Su socio incumple el pacto de socios: qué puede exigirle

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita

Acción personal de cumplimiento del pacto parasocial o, a elección del perjudicado, de resolución, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos (artículos 1091, 1101 y 1124 del Código Civil), y reclamación de la cláusula penal pactada (artículos 1152 a 1154). Si un acuerdo de junta, además de contradecir el pacto, infringe la ley o los estatutos o lesiona el interés social, acción de impugnación del artículo 204 LSC contra la sociedad.

Ante quién

Como regla, la sección civil del Tribunal de Instancia, con apelación ante la Audiencia Provincial: la reclamación del cumplimiento, la pena o los daños contra el socio se funda en el Código Civil, no en la normativa de sociedades. Puede ir a la sección de lo mercantil si se acumula una acción societaria, como la impugnación del acuerdo de junta, y algunas Audiencias Provinciales atraen allí los pactos que inciden en el gobierno de la sociedad. Si el pacto incluye convenio arbitral, el conflicto entre firmantes va a arbitraje.

Plazo

Cinco años de prescripción para la acción contractual, desde que pudo exigirse el cumplimiento; en las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comienza cada vez que se incumplen (artículo 1964.2 del Código Civil). La impugnación del acuerdo caduca al año desde su adopción en junta o desde la oponibilidad de su inscripción (artículo 205 LSC), y ese plazo no se interrumpe con una reclamación: solo lo suspende la solicitud formal de negociación.

Quién puede

Activa: el socio firmante del pacto que sufre el incumplimiento, o quien se adhirió a él después por escrito. Pasiva: el socio o los socios firmantes que incumplen. La sociedad solo si firmó el pacto como parte, y el comprador de las participaciones que no lo suscribió no queda obligado por él.

Riesgo económico

Si la demanda se desestima puede ser condenado en costas, que crecen con la cuantía del pleito, y en estos asuntos la cuantía es la pena pactada o el valor de las participaciones. Si opta por resolver el pacto, pierde también los derechos que le daba a usted. Y la sentencia contra su socio no deshace por sí sola el cese ni la venta que ya sean válidos frente a la sociedad.

El pacto obliga a su socio aunque no esté en los estatutos

La respuesta de su socio es la más habitual y es falsa. El artículo 1255 del Código Civil permite a los contratantes establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público, y el artículo 1091 da a las obligaciones nacidas de los contratos fuerza de ley entre las partes. Un pacto de socios firmado es un contrato y obliga a quien lo firmó como cualquier otro.

Lo que sí es cierto es otra cosa, y decide contra quién se dirige el caso. El artículo 29 LSC establece que los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad. La jurisprudencia lo describe como un contrato asociativo distinto del contrato social: produce efectos en las relaciones obligatorias entre quienes lo firmaron y no se integra en el ordenamiento de la sociedad. La sociedad, sus órganos y los terceros pueden actuar como si no existiera.

De ahí sale la primera regla: se reclama al socio, no a la sociedad. La sociedad solo queda obligada si firmó el pacto como parte, algo frecuente en las rondas de inversión y que cambia el análisis. Quien entró después como socio solo queda vinculado si se adhirió por escrito. Por eso lo primero es comprobar quién firmó, en qué fecha y en qué calidad: de esa lista dependen la acción, el demandado y los argumentos de buena fe que veremos después.

Impugnar el acuerdo de junta: cuándo sirve y cuándo le perjudica

El primer impulso es pedir la nulidad de los acuerdos de junio. El Tribunal Supremo tiene declarado que un acuerdo social no es impugnable por la sola razón de contradecir un pacto parasocial, aunque lo hayan firmado todos los socios. El artículo 204 LSC solo admite como motivos la infracción de la ley, de los estatutos o del reglamento de la junta y la lesión del interés social, que incluye el acuerdo impuesto de forma abusiva por la mayoría.

Eso deja a sus dos acuerdos con suerte distinta. El artículo 223 LSC permite a la junta separar a los administradores en cualquier momento, aunque no conste en el orden del día, así que su cese es válido frente a la sociedad salvo que sus estatutos exijan una mayoría reforzada: en la limitada pueden elevarla hasta los dos tercios de los votos, y un 65 % no llega. Llevar todo el beneficio a reservas, en cambio, puede atacarse si supera el test de abuso del artículo 204.1 (sin necesidad razonable, en interés propio de la mayoría y con detrimento injustificado para usted), que desarrollamos en la guía sobre acuerdos aprobados sin contar con el socio minoritario. Esa acción caduca al año.

La doctrina tiene una segunda cara que casi nadie cuenta. El Tribunal Supremo considera contrario a la buena fe, y abuso de derecho en el sentido del artículo 7 del Código Civil, que quien firmó un pacto de todos los socios impugne después un acuerdo adoptado precisamente para cumplirlo, y lo ha reiterado en 2026. Si usted votó a favor o cobró bajo un acuerdo que ejecutaba el pacto, ese criterio juega en su contra el día que quiera atacarlo; y juega a su favor si es su socio quien lo intenta.

