Denunciar ante la CNMC: competencia desleal de mercado y trabas de la Administracion

La Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia (LDC), prohíbe tres grandes bloques de conductas: los acuerdos entre empresas que restringen la competencia (art. 1: cárteles, reparto de mercados, fijación de precios, pujas amañadas en licitaciones), el abuso de posición dominante (art. 2: precios predatorios, negativa de suministro, condiciones discriminatorias) y el falseamiento de la libre competencia por actos desleales que afecten al interés público (art. 3). Cualquier persona física o jurídica, sea o no interesada, puede denunciar estas conductas ante la Dirección de Competencia de la CNMC (art. 49.1 LDC). La denuncia no devenga tasa.

Cuidado con la etiqueta "competencia desleal": si el conflicto es puramente privado entre dos empresas (imitación, denigración, captación de clientela) y no afecta al funcionamiento del mercado, la CNMC archivará la denuncia. Esas conductas se combaten por la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, ante los tribunales. Managora analiza con usted qué encaje tiene su caso antes de presentar nada, para no quemar el cartucho equivocado.

Las sanciones son serias: multas de hasta el 10 por ciento del volumen de negocios total mundial de la empresa infractora en las infracciones muy graves, y hasta 60.000 euros a cada directivo que haya intervenido (art. 63 LDC). Las infracciones muy graves prescriben a los cuatro años: el plazo se cuenta desde el día en que se cometió la infracción o, en las infracciones continuadas, desde que cesó la conducta (art. 68 LDC), así que conviene mover ficha antes de que prescriban.

La denuncia se presenta con el contenido del anexo I del Reglamento de Defensa de la Competencia (Real Decreto 261/2008): identificación del denunciante, descripción de los hechos, mercado afectado (productos, ámbito geográfico y cuotas si las conoce), empresas implicadas y pruebas. Sirven los correos, contratos, listas de precios, presupuestos sospechosamente idénticos u ofertas coordinadas en licitaciones. Cuanto más concreto, mejor: la CNMC puede acordar no iniciar actuaciones cuando la denuncia aporta indicios débiles o el daño potencial es escaso (criterios de priorización del art. 49.4 LDC).

Sea realista con el resultado: la CNMC sanciona, no indemniza. La multa se ingresa en el Tesoro Público. Su beneficio directo es que la conducta cese; el indirecto, que una resolución sancionadora firme le abre la puerta a reclamar sus daños y perjuicios ante los tribunales civiles (arts. 71 y siguientes LDC) con la infracción ya declarada.

Tampoco espere rapidez: tras la denuncia hay una fase de información reservada sin plazo legal y, si se incoa expediente, el procedimiento sancionador puede durar hasta 24 meses (art. 36.1 LDC). Puede solicitar la confidencialidad de los datos y documentos que aporte.

Es la otra cara de la moneda: si su empresa participa o ha participado en un cártel, ser la primera en aportar a la CNMC pruebas que permitan inspeccionar o acreditar la infracción supone la exención total de la multa (art. 65 LDC). La exención alcanza también la prohibición de contratar con el sector público y beneficia a los directivos que colaboren. Existe un sistema de marcador que reserva el puesto mientras se reúnen las pruebas.

Quien llega después todavía puede reducir su multa si aporta elementos con valor añadido significativo: entre el 30 y el 50 por ciento para el primero, entre el 20 y el 30 para el segundo y hasta el 20 por ciento para los sucesivos (art. 66 LDC). A cambio se exige cooperación plena y continua, cesar en la conducta y no destruir pruebas ni revelar la solicitud. Se tramita por un procedimiento específico de la sede electrónica de la CNMC y el orden de llegada lo es todo: solo el primero queda exento.

Es la vía rápida, y casi desconocida, contra las trabas de las propias Administraciones. Si un ayuntamiento o una comunidad autónoma le exige una licencia, un aval, un curso o un establecimiento físico de forma desproporcionada, o duplica requisitos que usted ya cumple como operador establecido en otra parte de España, puede reclamar ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) al amparo del art. 26 de la Ley 20/2013 (LGUM). Puede reclamar cualquier persona física o jurídica, y también las asociaciones empresariales y cámaras de comercio en defensa de intereses colectivos (art. 26.2).

Es gratuita y muy rápida: la SECUM elabora un informe de valoración en diez días, la CNMC y el resto de puntos de contacto pueden aportar el suyo, y la autoridad reclamada debe pronunciarse en quince días desde la presentación; si calla, la reclamación se entiende desestimada por silencio negativo y la conclusión del procedimiento pone fin a la vía administrativa (arts. 26.5, 26.7 y 26.11 LGUM). Se presenta por el Registro electrónico del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa mediante un formulario normalizado.

El talón de Aquiles son los plazos y la exclusión: tiene un mes desde la notificación del acto o la publicación de la norma (veinte días si es una vía de hecho) y la vía es alternativa: si usted ya interpuso recurso administrativo o judicial, o manifestó conformidad con una resolución sancionadora (por ejemplo, pagando la multa con la reducción por pronto pago), esta puerta queda cerrada (arts. 26.1 y 26.3 LGUM). Por eso Managora comprueba primero que su caso sigue abierto y solo entonces le presupuesta el encargo.

Si la autoridad desestima su reclamación (o guarda silencio), usted dispone de cinco días desde la notificación de la SECUM para pedir a la CNMC que interponga ella el recurso contencioso-administrativo (arts. 26.9 y 27 LGUM). La CNMC decide en veinte días si recurre, valorando el informe de la SECUM, la viabilidad de la acción y su especial trascendencia: es una facultad discrecional y nadie puede garantizarle que la ejerza.

Si la CNMC recurre, el pleito lo lleva ella por el procedimiento especial de los arts. 127 bis y siguientes de la Ley 29/1998 (LJCA), sin coste para usted, y la sentencia estimatoria implica la corrección de la conducta infractora y el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, incluido el lucro cesante (art. 127 ter.6 LJCA). Usted puede además personarse como parte en ese proceso para defender sus pretensiones.

Si la CNMC declina, no se queda sin defensa: puede interponer su propio recurso contencioso-administrativo, cuyo plazo empieza a contar desde la notificación de la SECUM. Managora le orienta sobre el siguiente paso en función de la respuesta obtenida.

Para la denuncia ante la CNMC, usted nos cuenta los hechos y nos aporta los indicios; nosotros redactamos la denuncia con la estructura del anexo I del RD 261/2008 (hechos, mercado afectado, calificación jurídica y pruebas) y la presentamos en la sede electrónica de la CNMC. Puede ver el importe actualizado en la ficha del trámite.

La reclamación por unidad de mercado se presupuesta según el caso: antes de cobrarle nada comprobamos que no haya recurrido el acto ni aceptado la sanción, que esté dentro del plazo de un mes y que la exigencia encaje en la LGUM. Si la vía está cerrada, se lo decimos y estudiamos la alternativa; si está abierta, preparamos la reclamación, la presentamos ante la SECUM y, si procede, la solicitud posterior a la CNMC. Empiece cuando quiera desde la ficha de cada trámite.