El pacto de socios y el prestamo participativo: blindar la sociedad y financiarla

El pacto de socios (o pacto parasocial) es un contrato privado entre los socios de una sociedad que regula sus relaciones internas más allá de lo que dicen los estatutos. Está amparado en la libertad de pactos y la propia Ley de Sociedades de Capital lo reconoce: su artículo 29 dispone que los pactos que se mantengan reservados entre los socios no serán oponibles a la sociedad.

Los estatutos son públicos, se inscriben en el Registro Mercantil y están sujetos a los límites de lo inscribible. El pacto de socios, en cambio, es confidencial y admite regular lo que el Registro no acepta o lo que no interesa publicar: valoraciones de la empresa, compromisos de permanencia, planes de vesting, obligaciones personales de cada fundador o el régimen de una futura ronda de inversión.

El momento de firmarlo es antes de que haga falta: al constituir la sociedad, antes de la entrada de un inversor o de un socio nuevo, y siempre antes de que aparezca el conflicto. En sociedades de dos socios al 50 % es especialmente crítico: la paralización de los órganos sociales es causa legal de disolución (art. 363.1.d LSC).

Vesting y permanencia: los fundadores consolidan sus participaciones de forma gradual (por ejemplo, por años de dedicación) y, si alguien se marcha antes, los demás pueden adquirir las no consolidadas. Se distingue entre salida amistosa y salida por incumplimiento (good leaver y bad leaver), con precios distintos. En Derecho español se instrumenta mediante opciones de compra cruzadas en el pacto y, si se quiere efecto frente a la sociedad, mediante prestaciones accesorias en los estatutos (arts. 86 a 89 LSC).

No competencia, dedicación y propiedad intelectual: los fundadores se comprometen a dedicarse al proyecto, a no competir durante la vigencia del pacto (y durante un plazo tras su salida) y a ceder a la sociedad lo que desarrollen para ella.

Drag along y tag along: la cláusula de arrastre (drag along) permite que, si la mayoría pactada acepta una oferta de compra por el 100 % de la sociedad, los demás socios estén obligados a vender en las mismas condiciones. La de acompañamiento (tag along) protege al minoritario: si el mayoritario vende, puede sumarse a la operación al mismo precio. Ambas pueden además llevarse a los estatutos si se redactan con circunstancias claras y precisas: en la sociedad limitada, el Reglamento del Registro Mercantil admite inscribir la obligación de transmitir participaciones (art. 188.3 RRM); en la sociedad anónima el precepto aplicable a las restricciones a la transmisión de acciones es el art. 123 RRM.

Mayorías reforzadas y desbloqueo: en la sociedad limitada, la LSC permite que los estatutos exijan para asuntos concretos un porcentaje de votos superior al legal, sin llegar a la unanimidad (art. 200 LSC); en la sociedad anónima el refuerzo de mayorías se rige por el art. 201 LSC. En el pacto se lista qué materias reservadas (ampliaciones de capital, venta de activos esenciales, endeudamiento, retribuciones) exigen ese consenso. Y se pactan mecanismos de desbloqueo: negociación escalada entre socios, mediación y opciones de compraventa cruzadas para deshacer un empate al 50/50 antes de que el bloqueo lleve a la disolución.

El pacto obliga a quienes lo firman, como cualquier contrato: puede exigirse su cumplimiento y reclamar la indemnización o la penalización pactada. Pero el que se mantiene reservado no es oponible a la sociedad (art. 29 LSC): un acuerdo de junta no se anula solo por contradecir un pacto que la sociedad no ha asumido. Por eso la cláusula penal es tan importante: fija de antemano el coste de incumplir.

Para reforzar su eficacia conviene que lo firmen todos los socios (pacto omnilateral) y, cuando proceda, la propia sociedad; incorporar a los estatutos lo que sea inscribible (restricciones a la transmisión, mayorías reforzadas, prestaciones accesorias con su cláusula penal estatutaria); y, si se desea, elevarlo a escritura pública, un paso opcional que Managora le prepara y coordina, ya que el pacto es válido como documento privado.

