Las ultimas instancias: amparo, cuestion de inconstitucionalidad y cuestion prejudicial al TJUE

Que una sentencia sea firme no siempre cierra todas las puertas. El ordenamiento prevé tres mecanismos extraordinarios: el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (para derechos fundamentales de los artículos 14 a 29 de la Constitución, más la objeción de conciencia del 30.2), la cuestión de inconstitucionalidad (cuando la ley aplicada a su caso puede ser contraria a la Constitución) y la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (cuando el pleito depende de cómo se interpreta o de si es válida una norma de la UE).

Ninguno es una tercera instancia. El Tribunal Constitucional no revisa los hechos ni la interpretación de la legalidad ordinaria: solo tutela derechos fundamentales. Y el TJUE no resuelve su pleito: responde una pregunta jurídica que después aplica el juez español.

El momento también es distinto. El amparo se interpone, como regla general, después de agotar la vía judicial; la excepción es el amparo contra decisiones o actos sin valor de ley de las cámaras parlamentarias (art. 42 LOTC), que es una vía directa ante el Tribunal Constitucional, sin proceso judicial previo y con plazo de 3 meses. Las dos cuestiones, en cambio, se instan dentro del pleito, antes de que se dicte sentencia o la resolución que proceda: por eso conviene analizarlas pronto, no cuando todo ha terminado. Managora estudia cuál de las tres vías encaja en su caso y redacta el escrito correspondiente.

El amparo solo protege los derechos de los artículos 14 a 29 de la Constitución (igualdad, tutela judicial efectiva, legalidad penal, intimidad, libertad de expresión, etc.) y la objeción de conciencia. Otros derechos constitucionales, como la propiedad, no tienen acceso al amparo.

Es una vía subsidiaria cuando la lesión procede de un acto administrativo o de una resolución judicial: hay que haber agotado antes todos los recursos ordinarios y haber invocado el derecho vulnerado en el proceso tan pronto como fue posible (art. 44.1 LOTC). Los plazos son breves: 30 días desde la notificación si la vulneración se imputa a una resolución judicial (art. 44.2 LOTC), 20 días si se imputa a un acto administrativo tras agotar la vía judicial (art. 43.2 LOTC) y 3 meses para actos parlamentarios sin valor de ley (art. 42 LOTC), único supuesto en el que se acude directamente al Tribunal Constitucional. El cómputo excluye los días inhábiles: la sede electrónica del Tribunal Constitucional ofrece una calculadora oficial de plazos.

El gran filtro es la especial trascendencia constitucional (arts. 49.1 y 50.1.b LOTC y STC 155/2009): no basta con haber sufrido una vulneración, hay que justificar en un apartado específico de la demanda por qué el asunto importa más allá de su caso (una faceta nueva de un derecho, la vulneración proviene de la propia ley, incumplimiento general de la doctrina del Tribunal, etc.). Su omisión o una justificación genérica es la primera causa de inadmisión.

Ante el Tribunal Constitucional son preceptivos abogado y procurador (art. 81 LOTC) y no hay tasa. Managora presupuesta el recurso según su caso e incluye el estudio de admisibilidad y la redacción de la demanda con la justificación de la trascendencia constitucional.

Cuando la vulneración del derecho fundamental no pudo denunciarse antes de que el proceso terminara y la resolución ya no admite recurso, la ley obliga a intentar primero que la repare el propio tribunal que la dictó: es el incidente excepcional de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ y art. 228 LEC).

El plazo es de 20 días desde la notificación de la resolución. Si el defecto causante de indefensión se conoció después, los 20 días corren desde ese conocimiento, pero con un límite máximo absoluto: no cabe pedir la nulidad transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución. Por regla general el incidente no suspende la ejecución de lo resuelto.

Este paso previo es delicado: si se omite cuando era procedente, el amparo se inadmite por falta de agotamiento de la vía judicial; y si se interpone cuando era manifiestamente improcedente, puede consumir el plazo y hacer extemporáneo el amparo. Managora analiza en cada caso si el incidente es exigible antes de acudir al Tribunal Constitucional.

Sí, pero la decisión no es suya: conforme al artículo 163 de la Constitución y a los artículos 35 a 37 LOTC, solo el juez o tribunal del pleito puede plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte. La parte insta; el juez decide.

