Guías del despachoInmobiliario y arrendamientos

La comunidad quiere prohibir los pisos turísticos: el acuerdo

Actualizada el 2026-11-10 · Revisado por Jaime Piñeira Pardo, colegiado ICAM nº 138826

La respuesta corta

La junta puede aprobar, limitar, condicionar o prohibir los pisos turísticos con tres quintos del total de propietarios y de cuotas (artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal), sin efecto retroactivo. Quien discrepe impugna ante la sección civil del Tribunal de Instancia, tras intentar negociar: tres meses desde el acuerdo, o un año si infringe la ley o los estatutos; el ausente cuenta desde la comunicación.

Tiene un apartamento en un edificio de treinta y dos viviendas en la costa y lo alquila por semanas desde 2023, inscrito en el registro de turismo de su comunidad autónoma. No fue a la junta de septiembre, donde dieciocho vecinos aprobaron «prohibir los pisos turísticos, también los que ya funcionan, desde el 1 de enero» y un recargo del 30 % en sus gastos. El acta la recogió un huésped en el buzón del apartamento y usted la ha leído tres semanas después. El administrador le dice que el acuerdo se inscribirá en el Registro de la Propiedad y que su silencio cuenta como voto a favor.

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita
Para la comunidad, el acuerdo del artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal que aprueba, limita, condiciona o prohíbe la vivienda turística, o recarga hasta un 20 % sus gastos, elevado a escritura pública e inscrito. Para el propietario que discrepa, la demanda de impugnación del artículo 18, con petición de suspensión cautelar (artículo 18.4).
Ante quién
La sección civil del Tribunal de Instancia del lugar de la finca (artículo 52.1.8.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), en juicio ordinario cualquiera que sea la cuantía (artículo 249.1.8.º), previo intento de negociación (artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025). La apelación, ante la Audiencia Provincial.
Plazo
Caducidad del artículo 18.3: tres meses desde el acuerdo, o un año si es contrario a la ley o a los estatutos (sin los tres quintos, retroactivo o con un recargo superior al 20 %). Para el ausente corre desde la comunicación del artículo 9, que abre también sus treinta días naturales para discrepar (artículo 17.8). La solicitud de negociación suspende la caducidad (artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2025).
Quién puede
El propietario que salvó su voto, el ausente (mejor si discrepó en los treinta días del artículo 17.8) y el privado indebidamente del voto, al corriente de pago o tras consignar judicialmente lo debido (artículo 18.2). Se demanda a la comunidad, a la que representa su presidente (artículo 13.3).
Riesgo económico
Impugnar no suspende el acuerdo sin medida cautelar (artículo 18.4). Quien pierde paga las costas, con un tope en honorarios de la tercera parte de la cuantía, que si es inestimable se valora en 24.000 euros (artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y queda exento, salvo abuso, quien pidió negociar y vio rehusada la negociación. Seguir alquilando sin protección expone a la acción de cesación, con privación del uso hasta tres años.

Tres quintos del total del edificio, no de los que fueron a la junta

El artículo 17.12 exige, para aprobar, limitar, condicionar o prohibir la actividad turística, aunque suponga modificar el título o los estatutos, el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios que representen, a su vez, las tres quintas partes de las cuotas. Que con esa mayoría se puede prohibir ya no se discute: lo admitió el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en octubre de 2024 con la redacción anterior, y la reforma de 2025 lo dice expresamente.

El cálculo se hace sobre todo el edificio: con treinta y dos viviendas de dueños distintos hacen falta veinte votos y el 60 % de las cuotas, aunque a la junta acudan dieciocho y voten todos que sí. Los que faltan pueden llegar después, porque el artículo 17.8 cuenta como favorable al ausente debidamente citado que, informado del acuerdo, no comunica su discrepancia al secretario en treinta días naturales. Para el vecino que discrepa, callar es regalar su voto.

Tres detalles cambian el resultado y casi nadie los mira. Los privados de voto por deudas, que la convocatoria debe relacionar, no se computan para alcanzar la mayoría (artículos 15.2 y 16.2). El dueño de varios pisos cuenta, según el criterio más extendido, como un solo propietario aunque sume todas sus cuotas. Y el asunto debe figurar expresamente en el orden del día: votado en ruegos y preguntas, el acuerdo es contrario a la ley.

Desde abril de 2025, sin aprobación expresa no hay piso turístico nuevo

El artículo 7.3, en vigor desde el 3 de abril de 2025, invierte el punto de partida: quien quiera empezar la actividad turística necesita antes la aprobación expresa de la comunidad, con la mayoría del artículo 17.12. El silencio de los estatutos ya no es permiso, y quien empieza sin aprobación se expone al requerimiento de cese y a la demanda que explica nuestra guía de la acción de cesación. Para frenar pisos turísticos nuevos ya no hace falta prohibir nada.

