Amianto (uralita) en casa o en la comunidad: cómo saber si hay, quién lo retira y quién paga

La primera pista es la fecha. La Orden de 7 de diciembre de 2001 prohibió comercializar materiales con amianto desde el 14 de junio de 2002 y permitió mantener los ya instalados hasta su eliminación o el fin de su vida útil. Un edificio construido o reformado antes de 2002 puede tenerlo; también uno construido o reformado durante 2002, porque se dejaron vender existencias seis meses más. Su uso máximo fue de 1960 a 1984 (Guía técnica del INSST).

Dónde suele estar: el fibrocemento (uralita) en placas de cubiertas, bajantes, canalones, depósitos de agua, chimeneas y conductos; las losetas de vinilo-amianto; y los calorifugados de tuberías y calderas. El fibrocemento era el 77 % de los usos.

A simple vista no se confirma. Hace falta una inspección visual de un técnico, que identifica los materiales visibles, su estado y el riesgo, o una toma de muestras con análisis en laboratorio. Las muestras las toma personal especializado, nunca el propietario. El riesgo está en respirar las fibras que se liberan cuando el material se rompe, se corta, se lija o se degrada; los friables, como los calorifugados, las sueltan con más facilidad.

Si el inmueble está en Cataluña, la vía directa es el certificado de presencia o ausencia de amianto. Con nuestra ficha de certificado de amianto concertamos al técnico, revisamos el certificado y le damos la cláusula para el contrato y el justificante de entrega. Los honorarios del técnico van aparte; puede ver el importe actualizado en la ficha.

Fuera de Cataluña no hay una fecha general que obligue a un particular o a una comunidad a retirarlo. La Ley 7/2022 de residuos (disposición adicional 14.ª) obliga a los ayuntamientos a hacer un censo público de instalaciones con amianto y un calendario de retirada, priorizando por peligrosidad. El famoso "antes de 2028" solo se refiere a instalaciones públicas de mayor riesgo, no a su vivienda. Pregunte a su ayuntamiento si su edificio figura en el censo.

Pero un material roto o que se desprende es un problema de conservación y seguridad, y esas obras son obligatorias para la comunidad (Ley de Propiedad Horizontal, art. 10.1.a; en Cataluña, Código civil catalán, art. 553-44).

En Cataluña, la Ley 8/2026 obliga a no manipular el amianto, a informar a la administración de los lugares con amianto que se conozcan y a mantener los inmuebles, una vez identificado, libres de él, adoptando medidas para retirarlo (art. 11). Los plazos los fijarán con carácter vinculante las instituciones competentes (disposición adicional 4.ª); hoy no hay uno general para viviendas. Según la ARC, detectar amianto no impide vender ni alquilar.

La retirada la hace una empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). El Real Decreto 396/2006 exige que, antes de cada trabajo, la empresa tenga un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral (art. 11) y esté inscrita en el RERA (art. 17.1). Pida el número de inscripción con el presupuesto y la aprobación del plan antes de empezar. El propio real decreto exime del plan y del RERA los trabajos esporádicos y de baja exposición, como retirar sin romperlo un material no friable, si la evaluación de riesgos lo justifica (art. 3.2). Aun así, los hace una empresa, nunca usted.

En Cataluña, además, solo pueden retirarlo empresas y profesionales habilitados (art. 31) y la ley crea un Registro de empresas y profesionales capacitados, obligatorio para trabajar allí y que no sustituye al RERA (art. 36). El Gobierno tiene seis meses desde el 3 de octubre de 2026 para ponerlo en marcha; mientras tanto, lo que puede comprobar es el RERA.

Nunca haga usted: desmontar, romper, cortar, taladrar, lijar, pintar o limpiar con agua a presión el fibrocemento; arrancar losetas o calorifugados; ni tirar restos con los escombros o al contenedor. En Cataluña la ley lo prohíbe expresamente (arts. 11.a y 34). Si una placa ha caído, no la barra ni la aspire: acote la zona y avise a la comunidad o a la empresa especializada.

Si está en un elemento común (cubierta, bajantes generales, depósito comunitario), paga la comunidad. Si está en un elemento privativo (el cobertizo de su patio, el suelo de su piso), paga su propietario, salvo que el título o los estatutos digan otra cosa.

Fuera de Cataluña, las obras necesarias de conservación, seguridad y habitabilidad son obligatorias y no requieren acuerdo previo de la junta (Ley de Propiedad Horizontal, art. 10.1.a): la junta solo fija la derrama y cómo se paga (art. 10.2.a), y quien se oponga a una orden de la autoridad responde de las sanciones (art. 10.2.b). Se reparte según la cuota de participación.