Para que prospere, el escrito debe identificar una norma con rango de ley (no un reglamento), demostrar que es aplicable al caso (juicio de aplicabilidad) y que del resultado de su validez depende el fallo (juicio de relevancia), señalando el precepto constitucional infringido. El juez solo puede plantearla una vez concluso el procedimiento, dentro del plazo para dictar sentencia o la resolución jurisdiccional que procediese (art. 35.2 LOTC), lo que permite plantearla también antes de resolver por auto un incidente cuya suerte dependa de la norma cuestionada, y siempre tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal por un plazo común e improrrogable de 10 días.

Contra la negativa del juez a plantearla no cabe recurso, aunque la solicitud puede reiterarse en las instancias sucesivas del pleito. Si el pleito termina sin planteamiento y el derecho vulnerado es de los protegidos en amparo, queda la vía del Tribunal Constitucional alegando que la lesión proviene de la propia ley, uno de los supuestos de especial trascendencia de la STC 155/2009.

Si el juez la plantea, el procedimiento queda suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, lo que orientativamente lleva de uno a tres años. Managora redacta el escrito estructurando los juicios de aplicabilidad y relevancia, que es donde estas solicitudes suelen fallar.

El artículo 267 del TFUE permite a cualquier juez español preguntar al TJUE cómo debe interpretarse el Derecho de la Unión aplicable a su pleito, o si un acto de la UE es válido. Igual que en la cuestión de inconstitucionalidad, la parte solo puede solicitarlo: la remisión la decide el órgano judicial, y el pleito se suspende hasta la respuesta.

Para el órgano que resuelve en última instancia (aquel cuya decisión ya no admite recurso) la remisión es obligatoria, con tres excepciones acuñadas en la sentencia CILFIT (asunto 283/81): que la pregunta sea irrelevante para el fallo, que el TJUE ya la haya resuelto (acto aclarado) o que la interpretación correcta sea tan evidente que no deje lugar a duda razonable (acto claro). Si la duda es de validez de un acto de la UE, la remisión es siempre obligatoria (sentencia Foto-Frost, asunto 314/85), porque ningún juez nacional puede declarar inválida una norma de la Unión.

La doctrina reciente ha reforzado la posición del justiciable. La sentencia Consorzio Italian Management (C-561/19, de 6 de octubre de 2021) exige que el órgano de última instancia que rechace plantear la cuestión motive cuál de las excepciones concurre. Y en España la STC 37/2019, de 26 de marzo, otorgó el amparo por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) cuando un tribunal dejó de aplicar una ley española por supuesta contradicción con el Derecho de la UE sin plantear antes la cuestión prejudicial. Una negativa inmotivada ya no sale gratis.

En cuanto a tiempos, la duración media de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia ronda los 17 meses (16,7 meses en 2025 según sus estadísticas judiciales), con procedimientos acelerado y de urgencia para casos tasados. Desde el 1 de octubre de 2024, las cuestiones de seis materias técnicas (IVA, impuestos especiales, código aduanero y clasificación arancelaria, compensación a pasajeros y comercio de derechos de emisión) las resuelve el Tribunal General, aunque todas se siguen presentando ante el Tribunal de Justicia, que las reparte.

Coste oficial: ninguno de los tres mecanismos tiene tasa. El recurso de amparo no la devenga, y las dos cuestiones son incidentes del pleito ya abierto, sin tasa propia. El coste real es el trabajo jurídico: son escritos de alta especialización que se presupuestan según los autos y la complejidad del caso. Puede ver el importe de partida actualizado en la ficha de cada trámite; en el amparo se suma la intervención preceptiva de abogado y procurador.

Expectativas realistas: el Tribunal Constitucional inadmite la inmensa mayoría de los amparos. Según su Memoria de 2024, de casi 10.000 recursos de amparo presentados se admitieron a trámite 153, en torno al 2 por ciento, y la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional fue la primera causa de inadmisión. Las dos cuestiones dependen de que el juez quiera plantearlas: la parte no puede obligarle.

Aun así, un escrito bien construido tiene valor incluso si no prospera de inmediato: deja invocado el derecho para las instancias siguientes y para un eventual recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, obliga al juez a motivar su negativa (con las consecuencias de la doctrina Consorzio y de la STC 37/2019) y, con frecuencia, el argumento de fondo convence sin necesidad de que la cuestión llegue a plantearse.

Si cree que su caso justifica alguna de estas vías, no deje pasar los plazos: Managora estudia la viabilidad, le presenta presupuesto y redacta el escrito coordinado con la defensa de su pleito. Puede iniciar el estudio desde la ficha de cada trámite.