No quiero ser presidente o la junta se bloquea: decide el juez
Actualizada el 2026-11-10 · Revisado por Jaime Piñeira Pardo, colegiado ICAM nº 138826
La respuesta corta
Si le han nombrado presidente y no puede ejercer, pida al juez el relevo dentro del mes siguiente a su acceso al cargo (art. 13.2 LPH). Si la junta no alcanza la mayoría, cualquier propietario puede pedir que el juez resuelva en equidad en el mes siguiente a la segunda junta (art. 17.7). Las dos peticiones van a la sección civil del Tribunal de Instancia, tras intentar negociar.
Tiene usted 79 años y vive en un cuarto sin ascensor, en un edificio de doce viviendas y dos locales que nunca ha tenido administrador: el presidente lo hace todo, de secretario y de administrador, desde las cuentas hasta el banco. En la junta ordinaria de hace tres semanas, celebrada en segunda convocatoria, nadie se ofreció y la presidencia le tocó a usted por turno, aunque explicó que una operación de cadera apenas le deja salir de casa. En la misma junta, el presupuesto del año que viene, que sube la cuota para pagar el seguro y la limpieza, sacó siete votos a favor y cuatro en contra; pero esos cuatro, los dos locales y dos pisos, sumaban el 52 % de las cuotas de los presentes, y el acta lo dio por rechazado. El vecino del primero le dice que el cargo es obligatorio y que no hay nada que hacer. Usted quiere saber si puede dejarlo, quién le sustituiría y si un juez puede desbloquear el presupuesto antes de que la comunidad se quede sin dinero para el seguro.
El caso, en cinco líneas
- Qué se ejercita
- Petición al juez por el cauce del artículo 17.7 de la Ley de Propiedad Horizontal, en tres variantes: el relevo del propietario designado presidente (art. 13.2, primer párrafo), la designación judicial de presidente cuando la junta no puede nombrarlo (art. 13.2, segundo párrafo) y la resolución en equidad del acuerdo que la junta no consigue adoptar por falta de mayoría (art. 17.7, segundo párrafo).
- Ante quién
- La sección civil del Tribunal de Instancia del lugar donde radica la finca (art. 52.1.8.º LEC). Si aquí es exigible el intento previo de negociación del artículo 5 de la LO 1/2025 se discute, y ya hay una Audiencia Provincial que confirmó la inadmisión de una petición de equidad sin él: se hace siempre. Contra lo resuelto, la mayoría de las Audiencias Provinciales admite apelación.
- Plazo
- Un mes, de caducidad, contado de fecha a fecha. El relevo, desde el acceso al cargo: el día de la junta si usted estaba; si no, como mucho desde la notificación del acta. La equidad, desde la fecha de la segunda junta, que la lectura mayoritaria identifica con la celebrada en segunda convocatoria en la que se produjo el bloqueo (art. 17.7). La solicitud de negociación suspende la caducidad desde el intento de comunicarla (art. 7.1 LO 1/2025). La designación de presidente por imposibilidad no tiene plazo legal, pero conviene pedirla en el mes siguiente a la junta frustrada.
- Quién puede
- El relevo solo puede pedirlo el propietario designado, por elección, turno o sorteo; el juez nombra en la misma resolución a quien le sustituye. La equidad la pide cualquier propietario interesado en el acuerdo bloqueado, normalmente quien votó a favor, y se cita a los que votaron en contra (los contradictores). La designación judicial de presidente puede pedirla cualquier propietario.
- Riesgo económico
- El juez se pronuncia siempre sobre las costas (art. 17.7), con el artículo 394 LEC como referencia: en principio las paga quien ve rechazado todo lo que pidió, salvo serias dudas, y quien invitó a negociar y vio rehusada la invitación queda exento salvo abuso. Si le niegan el relevo, sigue siendo presidente todo el mandato; si deja pasar el mes, ya no puede pedírselo al juez por esa designación. Si el juez rechaza la propuesta, solo cabe llevar otra a una junta nueva.
El cargo es obligatorio: decir que no en la junta no le libera
El artículo 13.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el presidente se nombra entre los propietarios mediante elección o, subsidiariamente, por turno rotatorio o sorteo, y que el nombramiento es obligatorio. La misma frase abre la única salida judicial que la ley regula: el propietario designado puede pedir al juez su relevo dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, invocando las razones que le asistan. Vale para cualquier forma de designación, también para quien fue elegido en votación: lo que se valora es si usted puede ejercer el cargo, no cómo llegó a él.
