Aplazar o fraccionar el Impuesto de Sucesiones cuando no hay dinero en la herencia

Heredar no siempre trae dinero. Muchas veces trae un piso, y Hacienda reclama una cuota que hay que pagar en seis meses. La ley previó exactamente ese problema y creó un régimen propio, distinto del general: los artículos 37 a 39 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los artículos 82 a 85 bis de su Reglamento, el Real Decreto 1629/1991.

Aplazar significa retrasar el pago entero a una fecha posterior. Fraccionar significa partirlo en varios pagos escalonados. No es una condonación: la cuota se termina pagando, y salvo en los supuestos especiales, con intereses. Lo que se gana es tiempo para vender, alquilar o reunir el dinero sin que la deuda entre en vía de apremio.

El requisito de fondo es el mismo en todas las modalidades del régimen especial: que entre los bienes del causante no haya inventariado efectivo ni bienes de fácil realización suficientes para pagar la cuota (artículos 82.b y 83.b del Reglamento). Un saldo bancario o unas acciones cotizadas son bienes de fácil realización. Un piso, un local o una participación en una empresa familiar no lo son. Por eso la falta de liquidez hay que acreditarla con un inventario, no basta con afirmarla.

Este régimen especial cubre solo las adquisiciones por causa de muerte: herencias y legados. Las donaciones en vida quedan fuera y van por el régimen general del artículo 65 de la Ley General Tributaria. El impuesto está cedido a las comunidades autónomas, así que quien resuelve su solicitud es la comunidad competente, no la Agencia Tributaria estatal. Managora identifica cuál es, prepara la solicitud y la presenta ante ella en su nombre.

El plazo para presentar y pagar el Impuesto de Sucesiones es de seis meses contados desde el día del fallecimiento (artículo 67.1.a del Reglamento). Esa es la fecha que todo el mundo conoce. La que casi nadie conoce es la segunda.

La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento debe presentarse antes de que expire el plazo reglamentario de pago (artículo 38.1 de la Ley). Y cuando el impuesto se liquida por autoliquidación, que es el sistema obligatorio en la mayoría de comunidades, el artículo 90.2 del Reglamento exige pedirlo dentro de los cinco primeros meses del plazo. Es decir, cinco de los seis meses. Si usted llega al mes sexto con la autoliquidación en la mano y sin haber pedido nada, la letra del reglamento deja fuera su solicitud.

El Tribunal Supremo ha corregido en parte esa restricción. En la sentencia 1297/2025, de 15 de octubre (recurso de casación 5673/2023, Sala Tercera, Sección Segunda), resolvió que el artículo 90.2 del Reglamento no puede recortar en un mes el plazo que el artículo 62.1 de la Ley General Tributaria concede para pagar la autoliquidación, y admitió la solicitud presentada junto con una autoliquidación extemporánea. La consecuencia práctica es que perder el quinto mes ya no cierra necesariamente la puerta.

Aun así, la recomendación operativa no cambia: pídalo dentro de los cinco primeros meses. Es lo que dice el reglamento vigente, es lo que aplican las oficinas gestoras y es la única forma de no tener que discutir la admisión de su solicitud. Un aplazamiento que hay que defender en un recurso ya no es una solución, es un pleito.

No confunda el aplazamiento con la prórroga. La prórroga del artículo 68 del Reglamento amplía otros seis meses el plazo para presentar los documentos, se pide también dentro de los cinco primeros meses, se entiende concedida si en un mes no le contestan y devenga interés de demora. Son cosas distintas y compatibles: la prórroga le da tiempo para preparar la herencia, el aplazamiento le da tiempo para pagarla.

La primera es el aplazamiento de hasta un año del artículo 38.1 de la Ley y 82 del Reglamento. Se concede cuando no hay liquidez en la herencia y se pide en plazo. Devenga interés de demora. Es la vía más simple y la que menos exige, porque la norma del ISD no le impone aportar garantía.

La segunda es el fraccionamiento en cinco anualidades como máximo (artículos 38.2 de la Ley y 83 del Reglamento). Mismos requisitos, más uno: hay que acompañar compromiso de constituir garantía suficiente que cubra la deuda, los intereses de demora y un 25 por ciento adicional de la suma de ambos. La concesión definitiva queda condicionada a que esa garantía se constituya de verdad.

La tercera es el aplazamiento por causahabientes desconocidos (artículos 38.3 de la Ley y 84 del Reglamento). Lo piden los administradores o poseedores de los bienes hereditarios cuando todavía no se sabe quiénes son los herederos, y dura hasta que se conozcan. También exige compromiso de garantía.

