Comprar o vender una empresa: el contrato de compraventa de participaciones (SPA)

El SPA (Sale and Purchase Agreement) es el contrato que documenta la venta de las participaciones de una Sociedad Limitada. Identifica a las partes, las participaciones vendidas (con su numeración), el precio, la forma de pago y el reparto de riesgos entre comprador y vendedor. Quien compra las participaciones compra la sociedad entera con todo lo que hay dentro: activos, contratos, plantilla, deudas y contingencias. Por eso el SPA no es un simple recibo, sino la herramienta que protege a cada parte.

El núcleo del contrato son las manifestaciones y garantías del vendedor: declara que las cuentas reflejan la imagen fiel, que la sociedad está al corriente con Hacienda y con la Seguridad Social, que no hay litigios ni deudas ocultas y que los contratos clave están en vigor. Si alguna declaración resulta falsa, el comprador puede reclamar una indemnización en los términos pactados.

Completan el contrato las indemnidades específicas para riesgos ya detectados, los límites de responsabilidad (importe mínimo por reclamación, tope máximo y plazos para reclamar), los pactos de no competencia del vendedor y, si el cierre no es inmediato, las condiciones suspensivas que deben cumplirse antes de firmar ante notario.

La due diligence es la revisión previa de la sociedad que realiza el comprador antes de firmar. Suele cubrir el área fiscal, la laboral, la mercantil y societaria, los contratos con clientes y proveedores, los litigios en curso, los inmuebles y activos, la propiedad industrial e intelectual y la protección de datos.

Su resultado alimenta directamente el SPA: lo que aparece en la revisión se traduce en un ajuste del precio, en una indemnidad específica o en una condición para el cierre. Lo que el vendedor comunica formalmente en el anexo de revelaciones (disclosure) queda excluido de las garantías generales, por lo que a ambas partes les interesa que ese anexo sea preciso.

No es un trámite obligatorio por ley, pero comprar sin revisar es asumir a ciegas las contingencias de la sociedad. En operaciones de menor tamaño se realiza una revisión reducida centrada en los riesgos principales (informe de red flags).

El punto de partida habitual es valorar la empresa libre de caja y de deuda (cash free, debt free): al valor del negocio se le suma la tesorería y se le resta la deuda financiera existente en la fecha de cierre, con una corrección si el capital circulante se desvía de su nivel normal.

Hay dos mecánicas para aplicar ese ajuste. Con cuentas de cierre (completion accounts), el precio se recalcula después de la firma con un balance elaborado a la fecha de cierre. Con locked box, el precio se fija sobre un balance anterior ya cerrado y el vendedor garantiza que desde esa fecha no ha extraído valor de la sociedad (prohibición de fugas o leakage). La primera es más exacta; la segunda, más simple y rápida.

El earn-out es un pago aplazado y condicionado a resultados futuros (ventas o EBITDA de los próximos ejercicios). Es útil cuando comprador y vendedor no coinciden en el valor de la empresa, pero es la cláusula que más disputas genera: exige definir con precisión las métricas, quién gestiona la empresa durante el periodo y qué decisiones del comprador no pueden perjudicar el objetivo.

La regla general del art. 107 de la Ley de Sociedades de Capital es que, salvo disposición contraria de los estatutos, la venta es libre entre socios y a favor del cónyuge, ascendientes, descendientes o sociedades del mismo grupo. Para vender a un tercero, mandan los estatutos; si no regulan nada, se aplica el régimen legal supletorio.

En ese régimen supletorio el socio comunica por escrito a los administradores las participaciones que quiere vender, la identidad del comprador, el precio y las condiciones. La venta queda sometida al consentimiento de la sociedad, que se acuerda en Junta General por mayoría ordinaria. La sociedad solo puede denegarlo si presenta, por conducto notarial, uno o varios socios o terceros dispuestos a comprar todas las participaciones; y si ningún socio o tercero las quiere, la propia Junta General puede acordar que sea la sociedad quien las adquiera, para amortizarlas o conforme al art. 140 LSC (art. 107.2.d LSC). Si transcurren tres meses sin respuesta, el socio puede vender en las condiciones comunicadas, pero debe formalizar la transmisión en documento público dentro del mes siguiente al transcurso de ese plazo (art. 107.2.f LSC): si deja pasar ese mes, la autorización decae y hay que reiniciar el procedimiento. Si el precio está aplazado, el adquirente preferente debe aportar la garantía de una entidad de crédito por el importe aplazado.