Lo que no funciona es lo que casi todo el mundo intenta. Negarse en la junta, mandar una carta de dimisión o, simplemente, no hacer nada no le quita el cargo: usted sigue representando a la comunidad en juicio y fuera de él (art. 13.3) y, si los estatutos o la junta no han separado los cargos, ejerce además de secretario y de administrador (art. 13.5). Mientras tanto nadie convoca, nadie firma el certificado de deuda que la comunidad necesita para reclamar a un moroso y nadie atiende al banco ni a la aseguradora; y de lo que deje de hacer, los vecinos pueden pedirle cuentas.
Hay dos salidas sin juez, y conviene intentarlas mientras se protege el plazo. La primera: la junta puede remover a cualquier cargo antes de que acabe su mandato, por acuerdo adoptado en sesión extraordinaria (art. 13.7), y usted, como presidente, puede convocarla (art. 16.1) con un único punto, su sustitución por quien se ofrezca o por el siguiente del turno. La segunda: si lo que pesa es el trabajo, la junta puede, por acuerdo mayoritario, separar de la presidencia las funciones de secretario y de administrador (art. 13.5). Ninguna de las dos detiene el mes del artículo 13.2.
Qué razones convencen al juez y a quién propone como sustituto
La ley no enumera los motivos: habla de «las razones que le asistan». Los tribunales parten de que la presidencia es una carga que acompaña a la propiedad y la levantan cuando hay causas objetivas y serias que impiden ejercerla o la hacen extraordinariamente gravosa, no por simple incomodidad. Suelen prosperar la edad avanzada unida a problemas de salud, la enfermedad o la discapacidad que limitan la autonomía, el cuidado diario de un familiar dependiente, la residencia habitual lejos del edificio o en el extranjero y el conflicto directo de intereses, como tener un pleito pendiente con la propia comunidad.
Fracasan, por lo general, la falta de tiempo por trabajo, no saber de cuentas, la mala relación con algún vecino o haber sido presidente hace poco. Lo que inclina la balanza es la carga real del cargo en ese edificio. Con un administrador profesional, el presidente convoca, preside y firma; sin él, hace además de secretario y de administrador (art. 13.5), y la misma edad o la misma enfermedad pesan mucho más. Por eso la petición no se gana con un certificado médico suelto, sino explicando qué exige el cargo en esa comunidad y por qué usted no puede asumirlo.
El juez resuelve «de plano», sin necesidad de juicio, de modo que la prueba va con la petición y no se reserva para una vista que puede no celebrarse. Si concede el relevo, tiene que designar en la misma resolución al propietario que le sustituye hasta que la junta haga un nuevo nombramiento en el plazo que él fije (art. 13.2). La petición que resuelve esa pregunta tiene más recorrido: el vicepresidente, si lo hay, a quien ya corresponde sustituir al presidente en caso de imposibilidad (art. 13.4), el siguiente del turno o el vecino que haya aceptado por escrito. Si lo que falla es la designación misma (se saltó el orden del turno o el asunto no figuraba en el orden del día), la vía es impugnar el acuerdo (art. 18), con sus propios plazos.
La junta sin mayoría: el juez desbloquea, pero no da la vuelta a un no
El artículo 17.7 fija la regla general: en primera convocatoria, la mayoría del total de los propietarios que represente a su vez la mayoría de las cuotas; en segunda, la mayoría de los asistentes, siempre que represente más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes. Y añade que, cuando la mayoría no se pudiere lograr por los procedimientos de los apartados anteriores, el juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a la fecha de la segunda junta y oyendo en comparecencia a los contradictores previamente citados, resolverá en equidad lo que proceda dentro de veinte días desde la petición, con pronunciamiento sobre las costas. Es uno de los pocos casos en que la ley permite a un tribunal decidir solo en equidad (art. 3.2 del Código Civil).
Bloqueo no es derrota. El cauce está pensado para la mayoría partida: la propuesta reúne más propietarios que cuotas, o más cuotas que propietarios, o empata. Si una mayoría clara, de propietarios y de cuotas, votó en contra, la junta ha decidido que no, y la lectura más sólida es que no hay nada que desbloquear: ese acuerdo negativo solo se discute impugnándolo por los motivos del artículo 18 (contrario a la ley o a los estatutos, gravemente lesivo o abusivo), en tres meses o, si infringe la ley o los estatutos, en un año. Equivocarse de vía consume plazos que no vuelven; la impugnación la explicamos en nuestra guía sobre impugnar acuerdos de la junta.