Cumplir, resolver o cobrar: la elección que decide el pleito

El artículo 1124 del Código Civil le deja escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos, y le permite pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento cuando este resulte imposible. El artículo 1101 obliga a indemnizar a quien de cualquier modo contraviene el tenor de sus obligaciones. Las tres vías existen; el trabajo está en elegir la que le conviene.

El cumplimiento forzoso funciona bien con las obligaciones de transmitir. Si el pacto fija las partes y el precio o su fórmula, el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al tribunal tener por emitida la declaración de voluntad que el condenado se niega a dar, y eso sirve para ejecutar una opción de compra o el derecho de acompañamiento. Con el voto funciona peor: puede pedirse que vote en un sentido en juntas futuras, pero el voto emitido en junio ya produjo su efecto y ninguna condena lo borra.

La resolución es la opción que más se pide y la que menos conviene. Resolver el pacto le libera a usted, pero también apaga su derecho de acompañamiento, el compromiso de reparto de dividendos y cualquier protección que le quedara frente a la venta. Y no le devuelve los 180.000 euros: esa aportación fue a la sociedad como capital o prima, no a su socio, y el pacto no puede deshacerla. En casos como el suyo lo habitual es mantener el pacto vivo y cobrar la pena y los daños.

La cláusula penal es el arma, si se lee bien

Probar el daño de un voto contrario o de una venta frustrada es difícil y caro. Por eso los pactos incluyen una pena, y el artículo 1152 del Código Civil le da un efecto que conviene conocer: salvo que se haya pactado otra cosa, la pena sustituye a la indemnización de daños y al abono de intereses. Usted cobra la cifra pactada sin tener que probar cuánto perdió, pero en principio no cobra nada más.

El artículo 1153 añade dos límites. El deudor no puede librarse de cumplir pagando la pena salvo que se le reservara ese derecho, y el acreedor no puede exigir a la vez el cumplimiento y la pena sin que esa facultad se le haya otorgado claramente. Una demanda que pide las dos cosas sin apoyo en el texto del pacto pierde una de ellas. La redacción exacta de la cláusula decide si la pena sustituye a los daños o se suma a ellos.

Su socio pedirá que el tribunal rebaje la pena. El artículo 1154 solo permite modificarla equitativamente cuando la obligación principal se cumplió en parte o de forma irregular, y el Tribunal Supremo viene negando esa rebaja cuando el incumplimiento es precisamente el que la cláusula preveía. Conviene además comprobar si la pena es única o se devenga por cada incumplimiento, porque con tres obligaciones rotas la diferencia puede triplicar la reclamación.

Dos relojes: cinco años por incumplimiento y uno para el acuerdo

La acción contra su socio es personal y no tiene plazo especial, así que el artículo 1964.2 del Código Civil le da cinco años desde que pudo exigirse el cumplimiento. El mismo precepto añade la regla que más importa en los pactos de socios: en las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comienza cada vez que se incumplen. No competir, dedicarse en exclusiva o votar en un sentido en cada junta son obligaciones de ese tipo.

Es un plazo de prescripción, y eso significa que se interrumpe. La reclamación extrajudicial del acreedor lo reinicia, conforme al artículo 1973 del Código Civil, y por eso un requerimiento fehaciente y bien redactado, que identifique cada incumplimiento, vale mucho más que una conversación. Si su pacto se rige por el Derecho civil catalán, el plazo general de las pretensiones es de diez años, y conviene confirmarlo antes de dar nada por perdido.

La impugnación del acuerdo sigue otro reloj, más corto. El artículo 205 LSC fija un año de caducidad, contado desde la adopción del acuerdo en junta o, si se inscribió, como ocurre con un cese, desde la fecha de oponibilidad de la inscripción. Ese plazo no se interrumpe con un burofax. Solo lo suspende la solicitud formal de negociación de la LO 1/2025, desde que consta el intento de comunicarla, y el cómputo se reanuda si en treinta días naturales no se celebra la primera reunión o no hay respuesta por escrito.

Antes de demandar: negociación obligatoria, arbitraje y cautelares

El artículo 5 de la LO 1/2025 exige, para que se admita la demanda civil, haber acudido antes a un medio adecuado de solución de controversias, con identidad entre el objeto negociado y el del litigio. Rige para la reclamación contra su socio y para la impugnación del acuerdo. Se cumple con mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial o negociación directa entre las partes o sus abogados, y la solicitud debe describir cada incumplimiento que después se llevará al tribunal.

