Reagrupacion express: la familia de los visados de talento (Ley 14/2013)

El artículo 61.1 de la Ley 14/2013 enumera las categorías que abren esta vía: emprendedores, profesionales altamente cualificados (incluida la Tarjeta azul-UE), investigadores, trabajadores que efectúen traslados intraempresariales y teletrabajadores de carácter internacional, el conocido como visado de nómada digital. Los inversores figuraban en esa lista, pero su régimen quedó derogado el 3 de abril de 2025 y sus artículos 63 a 67 aparecen hoy sin contenido en el texto consolidado.

El artículo 62.4 define el círculo familiar, y es más amplio que el del régimen general: el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, los hijos menores de edad y los hijos mayores de edad que, dependiendo económicamente del titular, no hayan constituido por sí mismos una unidad familiar, y los ascendientes a cargo. La ley no fija un límite de edad para los hijos mayores ni les exige acreditar una incapacidad: lo que se valora es la dependencia económica y que no hayan formado una unidad familiar propia. Los criterios de aplicación de la Dirección General de Migraciones precisan que también entran los hijos del cónyuge o de la pareja, los menores tutelados, y que los ascendientes han de serlo en primer grado.

Cada familiar debe cumplir además los requisitos generales del artículo 62.3: no encontrarse irregularmente en España, carecer de antecedentes penales por delitos previstos en el ordenamiento español en los países donde haya residido los dos últimos años, contar con seguro público o privado de enfermedad, disponer de recursos económicos suficientes y abonar la tasa de tramitación.

La primera diferencia es que no hay que esperar. El artículo 68 del RD 1155/2024 exige al reagrupante del régimen general haber residido en España al menos un año y haber solicitado la autorización para residir otro año más. La Ley 14/2013 no impone esa espera: la familia puede pedir su autorización el mismo día que el titular, incluso antes de que este haya pisado España.

La segunda es que no se exigen ni el informe de vivienda adecuada ni la acreditación de la vivienda que reclama el régimen general. La UGE-CE valora los recursos económicos del titular y el vínculo familiar, no el número de habitaciones ni un informe autonómico o municipal.

La tercera es el plazo y el sentido del silencio. El artículo 76.1 fija un plazo máximo de resolución de veinte días desde la presentación electrónica y dispone que, si no se resuelve en ese plazo, la autorización se entenderá estimada por silencio administrativo. Al no decir la ley otra cosa, esos veinte días se cuentan como hábiles por aplicación del artículo 30.2 de la Ley 39/2015. En la reagrupación del régimen general el silencio es desestimatorio.

Hay una cuarta ventaja menos conocida: la presentación de la solicitud prorroga la vigencia de la situación de residencia o estancia que ya tuviera el solicitante hasta que se resuelva el procedimiento, de modo que nadie queda en situación irregular mientras se tramita.

El artículo 62.4 admite las dos vías de forma expresa: conjunta y simultánea, o sucesiva. Si las solicitudes se presentan a la vez, la propia ley obliga a que la autorización y, en su caso, el visado se resuelvan también de forma simultánea, con lo que la familia obtiene su resolución el mismo día que el titular.

La diferencia práctica está en la prueba de los recursos económicos. Si la solicitud es simultánea, basta con que el titular acredite disponer de recursos suficientes en función del número de familiares que viajan con él. Si se presenta después, la UGE-CE pide el contrato de trabajo del titular, las facturas o nóminas de los tres meses anteriores a la solicitud del familiar y certificados bancarios a su nombre, sellados y firmados por la entidad, con los movimientos que acreditan esos cobros señalados uno a uno.

Para los titulares de Tarjeta azul-UE hay una regla propia: el artículo 71.5 dispone que, cuando las solicitudes de los miembros de la familia no se presenten de forma simultánea a la del titular, deberán presentarse en el plazo máximo de un mes desde la entrada de los familiares en España.

Si el titular es teletrabajador de carácter internacional y su familia entró con el visado correspondiente, la autorización de residencia se solicita dentro de los sesenta días naturales anteriores a la expiración de ese visado, siempre que se mantengan las condiciones que generaron el derecho.

Sí. En lo no previsto por la Ley 14/2013 se aplica la Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento, el RD 1155/2024. La información oficial sobre la autorización por reagrupación familiar establece que la autorización de la que son titulares el cónyuge, la pareja de hecho y los hijos en edad laboral habilita para trabajar por cuenta ajena o propia en cualquier parte del territorio nacional, en cualquier ocupación y sector, sin necesidad de trámite administrativo adicional. Su cónyuge no necesita, por tanto, un permiso de trabajo aparte.