Tampoco todo se puede pedir. Al juez se le pide lo mismo que se votó, con las condiciones que lo hagan razonable, no una propuesta distinta. La letra alcanza a las mayorías de los apartados anteriores (un tercio, mayoría simple, tres quintos), pero este cauce no sirve para suplir la unanimidad que el artículo 17.6 exige para cambiar el título constitutivo o los estatutos en los acuerdos que el propio artículo 17 no regula expresamente: la ley habla de «la mayoría», y la opinión dominante excluye ese supuesto. Y no hace falta pedir lo que no necesita acuerdo: las obras de conservación y las de accesibilidad del artículo 10.1, que la Ley 4/2026 ha reescrito para personas con discapacidad o mayores de setenta años, son obligatorias sin acuerdo previo; las de accesibilidad, con un tope: que lo repercutido al año, descontadas las ayudas, no pase de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, salvo que las ayudas concedidas lleguen al 70 % o que quienes las piden asuman el exceso. Lo explicamos en nuestra guía sobre la rampa o el ascensor.
Cuándo empieza a correr el mes y por qué los ausentes cambian la cuenta
Los dos plazos son de un mes y de caducidad: no se interrumpen con quejas al administrador ni con cartas sueltas a los vecinos, se cuentan de fecha a fecha y no conviene contar con que agosto los detenga. El del relevo corre desde su acceso al cargo: si usted estaba en la junta, desde ese mismo día. Si no estaba, lo razonable es contarlo desde que se le notifica el acta por el procedimiento del artículo 9, porque nadie accede a un cargo que no conoce; pero esa lectura puede discutirse, y lo prudente es no apurarla.
El de la equidad corre desde «la fecha de la segunda Junta». Desde 1988, la segunda convocatoria puede celebrarse el mismo día, media hora después de la primera (art. 16.2), y la lectura mayoritaria identifica esa segunda junta con la celebrada en segunda convocatoria en la que se produjo el bloqueo: el mes empieza ese día. No espere a otra junta pensando que será la segunda. Llegar pronto tiene arreglo, porque si un tribunal exigiera repetir la votación, se repite y se vuelve a pedir; llegar tarde solo se arregla llevando el asunto a una junta nueva, que abre otro mes pero le cuesta meses.
Antes de dar la propuesta por perdida, haga la cuenta con los ausentes. En los acuerdos cuya mayoría se calcula sobre el total de propietarios (tres quintos, unanimidad o la mayoría de primera convocatoria), el voto del ausente debidamente citado que, informado del acuerdo por el procedimiento del artículo 9, no manifiesta su discrepancia al secretario en treinta días naturales se computa como favorable (art. 17.8), salvo cuando el coste no puede repercutirse a quien no votó a favor o la obra es para aprovechamiento privativo. Una propuesta «rechazada» esa noche puede quedar aprobada un mes después. Pero el mes del artículo 17.7 corre desde la junta, no desde que acaban esos treinta días, y lo que permite cuadrarlos es la negociación previa.
La negociación previa: discutida aquí, pero es la que le da tiempo
Desde abril de 2025, el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 exige en el orden civil, para admitir la demanda, haber intentado antes un medio adecuado de solución de controversias: en todos los procesos declarativos y especiales de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo materias tasadas, y no para la demanda ejecutiva, las medidas cautelares previas, las diligencias preliminares ni los expedientes de jurisdicción voluntaria (art. 5.3). Impugnar un acuerdo de la junta lo exige. Este procedimiento de la Ley de Propiedad Horizontal no está en la Ley de Enjuiciamiento Civil ni en la de la Jurisdicción Voluntaria, y por eso se discute.
Hay quien lo asimila a la jurisdicción voluntaria, que la ley exime de negociar (art. 5.3). Pero en junio de 2026 una Audiencia Provincial confirmó la inadmisión de una petición de equidad presentada sin ese intento: razonó que la equidad es el criterio con el que se decide y no la naturaleza del procedimiento, que es contencioso, y que las deliberaciones de la junta no cuentan como negociación. Para el relevo no conocemos todavía un criterio publicado. Nosotros hacemos el intento siempre, en los dos casos: una petición inadmitida cuando el mes ya ha pasado no tiene arreglo.
