Movilidad intra-UE: investigadores y estudiantes que ya residen en otro pais de la Union

Sí, en la mayoría de los casos. La Directiva (UE) 2016/801 creó un régimen de movilidad dentro de la Unión pensado precisamente para que un investigador o un estudiante ya admitido en un Estado miembro no tenga que repetir el procedimiento completo en el segundo. España lo ha traspuesto en la Ley 14/2013 (artículos 61, 62 y 72) para investigadores, y en el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre (artículo 59), para estudiantes.

La diferencia práctica es enorme. La vía de movilidad se articula mediante una comunicación previa: usted no pide una autorización nueva, sino que se avisa a la Administración española de que va a desarrollar parte de su actividad aquí, amparado por el permiso del primer Estado. La Administración dispone de 30 días para oponerse de forma motivada. Si no se opone, el desplazamiento puede producirse.

El requisito que lo condiciona todo es que la autorización expedida por el primer Estado miembro esté en vigor y cubra el periodo completo de la movilidad. Si caduca a mitad de la estancia, la comunicación decae y el caso hay que replantearlo por otra vía.

Conviene tener claro que movilidad no es lo mismo que una autorización nueva desde cero. La movilidad reconoce un derecho que ya tiene: por eso es más rápida, más barata y más frágil, porque depende de un permiso ajeno que usted no controla.

El investigador titular de una autorización de residencia UE en vigor emitida por otro Estado miembro no acude a la Oficina de Extranjería. Su expediente lo lleva la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE) y la comunicación se presenta por vía telemática en su sede electrónica.

Quien presenta la comunicación no es el investigador, sino la entidad empresarial que va a recibirle en España o su representante debidamente acreditado. Este punto se pasa por alto con frecuencia y es causa habitual de que la comunicación no llegue a producir efectos.

El momento de comunicar también está tasado: cuando se presenta la solicitud de autorización en el primer Estado, si en esa fase ya se prevé la movilidad a España, o bien, una vez admitido el investigador en ese primer Estado, tan pronto como se tenga conocimiento del proyecto de movilidad.

Con el impreso de comunicación de desplazamiento para investigación UE se aportan el documento de viaje válido, la autorización del primer Estado miembro que abarque el periodo de movilidad, el convenio de acogida o contrato suscrito en el primer Estado con la duración prevista y las fechas estimadas, y la prueba de que se dispone de seguro de enfermedad y de recursos económicos suficientes para el investigador y, en su caso, para su familia.

La Dirección General de Gestión Migratoria puede oponerse de manera motivada en el plazo de 30 días desde la recepción de la comunicación completa en tres supuestos: que no se cumplan los requisitos exigidos, que los documentos se hayan adquirido fraudulentamente o hayan sido falsificados o manipulados, y que haya transcurrido el periodo de validez de la autorización en el otro Estado miembro.

En estudiantes todo depende de una sola pregunta: ¿su estancia está cubierta por un programa de la Unión Europea o multilateral que incluya medidas de movilidad, o por un acuerdo entre dos o más instituciones de enseñanza superior?

Si la respuesta es sí, estamos en la movilidad Tipo 2 y basta la comunicación. Usted tiene derecho a entrar y permanecer en España hasta 360 días para cursar parte de sus estudios en una institución de enseñanza superior española. La comunicación la presenta la institución o centro de enseñanza superior inscrito en el Registro de Instituciones y Centros de Enseñanza Superior, por vía telemática a través de Mercurio, ante la Oficina de Extranjería de la provincia en la que vaya a iniciarse la actividad. El plazo es antes de entrar en España y, como máximo, un mes después. La Delegación o Subdelegación del Gobierno dispone de 30 días para oponerse.

Si la respuesta es no, estamos en la movilidad Tipo 3 y no hay atajo: hay que solicitar una autorización, aunque con una ventaja relevante, no se exige visado. Se presenta el modelo EX-00, se abona la tasa 790 código 052 en el epígrafe 1.1.1 y se acredita, entre otras cosas, la admisión en el otro Estado miembro, la admisión en el centro superior español, el seguro de enfermedad con prestaciones similares a las del Sistema Nacional de Salud y medios económicos de referencia el 100 % del IPREM mensual (600 euros al mes en 2026).

