Alegaciones en un procedimiento sancionador: defenderse a tiempo y bien

El acuerdo de inicio es la notificación que abre formalmente el procedimiento sancionador. Por el artículo 64 de la Ley 39/2015 (LPACAP) debe identificar los hechos que se le imputan, su posible calificación, las sanciones que podrían corresponder, el instructor y el órgano competente para resolver, y advertirle de su derecho a formular alegaciones con indicación del plazo.

Ese plazo lo fija el propio acuerdo: en la práctica suele estar entre 10 y 15 días hábiles (los sábados, domingos y festivos no cuentan). En tráfico es distinto: 20 días naturales desde el día siguiente a la notificación, según confirma la propia DGT. Lea siempre la última página de la notificación, donde consta el plazo exacto de su expediente.

Desde el primer momento le asisten los derechos del artículo 53.2 LPACAP: conocer los hechos y la identidad del instructor, acceder al expediente y obtener copia de los documentos, y la presunción de no existencia de responsabilidad mientras no se demuestre lo contrario. Managora solicita el expediente y prepara las alegaciones dentro de plazo por usted.

La ley le da varios momentos para defenderse: puede aducir alegaciones y aportar documentos en cualquier momento anterior al trámite de audiencia (artículo 76 LPACAP), tras el acuerdo de inicio, y de nuevo cuando se le notifique la propuesta de resolución, con un trámite de audiencia de 10 a 15 días (artículo 82.2 LPACAP).

No son intercambiables. Si no alega nada al acuerdo de inicio, este puede ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso sobre su responsabilidad (artículo 64.2.f LPACAP): el procedimiento se acelera en su contra sin que usted haya dicho una palabra. Las resoluciones de la AEPD aplican esta regla de forma sistemática.

La estrategia habitual es alegar en ambos momentos: al inicio se atacan los defectos de origen (prescripción, falta de tipicidad, defectos de notificación) y se propone prueba; a la propuesta de resolución se rebate el resultado de la prueba practicada, porque es la propuesta la que fija de forma motivada los hechos que se consideran probados. Dejar pasar el primer trámite reduce mucho el margen del segundo.

Prescripción de la infracción: en el régimen general del artículo 30 de la Ley 40/2015 (LRJSP), las infracciones leves prescriben a los 6 meses, las graves a los 2 años y las muy graves a los 3, contados desde que se cometieron. Las normas sectoriales pueden acortar estos plazos: en tráfico son 3 meses para las leves y 6 meses para las graves y muy graves (artículo 112 de la Ley de Seguridad Vial).

Caducidad del procedimiento: si la Administración no notifica la resolución dentro del plazo máximo, el procedimiento caduca y se archiva (artículo 25.1.b LPACAP). Ese plazo máximo es el que fije la norma de cada sector y, si no fija ninguno, 3 meses (artículo 21.3 LPACAP): en tráfico es de 1 año y en protección de datos de 9 meses. Ojo: la caducidad archiva el expediente, pero la Administración puede abrir otro si la infracción aún no ha prescrito.

Falta de tipicidad: solo son sancionables las conductas descritas como infracción en una norma con rango legal vigente en el momento de los hechos (artículos 25 a 27 LRJSP). Si su conducta no encaja exactamente en el tipo, no hay sanción posible.

Defectos de notificación: las notificaciones deben practicarse conforme a los artículos 40 a 44 LPACAP. Una notificación defectuosa puede invalidar actos posteriores o demostrar que la infracción prescribió antes de que el procedimiento se iniciara con su conocimiento.

Falta de prueba y presunción de inocencia: la carga de probar los hechos corresponde a la Administración (artículos 53.2.b LPACAP y 28 LRJSP). Las denuncias de los agentes de la autoridad gozan de presunción de veracidad, pero admiten prueba en contrario: fotografías, testigos, peritajes o documentos pueden desvirtuarlas. Managora analiza su expediente, detecta cuál de estos motivos concurre y lo articula técnicamente en el escrito.

El artículo 85 LPACAP prevé dos reducciones cuando la sanción es únicamente económica: una por reconocer su responsabilidad y otra por pagar voluntariamente antes de la resolución. Cada una es de al menos el 20% sobre la sanción propuesta y son acumulables entre sí: al menos un 40% de ahorro en el régimen general, porcentaje que las normas sectoriales pueden elevar. En tráfico rige un sistema propio: pagar en 20 días naturales deja la multa en el 50%.

La contrapartida es seria: la efectividad de las reducciones queda condicionada a desistir o renunciar a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. En tráfico, además, el pago reducido implica renunciar a formular alegaciones y la sanción queda firme en vía administrativa; solo queda el recurso contencioso-administrativo.

No conviene acogerse cuando existe un motivo de fondo con posibilidades reales (prescripción, caducidad, falta de prueba o de tipicidad): ahí lo que procede es pedir el archivo, no pagar la sanción aunque sea reducida. Tampoco compensa cuando la sanción no es solo económica: la reducción no elimina la pérdida de puntos, las inhabilitaciones ni otras medidas accesorias, y la sanción firme queda como antecedente a efectos de reincidencia. Managora calcula ambos escenarios y le dice cuál sale a cuenta en su caso concreto.

Contra la resolución sancionadora caben los recursos administrativos ordinarios: alzada ante el superior jerárquico si la resolución no agota la vía administrativa (artículos 121 y 122 LPACAP) o reposición, potestativa, ante el mismo órgano si la agota (artículos 123 y 124). En ambos casos el plazo es de 1 mes desde la notificación. En los recursos rige la prohibición de reformatio in peius: no pueden agravarle la sanción por recurrir.

Mientras la resolución no ponga fin a la vía administrativa no es ejecutiva (artículo 90.3 LPACAP): la Administración no puede exigirle el pago mientras se tramita su recurso de alzada o de reposición.

Agotada la vía administrativa, queda el recurso contencioso-administrativo ante los tribunales, con un plazo de 2 meses desde la notificación (artículo 46.1 de la Ley 29/1998). Es la vía donde se revisan con plena garantía la prueba y la proporcionalidad de la sanción.

Cada fase tiene su plazo y perder uno cierra la puerta al siguiente. Managora le redacta y presenta las alegaciones en plazo, calcula si le compensa la reducción del artículo 85 y prepara el recurso posterior si hace falta. Al depender el trabajo de la complejidad del expediente y de la fase en que se encuentre, el servicio se presupuesta caso por caso: puede consultar las condiciones en la ficha del trámite y solicitar su presupuesto sin compromiso.