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La comunidad se niega a poner ascensor o rampa: oblíguela

Actualizada el 2026-11-10 · Revisado por Jaime Piñeira Pardo, colegiado ICAM nº 138826

La respuesta corta

La Ley 4/2026 reforzó el artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal: la comunidad debe hacer, sin acuerdo previo, la rampa o el ascensor que pida el propietario en cuya casa vive alguien con discapacidad o mayor de setenta años, con límites económicos. Tras intentar negociar, se demanda en la sección civil del Tribunal de Instancia; si la junta votó en contra, en los tres meses siguientes.

Tiene usted 81 años y vive desde 1984 en su piso, un tercero sin ascensor en un edificio de doce viviendas de Valladolid. Desde la prótesis de rodilla sube agarrándose a la barandilla y parando en cada rellano, y hay semanas en que no baja a la calle. Un arquitecto ha visto que cabe un ascensor por el patio de luces y lo calcula en unos 90.000 euros, 7.500 por vivienda. En la junta de marzo la propuesta perdió por siete votos contra cinco: los del bajo y el primero dicen que no lo necesitan. Usted paga 65 euros al mes de comunidad. El presidente le asegura que, sin mayoría, no hay nada que hacer. Ha oído que una ley de octubre obliga a la comunidad y quiere saber si puede exigirlo, cuánto le costará y de cuánto tiempo dispone.

El caso, en cinco líneas

Qué se ejercita
Demanda contra la comunidad de propietarios para que se la condene a ejecutar las obras de accesibilidad obligatorias del artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal, a pedir las ayudas que usted le haya señalado y a repartir la derrama. Si la junta las rechazó o aplazó, se acumula la impugnación de ese acuerdo por contrario a la ley (art. 18.1.a LPH). En Cataluña, petición judicial del artículo 553-25.5 del Código civil catalán.
Ante quién
La sección civil del Tribunal de Instancia del lugar donde está la finca, por el juicio ordinario, cualquiera que sea la cuantía (art. 249.1.8.º LEC). Antes hay que intentar negociar (art. 5 LO 1/2025): la excepción de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad no alcanza a esta obra. Apelación ante la Audiencia Provincial.
Plazo
Sin acuerdo de la junta que la rechace, la acción para exigir la obra no tiene plazo especial: prescribe a los cinco años desde que puede exigirse el cumplimiento (art. 1964.2 CC), y una petición nueva lo abre de nuevo mientras la persona siga viviendo allí. Si la junta la rechaza o la aplaza, el acuerdo se impugna: caduca al año si es contrario a la ley y a los tres meses en los demás casos, desde la junta o, para el ausente, desde que se le comunicó (art. 18.3 LPH). Como la comunidad discutirá que la obra fuera obligatoria, cuente tres meses. La solicitud de negociación interrumpe la prescripción y suspende la caducidad mientras dura, y, si no hay acuerdo, solo vale como requisito si se demanda dentro del año siguiente (art. 7 LO 1/2025).
Quién puede
Pide la obra, y demanda, el propietario del piso o local en el que vive, trabaja o presta servicios voluntarios una persona con discapacidad o mayor de setenta años. El inquilino no puede hacerlo en su propio nombre (tiene la vía de la Ley 15/1995, a su costa), salvo en Cataluña, donde el artículo 553-25.5 legitima también al titular de un derecho posesorio. Se demanda a la comunidad, representada por su presidente. Para impugnar el acuerdo hay que haber votado en contra o estar ausente, y estar al corriente de pago o consignar lo debido (art. 18.2 LPH).
Riesgo económico
Si el tribunal concluye que la obra superaba los límites económicos y usted no se había comprometido a asumir el exceso, la demanda se desestima y lo normal es que pague las costas de la comunidad, salvo que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho. Si gana, la obra la pagan todos los propietarios según su cuota, usted incluido, más el exceso si lo asumió. El informe pericial se paga por adelantado. Y el pleito lleva tiempo: si la persona deja de vivir en la casa antes de la sentencia, el caso puede quedarse sin objeto.

Qué obliga a hacer la Ley 4/2026 y qué no ha cambiado

El artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal declara obligatorias, sin necesidad de acuerdo de la junta, las obras necesarias para garantizar las condiciones de accesibilidad universal y, en todo caso, los ajustes razonables, y las que pidan los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años para asegurarles un uso adecuado de los elementos comunes, incluida la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos. La junta no decide si la obra se hace. Según el artículo 10.2.a), se limita a repartir la derrama y a fijar cómo se paga.