Y no es solo una formalidad. La solicitud de negociación que define bien su objeto suspende la caducidad desde la fecha en que consta el intento de comunicarla, y el cómputo se reanuda si en treinta días naturales desde que la otra parte la recibe no se celebra la primera reunión o no se obtiene respuesta por escrito (art. 7.1); se acredita con cualquier documento que pruebe que la otra parte la recibió, cuándo y que pudo acceder a su contenido íntegro (art. 10.2). Enviada en los primeros días, le deja casi el mes entero para después; enviada el último, le deja un día. Para el relevo se dirige a la comunidad y a los propietarios; para la equidad, a los contradictores.
Comunidad sin presidente: quién convoca y cuándo lo nombra el juez
Una comunidad no se queda sin gobierno porque el presidente se mude, venda, enferme o deje de contestar. Si hay vicepresidente, le sustituye en los casos de ausencia, vacante o imposibilidad (art. 13.4). Si no lo hay, la junta no depende de nadie: el artículo 16 permite que la pidan la cuarta parte de los propietarios o los que representen el 25 % de las cuotas, y en defecto del presidente la convocan esos mismos promotores, con los asuntos a tratar, el lugar, el día y la hora, citando a cada propietario en el domicilio que haya comunicado o, en su defecto, en el propio piso o local (art. 9.1.h).
Esa junta puede elegir presidente o, si nadie se ofrece, designarlo por turno o sorteo, y decidir quién lleva la secretaría y la administración (arts. 13.5 y 13.6). Si acuden todos los propietarios y así lo deciden, puede celebrarse incluso sin convocatoria (art. 16.3). Lo que no conviene es que un vecino actúe en nombre de la comunidad sin nombramiento: no la representa (art. 13.3), y el banco, la aseguradora o el tribunal se lo harán notar. El acta de esa junta, firmada por el presidente y el secretario, es la que hace ejecutivo lo decidido desde su cierre (art. 19.3).
Cuando, por cualquier causa, la junta no consigue designar presidente (nadie acude, el turno no puede aplicarse o las votaciones se bloquean), cualquier propietario puede acudir al juez para que lo designe (art. 13.2, segundo párrafo), por el mismo cauce del artículo 17.7. La ley no fija plazo para esta petición, pero el procedimiento es el del mes y hay quien se lo aplica: lo prudente es pedirlo dentro del mes siguiente a la junta frustrada, con su acta y una propuesta concreta de a quién designar. En Cataluña el régimen es otro: la excusa se plantea ante la propia junta (art. 553-15.5 de su Código civil) y la junta se constituye con cualquier asistencia (art. 553-23).
Cómo lo llevamos, paso a paso
- 1
El primer día: fecha límite y acta
Fijamos el día en que vence el mes, contado desde la junta, y pedimos el acta cerrada con los asistentes y sus cuotas y con los nombres y cuotas de quienes votaron a favor y en contra (art. 19.2). Si no los recoge, pedimos por escrito su rectificación.
- 2
La salida sin juez, en paralelo
Si usted es el presidente forzoso, convocamos una junta extraordinaria con su sustitución como único punto (art. 13.7). Si es un acuerdo bloqueado, comprobamos si los ausentes pueden completar la mayoría (art. 17.8) y si la obra necesitaba acuerdo (art. 10.1).
- 3
Solicitud de negociación en la primera semana
La enviamos a la comunidad y a los propietarios (relevo) o a los contradictores (equidad), con el objeto bien definido y prueba de recepción y de contenido. Cumple el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 y suspende el mes desde el intento de comunicarla (art. 7.1).
- 4
La prueba, antes de la petición
Informes médicos con diagnóstico y limitaciones, certificados de discapacidad o de empadronamiento y lo que exige el cargo en ese edificio; para la equidad, presupuestos comparados, informe técnico y reparto por cuotas. El juez decide con lo que se le aporta.
- 5
Petición al Tribunal de Instancia
La presentamos ante la sección civil del Tribunal de Instancia del lugar de la finca (art. 52.1.8.º LEC) dentro de lo que quede del mes: el relevo con propuesta de sustituto, o la resolución en equidad que se pide, con los contradictores identificados para que se les cite.
- 6
Comparecencia, resolución y lo que viene después
Defendemos la petición si hay comparecencia. El juez resuelve (la ley le da veinte días desde la petición), designa sustituto o decide sobre la propuesta y se pronuncia sobre las costas. Si la decisión no es razonable, la mayoría de las Audiencias Provinciales admite apelación.