En sociedades cotizadas el régimen es distinto: los pactos parasociales sobre voto o transmisibilidad deben comunicarse a la sociedad y a la CNMV, depositarse en el Registro Mercantil y publicarse (art. 531 LSC).

Es un préstamo con régimen legal propio, definido en el artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996: el prestamista percibe obligatoriamente un interés variable ligado a la evolución de la empresa (beneficio neto, cifra de negocio, patrimonio total u otro criterio pactado), al que puede sumarse un tramo fijo; su amortización anticipada solo cabe si se compensa con una ampliación de fondos propios de igual cuantía; en la prelación de créditos se sitúa tras los acreedores comunes; y computa como patrimonio neto a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades.

Ese último rasgo lo convierte en la herramienta típica para dos objetivos: financiar la startup sin diluir el capital (el prestamista no entra como socio) y sanear el balance cuando las pérdidas dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, que es la causa de disolución del art. 363.1.e LSC. Es también el instrumento de la financiación pública de ENISA, que en 2026 mantiene préstamos participativos de entre 25.000 y 1.500.000 euros sin exigir avales (sede de ENISA, consultada el 3 de agosto de 2026).

En lo fiscal, la firma no cuesta nada: los préstamos están exentos del ITP-AJD (art. 45.I.B.15 del Real Decreto Legislativo 1/1993) y el contrato privado no devenga tasa alguna. Los intereses son gasto financiero para la prestataria, con una excepción importante: si el prestamista es una entidad del mismo grupo mercantil (art. 42 del Código de Comercio), la Ley del Impuesto sobre Sociedades los trata como retribución de fondos propios y no son deducibles (art. 15.a LIS). Cuando presta un socio, además, la operación es vinculada y el interés debe fijarse a valor de mercado; si el prestamista es un socio significativo, la normativa concursal puede subordinar aún más su crédito.

La aportación de socios a fondos propios (la cuenta 118 del Plan General de Contabilidad) es una entrega definitiva: no genera deuda, no devenga intereses y no existe derecho a exigir su devolución. Refuerza el patrimonio neto a todos los efectos, no solo frente a la disolución, y es la vía más limpia para sanear un balance cuando el socio no espera recuperar ese dinero como acreedor.

El préstamo participativo mantiene la expectativa de recuperar el capital con su remuneración, pero con las reglas del art. 20 del RD-ley 7/1996: interés ligado a resultados, rango subordinado y amortización anticipada solo si se amplían los fondos propios en igual cuantía.

El criterio práctico: si el objetivo es salir de la causa de disolución y el socio asume que ese dinero se queda, aportación a fondos propios; si hay vocación real de devolución y de remunerar al financiador, préstamo participativo. En ambos casos el documento escrito bien redactado es esencial: fecha, importes, condiciones y coherencia con la contabilidad. Managora redacta los dos.

En el pacto de socios: no obligar al inversor o socio nuevo a adherirse al pacto (queda fuera de todas las reglas); pactar una mayoría tan reforzada que equivale a la unanimidad que la ley veda en los estatutos de la sociedad limitada (art. 200 LSC); un vesting sin definir good leaver, bad leaver ni precio de las opciones (la cláusula se vuelve inaplicable); y prescindir de la cláusula penal, dejando la indemnización a una prueba del daño lenta y difícil.

En el préstamo participativo: llamar participativo a un préstamo sin interés ligado a los resultados (incumple el requisito esencial del art. 20 y pierde sus efectos, incluido el cómputo como patrimonio neto); amortizarlo anticipadamente sin ampliar los fondos propios en igual cuantía (art. 20.uno.b); y el clásico dinero de socios que entra en la cuenta de la sociedad sin contrato ni acuerdo alguno, que acaba generando problemas contables y fiscales.

Managora le redacta el pacto de socios y el contrato de préstamo participativo (o la documentación de la aportación a fondos propios) a medida de su sociedad, listos para firmar. Consulte las condiciones de cada servicio en su ficha del trámite y encárguelo online: Managora lo prepara por usted.