Certificado de amianto para vender o alquilar en Cataluña: obligatorio desde el 3 de octubre de 2026

Sí. La Ley 8/2026, de 2 de julio, de la erradicación del amianto (en catalán, Llei 8/2026 de l'erradicació de l'amiant), se publicó en el DOGC el 3 de julio de 2026 y está en vigor desde el 3 de octubre de 2026. Su artículo 21.2 dice que el certificado de presencia o ausencia de amianto "debe entregarse cuando se venda o alquile un inmueble".

La ley habla de "inmueble" sin más: viviendas, oficinas, locales y naves. Tampoco distingue tipos de alquiler (vivienda habitual, temporada o local). Del alquiler de habitaciones no dice nada; deducir que entra es interpretación, y lo prudente es entregarlo igual. Herencias y donaciones no se mencionan: la ley habla de vender o alquilar.

La obligación es de quien vende o alquila; el artículo 5.d reconoce al comprador y al inquilino el derecho a obtenerlo. Los administradores de fincas y demás profesionales vinculados deben velar por que el propietario lo entregue y asistirle en su tramitación (artículo 12.1.b). Si usted no reside en Cataluña, la letra del artículo 3 deja dudas sobre si le alcanza; entregarlo evita discutirlo.

La ley no tiene régimen transitorio. Como no es retroactiva, se aplica a las ventas y alquileres que se firmen desde el 3 de octubre de 2026; un alquiler firmado antes no obliga a entregar nada a mitad de contrato.

El certificado informa de si hay o no amianto en el inmueble en el momento de su emisión. Su forma y quién lo firma los fijará un reglamento, que el Gobierno catalán debe aprobar en un año desde la aprobación de la ley. Mientras tanto, el artículo 21.3 exige como mínimo tres cosas: presencia o ausencia de amianto visible, estado de conservación de los materiales y riesgo para las personas.

El 30 de septiembre de 2026 la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) publicó un modelo básico y veinte preguntas frecuentes. Según su criterio, la inspección es presencial en los espacios accesibles, pero solo ocular: no exige muestras ni laboratorio. Si hay zonas inaccesibles, el certificado se limita a lo visto y advierte de que puede haber materiales ocultos. El técnico puede añadir, por ejemplo, que un material sospechoso necesita verificarse.

Más matices de la ARC: ese modelo no es el modelo oficial de la ley, sino uno básico que cumple el mínimo del artículo 21.3; si se vende o alquila un piso o local dentro de un edificio, el certificado cubre solo esa unidad, no los elementos comunes; y la información del Censo catalán de materiales con amianto no sustituye al certificado.

La ley no pone límite por año de construcción. Es la ARC la que, como criterio administrativo, considera exigible el certificado en inmuebles anteriores a 2002, porque la Orden de 7 de diciembre de 2001 prohibió comercializar materiales con amianto.

Ese corte simplifica: la Orden entró en vigor el 14 de junio de 2002 y dejó vender existencias seis meses más, así que un inmueble construido o reformado durante 2002 puede tener amianto. Si es su caso, pida el certificado. Si es claramente posterior, guarde la documentación del año de construcción y de las reformas.

Su uso máximo en España fue de 1960 a 1984 y el fibrocemento (la uralita) supuso el 77 % de los usos, según la Guía técnica del INSST. Aparece en cubiertas, bajantes, canalones, depósitos de agua, cisternas, chimeneas y conductos; también en losetas de vinilo-amianto y en calorifugados de tuberías y calderas, que son friables y los más peligrosos.

Hasta que el reglamento lo concrete, la ARC entiende que pueden emitirlo los profesionales de la Ley de Ordenación de la Edificación: arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería e ingeniería técnica, según sus competencias. Preguntada por la norma UNE 171370-2, la ARC no la exige para el certificado básico.

En el mercado, a 3 de octubre de 2026, el certificado visual de un piso parte de unos 150 a 250 euros más IVA; con toma de muestras y análisis en laboratorio acreditado, de unos 500 euros más IVA. Locales, naves y edificios, a presupuesto. No hay plazo oficial de emisión: depende de la agenda de la visita.

Para la ARC no tiene hoy plazo de validez y sirve para alquileres sucesivos si el inmueble no se ha modificado. Refleja el estado en su fecha: si hace obras, renuévelo.

En Managora lo resolvemos con la ficha de certificado de amianto: concertamos al técnico que lo firma, revisamos que cumpla el contenido mínimo legal y le damos la cláusula para el contrato y el justificante de entrega. Los honorarios del técnico van aparte. Puede ver el importe actualizado en la ficha.

Según la ARC, hoy basta con tenerlo antes de firmar el contrato, no antes del anuncio. Pero en la publicidad de venta o alquiler de viviendas a consumidores, el artículo 10.h pide informar de la presencia o ausencia de amianto según el certificado. Esa letra está en el artículo de las empresas de gestión y retirada y no nombra a las inmobiliarias; aun así, lo que diga el anuncio debe coincidir con el certificado, y tenerlo antes evita contradicciones.

