Conciliacion ante el juzgado y mediacion civil: resolver un conflicto sin juicio

Desde el 3 de abril de 2025 está en vigor el título I de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Su artículo 5 impone un requisito de procedibilidad: en la mayoría de los pleitos civiles y mercantiles la demanda solo se admite si antes se ha intentado un medio adecuado de solución de controversias (MASC) sobre el mismo objeto que se va a litigar.

Cumplen el requisito, entre otros, la mediación de la Ley 5/2012, la conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia, la conciliación ante notario o registrador, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión de una persona experta independiente y la negociación directa entre las partes o a través de sus abogados (arts. 5 y 14 LO 1/2025).

Quedan fuera del requisito, entre otros, los procesos sobre tutela de derechos fundamentales, filiación, medidas del artículo 158 del Código Civil, medidas de apoyo a personas con discapacidad, internamientos y determinados procedimientos sumarios y de protección de menores (art. 5.2 LO 1/2025).

Si presenta la demanda sin acreditar el intento, el juzgado no la admitirá (art. 403.2 LEC). Además, negarse sin causa a negociar puede considerarse abuso del servicio público de Justicia y pesar en las costas del pleito posterior.

Es un expediente de jurisdicción voluntaria regulado en los artículos 139 a 148 de la Ley 15/2015. Usted presenta una papeleta (solicitud) ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la persona requerida, hoy integrado en la Sección Civil del Tribunal de Instancia; en los municipios sin sede judicial, la presentación se hace en la Oficina de Justicia en el municipio, que ha sustituido organizativamente a los antiguos Juzgados de Paz tras la LO 1/2025, y quien intenta la avenencia sigue siendo el juez o jueza de paz (art. 140 Ley 15/2015 y art. 14 LO 1/2025). No hay tasa judicial y no es obligatorio comparecer con abogado ni procurador.

El Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) resuelve sobre la admisión en 5 días hábiles y cita a las partes a un acto que debe celebrarse dentro de los 10 días siguientes a la admisión, con un mínimo de 5 días entre la citación y el acto (art. 142). En la comparecencia usted expone su reclamación, la otra parte contesta y el LAJ procura la avenencia (art. 145).

Sus efectos son potentes: la presentación de la papeleta interrumpe la prescripción del derecho reclamado, siempre que después se admita, según el artículo 143 de la Ley 15/2015 en relación con el artículo 1973 del Código Civil; y, si hay acuerdo, el testimonio del acta junto con el decreto del LAJ (o el auto del juez o jueza de paz) lleva aparejada ejecución (arts. 146 y 147 de la Ley 15/2015 y art. 517.2.9.º LEC): si la otra parte no cumple, se ejecuta como una sentencia.

No se admite en materias no disponibles: asuntos en los que estén interesados menores o personas con medidas de apoyo, ni contra el Estado, las comunidades autónomas u otras Administraciones públicas (art. 139.2). Lo laboral tiene su conciliación previa propia (SMAC) y lo penal o lo administrativo no caben por esta vía.

La mediación es un procedimiento voluntario y confidencial en el que un mediador profesional, imparcial y neutral, ayuda a las partes a construir su propio acuerdo. Se aplica a conflictos civiles y mercantiles sobre derechos disponibles: contratos, arrendamientos, comunidades de propietarios, socios, herencias o responsabilidad civil. No se aplica a materia penal, laboral, de consumo ni a conflictos con las Administraciones públicas (art. 2 Ley 5/2012).

El proceso arranca con la solicitud de inicio dirigida al mediador o a una institución de mediación. Esa solicitud suspende la prescripción y la caducidad de las acciones; la suspensión se mantiene si el acta de la sesión constitutiva se firma dentro de los 15 días naturales siguientes (art. 4). Después vienen la sesión informativa y, si ambas partes aceptan, la sesión constitutiva y las sesiones necesarias, que la ley quiere que sean las mínimas (art. 20).

Todo lo tratado en la mediación es confidencial: ni el mediador ni las partes pueden utilizarlo después en un juicio, salvo excepciones tasadas (art. 9). El coste se reparte por mitades entre las partes salvo pacto en contrario, y el mediador puede pedir una provisión de fondos (art. 15).

Si hay acuerdo, puede elevarse a escritura pública ante notario y se convierte en título ejecutivo; si ya existía un pleito en curso, se homologa por el tribunal (arts. 23 y 25). El mediador debe contar con titulación, formación específica y seguro de responsabilidad civil; puede comprobar su inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia (buscador REMEDIA).

La conciliación ante el LAJ no tiene tasa judicial: es un expediente de jurisdicción voluntaria y no exige abogado ni procurador. Su único coste real es preparar bien la papeleta, porque de su redacción depende que el intento valga como requisito para demandar y que el eventual acuerdo sea ejecutable.

En la mediación se pagan los honorarios del mediador o de la institución, por mitades salvo pacto. No existe una tarifa oficial única: cada mediador o institución fija la suya, y está obligado a informarle del coste en la sesión inicial. Si el acuerdo se eleva a público se añade el arancel notarial correspondiente.

En tiempos, la ley quiere que ambas vías sean rápidas: el acto de conciliación debe señalarse dentro de los 10 días siguientes a la admisión (la práctica varía según la carga de cada juzgado) y, a efectos del requisito de procedibilidad, la negociación se entiende terminada sin acuerdo si pasan 30 días naturales sin respuesta o 3 meses desde la primera reunión (art. 7 LO 1/2025). Un pleito declarativo, en cambio, se mide en muchos meses o años según el juzgado.

Los honorarios de Managora por redactar y presentar su papeleta de conciliación o su solicitud de mediación figuran actualizados en la ficha de cada trámite.

Si intervino un tercero neutral (LAJ, mediador, conciliador privado, notario o registrador), el intento se acredita con el documento que expide ese tercero: en la conciliación, la certificación del decreto que declara el acto terminado sin avenencia o intentado sin efecto; en la mediación, el acta final o la certificación de la institución (art. 10 LO 1/2025, que regula cómo se documenta y acredita el intento).

Si negociaron directamente, también a través de abogados, sirve un documento firmado por ambas partes que recoja la identidad de los intervinientes, el objeto de la controversia, las fechas y una declaración responsable de haber actuado de buena fe. Y si la otra parte ni siquiera contesta, basta acreditar que recibió la solicitud (o el intento de comunicación) y que pasaron 30 días naturales sin respuesta.

Ese documento se acompaña a la demanda. Cuide dos detalles: el objeto negociado debe coincidir con el objeto del pleito, y la demanda debe presentarse dentro del año siguiente a la terminación del intento sin acuerdo (art. 7.3 LO 1/2025); pasado ese año, el intento caduca y hay que renovarlo.

Managora estudia su caso, le indica cuál de las dos vías conviene y redacta el documento que abre el procedimiento: la papeleta de conciliación, con el objeto delimitado para que interrumpa la prescripción y el acuerdo resulte ejecutable, o la solicitud de inicio de mediación dirigida al mediador o a la institución adecuados.

Nos ocupamos de la presentación ante el órgano competente o ante la institución de mediación y le dejamos preparado el expediente para la comparecencia: qué documentos llevar y qué pedir para que, si no hay acuerdo, salga con la certificación que le permite demandar.

Encargue ahora su Conciliación civil ante el LAJ o su Solicitud de mediación civil: puede ver el importe actualizado en la ficha de cada trámite y empezar hoy mismo. Managora lo prepara y lo presenta por usted.