¿Para qué votar, entonces? Porque el acuerdo expreso fija la regla por escrito, puede inscribirse para que alcance a quien compre y permite lo que el silencio no da: condicionar la actividad (un número máximo de viviendas turísticas, normas de uso, garantías) o recargar sus gastos. Antes, lea los estatutos inscritos: si ya prohíben actividades económicas, empresariales o comerciales, el Tribunal Supremo entiende desde finales de 2023 que el alquiler turístico está dentro, y el acuerdo nuevo debe adoptarse sin perjuicio de esa cláusula.

Quien quiera empezar debe pedirlo por escrito al presidente, que lo incluirá en el orden del día de la siguiente junta (artículo 16.2). Sin tres quintos no hay aprobación, y no cuente con que un juez la conceda en lugar de la junta. Lo que sí puede atacarse es la negativa desigual: aprobar a unos vecinos lo que se niega a otro en idénticas condiciones puede ser abuso de derecho (artículo 18.1.c), que por regla se impugna en tres meses.

Qué puede prohibirse y qué no: la letra e) del artículo 5

La comunidad no prohíbe «alquileres», sino la actividad del artículo 5.e) de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Desde el 8 de octubre de 2026, con el Real Decreto-ley 29/2026, pendiente de convalidación al cerrar esta guía, esa letra abarca la cesión turística y lucrativa de toda o parte de una vivienda amueblada sometida a la normativa turística, por un máximo de treinta y un días: el alquiler turístico por habitaciones entra en los tres quintos. Si el real decreto-ley decae, vuelve la redacción de la vivienda entera.

Lo demás queda fuera. El mismo real decreto-ley llevó al artículo 2 el arrendamiento de una habitación como vivienda habitual o temporal, y el arrendamiento de vivienda no se prohíbe con tres quintos. Un acuerdo que prohíba sin más «los alquileres de corta duración», «los de temporada» o «el alquiler de habitaciones» excede del artículo 17.12 en todo lo que no sea turístico: en esa parte cambia el destino de los pisos, exige la unanimidad del artículo 17.6 y es contrario a la ley.

Por eso la redacción del acuerdo es la mitad del pleito. Que el título describa los pisos como «viviendas» no es una prohibición: el Tribunal Supremo exige que las limitaciones de uso sean expresas y claras. Y en Cataluña no rige este régimen: su Código civil exige cuatro quintas partes de propietarios y de cuotas para modificar los estatutos y para fijar cuotas especiales por uso desproporcionado de elementos comunes (artículo 553-26.2, letras a y e), con plazos propios.

La irretroactividad protege al que ya estaba dado de alta, no al que ya alquilaba

El artículo 17.12 termina con una frase decisiva: estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos. Y la disposición adicional segunda deja seguir, con las condiciones y plazos de la normativa turística, a quien ya ejercía la actividad antes del 3 de abril de 2025 acogido a esa normativa. Las dos protegen una situación legal, no de hecho: quien alquilaba por plataformas sin inscripción ni declaración ante la administración turística no tiene nada que conservar.

Decide la comparación de fechas: la del alta turística de cada piso frente a la del acuerdo y, si empezó después del 3 de abril de 2025, la de la aprobación de la comunidad. Si los estatutos inscritos ya prohibían actividades económicas, no hay irretroactividad que invocar. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública lo aplica con rigor: un piso dado de alta quince días después de la junta quedó sujeto a la prohibición, y también quien se lo compró.

La protección tiene límites. Dura lo que la habilitación y, en la lectura más extendida, no impide cobrar desde el acuerdo el recargo de hasta el 20 %, porque eso no mira al pasado. Y la ley protege a «aquel propietario»: quien compra un piso turístico protegido para seguir explotándolo arriesga que se le exija la aprobación de la comunidad. La ley no resuelve estos extremos de forma expresa.

Inscribir el acuerdo: sin Registro no alcanza a quien compre después

El acuerdo válidamente adoptado obliga a todos los propietarios, esté o no inscrito (artículo 17.9), y es ejecutivo desde el cierre del acta (artículo 19.3). El Registro importa para el que compra después: el estatuto no inscrito no perjudica a terceros (artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal), la inscripción del edificio recoge las reglas del título y de los estatutos que configuran el ejercicio de la propiedad (artículo 8.4.º de la Ley Hipotecaria) y lo no inscrito no perjudica a tercero (artículo 32).