La Ley 4/2026, de 1 de octubre, reescribió ese párrafo en su disposición final primera, con efectos desde el 23 de octubre de 2026. Antes, la obra era obligatoria si lo repercutido al año, descontadas las ayudas, no pasaba de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, o si las ayudas a las que la comunidad pudiera tener acceso llegaban al 75 %. El tope se mantiene, pero el párrafo amplía su alcance a las condiciones de accesibilidad universal y trae cuatro novedades: si la comunidad pide financiación, el coste se reparte en tantos años como esta permita; la comunidad queda obligada a pedir las ayudas que usted le aporte; si las efectivamente concedidas alcanzan el 70 %, no hay tope; y la ley dice ya que el interesado puede pedir al juez que la obligue.

No hay que confundirlo con el acuerdo del artículo 17.2: la junta puede aprobar voluntariamente la supresión de barreras o el ascensor por mayoría de propietarios que representen a su vez la mayoría de las cuotas, y entonces la comunidad paga aunque se superen las doce mensualidades. Esa vía depende de los votos; la del artículo 10.1.b), no. La nueva disposición adicional tercera obliga a las Administraciones a habilitar créditos para ayudas de accesibilidad y hace prioritaria su promoción en las políticas de vivienda, pero no le da a usted derecho a una subvención concreta. Y nada de esto rige en Cataluña, que tiene su propio régimen en el Código civil catalán.

Quién puede exigirlo y qué tiene que acreditar

La petición la hace el propietario: la ley habla de los propietarios en cuya vivienda o local vive, trabaja o presta servicios voluntarios la persona. Si su madre vive en un piso que es de usted, lo pide usted; si el piso es de ella, lo pide ella o quien la represente. Si la persona es mayor de setenta años, basta la edad, sin acreditar limitación alguna; si no lo es, la discapacidad se prueba con la resolución administrativa que la reconoce, y sin ella la comunidad lo discutirá todo. Hay que probar, además, que vive o trabaja allí: empadronamiento, contrato o certificado de la entidad de voluntariado.

La obra tiene que servir a esa persona. La ley no da derecho a cualquier obra, sino a la que le asegura un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes. El artículo 2.m) del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad define el ajuste razonable como el que no impone una carga desproporcionada o indebida y, en su redacción vigente desde el 23 de octubre de 2026, dice que no realizarlo supone una discriminación por razón de discapacidad. Por eso la batalla técnica es si hay una solución más barata que sirva igual: una plataforma salvaescaleras frente al ascensor, una rampa frente a una plataforma elevadora.

Si quien lo necesita es inquilino o usufructuario y el dueño no quiere pedirlo, la vía es otra. La Ley 15/1995 le permite hacer a su costa obras de adecuación de los elementos comunes que no afecten a la estructura o fábrica del edificio, notificándolas a la comunidad con proyecto técnico: la comunidad tiene sesenta días para oponerse de forma motivada o proponer alternativas, su silencio equivale a consentimiento y, si se opone, se resuelve en juicio verbal. La diferencia decisiva es que paga quien la pide. En Cataluña, si la junta no aprueba la obra, el artículo 553-25.5 del Código civil catalán permite pedir al juez que obligue a la comunidad a hacer las obras razonables y proporcionadas, también al titular de un derecho posesorio, y el juez fija el importe en función de los gastos ordinarios comunes (art. 553-30.3), sin tope de doce mensualidades ni regla del 70 %.

La cuenta que decide el pleito: tope, años de financiación y 70 %

El tope se mide así: lo que a cada propietario le toque pagar al año por la obra, una vez descontadas las ayudas, no puede superar lo que paga en un año de cuotas ordinarias. Con una cuota de 65 euros al mes, el límite son 780 euros al año. Un ascensor de 90.000 euros en doce viviendas iguales supone 7.500 euros por piso: pagado de una vez, multiplica casi por diez el tope. Con un préstamo a quince años, son 500 euros al año más intereses y, según las condiciones, cabe. Esa es la diferencia que trae la reforma.

