Quitar la pensión compensatoria a su ex: cuándo se extingue

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita

Demanda de modificación de medidas definitivas del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se declare extinguida la pensión compensatoria por una causa del artículo 101 del Código Civil o, subsidiariamente, se reduzca o se limite en el tiempo por alteración de la fortuna del artículo 100, con petición de suspensión provisional del pago mientras se decide.

Ante quién

La sección de familia del Tribunal de Instancia que acordó las medidas definitivas, o su sección civil donde no haya sección especializada, por las reglas del artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o del 777 si hay acuerdo. Antes hay que intentar un medio adecuado de solución de controversias (art. 5 LO 1/2025), salvo que exista violencia de género o sexual entre las partes.

Plazo

No hay caducidad ni prescripción: la extinción puede pedirse mientras la pensión esté vigente y la causa subsista. Lo que depende de la causa es desde cuándo surte efecto: por nuevo matrimonio o convivencia marital del acreedor, desde el día en que se produce el hecho, según el Tribunal Supremo; por cese de la causa o alteración de fortuna, solo hacia adelante. Lo que usted deje de pagar mientras tanto se le puede reclamar durante cinco años (art. 1966 CC).

Quién puede

Demanda el excónyuge obligado al pago y se demanda al excónyuge que la cobra. La muerte del deudor no extingue la pensión por sí sola: sus herederos pueden pedir la reducción o la supresión si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima (art. 101 CC).

Riesgo económico

Si no se prueba la causa, la demanda se desestima, la pensión sigue intacta y cabe condena en costas, además del coste adelantado del detective o de la pericial. Si ha dejado de pagar antes de la sentencia, se expone a una ejecución con multas coercitivas, a que su sueldo se embargue por encima de los límites ordinarios si su ex acredita necesidad (arts. 776 y 608 LEC) y al delito del artículo 227 del Código Penal.

Dejar de pagar por su cuenta es la forma más rápida de perder

La intuición suele ser la misma: si el artículo 101 del Código Civil dice que el derecho a la pensión se extingue cuando el acreedor contrae nuevo matrimonio o vive maritalmente con otra persona, basta con dejar de pagar. No es así. La sentencia o el convenio aprobado que fijó la pensión es un título que se ejecuta mientras otra resolución no diga lo contrario, y a su ex le basta con acreditar que usted no ha ingresado para pedir el embargo. La causa de extinción es algo que hay que hacer valer ante el tribunal, no una licencia para dejar de pagar.

Las consecuencias se acumulan deprisa. El artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite imponer multas coercitivas a quien incumple de manera reiterada sus obligaciones de pago, sin perjuicio de embargar lo debido, y el artículo 608 autoriza, cuando se ejecuta una pensión compensatoria y la ejecutante lo pide acreditando una necesidad económica, a que el tribunal fije la cantidad embargable sin atenerse a los límites ordinarios. Y dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos sin pagar una prestación en favor del cónyuge fijada judicialmente son ya el delito del artículo 227 del Código Penal, castigado con prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

Solo hay un supuesto en el que dejar de pagar no es un riesgo: que la propia sentencia o el convenio fijaran una pensión temporal y el plazo haya vencido. El artículo 97 permite que la compensación consista en una pensión temporal o por tiempo indefinido y obliga a fijar su duración o el momento de cese, así que lo primero es leer el título. Si fija una fecha, la obligación termina en ella sin necesidad de demanda. Si la condiciona a un hecho, como que su ex encuentre trabajo, ese hecho hay que acreditarlo ante el tribunal antes de dejar de pagar.

Convivencia marital: no hace falta el mismo padrón, sí una vida en común

El artículo 101 enumera tres causas de extinción: el cese de la causa que motivó la pensión, contraer el acreedor nuevo matrimonio o vivir maritalmente con otra persona. El nuevo matrimonio se prueba con una certificación del Registro Civil y apenas admite discusión. La convivencia marital es donde se ganan y se pierden la mayoría de estos asuntos, porque la ley no la define y el acreedor tiene todo el interés en disimularla.