Saltarse estas reglas tiene un coste alto: la transmisión que no respeta la ley o los estatutos no produce efecto alguno frente a la sociedad (art. 112 LSC), de modo que el comprador no será inscrito en el libro registro ni podrá ejercer sus derechos de socio. En la práctica, cuando todos los socios están de acuerdo, la operación se cierra con la renuncia expresa de cada socio a su derecho de adquisición preferente, habitualmente en junta universal, y esa renuncia se incorpora a la escritura de compraventa. Managora prepara las renuncias y las comunicaciones para que la venta sea inatacable.

Sí. El art. 106 LSC exige que la transmisión de participaciones conste en documento público. La escritura ante notario es lo que permite al comprador acreditar su condición de socio y oponer la compra frente a terceros. Managora redacta el contrato y coordina la firma en la notaría; el único coste oficial es el arancel notarial, que es variable según la cuantía de la operación (RD 1426/1989) y se abona en la notaría el día de la firma.

El comprador solo puede ejercer los derechos de socio frente a la sociedad desde que esta tiene conocimiento de la transmisión (art. 106.2 LSC). Por eso, tras la firma se notifica formalmente la venta al órgano de administración y se anota en el libro registro de socios (art. 104 LSC): la sociedad solo reputa socio a quien figura inscrito en ese libro.

La compraventa no se inscribe en el Registro Mercantil: la titularidad de las participaciones vive en el libro registro de la sociedad. Hay una excepción indirecta importante: si con la compra la sociedad pasa a tener un único socio, la unipersonalidad sobrevenida debe constar en escritura e inscribirse en el Registro Mercantil; si pasan seis meses sin inscribirla, el socio único responde personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante ese periodo (arts. 13 y 14 LSC).

El comprador no paga impuestos indirectos: la transmisión de participaciones está exenta de IVA y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (art. 338 de la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores). La exención no elimina la obligación formal: al tratarse de una operación sujeta y exenta, en la mayoría de comunidades autónomas el comprador debe presentar igualmente el modelo 600 marcando la exención, sin cuota a pagar. La única excepción con cuota es la cláusula antielusión: si la sociedad es esencialmente inmobiliaria y con la venta de participaciones se pretende eludir el impuesto que habría gravado la venta directa de los inmuebles, la operación tributa como si se transmitieran estos.

El vendedor persona física tributa en el IRPF por la ganancia patrimonial (valor de transmisión menos valor de adquisición), que se integra en la base del ahorro con la escala del 19 al 30 por ciento vigente en 2026. Atención a la regla del art. 37.1.b) de la Ley del IRPF: salvo que se pruebe que el precio pactado es de mercado, Hacienda no admite un valor de transmisión inferior al mayor de dos importes, el patrimonio neto del último balance cerrado o el resultado de capitalizar al 20 por ciento el promedio de los resultados de los tres últimos ejercicios.

Si parte del precio se cobra aplazada (por ejemplo, un earn-out) y el último cobro vence más de un año después de la venta, el vendedor puede acogerse a la regla de operaciones a plazos (art. 14.2.d de la Ley del IRPF) e imputar la ganancia a medida que los cobros sean exigibles, en lugar de tributar por todo en el año de la firma.

Si quien vende es una sociedad (por ejemplo, una holding que vende su filial), la plusvalía puede quedar exenta al 95 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades si ha tenido al menos el 5 por ciento del capital de forma ininterrumpida durante el año anterior (art. 21 LIS). Con el tipo general del 25 por ciento, la tributación efectiva queda en torno al 1,25 por ciento del beneficio.

Managora se ocupa de todo el proceso: revisa los estatutos, redacta el SPA con sus garantías, prepara las renuncias al derecho de adquisición preferente, coordina la firma en la notaría y realiza la comunicación formal a la sociedad para el libro registro. Cada operación es distinta en tamaño y complejidad, por lo que los honorarios se fijan mediante presupuesto personalizado: solicítelo desde la ficha del trámite Contrato de Compraventa de Participaciones (SPA) y Elevación a Público.