La reforma tiene una rendija: el reparto en tantos años como dure la financiación solo opera si la comunidad la solicita, y la ley no la obliga a endeudarse. Lo que sí la obliga es a pedir las ayudas cuyas convocatorias usted le aporte, de modo que el primer escrito debe identificarlas por su nombre y su plazo. Si la comunidad no las pide, difícilmente podrá escudarse después en que lo concedido no llega al 70 %: el artículo 1119 del Código Civil tiene por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento, y ese es el argumento que llevamos al pleito.

Si aun así la cuenta no sale, la obra sigue siendo obligatoria cuando quien la pidió asume el exceso. La ley no aclara cómo se mide cuando las ayudas se quedan por debajo del 70 %: sostenemos que basta con cubrir la diferencia hasta ese porcentaje, que suele ser bastante menos que todo lo que pase del tope. El compromiso se ofrece por escrito antes de demandar, no en la sala, y en la demanda se pide de forma subsidiaria: si el juez hace otra cuenta, el caso no se pierde. Y si los estatutos eximen a los locales de los gastos del ascensor, esa discusión también cambia la cuenta, y conviene resolverla antes de repartir la derrama.

Si la junta dice que no o lo aplaza: el plazo que de verdad corre

La obra no necesita acuerdo, pero la comunidad suele votar igualmente, y lo que se vote puede volverse en su contra. Si la junta rechaza la obra, o la aplaza sin fecha a la espera de más presupuestos, ese acuerdo hay que impugnarlo, y en la misma demanda se pide la condena a ejecutar. Los requisitos generales de la impugnación (votar en contra y que conste en el acta, estar al corriente de pago o consignar, pedir la suspensión cautelar) los explicamos en nuestra guía sobre impugnar acuerdos de la junta. Aquí importa el plazo.

El artículo 18.3 fija un año si el acuerdo es contrario a la ley y tres meses en los demás casos, desde la junta o, si usted no asistió, desde que se le comunicó. La trampa es que el rechazo solo es contrario a la ley si se cumplían las condiciones del artículo 10.1.b), que es justo lo que la comunidad discutirá. Si el tribunal concluye que la obra superaba el tope, el acuerdo deja de ser ilegal y el plazo que regía era el de tres meses. Por eso trabajamos con tres meses, no con un año. Si faltó a la junta, comunique por escrito su discrepancia al secretario en los treinta días naturales siguientes a que le informen del acuerdo (art. 17.8).

Si no hay acuerdo, porque el presidente no convoca o la comunidad simplemente calla, no hay nada que impugnar: se demanda la ejecución. Esa acción no tiene plazo especial y prescribe a los cinco años desde que puede exigirse el cumplimiento (art. 1964.2 del Código Civil); como la obligación nace de la petición, mientras la persona siga viviendo allí una petición nueva abre un plazo nuevo. Lo mismo vale para quien vio rechazado el ascensor antes de la reforma: impugnar aquel acuerdo puede ser ya imposible, pero una petición hecha desde el 23 de octubre de 2026 se rige por la ley nueva.

Antes de demandar: una petición que sirva también de negociación

Desde el 3 de abril de 2025, en el orden civil la demanda no se admite si antes no se ha intentado un medio adecuado de solución de controversias con el mismo objeto (art. 5 de la Ley Orgánica 1/2025), y esta no está entre las excepciones. La que menciona la discapacidad, la letra c) del artículo 5.2, se refiere a las medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, las que sustituyeron a la antigua incapacitación, que son otra cosa. Y presentar la demanda como tutela de un derecho fundamental para saltarse la negociación es jugarse la admisión: lo que se pide es que se cumpla la Ley de Propiedad Horizontal.

El requisito se cumple negociando directamente o entre abogados, con mediación, con conciliación o con la opinión de una persona experta independiente. Lo eficaz aquí es un solo escrito, dirigido a la comunidad a través de su presidente y de su administrador, que haga dos cosas: pedir la obra al amparo del artículo 10.1.b), con la acreditación, el informe técnico, las convocatorias de ayudas y, si hace falta, el compromiso de asumir el exceso; y proponer negociar ese mismo objeto, con fecha. Si la comunidad acepta, un arquitecto independiente designado por ambas partes puede zanjar la discusión técnica antes del juicio.

