El IAE de la empresa: modelo 848, autoliquidacion municipal y aplazamiento de tributos locales

El Impuesto sobre Actividades Económicas se regula en los artículos 78 a 91 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDLeg 2/2004, TRLRHL). Están exentos, entre otros, todas las personas físicas y las sociedades, sociedades civiles y entidades del artículo 35.4 de la LGT cuyo importe neto de la cifra de negocios (INCN) sea inferior a 1.000.000 de euros (artículo 82.1.c TRLRHL). También hay exención durante los dos primeros períodos impositivos de inicio de actividad.

Paga el IAE, por tanto, la sociedad o entidad cuyo INCN alcanza o supera 1.000.000 de euros. La cifra que cuenta es la del penúltimo ejercicio anterior al del devengo: la facturación de 2024 determina si se tributa en 2026.

Si su sociedad forma parte de un grupo del artículo 42 del Código de Comercio, el Tribunal Supremo (desde la sentencia 274/2018, de 6 de marzo, con doctrina reiterada) exige que el umbral se mida con la cifra de negocios del conjunto solo cuando el grupo actúa como grupo consolidado, es decir, cuando tiene la obligación legal de formular cuentas anuales en régimen de consolidación. Si el grupo no está obligado a consolidar, cada sociedad mide la exención con su cifra individual, aunque exista control entre ellas.

Quien tributa efectivamente por el IAE debe comunicar a la AEAT el importe neto de su cifra de negocios (artículo 90.2 TRLRHL y Orden HAC/85/2003). La Orden exonera de presentar el modelo 848 cuando ese importe ya se ha hecho constar en la última declaración del Impuesto sobre Sociedades (modelo 200), del IRNR o en el modelo 184 presentada antes del 1 de enero del año en que la cifra deba surtir efectos en el IAE. En grupos obligados a consolidar, la exoneración exige que la entidad dominante haya consignado la cifra del conjunto del grupo.

Si no se da ninguno de esos supuestos, el modelo 848 se presenta entre el 1 de enero y el 14 de febrero, ambos incluidos, del ejercicio en que deba surtir efectos la comunicación. Las sociedades y demás personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración (artículo 14.2 de la Ley 39/2015), así que la presentación se hace por vía telemática en la sede electrónica de la AEAT, con certificado electrónico de la entidad: no es válida la presentación en papel en oficinas ni por correo.

Además, al perder la exención hay que presentar la declaración de alta en la matrícula del impuesto con el modelo 840 durante el mes de diciembre inmediato anterior al primer año en que se tributa, con los elementos que cuantifican la cuota (epígrafe, superficie, potencia, etc.).

Presentar el 848 fuera de plazo puede acarrear la sanción del artículo 198.1 de la LGT por declaraciones presentadas fuera de plazo sin perjuicio económico: multa fija de 200 euros, que queda en 100 euros si se presenta sin requerimiento previo de la Administración. Managora comprueba si su entidad está exonerada, y si no lo está prepara y presenta el modelo 848 por usted: puede ver el importe actualizado en la ficha del trámite.

La cuota parte de la tarifa del epígrafe (RDLeg 1175/1990), que incluye el elemento superficie del local. Sobre esa cuota de tarifa se aplica siempre el coeficiente de ponderación del artículo 86 TRLRHL, que depende del INCN y va de 1,29 a 1,35 (1,31 si la cifra no es conocida).

Si la cuota es municipal, el ayuntamiento puede aplicar además un coeficiente de situación según la categoría de la calle (artículo 87 TRLRHL: entre 0,4 y 3,8), y la diputación puede exigir un recargo provincial de hasta el 40 por ciento sobre la cuota municipal ya ponderada (artículo 134 TRLRHL).

Las cuotas provinciales y nacionales, que facultan para ejercer la actividad en toda la provincia o en todo el territorio nacional, no llevan coeficiente de situación ni recargo provincial y las recauda la AEAT.