En una venta, el momento útil es antes de las arras: el precio se negocia ya con esa información. En un alquiler, antes del contrato. Deje constancia con una cláusula que recoja la fecha y el resultado del certificado y un justificante de entrega firmado.

En la escritura, no hay a esta fecha ningún criterio oficial del Colegio Notarial de Cataluña ni de los registradores. La ley no condiciona la validez ni la firma de la escritura a la entrega, pero conviene llevarlo a la firma para que conste que el comprador lo ha recibido.

Y en el Registro de la Propiedad, la disposición adicional séptima ordena consignar, al inscribir la transmisión onerosa, la certificación de presencia de amianto y las ayudas obtenidas para retirarlo. No dice que el certificado de ausencia se inscriba ni que sea requisito para inscribir.

La ley tipifica no entregarlo como infracción leve (artículo 53.c), con multa de 100 a 3.000 euros (artículo 54.1.a). Pero ese régimen sancionador no está en vigor: entrará cuando se apruebe su decreto, y hasta entonces se aplican las disposiciones sancionadoras generales en materia ambiental. Esa multa, por tanto, se aplicará cuando exista el decreto.

El riesgo que sí existe ya es civil. En Cataluña el vendedor responde de la falta de conformidad que exista en la entrega y se manifieste en los tres años siguientes (artículo 621-23 del Código civil de Cataluña), y el comprador puede pedir la corrección, rebajar el precio, resolver el contrato y reclamar daños (artículo 621-37).

El certificado juega a favor del vendedor: según el artículo 621-26, no responde de la falta de conformidad que el comprador conocía al firmar, salvo ocultación dolosa, negligencia grave o que haya asumido la garantía de conformidad. Un certificado entregado y con recibo firmado prueba lo que el comprador sabía. Si vende una empresa o un profesional a un particular, no basta con que el comprador lo sepa: tiene que aceptarlo de forma expresa y por separado al firmar (artículo 621-20.4).

En el alquiler, el arrendador debe hacer las reparaciones necesarias para mantener la vivienda habitable (artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos). Y, en las relaciones entre vecinos, el Código civil de Cataluña incluye desde el 3 de octubre de 2026 las fibras de amianto entre las inmisiones prohibidas: las producidas por actos ilegítimos del vecindario que causan daños a la finca o a quienes viven en ella generan responsabilidad (artículo 546-13).

Según la ARC, que haya amianto no impide vender ni alquilar. El certificado dirá su estado y su riesgo: un fibrocemento en buen estado no es lo mismo que un calorifugado deteriorado.

No lo toque. La ley prohíbe a la ciudadanía manipularlo (artículo 11.a). Nunca lo rompa, taladre, lije, pinte ni limpie con agua a presión: liberaría fibras. Hasta la toma de muestras la hace personal especializado, nunca el propietario.

La retirada solo pueden hacerla empresas y profesionales habilitados (artículo 31). Además, por el Real Decreto 396/2006, la empresa debe estar inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) y tener un plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral, salvo trabajos esporádicos de baja exposición. La ley crea además un registro catalán de empresas capacitadas, que el Gobierno debe poner en marcha en seis meses. Los plazos de retirada los fijarán las instituciones competentes.

La ley obliga a informar a la administración de los lugares con amianto que se conozcan (artículo 11.b). Aún no hay canal específico: la ARC remite a sus canales ordinarios (buzón de consultas, quejas y sugerencias, formulario de consultas del amianto y el 012). En un edificio, el administrador de fincas también debe comunicarlo.

Ayudas: a 3 de octubre de 2026 no hay ninguna abierta en Cataluña. La convocatoria de la ARC de 2026 cerró el 2 de julio y los programas de rehabilitación con fondos europeos, el 30 de junio. La ley crea un Fondo para la Erradicación del Amianto y prevé convocatorias regulares, sin fecha.

No. A 3 de octubre de 2026 no existe ninguna obligación estatal ni de otra comunidad autónoma de entregar un certificado de amianto al vender o alquilar. En Madrid, Valencia o Sevilla la operación se firma sin él.

La Ley estatal 7/2022 de residuos solo obliga a los ayuntamientos a hacer un censo público de instalaciones y emplazamientos con amianto y un calendario de retirada; el "antes de 2028" se refiere solo a instalaciones o emplazamientos públicos de mayor riesgo, no a pisos particulares.

Lo que sí cuenta en toda España es el certificado de eficiencia energética. En Cataluña se suman el de amianto y la cédula de habitabilidad: conviene prepararlos a la vez. En Managora tramitamos los tres; puede ver el importe actualizado en cada ficha.