Se inscribe la certificación del acuerdo, firmada por el secretario con el visto bueno del presidente, que acredite la doble mayoría sobre el total, la notificación a cada ausente y el transcurso de sus treinta días, elevada a escritura pública. El tiempo cuenta: cada piso que se vende e inscribe entre la junta y la inscripción del acuerdo abre una discusión evitable sobre si ese comprador es un tercero al que la prohibición no perjudica.

Dos matices. La aprobación previa del artículo 7.3 vincula a cualquier comprador porque es la ley: la inscripción importa sobre todo para la prohibición, las condiciones y el recargo. Y el número de registro de alquiler de corta duración que daba el Registro de la Propiedad, que los registradores cruzaban con estas prohibiciones, cayó cuando el Tribunal Supremo anuló en 2026 el procedimiento del Registro Único de Arrendamientos; sigue mandando el registro de turismo autonómico.

Impugnar: treinta días, tres meses o un año, y antes negociar

Quien no fue a la junta tiene dos relojes: treinta días naturales para comunicar su discrepancia al secretario (artículo 17.8), porque si los deja pasar su voto cuenta a favor del acuerdo y la comunidad le discutirá después la legitimación, aunque el artículo 18.2 la reconoce a los ausentes por cualquier causa; y la caducidad del artículo 18.3, que para él corre desde la comunicación. Ambos arrancan con la notificación del artículo 9.1.h): en el domicilio en España que designó o, si no designó ninguno, en el piso, aunque la recoja el ocupante, y, si allí es imposible, en el tablón de anuncios, con diligencia y efectos a los tres días naturales.

El plazo depende del motivo. Es contrario a la ley, y se impugna en un año, el acuerdo adoptado sin los tres quintos del total, fuera del orden del día, con efecto retroactivo sobre pisos habilitados, con un recargo superior al 20 % o prohibiendo arrendamientos no turísticos. El trato desigual o el abuso de derecho se impugnan, por regla, en tres meses. Pasados esos plazos, el Tribunal Supremo solo admite discutir un acuerdo en supuestos excepcionales de nulidad radical.

Antes de demandar hay que intentar negociar: la impugnación va por juicio ordinario, no figura entre las excepciones del artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 y, sin el documento que lo acredite, la demanda no se admite (artículos 264.4.º y 403.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). La solicitud suspende la caducidad, que se reanuda si en treinta días naturales no se mantiene la primera reunión o no se obtiene respuesta por escrito (artículo 7.1). No hace falta para las cautelares previas a la demanda (artículo 5.3), ni para la junta o el Registro.

Cómo lo llevamos, paso a paso

  1. 1

    Hoy: discrepancia por escrito y domicilio para notificaciones

    Si faltó a la junta, comunicamos su discrepancia al secretario dentro de los treinta días naturales del artículo 17.8, con constancia de recepción, y designamos un domicilio en España para notificaciones (artículo 9.1.h), para que ningún plazo vuelva a correr desde el buzón del piso.

  2. 2

    Rehacer el cómputo de la junta

    Con la convocatoria, el acta, las notificaciones a los ausentes y las discrepancias recibidas rehacemos la doble mayoría sobre el total: propietarios, cuotas, privados de voto y orden del día. Un voto mal contado puede dejar el acuerdo por debajo de los tres quintos.

  3. 3

    Probar con documentos la situación anterior

    Reunimos el alta en el registro de turismo, el historial de reservas, las facturas, los partes de viajeros y las declaraciones fiscales, para acreditar que la actividad estaba habilitada y en marcha antes del acuerdo y, si no tiene aprobación de la comunidad, antes del 3 de abril de 2025.

  4. 4

    Ponerse al corriente y proponer la negociación

    Pagamos o consignamos lo vencido (artículo 18.2) y proponemos al presidente, con el mismo objeto que tendrá la demanda, que la junta excluya las viviendas habilitadas antes del acuerdo y baje el recargo al límite legal. Si la comunidad rehúsa negociar, usted queda exento de costas salvo abuso (artículo 394.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

  5. 5

    Demanda en plazo, con medidas cautelares

    Demandamos a la comunidad ante la sección civil del Tribunal de Instancia antes de que caduque la acción, descontada la suspensión, y pedimos la suspensión cautelar (artículo 18.4) del recargo o del requerimiento de cese y, si el acuerdo está inscrito, la anotación preventiva de la demanda (artículo 727.5.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

  6. 6

    Sentencia, apelación y la siguiente junta

    La sentencia se apela en veinte días desde su notificación (artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Anulado el acuerdo, reclamamos lo pagado de recargo y vigilamos la siguiente junta: la comunidad puede volver a votarlo bien hecho, y la sentencia protege su situación anterior, no un edificio sin reglas.