La cuarta y la quinta son los supuestos especiales del artículo 39: transmisión de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio, y transmisión de la vivienda habitual del fallecido. Aquí el aplazamiento es de cinco años sin devengar intereses, y al terminar cabe fraccionar en diez plazos semestrales con el interés legal del dinero. Es, con diferencia, la vía más favorable.

La sexta es el fraccionamiento de los seguros de vida cobrados en forma de renta (artículos 39.4 de la Ley y 85 bis del Reglamento): se fracciona en tantos años como dure la renta, o quince años si es vitalicia, sin garantía y sin intereses. Además, si transcurren tres meses sin resolución expresa, la solicitud se entiende estimada.

Por debajo de todas ellas queda siempre la red de seguridad del régimen general: el artículo 37 de la Ley remite al Reglamento General de Recaudación, de modo que aunque no encaje en ninguna modalidad especial usted puede pedir un aplazamiento ordinario del artículo 65 de la Ley General Tributaria, incluso ya en periodo ejecutivo.

Este es el supuesto que resuelve el caso típico, el de quien hereda el piso de sus padres y no tiene los miles de euros que le pide la comunidad autónoma. El artículo 39.3 de la Ley 29/1987 extiende a la vivienda habitual del fallecido el régimen privilegiado que el artículo 39.1 y 39.2 prevé para la empresa familiar.

No lo puede pedir cualquier heredero. La ley exige que quien adquiere la vivienda sea el cónyuge, un ascendiente o un descendiente del fallecido, o bien un pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento. Un sobrino que hereda el piso y no convivía queda fuera de esta vía, aunque conserva las demás.

El contenido del beneficio es doble. Primero, aplazamiento durante los cinco años siguientes al día en que termine el plazo de pago, sin que proceda el abono de intereses durante ese periodo. Segundo, terminados esos cinco años, fraccionamiento en diez plazos semestrales, ahora sí con el interés legal del dinero. En total, la deuda puede estirarse una década.

Hay un límite que conviene conocer antes de calcular: el aplazamiento no cubre toda la cuota, sino la parte proporcional de la deuda tributaria que corresponde al valor de la vivienda sobre el total del caudal hereditario de cada causahabiente (artículo 85.4 del Reglamento). Si el piso es el 80 por ciento de lo que usted hereda, se aplaza el 80 por ciento de su cuota y el 20 por ciento restante se ingresa en plazo. La solicitud debe acompañarse del compromiso de constituir caución suficiente.

Una advertencia técnica que la mayoría de textos pasa por alto: el artículo 85 del Reglamento sigue diciendo tres años y siete plazos semestrales, porque no se actualizó cuando la ley pasó a cinco años y diez plazos semestrales. Prevalece la ley, que es norma de rango superior y posterior. Managora plantea la solicitud sobre el artículo 39 de la Ley y deja el fundamento por escrito en el propio escrito de solicitud.

Aplazar tiene un coste financiero, salvo en los supuestos especiales de vivienda habitual, empresa y seguros de vida en renta. La deuda aplazada devenga interés de demora tributario, que en 2026 está en el 4,0625 por ciento, mientras el interés legal del dinero se mantiene en el 3,25 por ciento. Los intereses se calculan desde el día siguiente al vencimiento del plazo voluntario hasta el vencimiento de cada plazo concedido, y se pagan junto con cada fracción (artículo 53 del Reglamento General de Recaudación).

Hay una palanca poco usada para rebajar ese coste: el artículo 65.4 de la Ley General Tributaria establece que, cuando la totalidad de la deuda aplazada se garantiza con aval solidario de entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, el interés exigible es el interés legal y no el de demora. Sobre una deuda a cinco años, la diferencia entre el 4,0625 y el 3,25 por ciento es dinero real.

Sobre la garantía: cuando se exige, debe cubrir la deuda en periodo voluntario, los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas (artículo 48.2 del Reglamento General de Recaudación, en los mismos términos que los artículos 83 y 84 del Reglamento del ISD). Con la solicitud basta el compromiso de constituirla. Una vez notificada la concesión, dispone de dos meses para formalizarla; si no lo hace, se inicia el periodo ejecutivo al día siguiente (artículos 48.6 y 48.7).