Sobre los medios económicos conviene deshacer un malentendido muy extendido. Tener el alojamiento pagado por adelantado no sustituye a la acreditación de medios: lo que hace es reducir la cuantía que se le exige, porque una parte del gasto ya está cubierta, pero usted debe seguir demostrando que dispone de fondos para su manutención durante la estancia. Presentar el justificante del alojamiento y nada más es un motivo habitual de denegación.

En la vía Tipo 3, la resolución debe dictarse en el plazo máximo de un mes desde que la solicitud entra en el órgano competente y, según la hoja informativa oficial, el silencio es positivo. Tras la notificación favorable hay hasta 3 meses para entrar en España, y si la estancia supera los 6 meses debe solicitarse personalmente la tarjeta de identidad de extranjero en el mes siguiente a la entrada.

Existe además el movimiento inverso (movilidad Tipo 1): el estudiante con visado o autorización de estancia de larga duración expedida por España que se desplaza a otro Estado miembro dentro de un programa de la Unión o multilateral. En ese caso permanece hasta 360 días por Estado miembro previa comunicación a las autoridades de destino, conforme a la normativa de ese país.

En el caso del investigador, los miembros de su familia pueden acompañarle durante la validez de la autorización. La hoja informativa oficial considera familiares al cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, a los hijos menores de edad y a los mayores que, dependiendo económicamente del titular, no hayan constituido por sí mismos una unidad familiar, y a los ascendientes a cargo.

Esto tiene una consecuencia documental directa: la prueba de recursos económicos y del seguro de enfermedad debe cubrir también a los familiares que se desplacen. Presentar solo la del titular es uno de los defectos que más requerimientos genera.

La Directiva protege igualmente a la familia frente a una oposición: si la Administración española se opone a la movilidad, el primer Estado miembro permite la reentrada sin más trámites de la persona extranjera desplazada y de su familia. Si el desplazamiento aún no se había producido, la resolución denegatoria simplemente lo impide.

Managora revisa la unidad familiar completa antes de presentar, para que la situación de quienes le acompañan no se resuelva por separado ni quede a la intemperie a mitad de la estancia.

El error más caro es tramitar de más: pedir una autorización española nueva cuando el caso encajaba en la movilidad. Se pagan tasas que no correspondían, se pierden semanas de procedimiento y, en el peor escenario, el investigador o el estudiante llega tarde al inicio del proyecto o del curso.

El segundo error es equivocar la ventanilla. Los investigadores van a la UGE-CE. Los estudiantes van por Mercurio, ante la Oficina de Extranjería de la provincia. Presentar al investigador en Extranjería no acelera nada y consume el calendario.

El tercero es de legitimación. La comunicación no la firma el interesado: en investigadores la presenta la entidad de acogida o su representante acreditado, y en estudiantes de Tipo 2 únicamente la institución de enseñanza superior inscrita en el Registro creado por el Real Decreto 1155/2024. Un centro no inscrito, sencillamente, no puede comunicar.

El cuarto es documental: autorizaciones del primer Estado que caducan antes de terminar la movilidad, convenios de acogida sin duración prevista ni fechas estimadas, documentos extranjeros sin traducción por traductor jurado y sin legalización consular o apostilla de La Haya, y expedientes que aportan el alojamiento pagado creyendo que así no hay que justificar medios económicos.

El quinto es de calendario: comunicar cuando el estudiante ya lleva dos meses en España. El plazo es antes de la entrada y, como tope, un mes después de producirse.

Managora prepara la comunicación o la solicitud, ordena la documentación del centro y del interesado, la presenta ante la UGE-CE o ante la Oficina de Extranjería que corresponda y vigila el plazo de oposición hasta el final. Puede ver el importe actualizado en la ficha del trámite.