La prueba que decide el caso

  • La convocatoria con el punto expreso en el orden del día y la lista de morosos, y el acta con el nombre, la cuota y el voto de cada propietario: con ellas se rehace la doble mayoría sobre el total.
  • La notificación del acta a cada ausente, con fecha, lugar y forma (domicilio designado, el propio piso o el tablón con su diligencia), y las discrepancias recibidas: deciden si el silencio sumó y desde cuándo corre el plazo.
  • La resolución de alta en el registro de turismo, o la declaración responsable con su registro de entrada: su fecha, frente a la del acuerdo y al 3 de abril de 2025, decide la irretroactividad.
  • El historial de reservas de la plataforma, las facturas, los partes de viajeros y las declaraciones fiscales: la disposición adicional segunda exige que la actividad se estuviera ejerciendo, no solo que estuviera inscrita.
  • La nota simple del Registro de la Propiedad: la fecha de inscripción del acuerdo frente a la de la compra de cada piso decide a quién alcanza la prohibición.
  • La solicitud de negociación con su acuse y la respuesta o el silencio de la comunidad, más el justificante de pago o de consignación: sin ellos la demanda no se admite, y con ellos se discuten las costas.

Lo que cierra la puerta

  • Dejar pasar los treinta días naturales del artículo 17.8 sin comunicar por escrito la discrepancia al secretario: su voto se suma al acuerdo que quería combatir.
  • No designar un domicilio en España para notificaciones: el acta entregada al ocupante del piso, aunque sea un huésped, o colgada en el tablón pone en marcha los plazos sin que usted lo sepa.
  • Darse de alta en el registro de turismo después de la junta, o empezar después del 3 de abril de 2025 sin aprobación de la comunidad, creyendo que eso protege: la irretroactividad solo ampara situaciones legales anteriores.
  • Confiar en el año cuando el motivo es solo el abuso de derecho o el perjuicio: son tres meses, y el tribunal aprecia la caducidad aunque la comunidad no la alegue.
  • Para la comunidad: contar los tres quintos sobre los presentes sin esperar los treinta días de los ausentes, o cerrar pisos ya habilitados, o recargar más del 20 %: abre un año de impugnación.
  • Para la comunidad: no elevar a público ni inscribir el acuerdo, o tardar meses, y encontrarse con compradores a los que la prohibición no perjudica.

La norma aplicable

  • Arts. 17.8 y 17.12 LPH. Exige tres quintas partes del total de propietarios que representen tres quintas partes de las cuotas para aprobar, limitar, condicionar o prohibir la actividad del artículo 5.e) de la Ley de Arrendamientos Urbanos, suponga o no modificación del título o de los estatutos, y para recargar hasta un 20 % los gastos de esa vivienda, sin efectos retroactivos. Cuenta como favorable al ausente debidamente citado que, informado del acuerdo, no discrepa en treinta días naturales. BOE-A-1960-10906
  • Art. 7.3 y disp. adic. 2.ª LPH. Quien quiera ejercer la actividad del artículo 5.e) de la Ley de Arrendamientos Urbanos debe obtener antes la aprobación expresa de la comunidad en los términos del artículo 17.12, y el presidente requerirá el cese a quien la ejerza sin ella. Quien ya la ejercía antes del 3 de abril de 2025, acogido a la normativa turística, puede seguir con sus condiciones y plazos. BOE-A-1960-10906
  • Art. 18 LPH. Permite impugnar los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos, los gravemente lesivos para la comunidad o perjudiciales para un propietario y los abusivos; legitima a quien salvó su voto, al ausente y al privado indebidamente del voto, al corriente de pago o tras consignar; la acción caduca a los tres meses, o al año si se infringe la ley o los estatutos, para el ausente desde la comunicación, y no suspende el acuerdo salvo cautelar. BOE-A-1960-10906
  • Arts. 5 y 9.1.h LPH. El estatuto privativo sobre el uso o destino de los pisos no perjudica a terceros si no se inscribe en el Registro de la Propiedad. Sin domicilio en España comunicado al secretario, las notificaciones se hacen en el piso, con plenos efectos las entregadas al ocupante, y si es imposible, en el tablón de anuncios con diligencia, eficaz a los tres días naturales. BOE-A-1960-10906
  • Arts. 8.4.º y 32 LH. La inscripción del edificio en propiedad horizontal incluye las reglas del título y de los estatutos que configuren el contenido y ejercicio de esa propiedad, y los títulos no inscritos ni anotados en el Registro de la Propiedad no perjudican a tercero. BOE-A-1946-2453
  • Arts. 2 y 5.e) LAU. Con el Real Decreto-ley 29/2026, vigente desde el 8 de octubre de 2026, el artículo 5.e) excluye de la ley la cesión temporal, turística y lucrativa de la totalidad o de parte de una vivienda amueblada sometida a la normativa sectorial, cuya duración máxima no puede superar treinta y un días; el artículo 2 incluye en el arrendamiento de vivienda, habitual o temporal, el de una habitación. BOE-A-1994-26003
  • Arts. 5 y 7 LO 1/2025. La negociación previa es requisito de procedibilidad en los declarativos civiles, salvo excepciones tasadas, y no se exige para las cautelares previas a la demanda. Su solicitud suspende la caducidad desde el intento de comunicación; el cómputo se reanuda si en treinta días naturales no se mantiene la primera reunión o no se obtiene respuesta por escrito, y la demanda debe presentarse dentro del año siguiente. BOE-A-2025-76
  • Arts. 52.1.8.º, 249.1.8.º y 394 LEC. Es competente el tribunal del lugar de la finca y las acciones de la Ley de Propiedad Horizontal van por juicio ordinario cualquiera que sea la cuantía, salvo las de solo cantidad. Las costas son del vencido, con exención, salvo abuso, para quien pidió negociar y vio rehusada la negociación. BOE-A-2000-323