El Tribunal Supremo la ha interpretado con un criterio material: vive maritalmente quien mantiene una relación de pareja estable, con vocación de permanencia y un compromiso análogo al conyugal, que su entorno percibe como tal, aunque no se desarrolle de forma continuada bajo el mismo techo. Un noviazgo, unas citas esporádicas o una relación sin estabilidad no bastan. Tampoco hace falta que se inscriban como pareja de hecho ni que se empadronen juntos: mantener dos domicilios formales no impide la extinción si la vida real es común.

La razón de fondo explica el criterio. La pensión compensa el desequilibrio que el divorcio produjo a uno de los cónyuges, y cuando el acreedor rehace su vida con otra persona con la que comparte proyecto y gastos, deja de tener sentido que el excónyuge le siga sosteniendo. Por eso los tribunales miran indicios económicos y sociales: quién paga los gastos de la casa, si viajan juntos, si se presentan como pareja ante la familia y los amigos, si el tercero recibe correo, tiene llaves o aparca a diario en esa dirección.

Desde cuándo deja de deberse: la fecha del hecho decide el dinero

Aquí está el matiz que casi nadie explica. El Tribunal Supremo, en una sentencia de su Pleno de 2018, declaró que la extinción por contraer el acreedor nuevo matrimonio produce su efecto desde que ese hecho se produce, con independencia de la fecha en que se interponga la demanda o se dicte la sentencia. La misma lógica rige para la convivencia marital, con una dificultad añadida que el propio Tribunal advirtió: hay que acreditar el momento en que empezó.

La consecuencia práctica es doble. Lo que usted haya pagado después de esa fecha deja de estar debido y puede recuperarse, y las mensualidades que venzan después de ella tampoco se deben. Pero todo depende de fijar la fecha con prueba, y esa prueba se degrada con el tiempo: los vecinos se mudan, las publicaciones se borran y los contratos se renuevan a otro nombre. Esperar no le hace perder la acción, pero sí la capacidad de demostrar desde cuándo. Y no convierte el impago en una opción, porque hasta la sentencia nadie sabe qué fecha dará el tribunal por probada.

Las demás causas no retroceden. Cuando la pensión se reduce por alteración de la fortuna o se extingue porque ha cesado la causa que la motivó, llegar a esa conclusión exige valorar prueba, y el criterio de los tribunales es que la decisión se proyecta hacia adelante, sin devolución de lo cobrado. En esos casos cada mes que tarda en demandar es un mes que paga entero, y la herramienta para no seguir pagando de más durante el pleito es la modificación provisional del artículo 775.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se pide en la misma demanda.

Cuando su ex ya no la necesita o usted ya no puede pagarla

El cese de la causa es la vía cuando no hay nueva pareja. La pensión nace del desequilibrio que el divorcio produjo a uno de los cónyuges respecto de su situación en el matrimonio, medido con las circunstancias del artículo 97: edad, salud, cualificación profesional, probabilidades de acceso a un empleo o dedicación a la familia. Si ese desequilibrio ha desaparecido porque su ex tiene hoy un empleo estable, ha heredado o ha recibido bienes que no se tuvieron en cuenta al fijarla, la pensión ha perdido su razón de ser.

Lo que no sirve es volver a discutir los hechos que ya valoró la sentencia. El artículo 100 permite modificar la pensión por alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo aconsejen, y el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al fijarla. Si su ex ya trabajaba a tiempo parcial cuando se dictó la sentencia, que siga haciéndolo no es un cambio; que haya pasado a un contrato indefinido con un sueldo comparable al suyo, sí.