Ese escrito interrumpe la prescripción y suspende la caducidad desde que consta el intento de comunicarlo, pero el alivio es corto: si en los treinta días naturales siguientes a su recepción no se mantiene la primera reunión o no se obtiene respuesta por escrito, los plazos vuelven a correr. Sin respuesta, o terminada la negociación sin acuerdo, la demanda debe presentarse dentro del año siguiente a la recepción del escrito o, en su caso, al fin de la negociación, para que el requisito se tenga por cumplido (art. 7.3), y la actitud de cada parte en la negociación pesará después en las costas (art. 7.4). Para pedir medidas cautelares antes de la demanda o para ejecutar la sentencia no hace falta negociar (art. 5.3).

La demanda, el perito y cómo se ejecuta la sentencia

Se demanda a la comunidad ante la sección civil del Tribunal de Instancia del lugar de la finca, por el juicio ordinario, que corresponde a las acciones de la Ley de Propiedad Horizontal que no son solo de cantidad (art. 249.1.8.º LEC). Se pide que se declare la obligación y se condene a la comunidad a ejecutar la obra en un plazo, a pedir las ayudas señaladas y a repartir la derrama, con peticiones subsidiarias escalonadas: la solución técnica alternativa y la obra con asunción del exceso. El tribunal no puede conceder lo que no se le pide.

El pleito se gana con el perito. El informe del arquitecto con el que trabajamos dice si la obra cabe y cómo, qué alternativas hay, cuánto cuesta cada una, si hace falta ocupar parte de un elemento privativo y cuánto supone al año por vivienda, con financiación y sin ella. Enfrente estará el de la comunidad, que dirá que no cabe, que es más caro o que basta una silla salvaescaleras. Si el ascensor exige tomar parte de un trastero o de un piso, surge además el conflicto con ese vecino, obligado a consentir la servidumbre imprescindible, con derecho a que la comunidad le indemnice (art. 9.1.c).

Ganar no instala el ascensor. Si la comunidad no cumple, el tribunal le requiere para que haga la obra en el plazo que fije (art. 705 LEC) y, si sigue sin hacerla, usted puede pedir que se encargue a un tercero a costa de la comunidad, previa valoración de un perito tasador, con embargo de sus bienes si no deposita el importe (art. 706). El fondo de reserva, que la ley destina también a estas obras (art. 9.1.f), es el primer dinero disponible, y los pisos y locales quedan afectos al pago de la derrama (art. 10.2.c).

Cómo lo llevamos, paso a paso

  1. 1

    Acreditar el derecho y fijar la obra

    Reunimos el DNI o la resolución de discapacidad y el empadronamiento, y el arquitecto con el que trabajamos estudia el edificio: solución, alternativas, viabilidad y coste de cada una.

  2. 2

    Hacer la cuenta antes que la comunidad

    Pedimos al administrador el presupuesto ordinario aprobado y el estado del fondo de reserva, localizamos las convocatorias de ayudas a las que puede concurrir la comunidad y una oferta de financiación, y decidimos con usted si conviene comprometerse a asumir el exceso.

  3. 3

    Petición y propuesta de negociación

    Enviamos a la comunidad, por un medio que deje constancia, un escrito que pide la obra al amparo del artículo 10.1.b), aporta las convocatorias y propone negociar con fecha, con lo que cumple también el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025.

  4. 4

    La junta: votar en contra y que conste

    Si la comunidad convoca, usted vota contra cualquier rechazo o aplazamiento y comprobamos que el acta lo recoja; si no asiste, manifiesta su discrepancia por escrito en treinta días naturales. Y se mantiene al corriente de pago.

  5. 5

    Demanda, con el reloj de los tres meses

    Pasados treinta días sin respuesta, o fracasada la negociación, demandamos: impugnación del acuerdo si lo hubo, condena a ejecutar, peticiones subsidiarias e informe pericial. Si hubo acuerdo, presentamos dentro de los tres meses desde la junta.

  6. 6

    Ejecución si la comunidad no cumple

    Si la comunidad deja pasar el plazo que fije el tribunal, pedimos que la obra se encargue a un tercero a su costa, con valoración pericial y embargo de sus fondos si no deposita. Para eso no hace falta negociar otra vez.