El artículo 5.3 deja fuera dos herramientas que en su caso son urgentes: las medidas cautelares previas a la demanda y las diligencias preliminares no exigen ese paso previo. Si la venta a su competidor está a punto de firmarse, puede pedirse una medida que la frene mientras dura el pleito, acreditando la apariencia de buen derecho y el riesgo de que la sentencia llegue tarde. Y el artículo 256.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al socio pedir que se le exhiban los documentos y cuentas de la sociedad, lo que ayuda a cuantificar el daño.

Queda el foro. Muchos pactos incluyen un convenio arbitral: si su socio lo invoca a tiempo, el tribunal deja de conocer y el conflicto entre firmantes se resuelve por laudo. Ese convenio no alcanza a la sociedad que no lo firmó, de modo que la impugnación del acuerdo sigue ante la sección de lo mercantil salvo que los estatutos la sometan a arbitraje, como permite el artículo 11 bis de la Ley de Arbitraje. Sin convenio, la reclamación contra su socio va, como regla, a la sección civil, porque se funda en el Código Civil; si se acumula a la impugnación del acuerdo, puede atraerla la sección de lo mercantil, y algunas Audiencias Provinciales envían allí los pactos que inciden en el gobierno de la sociedad.

Cómo lo llevamos, paso a paso

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   Leemos el pacto con los estatutos al lado

   Comprobamos quién lo firmó y en qué calidad, si la sociedad fue parte, qué obligaciones contiene, cómo está redactada la cláusula penal, si hay convenio arbitral y qué mayorías exigen los estatutos para el cese y para los acuerdos de junio.

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   Fijamos los dos plazos y la cifra reclamable

   Datamos cada incumplimiento para el cómputo de cinco años del artículo 1964.2 del Código Civil y el acuerdo de junta para el año del artículo 205 LSC, y calculamos la pena y los daños que se sumarían si el pacto lo permite.

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   Aseguramos la prueba del incumplimiento

   Obtenemos el acta con el voto de cada socio, la carta de intenciones o su rastro y las cuentas de la sociedad, y cuando el caso lo exige trabajamos con detective y con perito para documentar la venta y valorar las participaciones.

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   Frenamos la venta si es inminente

   Si la operación con el competidor está cerca de firmarse, pedimos medidas cautelares o diligencias preliminares, que el artículo 5.3 de la LO 1/2025 exime de la negociación previa.

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   Enviamos la solicitud formal de negociación

   Dirigimos a su socio una propuesta escrita que describe cada incumplimiento y la cantidad reclamada. Cumple el artículo 5 de la LO 1/2025, interrumpe la prescripción, suspende la caducidad de la impugnación y, a menudo, abre una salida negociada.

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   Demandamos y ejecutamos la condena

   Sin acuerdo, presentamos la demanda contra su socio, o el arbitraje si hay convenio, y dentro del año la impugnación contra la sociedad cuando hay motivo del artículo 204 LSC. Con la sentencia cobramos la pena y ejecutamos las obligaciones de transmitir por la vía del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La norma aplicable

• Art. 29 LSC. Los pactos que se mantengan reservados entre los socios no son oponibles a la sociedad: obligan a quienes los firmaron, pero la sociedad no queda vinculada por ellos. BOE-A-2010-10544
• Art. 1091 CC. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor de los mismos. BOE-A-1889-4763
• Art. 1124 CC. La facultad de resolver se entiende implícita en las obligaciones recíprocas. El perjudicado puede escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución, con resarcimiento de daños e intereses en ambos casos, y pedir la resolución aun después de optar por el cumplimiento si este resulta imposible. BOE-A-1889-4763
• Art. 1152 CC. En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituye a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de incumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado, y solo puede hacerse efectiva cuando sea exigible conforme al Código. BOE-A-1889-4763
• Art. 1153 CC. El deudor no puede eximirse de cumplir pagando la pena salvo que se le haya reservado expresamente ese derecho, y el acreedor no puede exigir conjuntamente el cumplimiento y la pena sin que esa facultad le haya sido claramente otorgada. BOE-A-1889-4763
• Art. 1964 CC. Las acciones personales sin plazo especial prescriben a los cinco años desde que puede exigirse el cumplimiento de la obligación; en las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comienza cada vez que se incumplen. BOE-A-1889-4763
• Art. 205 LSC. La acción de impugnación de acuerdos sociales caduca en un año, salvo los contrarios al orden público, que no caducan ni prescriben. Cuenta desde la adopción en junta o consejo, desde la recepción de la copia del acta si se adoptó por escrito, o desde la oponibilidad de la inscripción. BOE-A-2010-10544
• Art. 5 LO 1/2025. Exige, para la admisión de la demanda civil, haber acudido antes a un medio adecuado de solución de controversias con identidad de objeto, en los procesos declarativos del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y exceptúa las medidas cautelares previas a la demanda y las diligencias preliminares. BOE-A-2025-76

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

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