La jubilación del deudor es el supuesto más frecuente de reducción y también el más discutido. Una jubilación ordinaria con una pensión sensiblemente inferior al sueldo que se tuvo en cuenta es una alteración de fortuna que se valora; una jubilación anticipada voluntaria, una excedencia o un cambio de actividad que reduce ingresos sin explicación económica se leen como una bajada buscada y no sostienen la rebaja. Si la pensión se fijó como indefinida, convertirla en temporal exige también un cambio real de circunstancias, no una nueva valoración de las mismas.

Antes de demandar: el convenio, la negociación obligatoria y la salida pactada

Si la pensión nació de un convenio, hay que leerlo entero. La pensión compensatoria es un derecho disponible y los cónyuges pueden pactar su duración, sus causas de extinción o su sustitución. Una cláusula que la fija por años, que la vincula a un hecho concreto o que la configura en realidad como pago aplazado del reparto del patrimonio común cambia el asunto: en este último caso puede no regirse por el artículo 101 y no extinguirse aunque su ex vuelva a casarse. El artículo 100 añade que la fijada en convenio formalizado ante el letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública puede modificarse mediante nuevo convenio con los mismos requisitos.

Además, en el orden civil la demanda no se admite sin un intento previo de negociación. El artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 lo exige como requisito de procedibilidad en los procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde está la modificación de medidas, y este asunto no figura entre sus excepciones. Se cumple con mediación, conciliación, una oferta vinculante confidencial o la negociación directa entre abogados, siempre que lo negociado coincida con lo que después se lleva al tribunal. Solo queda fuera cuando hay violencia de género o sexual entre las partes, porque la ley excluye entonces estos medios.

Bien usada, esa negociación no es un peaje sino la ocasión de cerrar el asunto. El artículo 99 del Código Civil permite sustituir en cualquier momento la pensión por una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital, y una oferta de capitalización hecha con la prueba ya reunida suele pesar más que cualquier amenaza. Conviene saber qué defiende su ex: el artículo 220 de la Ley General de la Seguridad Social exige, como regla, que el excónyuge divorciado sea acreedor de pensión compensatoria para reconocerle la pensión de viudedad, salvo las víctimas de violencia de género, y por eso se resiste a perder incluso una pensión pequeña.

El pleito: cauce, suspensión provisional y prueba en la vista

La demanda se presenta ante el Tribunal de Instancia que acordó las medidas definitivas, como exige el artículo 775, y se sustancia por las reglas del artículo 770, las del divorcio contencioso. Si su ex acepta la extinción, la petición conjunta, o la de uno con el consentimiento del otro y propuesta de convenio, sigue el cauce del artículo 777. El recorrido general de una modificación de medidas lo explicamos en la guía sobre cambiar la custodia o la pensión que fijó la sentencia; aquí importa lo que es propio de la compensatoria.

La petición que más cambia el día a día es la del artículo 775.3: en la propia demanda puede pedirse la modificación provisional de las medidas definitivas, que se sustancia conforme al artículo 773. Con una prueba sólida de la convivencia o del nuevo matrimonio, pedir la suspensión provisional del pago mientras se decide es la forma legal de dejar de pagar sin exponerse a la ejecución ni al artículo 227 del Código Penal. Sin esa prueba, pedirla solo le enseña al tribunal la debilidad del asunto.

En la vista la carga de la prueba es suya: usted alega el hecho extintivo y usted lo acredita. La negativa de su ex a responder o sus respuestas evasivas pueden valorarse en su contra, y el tercero con quien convive puede ser citado como testigo. Si el tribunal declara la extinción, el derecho no renace aunque la nueva relación se rompa después. Si desestima la demanda, la sentencia puede apelarse ante la Audiencia Provincial en veinte días, y si aparecen hechos nuevos puede volver a pedirse más adelante.

Cómo lo llevamos, paso a paso

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   Leer el título y fijar la causa

   Examinamos la sentencia o el convenio: si la pensión es temporal, si tiene cláusulas propias de extinción, si se pactó como pago aplazado y qué circunstancias se tuvieron en cuenta al fijarla. Eso decide si hay que demandar, por qué causa y desde qué fecha.

