derechos del consumidor. BOE-A-2007-20555
• Art. 83 TRLGDCU. Las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho y se tienen por no puestas, subsistiendo el contrato en los mismos términos si puede vivir sin ellas, y su segundo párrafo declara nulas de pleno derecho las condiciones incorporadas de modo no transparente en perjuicio de los consumidores. BOE-A-2007-20555
• Art. 85 TRLGDCU. Son abusivas las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario, y en todo caso las que le reserven facultades de interpretación o de modificación unilateral, salvo motivos válidos especificados en el contrato, con reglas propias para los servicios financieros. BOE-A-2007-20555
• Arts. 4.2 y 5 de la Directiva 93/13/CEE. El artículo 4.2 excluye del control de abusividad las cláusulas sobre el objeto principal y el precio solo si se redactan de manera clara y comprensible, y el artículo 5 exige esa redacción clara y comprensible en todas, con la interpretación más favorable al consumidor en caso de duda. 31993L0013

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

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