La prueba que decide el caso

  • El DNI que acredita la edad, o la resolución administrativa que reconoce la discapacidad, y el empadronamiento, el contrato o el certificado de voluntariado que sitúan a esa persona en la vivienda o el local: sin ellos no hay derecho que exigir.
  • El informe pericial del arquitecto con la viabilidad, las alternativas y el coste de cada una. Es la prueba que decide, porque responde a las tres defensas de siempre: no cabe, es carísimo, basta otra solución.
  • El presupuesto ordinario aprobado y las cuotas mensuales, certificados por el administrador: son la base del tope de doce mensualidades, y la comunidad difícilmente podrá discutir sus propias cifras.
  • Las convocatorias de ayudas entregadas a la comunidad con prueba de recepción, lo que la comunidad pidió o dejó de pedir, las resoluciones de concesión y una oferta de financiación con su plazo.
  • El escrito de petición y de propuesta de negociación con prueba de su recepción, y la respuesta o el silencio de la comunidad: acreditan el requisito de procedibilidad y fijan desde cuándo estaba obligada.
  • La convocatoria y el acta de la junta con su voto en contra, o la comunicación del acuerdo si no asistió, con su fecha, y su compromiso firmado de asumir el exceso si lo ofreció.

Lo que cierra la puerta

  • Demandar sin haber intentado antes negociar, creyendo que la discapacidad le exime: la excepción del artículo 5.2.c) de la Ley Orgánica 1/2025 es para las medidas judiciales de apoyo, no para esta obra, y la demanda no se admite.
  • Contar con el año para impugnar el acuerdo que rechaza o aplaza la obra: si el tribunal concluye que no era obligatoria, el plazo era de tres meses y el acuerdo ya es firme.
  • Que pida la obra en su propio nombre quien no es propietario, como el inquilino o el hijo que no es dueño del piso: el artículo 10.1.b) legitima al propietario de la vivienda o el local.
  • No entregar por escrito a la comunidad las convocatorias de ayudas: sin esa información no queda obligada a pedirlas, y la regla del 70 % puede no llegar a jugar.
  • Pedir solo el ascensor, sin peticiones subsidiarias ni compromiso previo de asumir el exceso: si el perito de la comunidad convence de que hay una solución más barata o de que se supera el tope, se pierde todo.
  • Instalar por su cuenta la rampa o la plataforma en elementos comunes, sin acuerdo ni sentencia, o dejar de pagar las cuotas en señal de protesta: la comunidad puede exigir que se retire lo instalado, y quien no está al corriente de pago no puede impugnar sin consignar.

La norma aplicable

  • Art. 10.1.b) y 10.2 LPH. En la redacción de la disposición final primera de la Ley 4/2026, vigente desde el 23 de octubre de 2026, son obligatorias sin acuerdo de la junta las obras de accesibilidad universal, los ajustes razonables y las que pida el propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años, si lo repercutido al año, descontadas las ayudas, no excede de doce mensualidades ordinarias; con financiación, el reparto abarca los años que esta permita; la comunidad debe pedir las ayudas que le aporte el interesado; con ayudas concedidas del 70 % no hay tope; el interesado puede acudir al juez; y quien pidió la obra puede asumir el exceso. La junta solo reparte la derrama y fija su abono, y los pisos quedan afectos al pago. BOE-A-1960-10906
  • Arts. 17.2 y 17.8 LPH. La supresión de barreras arquitectónicas y el ascensor pueden acordarse por mayoría de propietarios que representen la mayoría de las cuotas, y la comunidad queda obligada a pagarlos aunque lo repercutido al año exceda de doce mensualidades; el voto del ausente debidamente citado que, informado del acuerdo, no manifiesta su discrepancia en treinta días naturales se computa como favorable. BOE-A-1960-10906
  • Art. 18 LPH. Los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos se impugnan en el plazo de caducidad de un año, y los demás en tres meses, desde la junta o, para el ausente, desde la comunicación; impugnan quien salvó su voto, el ausente y el privado indebidamente del voto, al corriente de pago o consignando, y la impugnación no suspende la ejecución salvo que el juez lo acuerde. BOE-A-1960-10906
  • Arts. 5 y 7 LO 1/2025. En el orden civil, la demanda exige haber acudido antes a un medio adecuado de solución de controversias con identidad de objeto, salvo en las materias exceptuadas, entre ellas las medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, y no se exige para la demanda ejecutiva ni para las medidas cautelares previas; la solicitud de negociación interrumpe la prescripción y suspende la caducidad, y la demanda debe presentarse dentro del año siguiente. BOE-A-2025-76
  • Arts. 249.1.8.º, 705 y 706 LEC. Las acciones de la Ley de Propiedad Horizontal que no versan exclusivamente sobre cantidad se deciden en juicio ordinario; la condena de hacer se ejecuta requiriendo al deudor para que cumpla en el plazo que fije el tribunal y, si no lo hace, encargándola a un tercero a su costa, con valoración de perito tasador y embargo si no deposita, o reclamando daños y perjuicios. BOE-A-2000-323
  • Arts. 1119 y 1964.2 CC. Se tiene por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento; las acciones personales sin plazo especial prescriben a los cinco años desde que puede exigirse el cumplimiento y, en las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comienza cada vez que se incumplen. BOE-A-1889-4763
  • Art. 2.k) y m) RDL 1/2013. Define la accesibilidad universal y el ajuste razonable, que no debe imponer una carga desproporcionada o indebida, y, en su redacción vigente desde el 23 de octubre de 2026, establece que no realizar un ajuste razonable supone una discriminación por razón de discapacidad. BOE-A-2013-12632
  • Arts. 553-25.5 y 553-30.3 CCCat. En Cataluña, si la junta no adopta el acuerdo, los propietarios o titulares de un derecho posesorio con discapacidad o mayores de setenta años, o que convivan o trabajen con personas en esa situación, pueden pedir al juez que obligue a la comunidad a suprimir las barreras o a hacer las innovaciones exigibles, razonables y proporcionadas; el juez fija su importe en función de los gastos ordinarios comunes. BOE-A-2006-11130