La prueba que decide el caso
- El acta de la junta con los asistentes, sus cuotas y los nombres y cuotas de quienes votaron a favor y en contra (art. 19.2): acredita el bloqueo o la designación e identifica a los contradictores a los que el juez debe citar.
- La convocatoria con el orden del día y, si hubo segunda convocatoria, su hora: fija desde qué junta corre el mes y prueba que el asunto se votó tal como se pide al juez.
- Para el relevo, informes médicos recientes con diagnóstico y limitación funcional, certificados de discapacidad o dependencia y el empadronamiento fuera del municipio: causas objetivas, no una nota genérica.
- Los estatutos o el título con las cuotas y el orden del turno, y la prueba de lo que exige el cargo en ese edificio (sin administrador, el presidente hace de secretario y administrador): es lo que convierte una dificultad en imposibilidad.
- Para la equidad, presupuestos comparados, un informe técnico sobre necesidad y beneficio, y el cuadro de lo que paga cada cuota: el juez decide lo razonable, y lo razonable se demuestra con números.
- La solicitud de negociación con prueba de recepción y de contenido íntegro, la respuesta o el silencio, y la notificación del acta a los ausentes con sus treinta días: acreditan el requisito previo, fechan la suspensión del plazo y cierran la cuenta del artículo 17.8.
Lo que cierra la puerta
- Dimitir por carta, negarse en la junta o dejar de actuar: usted sigue siendo presidente, le pueden pedir cuentas de lo que no haga y el mes del relevo se consume sin pedirlo.
- Esperar a «otra junta» porque la ley habla de la segunda: la lectura mayoritaria cuenta el mes desde la junta celebrada en segunda convocatoria en la que se produjo el bloqueo.
- Presentar la petición sin solicitud previa de negociación, o enviarla el último día: ya hay una Audiencia Provincial que confirmó la inadmisión de una petición de equidad sin ese intento, y la suspensión solo congela los días que quedaban.
- Pedir en equidad que el juez dé la vuelta a un no de la mayoría, o que supla la unanimidad que el artículo 17.6 exige para cambiar el título o los estatutos: ese terreno es el de la impugnación del artículo 18, cuyos plazos de tres meses o un año siguen corriendo.
- Dar la propuesta por rechazada sin contar a los ausentes (art. 17.8), o acudir al juez con un acta que no recoge nombres ni cuotas: se litiga por algo ya aprobado o sin la prueba del bloqueo.
- Pedir el relevo sin proponer sustituto ni explicar qué exige el cargo en ese edificio, o pedir al juez una propuesta distinta de la votada: el juez no tiene con qué resolver.
La norma aplicable
- Art. 13 LPH. El presidente se nombra entre los propietarios por elección o, subsidiariamente, por turno rotatorio o sorteo, y el nombramiento es obligatorio; el designado puede pedir al juez su relevo dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, y el juez resuelve de plano por el cauce del artículo 17.7 designando a quien le sustituye. También cabe acudir al juez si la junta no puede designar presidente. El mandato es anual salvo que los estatutos digan otra cosa, y la junta puede remover a los cargos en sesión extraordinaria. BOE-A-1960-10906
- Art. 16 LPH. La junta se reúne al menos una vez al año y cuando lo considere el presidente o lo pidan la cuarta parte de los propietarios o el 25 % de las cuotas; la convoca el presidente o, en su defecto, los promotores. Sin quórum en primera convocatoria, se celebra en segunda sin quórum, en la fecha y hora de la citación, que puede ser el mismo día media hora después; si no se fijó, se convoca de nuevo dentro de los ocho días naturales siguientes, con tres días de antelación como mínimo; si concurren todos los propietarios y así lo deciden, cabe junta sin convocatoria. BOE-A-1960-10906
- Art. 17 LPH. Fija la mayoría de cada acuerdo: en general, mayoría de propietarios y de cuotas, y en segunda convocatoria mayoría de asistentes que represente más de la mitad de las cuotas de los presentes. Si la mayoría no se logra, el juez, a instancia de parte deducida en el mes siguiente a la segunda junta y oyendo a los contradictores citados, resuelve en equidad en veinte días y se pronuncia sobre las costas. Salvo excepciones, el ausente citado que no discrepa en treinta días naturales computa como voto favorable. BOE-A-1960-10906