La duración va de la mano de la del titular. Las autorizaciones de la sección de movilidad internacional tienen una vigencia de hasta tres años: emprendedor (artículo 69), profesional altamente cualificado (artículo 71.3), investigación (artículo 72.3), traslado intraempresarial (artículo 73) y teletrabajo internacional (artículo 74 quinquies.2). La del familiar se concede vinculada a esa vigencia.

La renovación también es conjunta en la práctica. El artículo 76.3 permite renovar por periodos de dos años mientras se mantengan las condiciones que generaron el derecho, y la solicitud se presenta en los sesenta días anteriores al fin de la vigencia. Presentarla prorroga la validez de la autorización hasta que se resuelva, y también surte ese efecto si se presenta dentro de los noventa días posteriores al vencimiento, sin perjuicio del posible expediente sancionador.

Concedida la autorización, si su vigencia supera los seis meses hay que tramitar la tarjeta de identidad de extranjero con el modelo MI-TIE. Mientras esté vigente el visado de residencia, este ya autoriza a residir en España por sí mismo conforme al artículo 75.4.

Los documentos públicos emitidos por una autoridad extranjera deben presentarse legalizados o apostillados. Para los países del Convenio de La Haya de 1961 basta la apostilla; para el resto, la legalización por vía diplomática o consular.

Si el documento público no está redactado en castellano, debe aportarse junto al original una traducción realizada por traductor intérprete jurado autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En su defecto, solo son válidas las traducciones hechas o revisadas por las misiones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero (con sello de cotejo y posterior legalización por la Sección de Legalizaciones), o por las del país de origen del documento en España, apostilladas o legalizadas por ese mismo Ministerio. Para el resto de documentación es suficiente la traducción jurada.

Los documentos que suelen requerir este doble paso son el certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de hijos y ascendientes, el certificado de antecedentes penales, la documentación acreditativa de la situación civil y de dependencia de los hijos mayores de edad y los certificados negativos de ingresos o prestaciones. El pasaporte se aporta completo, con todas las páginas, sin necesidad de traducción.

La UGE-CE se reserva pedir en cualquier momento los documentos adicionales que considere necesarios si los presentados no acreditan suficientemente los requisitos de la Ley 14/2013.

Los requerimientos se repiten siempre por los mismos motivos. Vínculo acreditado con un certificado sin apostillar o con una traducción que no es jurada. Seguro de enfermedad que en realidad es un seguro de viaje, o que incluye copagos, carencias o simple reembolso de gastos: ninguno se acepta. Pareja de hecho no inscrita en registro público que no aporta seguro privado propio, porque sin inscripción no adquiere el derecho a ser beneficiaria del titular en la Seguridad Social.

En hijos: menor que es hijo de uno solo de los miembros de la pareja y que se presenta sin la autorización notarial del otro progenitor consintiendo expresamente su residencia en España. Hijo mayor de edad del que se afirma la dependencia económica sin probarla, es decir, sin certificados negativos de ingresos y prestaciones ni documentación que demuestre que sigue a cargo del titular, o del que no se acredita que no haya constituido por sí mismo una unidad familiar. No hace falta acreditar ninguna incapacidad ni existe un tope de edad, pero cuanto mayor es el hijo, más exigente es la UGE-CE con la prueba de esa dependencia.

En ascendientes: dependencia alegada pero no probada. Se exige una situación real, estable y previa a la solicitud, con convivencia acreditada durante al menos el año anterior o con prueba de los envíos de dinero durante ese mismo periodo, más la acreditación de que el ascendiente no percibe ingresos por trabajo ni prestaciones públicas. Se presume, en todo caso, que están a cargo los ascendientes mayores de 80 años.

En documentación económica: certificados bancarios sin sello ni firma de la entidad, o con los movimientos sin señalar. También calcular el umbral con la referencia equivocada, porque no todas las categorías del artículo 61.1 se miden igual: unas van referenciadas al IPREM y otras al salario mínimo interprofesional. En antecedentes: aportar los de un solo país cuando se ha residido en dos durante los últimos dos años, u olvidar la declaración responsable de inexistencia de antecedentes de los últimos cinco años. Y un error que ya no tiene arreglo: pedir la vía de familiar de inversor después del 3 de abril de 2025, porque se inadmite.

Managora revisa el vínculo, la legalización y la traducción antes de presentar, calcula la tasa oficial que corresponda a su caso y presenta el expediente ante la UGE-CE por usted. Puede ver el importe actualizado en la ficha del trámite.