Artículos comprobados uno a uno contra el texto consolidado del BOE.

Preguntas frecuentes

Tengo más de setenta años y no tengo reconocida ninguna discapacidad. ¿Puedo exigir el ascensor?

Sí. El artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal incluye a los mayores de setenta años sin exigirles que acrediten limitación alguna: basta el DNI. Lo pide el propietario del piso en el que usted vive, que puede ser usted. Lo que la comunidad sí puede discutir es la cuenta (el tope de doce mensualidades, las ayudas y la financiación) y si hay una solución más barata que le sirva igual.

¿Qué son exactamente las doce mensualidades y qué cambia si la comunidad pide un préstamo?

Es lo que cada propietario paga en un año de cuotas ordinarias. Si lo que le toca pagar al año por la obra, descontadas las ayudas, no lo supera, la obra es obligatoria. Desde el 23 de octubre de 2026, si la comunidad pide financiación, ese pago se reparte en tantos años como la financiación permita, lo que mete en el tope obras que antes quedaban fuera. Y si las ayudas efectivamente concedidas llegan al 70 % del coste, no hay tope.

La junta votó en contra del ascensor antes de la reforma. ¿Tengo que conformarme?

No. Si han pasado más de tres meses, impugnar aquel acuerdo es arriesgado, y pasado un año, imposible. Pero eso no le impide una petición nueva al amparo del artículo 10.1.b) en su redacción vigente desde el 23 de octubre de 2026, con las convocatorias de ayudas y una oferta de financiación. Si la comunidad vuelve a negarse, ese nuevo rechazo es el que se impugna, dentro de los tres meses, y en la misma demanda se pide que se la condene a hacer la obra.

Mi madre, de 84 años, vive de alquiler. ¿Quién tiene que pedirlo?

El propietario del piso, es decir, su casero. El inquilino no puede exigir en su propio nombre la obra a cargo de la comunidad, aunque sí pedirle al propietario que lo haga. Si el dueño no quiere, la Ley 15/1995 ofrece al inquilino otra vía: hacer a su costa obras que no afecten a la estructura del edificio, tras notificarlas a la comunidad, que puede oponerse en sesenta días. En Cataluña es distinto: el titular de un derecho posesorio puede pedir al juez que obligue a la comunidad (art. 553-25.5 del Código civil catalán).

Si gano, ¿quién paga la obra y qué pasa si la comunidad sigue sin hacerla?

La pagan todos los propietarios, normalmente según su cuota, usted incluido, más el exceso si se comprometió a asumirlo, y el fondo de reserva puede destinarse a ella. Si la comunidad no cumple, el tribunal le fija un plazo y, si lo deja pasar, usted puede pedir que la obra la haga un tercero a costa de la comunidad, con valoración de un perito tasador y embargo de sus fondos si no deposita el importe (arts. 705 y 706 LEC). Para ejecutar no hace falta volver a negociar.

Esta guía explica cómo funciona la acción en general. No sustituye al estudio de su caso: los plazos dependen de cuándo pasaron las cosas y de lo que usted haya hecho desde entonces.

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