- Art. 19 LPH. El acta debe expresar los asistentes y representados con sus cuotas, el orden del día y los acuerdos, con los nombres y cuotas de quienes votaron a favor y en contra cuando sea relevante para su validez; se cierra con las firmas del presidente y del secretario en los diez días naturales siguientes, desde entonces los acuerdos son ejecutivos, se remite a los propietarios y sus defectos pueden subsanarse antes de la siguiente junta. BOE-A-1960-10906
- Art. 3.2 CC. La equidad ha de ponderarse en la aplicación de las normas, pero las resoluciones de los tribunales solo pueden descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. BOE-A-1889-4763
- Art. 52.1.8.º LEC. En los juicios en materia de propiedad horizontal es competente el tribunal del lugar en que radique la finca, por encima de los fueros generales. BOE-A-2000-323
- Art. 5 LO 1/2025. Exige en el orden civil, como requisito de procedibilidad, haber acudido antes a un medio adecuado de solución de controversias con identidad de objeto, en los procesos declarativos y especiales de la Ley de Enjuiciamiento Civil salvo materias tasadas, y no lo exige para la demanda ejecutiva, las medidas cautelares previas, las diligencias preliminares ni los expedientes de jurisdicción voluntaria. BOE-A-2025-76
- Art. 7 LO 1/2025. La solicitud de negociación que define su objeto interrumpe la prescripción o suspende la caducidad desde la fecha en que consta el intento de comunicarla, y el cómputo se reanuda si en treinta días naturales desde su recepción no se celebra la primera reunión o no se obtiene respuesta por escrito. BOE-A-2025-76
Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.
Preguntas frecuentes
Me ha tocado ser presidente por turno y no puedo. ¿Puedo negarme?
Negarse, sin más, no le libera: el nombramiento es obligatorio (art. 13.2 de la Ley de Propiedad Horizontal) y, mientras nadie le sustituya, usted representa a la comunidad. Tiene dos salidas: que la junta, convocada en sesión extraordinaria, le releve y nombre a otro (art. 13.7), o pedir al juez el relevo dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, explicando sus razones. Conviene preparar las dos a la vez, porque el mes no espera a la junta.
¿Qué razones acepta el juez para relevarme?
Causas objetivas y serias que le impidan ejercer o lo hagan extraordinariamente gravoso: edad avanzada con problemas de salud, enfermedad o discapacidad que limite su autonomía, el cuidado de un familiar dependiente, vivir lejos o en el extranjero, o un conflicto directo con la comunidad. La falta de tiempo por trabajo o no saber de cuentas no suelen bastar. Pesa mucho lo que exige el cargo en su edificio, y también que proponga quién debe sustituirle, porque el juez tiene que designarlo.
La propuesta tuvo más votos a favor, pero no salió por las cuotas. ¿Puede decidir el juez?
Sí: es el caso para el que está pensado el artículo 17.7. Cualquier propietario interesado puede pedir, en el mes siguiente a la segunda junta, que la lectura mayoritaria identifica con la celebrada en segunda convocatoria en la que se produjo el bloqueo, que el juez resuelva en equidad después de oír a quienes votaron en contra. Antes conviene enviarles una solicitud de negociación, que además suspende el plazo, y, si la mayoría se calcula sobre el total de propietarios, comprobar si los ausentes la completan con su silencio en treinta días (art. 17.8).
Nuestra comunidad no tiene presidente ni administrador. ¿Quién convoca la junta?
La pueden pedir y convocar la cuarta parte de los propietarios o los que representen el 25 % de las cuotas (art. 16 de la Ley de Propiedad Horizontal), citando a todos con el orden del día, el lugar, el día y la hora. Esa junta elige presidente o lo designa por turno o sorteo. Si, por cualquier causa, es imposible designarlo, cualquier propietario puede pedir al juez que lo nombre (art. 13.2); conviene hacerlo en el mes siguiente a la junta frustrada.
¿Y si el juez dice que no? ¿Puedo recurrir y quién paga las costas?
El juez se pronuncia siempre sobre las costas (art. 17.7). La referencia es el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: en principio las paga quien ve rechazado todo lo que pidió, salvo serias dudas, y quien invitó a negociar y vio rehusada la invitación queda exento salvo abuso. Sobre el recurso la ley calla: la mayoría de las Audiencias Provinciales admite la apelación y revisa que la decisión sea racional y razonable, aunque alguna la niega.
Esta guía explica cómo funciona la acción en general. No sustituye al estudio de su caso: los plazos dependen de cuándo pasaron las cosas y de lo que usted haya hecho desde entonces.