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

Preguntas frecuentes

Alquilo a turistas desde 2023 con alta en el registro de turismo. ¿Tengo que cerrar por el acuerdo?

No, si su alta y su actividad son anteriores al acuerdo: estos acuerdos no son retroactivos (artículo 17.12) y la disposición adicional segunda le deja seguir porque ya ejercía antes del 3 de abril de 2025. Según la lectura más extendida, sí puede aplicársele desde el acuerdo un recargo de hasta el 20 % en los gastos, porque no mira al pasado, aunque la ley no lo dice expresamente. Si el acuerdo ordena cerrar los pisos que ya funcionan, impúgnelo dentro del año en lugar de esperar a defenderse cuando la comunidad le demande.

No fui a la junta y el acta me llegó tarde. ¿Qué plazo tengo?

Dos. Treinta días naturales desde la comunicación para manifestar su discrepancia al secretario con constancia de recepción, porque si calla su voto cuenta a favor (artículo 17.8), y tres meses o un año para impugnar, también desde la comunicación (artículo 18.3). Si no designó domicilio, cuenta como comunicación la entrega en el piso, aunque la recogiera el ocupante, y, si allí no pudo hacerse, la colocación en el tablón de anuncios con diligencia, eficaz a los tres días naturales (artículo 9.1.h).

¿Cuánto pueden subirme los gastos por tener un piso turístico?

Con tres quintos, hasta un 20 % más de su participación en los gastos comunes, y solo en la vivienda donde se realiza la actividad turística (artículo 17.12); por encima, el acuerdo es contrario a la ley y se impugna en un año. Antes de impugnar, pague o consigne lo vencido: hay base para sostener que no hace falta si solo se discute el recargo, por la excepción del artículo 18.2 para las cuotas, pero no compensa arriesgar la admisión de la demanda.

Somos la comunidad. ¿Cómo inscribimos la prohibición en el Registro de la Propiedad?

Con la certificación del acuerdo, firmada por el secretario con el visto bueno del presidente, que acredite la doble mayoría sobre el total, la notificación a los ausentes y el transcurso de sus treinta días, elevada a escritura pública y presentada en el Registro donde consta el edificio. Inscrita, la prohibición perjudica a quien compre después (artículo 5 de la Ley de Propiedad Horizontal y artículo 32 de la Ley Hipotecaria). Conviene hacerlo en cuanto se cierre el cómputo.

Quiero empezar a alquilar mi piso a turistas. ¿Qué necesito de la comunidad?

Desde el 3 de abril de 2025, su aprobación expresa y previa con tres quintos del total de propietarios y de cuotas (artículos 7.3 y 17.12). Pídala por escrito al presidente para que la incluya en el orden del día de la siguiente junta (artículo 16.2). Sin ella, el presidente puede requerirle el cese y la comunidad demandarle. Y no sustituye la habilitación turística autonómica ni los requisitos urbanísticos del ayuntamiento: hacen falta todas.

Esta guía explica cómo funciona la acción en general. No sustituye al estudio de su caso: los plazos dependen de cuándo pasaron las cosas y de lo que usted haya hecho desde entonces.

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