El umbral que ahorra el aval está en 50.000 euros. La Orden HFP/583/2023, en vigor desde el 11 de junio de 2023, elevó a esa cifra el límite exento de aportar garantía en los aplazamientos y fraccionamientos de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponde a las comunidades autónomas, sustituyendo el antiguo límite de 30.000 euros. El importe se computa de forma acumulada, sumando todas sus deudas pendientes con esa administración, no solo la de la herencia.

Ese umbral opera con claridad en el régimen general del artículo 65 de la Ley General Tributaria y varias comunidades lo han incorporado también a su régimen propio de sucesiones. Cataluña, por ejemplo, admite el fraccionamiento en cinco anualidades sin garantía cuando la deuda total no supera los 50.000 euros, y además ofrece un aplazamiento excepcional de hasta dos años sin garantía por falta de liquidez. Como el detalle cambia de una comunidad a otra, Managora comprueba el criterio de la suya antes de decidir la vía.

La solicitud en sí no devenga ninguna tasa: no hay modelo 790 ni pago a la administración por pedirla. Lo que usted asume son los intereses del aplazamiento, en su caso el coste del aval, y los honorarios del servicio, que puede ver siempre actualizados en la ficha del trámite en Managora.

La administración dispone de seis meses para notificar la resolución. Transcurrido ese plazo sin respuesta, la solicitud se entiende desestimada a efectos de recurrir, aunque usted puede optar por esperar la resolución expresa (artículo 52.6 del Reglamento General de Recaudación). Contra la denegación cabe recurso de reposición o reclamación económico-administrativa.

Aunque le denieguen, haber pedido a tiempo protege. Presentar la solicitud en periodo voluntario impide el inicio del periodo ejecutivo, aunque no detiene el devengo de intereses (artículo 65.5 de la Ley General Tributaria). Eso significa que no se le aplica el recargo del 5, 10 o 20 por ciento del artículo 28. Si le deniegan, con la notificación se abre un nuevo plazo de ingreso y solo si tampoco paga entonces empieza el apremio.

Si el aplazamiento se concede y luego deja de pagar una fracción, se aplica el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación: la parte impagada entra en periodo ejecutivo con su recargo y, según el caso, puede darse por vencido el resto del fraccionamiento y ejecutarse la garantía. No es una situación irreversible, pero conviene avisarnos antes del vencimiento, no después.

Y si el problema es que ya se le pasó el plazo de los seis meses, el coste está tasado. La autoliquidación presentada fuera de plazo sin requerimiento previo lleva un recargo del 1 por ciento más otro 1 por ciento por cada mes completo de retraso, y del 15 por ciento más intereses si se presenta pasados doce meses (artículo 27.2 de la Ley General Tributaria). Ese recargo se reduce un 25 por ciento si se ingresa en plazo, y la reducción se conserva incluso pagando a plazos, siempre que el aplazamiento se haya solicitado al presentar la autoliquidación extemporánea y se conceda con aval o certificado de seguro de caución (artículo 27.5). Es decir, pedir el aplazamiento a la vez que se regulariza también ahorra recargo.

Empezamos por el número. Calculamos la cuota que le corresponde en su comunidad, revisamos el inventario de la herencia y determinamos si hay o no bienes de fácil realización suficientes, que es el requisito que decide si entra en el régimen especial o tiene que ir por el general.

Después elegimos la vía. No es indiferente: si el piso era la vivienda habitual del fallecido y usted es cónyuge, hijo o padre, la vía del artículo 39.3 le da cinco años sin intereses y ninguna otra se le acerca. Si no encaja, comparamos el fraccionamiento en cinco anualidades con el aplazamiento de un año y con el régimen general, y le decimos cuál sale mejor con sus cifras.

Preparamos el escrito de solicitud con su fundamento jurídico, el inventario que acredita la falta de liquidez y, cuando procede, el compromiso de constitución de garantía, indicándole con exactitud qué debe pedir a su entidad. Lo presentamos ante la oficina gestora de la comunidad competente dentro de plazo y hacemos el seguimiento hasta la resolución.

Si la herencia todavía no está aceptada y falta la escritura, la preparamos y coordinamos nosotros la firma ante notario: es un paso del procedimiento, no un encargo que le pasemos a usted. Y recuerde un efecto útil del aplazamiento: el artículo 33 de la Ley 29/1987 condiciona el acceso a registros públicos a que conste la presentación del documento ante la oficina liquidadora, no a que la cuota esté cobrada. Presentar y aplazar le permite inscribir la herencia y, si quiere, vender el inmueble para pagar después.

El importe exacto de nuestros honorarios y la lista de documentos que necesitamos figuran en la ficha del trámite en managora.net, siempre actualizados.