En Cataluña, la comunidad debe conservar los elementos comunes en condiciones de estanquidad, habitabilidad y seguridad, y los propietarios asumen esas obras (Código civil catalán, art. 553-44). Se paga según la cuota (art. 553-45.1) y no usar el elemento no exime (art. 553-45.2): el del bajo también paga la cubierta, salvo que una disposición de los estatutos le exima de ese gasto en concreto. La obra se aprueba por mayoría simple de propietarios y de cuotas que votan (art. 553-25.2), aunque afecte a la estructura si es exigible por seguridad o habitabilidad (letra b), y siempre que el asunto vaya en el orden del día (art. 553-25.1).

Si vive de alquiler, las reparaciones necesarias para la habitabilidad corresponden al arrendador, sin subir la renta, salvo daño imputable al inquilino (Ley de Arrendamientos Urbanos, art. 21.1).

Hace falta un título municipal, y cuál depende de la ordenanza y del alcance. Sustituir una cubierta sin tocar estructura suele ir por comunicación previa de obra menor; si se toca la estructura o el edificio está protegido, por licencia de obras. Puede tramitarlo con nuestras fichas de comunicación de obras menores municipal o de licencia de obras municipal; puede ver el importe actualizado en cada ficha.

Son dos trámites distintos y hacen falta los dos: el permiso municipal (suyo o de la comunidad) y el plan de trabajo aprobado (de la empresa). En Cataluña, si la sustitución exige materiales que cambian la estructura, el ayuntamiento debe autorizarlos con la licencia (Ley 8/2026, disposición final 6.ª).

El residuo es peligroso y va a un depósito controlado o a un gestor autorizado (en Cataluña, arts. 30 y 33). Pida a la empresa el justificante de entrega y guárdelo.

Saber si hay amianto: un certificado con inspección visual de un piso se anuncia desde unos 150 a 250 euros más IVA; con muestras y laboratorio, desde unos 500 euros más IVA. Edificios y naves, a presupuesto.

Retirarlo: depende de superficie, altura, andamio, acceso y transporte del residuo, y suele haber un mínimo por obra. La cubierta nueva va aparte. Pida al menos dos presupuestos que separen retirada, residuo y reposición.

Ayudas: a 3 de octubre de 2026 no hay ninguna abierta en Cataluña. La de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) de 2026 admitió solicitudes del 18 de junio al 2 de julio y está cerrada: 10,5 millones por orden de presentación, hasta 30.000 euros por inmueble, para retirada por empresa RERA, transporte y tratamiento, no para la reposición. Los programas de rehabilitación con fondos europeos (hasta 1.000 euros por vivienda o 12.000 por edificio por retirar amianto) cerraron el 30 de junio de 2026 en el Consorci Metropolità de l'Habitatge y en el de Barcelona.

La Ley 8/2026 crea el Fondo para la Erradicación del Amianto (art. 23) y obliga a convocar ayudas regularmente (art. 26), sin fechas. Si su comunidad piensa actuar, tenga listos informe técnico y presupuestos desglosados: la de 2026 fue por orden de presentación.

Entra en vigor la Ley 8/2026, de 2 de julio, de la erradicación del amianto (DOGC 9699 de 3-7-2026; BOE de 17-8-2026). Solo afecta a inmuebles en Cataluña; fuera de Cataluña el certificado no es obligatorio.

Quien vende o alquila debe entregar un certificado de presencia o ausencia de amianto (art. 21.2) que acredite, como mínimo, el amianto visible, su estado y el riesgo (art. 21.3). Según el criterio de la ARC, mientras no haya reglamento: pueden emitirlo arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos; basta inspección visual presencial; lo considera exigible en inmuebles anteriores a 2002 (la ley no pone ese límite); hoy no tiene plazo de validez; y en un piso se refiere a esa unidad, no a los elementos comunes.

Los administradores de fincas deben comunicar el amianto a los propietarios y al Censo catalán, velar por la entrega del certificado e informar de las ayudas (art. 12.1). No entregar el certificado es infracción leve de 100 a 3.000 euros (arts. 53.c y 54.1.a), pero esa multa no se aplicará hasta que se apruebe el decreto sancionador.

En Cataluña, si el mal estado de una edificación puede afectar a la salubridad de su finca, puede exigir que se adopten medidas (Código civil catalán, art. 546-11), y desde el 3 de octubre de 2026 las inmisiones de fibras de amianto producidas por actos ilegítimos del vecindario que causen daños están prohibidas y generan responsabilidad (art. 546-13).

Además, la ley obliga a informar a la administración de los lugares con amianto (art. 11.b). Hasta que haya canal propio del Censo, la ARC remite a su buzón de consultas, a su formulario de consultas del amianto y al 012. Fuera de Cataluña, comuníquelo a su ayuntamiento. Déjelo por escrito: requerimiento al vecino con fotografías tomadas sin tocar el material y, si no responde, aviso a la administración.