Impuestos del sector financiero: la tasa Tobin (604) y el de primas de seguros (480)

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), conocido como tasa Tobin, es un tributo indirecto creado por la Ley 5/2020, de 15 de octubre. Grava las adquisiciones onerosas de acciones de sociedades españolas admitidas a negociación cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros a 1 de diciembre del año anterior. El tipo es el 0,2 % sobre la contraprestación pagada, sin incluir los costes de transacción (art. 5 y 7 de la Ley).

Aquí está la clave que más se pregunta: el contribuyente es el adquirente de las acciones (el inversor soporta el coste), pero el sujeto pasivo que declara e ingresa el impuesto es el intermediario financiero. Si una empresa de servicios de inversión o entidad de crédito compra por cuenta propia, ella es el sujeto pasivo; si compra por cuenta de un cliente, lo es el miembro del mercado que ejecuta la orden o, cuando intervienen varios intermediarios, el que recibe la orden directamente del adquirente (art. 6). Da igual dónde esté establecido: un bróker extranjero que opera con acciones españolas sujetas también es sujeto pasivo, como confirmó la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante V2563-21.

Para saber qué acciones están sujetas no hay que calcular nada: la AEAT publica cada diciembre en su sede la relación de sociedades españolas cuya capitalización supera los 1.000 millones de euros. La lista del ejercicio 2026, con la capitalización a 1 de diciembre de 2025, incluye valores como Aena, Endesa, Amadeus, Naturgy o Telefónica. Si el valor no aparece en la lista, la compra no tributa ese año.

Un matiz importante para el inversor: aunque no presenta el modelo 604, responde solidariamente de la deuda si comunica al intermediario información errónea o inexacta sobre exenciones o sobre la base imponible (art. 6.3 de la Ley 5/2020).

El artículo 3 de la Ley 5/2020 recoge un catálogo amplio de exenciones pensado para no gravar la financiación empresarial ni el funcionamiento del mercado: la emisión de acciones (mercado primario), las ofertas públicas de venta en su colocación inicial, las adquisiciones instrumentales de colocadores y aseguradores, la estabilización de precios en salidas a bolsa, las operaciones de entidades de contrapartida central y depositarios centrales de valores, los proveedores de liquidez con contrato, la creación de mercado (market making), las adquisiciones entre entidades del mismo grupo, las fusiones y escisiones acogidas al régimen especial, las operaciones de financiación de valores (repos y préstamo de valores) y las garantías con colateral, las medidas de resolución bancaria, los programas de recompra de acciones propias y, desde la Ley 12/2022, las adquisiciones de fondos de pensiones de empleo y mutualidades sin ánimo de lucro.

Las exenciones no se aplican solas: el adquirente debe comunicar al sujeto pasivo que concurre el supuesto de exención, y el intermediario debe reflejarlo y conservarlo en su registro de operaciones (RD 366/2021). Un error en esa comunicación traslada la responsabilidad al adquirente.

Otra duda frecuente: las ventas de acciones no tributan (el impuesto grava adquisiciones, no transmisiones desde el lado del vendedor), y los instrumentos derivados solo entran en juego cuando su ejecución o liquidación da lugar a la entrega de acciones sujetas.

El Impuesto sobre las Primas de Seguros (IPS) se regula en el artículo 12 de la Ley 13/1996 y grava las operaciones de seguro y capitalización que se entienden realizadas en España. Se devenga cuando se paga la prima y el tipo vigente es el 8 % desde el 1 de enero de 2021 (lo elevó del 6 % la Ley 11/2020 de Presupuestos).

El sujeto pasivo es la entidad aseguradora: ella autoliquida e ingresa el impuesto. Esta obligación alcanza igualmente a las aseguradoras de otros Estados del Espacio Económico Europeo que operan en España en libre prestación de servicios, que la cumplen directamente: la obligación de designar un representante fiscal en España fue suprimida por la Ley 20/2015 tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 11 de diciembre de 2014. Ahora bien, la ley obliga a repercutir íntegramente el impuesto sobre quien contrata el seguro: por eso el 8 % aparece desglosado en el recibo y el coste económico lo soporta el tomador, no la compañía.

La base imponible es el importe total de la prima o cuota. No forman parte de ella los recargos establecidos a favor del Consorcio de Compensación de Seguros ni el propio importe del impuesto.

La gestión tiene dos piezas: el modelo 430, autoliquidación mensual con ingreso (modelo electrónico vigente desde enero de 2024, aprobado por la Orden HFP/1284/2023), y el modelo 480, la declaración resumen anual que se presenta en enero y debe cuadrar con los doce modelos 430 del ejercicio.

El artículo 12 de la Ley 13/1996 deja fuera del impuesto, entre otras, estas operaciones: los seguros sociales obligatorios y los seguros colectivos que instrumentan sistemas alternativos a planes y fondos de pensiones, los seguros sobre la vida y los planes de previsión asegurados, las operaciones de capitalización basadas en técnica actuarial, el reaseguro, los seguros de caución, los seguros de crédito a la exportación, los seguros agrarios combinados, los seguros de asistencia sanitaria y enfermedad, y los seguros de transporte internacional de mercancías y viajeros.

El efecto práctico es directo: el recibo de un seguro de vida o de salud no lleva el 8 %, mientras que el del hogar, el del coche, el de responsabilidad civil o el multirriesgo de un comercio sí lo llevan. Para la aseguradora, la consecuencia es documental: debe llevar un registro que separe contratos sujetos y exentos, porque el modelo 480 exige declarar ambos bloques.

El modelo 604 del ITF se presenta cada mes entre el día 10 y el 20 del mes siguiente al periodo de liquidación, siempre por vía telemática con certificado electrónico. El Real Decreto 366/2021 permite canalizar la presentación y el ingreso a través de un depositario central de valores (en España, Iberclear) o hacerlo directamente ante la AEAT, y exige llevar un registro auxiliar operación a operación.

El modelo 430 del IPS se presenta en los veinte primeros días naturales del mes siguiente al periodo mensual, con una excepción: la autoliquidación de julio puede presentarse durante agosto y los veinte primeros días naturales de septiembre. El modelo 480 se presenta del 1 al 31 de enero del año siguiente al ejercicio.

Presentar fuera de plazo sin requerimiento previo genera recargos por declaración extemporánea y, si media requerimiento de la AEAT, puede derivar en sanción. En impuestos mensuales el descuido se multiplica por doce, así que la clave es industrializar el proceso: Managora lleva el calendario por usted y presenta cada modelo en ventana.

Managora prepara y presenta estos modelos por usted ante la sede electrónica de la AEAT. En el ITF: comprobamos que los valores estén en la lista AEAT del ejercicio, validamos las exenciones del artículo 3 aplicables a su operativa, montamos el fichero técnico con el detalle operación a operación conforme a la Orden HAC/510/2021 y presentamos el modelo 604 en plazo cada mes.

En primas de seguros: revisamos la separación entre contratos sujetos y exentos, calculamos la cuota mensual del 430, y en enero cuadramos el resumen anual 480 con las doce autoliquidaciones del ejercicio para que no haya descuadres que disparen un requerimiento.

El alcance de estos servicios depende del volumen de operaciones y de la operativa de cada entidad, por lo que se presupuestan a medida. Consulte la ficha del trámite correspondiente (modelo 604, Impuesto sobre las Transacciones Financieras; modelo 480, Impuesto sobre las Primas de Seguros), cuéntenos su caso y Managora lo prepara y lo presenta por usted.