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   Reunir la prueba antes de avisar

   Fijamos con prueba externa la fecha de inicio de la convivencia o del cambio de fortuna: padrón histórico, contratos, publicaciones certificadas e informe del detective con el que trabaja el despacho. Todo ello antes de cualquier contacto con su ex, porque después la prueba se borra.

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   Seguir pagando y documentar cada pago

   Usted mantiene los pagos íntegros por transferencia con concepto. Es lo que le protege frente a la ejecución y el artículo 227 del Código Penal, y lo que permite reclamar lo pagado desde la fecha del hecho extintivo si el tribunal la declara.

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   Intento de negociación del artículo 5 LO 1/2025

   Enviamos a su ex una propuesta concreta y documentada: extinción desde una fecha, reducción, término final o capitalización del artículo 99 del Código Civil. Si la acepta, se formaliza y se somete a aprobación judicial; si no, el intento acreditado se acompaña a la demanda.

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   Demanda con suspensión provisional

   Presentamos la demanda ante el Tribunal de Instancia que acordó las medidas, pidiendo la extinción desde la fecha del hecho, subsidiariamente la reducción o la limitación temporal, y la suspensión provisional del pago por el artículo 775.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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   Vista, sentencia y reclamación de lo pagado

   Su ex dispone de veinte días para contestar. En la vista declaran las partes y el detective, que ratifica su informe como testigo. Tras la sentencia se reclama lo pagado de más desde la fecha declarada y usted deja de pagar con respaldo judicial.

La norma aplicable

• Art. 101 CC. El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona. No se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor, pero sus herederos pueden pedir la reducción o supresión si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima. BOE-A-1889-4763
• Art. 100 CC. Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o divorcio, solo puede modificarse por alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo aconsejen. La fijada en convenio regulador formalizado ante el letrado de la Administración de Justicia o en escritura pública puede modificarse mediante nuevo convenio sujeto a los mismos requisitos. BOE-A-1889-4763
• Art. 97 CC. Reconoce al cónyuge a quien la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico que empeore su situación anterior en el matrimonio una compensación en pensión temporal, indefinida o en prestación única, fijada con nueve circunstancias, y exige que la resolución o el convenio fijen la periodicidad, la actualización, la duración o el momento de cese y las garantías. BOE-A-1889-4763
• Art. 1966 CC. Fija en cinco años la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de la obligación de pagar pensiones alimenticias y de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves. BOE-A-1889-4763
• Art. 775 LEC. Permite a los cónyuges, en todo caso, solicitar del tribunal que acordó las medidas definitivas su modificación siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. La petición se sustancia conforme al artículo 770, o al 777 si hay acuerdo con propuesta de convenio, y en la demanda o la contestación puede pedirse la modificación provisional conforme al artículo 773. BOE-A-2000-323
• Art. 227 CP. Castiga con prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses a quien deje de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos cualquier prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en supuestos de separación legal, divorcio o nulidad, entre otros, y dispone que la reparación del daño comporta siempre el pago de las cuantías adeudadas. BOE-A-1995-25444
• Art. 5 LO 1/2025. Exige en el orden civil, como requisito de procedibilidad, acudir antes a un medio adecuado de solución de controversias sobre el mismo objeto que después se litiga, en los procesos declarativos del libro II y en los especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las materias que enumera. Vale la mediación, la conciliación, la opinión de experto independiente, la oferta vinculante confidencial o la negociación directa entre las partes o sus abogados. BOE-A-2025-76
• Art. 220 LGSS. En caso de divorcio, reconoce la pensión de viudedad al excónyuge que no haya contraído nuevas nupcias ni constituido pareja de hecho, siempre que sea acreedor de la pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil y esta quede extinguida a la muerte del causante, con el límite de su cuantía y con excepción de las víctimas de violencia de género. BOE-A-2015-11724

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

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