En el IAE conviven dos gestiones: la censal (matrícula, con los modelos 840 y 848, a cargo de la AEAT salvo delegación) y la tributaria (liquidar y recaudar la cuota, a cargo del ayuntamiento o de la diputación u organismo provincial en quien delegue: ORGT en Barcelona, Suma en Alicante, OAR en Badajoz, entre otros). El reparto lo regula el RD 243/1995.

Cuando la gestión censal se ejerce por delegación, la entidad delegada puede exigir el impuesto en régimen de autoliquidación: en el alta de un ejercicio, la empresa calcula e ingresa ella misma la cuota (tarifa por coeficientes, con prorrateo por trimestres en el primer año) en lugar de esperar un recibo. En los ejercicios siguientes la cuota se cobra por padrón o matrícula en el período que fije la ordenanza fiscal: en Madrid, por ejemplo, el período voluntario de 2026 va del 1 de octubre al 1 de diciembre.

Managora calcula la cuota con la tarifa del epígrafe, el coeficiente de ponderación, el coeficiente de situación de su calle y el recargo provincial, y presenta la autoliquidación ante el ayuntamiento u organismo competente: es la ficha de autoliquidación del IAE en municipios, con el importe actualizado en la propia ficha.

Sí. Cualquier tributo local (IAE, IBI, IVTM, plusvalía municipal, tasas) puede aplazarse o fraccionarse cuando la situación de tesorería impide pagar en plazo (artículo 65 LGT, Reglamento General de Recaudación y ordenanza fiscal general de cada entidad). El aplazamiento retrasa el pago a una fecha única; el fraccionamiento lo divide en cuotas periódicas, normalmente mensuales y domiciliadas.

Conviene solicitarlo dentro del período voluntario de pago: así la deuda no entra en vía ejecutiva ni genera los recargos del período ejecutivo mientras se tramita. También puede pedirse en ejecutiva, antes de la enajenación de los bienes embargados.

La solicitud identifica la deuda, propone un calendario de pagos, motiva las dificultades transitorias de tesorería y adjunta la orden de domiciliación. La Administración dispone de seis meses para resolver; si no contesta, el silencio es negativo y la solicitud puede entenderse desestimada.

Los plazos máximos que se conceden dependen de cada ordenanza. Como referencia, el Ayuntamiento de Madrid concede aplazamientos de hasta 1 año y fraccionamientos de hasta 24 meses, ampliables con carácter excepcional hasta 3 y 5 años respectivamente. Otras entidades escalonan los plazos por tramos de importe.

Por debajo del umbral que fije la ordenanza de cada entidad no se exige garantía: en el Ayuntamiento de Madrid la garantía solo se pide cuando la deuda es igual o superior a 50.000 euros, aunque otras entidades locales mantienen umbrales inferiores, como 30.000 euros. Superado el umbral, la garantía habitual es aval solidario de entidad de crédito o certificado de seguro de caución, que cubre principal e intereses más un porcentaje adicional.

El aplazamiento devenga interés de demora (artículo 26.6 LGT): en 2026, con los presupuestos prorrogados, el 4,0625 por ciento anual. Si la deuda se garantiza íntegramente con aval bancario o seguro de caución, se aplica el interés legal del dinero, el 3,25 por ciento en 2026. Los intereses se ingresan con cada fracción.

Managora estudia su caso, redacta la motivación de tesorería, prepara la garantía si procede y presenta la solicitud ante el ayuntamiento o el organismo de recaudación provincial: es la ficha de aplazamiento y fraccionamiento de tributos locales. Encargue el 848 o la autoliquidación del IAE desde su ficha, con el importe actualizado en cada una. El aplazamiento se estudia caso a caso: si la deuda supera el umbral de garantía, la preparación del aval o seguro de caución y del plan de pagos requiere un presupuesto a medida, que le comunicamos antes de empezar.