El concurso voluntario de acreedores: cuando la empresa no puede pagar

El concurso de acreedores es el procedimiento judicial que ordena la situación de una empresa o de una persona que no puede pagar sus deudas. Es voluntario cuando la primera solicitud la presenta el propio deudor (artículo 29 del Texto Refundido de la Ley Concursal, TRLC); si se adelanta un acreedor, el concurso es necesario y las consecuencias son más duras: como regla, el deudor pierde la administración de su patrimonio.

El presupuesto es la insolvencia: actual, cuando ya no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, o inminente, cuando prevé que no podrá cumplirlas dentro de los tres meses siguientes. Con insolvencia actual la solicitud es un deber legal; con insolvencia inminente es una facultad que le permite anticiparse y elegir el momento.

El artículo 5 del TRLC obliga a solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer la insolvencia actual. La ley presume ese conocimiento cuando concurren hechos externos, como el sobreseimiento general de pagos o los embargos generalizados. Además, el concurso se considera necesario si en los tres meses anteriores a su solicitud otro legitimado ya había presentado una que fue admitida a trámite (artículo 29.2 TRLC).

Incumplir el deber de solicitar el concurso en plazo es uno de los supuestos que permiten calificar el concurso como culpable: la ley presume el dolo o la culpa grave del deudor o de sus administradores, de derecho o de hecho, salvo prueba en contrario.

La calificación culpable puede acarrear la inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a terceros durante años, la pérdida de derechos como acreedor y, en los concursos de sociedades, la posible condena a cubrir total o parcialmente el déficit concursal con el patrimonio personal de los administradores.

A ello se suma la responsabilidad societaria del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital: si la sociedad estaba incursa en causa de disolución y el órgano de administración no actuó en dos meses, los administradores responden solidariamente de las deudas sociales posteriores. Solicitar el concurso a tiempo es la mejor defensa: Managora calcula con usted la fecha en que empezó a correr el plazo y deja constancia documental del cumplimiento del deber.

Desde el 1 de enero de 2023 las microempresas tienen un procedimiento concursal propio y obligatorio (Libro III del TRLC). Es microempresa el deudor, persona física o jurídica con actividad, que empleó una media de menos de diez trabajadores durante el año anterior y tiene un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros (artículo 685 TRLC).

Tiene dos itinerarios: el de continuación, para pactar con los acreedores un plan que salve la actividad, y el de liquidación, con o sin transmisión de la empresa en funcionamiento. Si el 85 por ciento o más del pasivo corresponde a acreedores públicos, solo cabe tramitarlo como liquidación (artículo 686.4 TRLC).

Se tramita íntegramente con formularios normalizados electrónicos y gratuitos a través del Servicio Electrónico de Microempresas de la Administración de Justicia. La participación del deudor en este procedimiento exige asistencia letrada y representación mediante procurador (artículo 687 TRLC). Atención con la Agencia Tributaria: exige comunicaciones específicas (la solicitud de apertura debe comunicársele en 72 horas) y, si se omiten en el itinerario de continuación, sus créditos quedan fuera de las quitas y esperas del plan.

Sobre las deudas: todos los créditos anteriores se integran en la masa pasiva y se pagan por el orden legal. Los acreedores disponen de un mes desde la publicación del concurso en el BOE para comunicar sus créditos: el llamamiento figura en el auto de declaración (artículo 28 TRLC) y el deber de comunicación y su procedimiento se regulan en el artículo 255 TRLC. Las ejecuciones y apremios individuales sobre los bienes del concursado quedan, como regla general, paralizados, y se suspende el devengo de intereses salvo excepciones (créditos con garantía real y créditos salariales).

Sobre la gestión: en el concurso voluntario el deudor conserva, como regla, las facultades de administración y disposición de su patrimonio bajo la intervención de la administración concursal. El auto de declaración fija estos efectos en cada caso.

Sobre los contratos: la declaración de concurso, por sí sola, no resuelve los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento, que siguen en vigor. Las cláusulas que atribuyen a la otra parte la facultad de resolver el contrato por la mera declaración de concurso se tienen por no puestas.

El convenio es el acuerdo entre el deudor y sus acreedores para pagar con quitas, esperas o ambas. Tras la Ley 16/2022 las quitas no tienen límite legal y las esperas pueden alcanzar los diez años (artículo 317 TRLC). Si se aprueba y se cumple, la empresa sobrevive.

La liquidación convierte el patrimonio en dinero para pagar por el orden legal; en las sociedades termina con su extinción. Cuando el deudor carece de bienes con los que costear el procedimiento puede acudirse al concurso sin masa (artículos 37 bis y siguientes TRLC): el juez declara el concurso y, si los acreedores que representen al menos el 5 por ciento del pasivo no piden en quince días el nombramiento de un administrador concursal, el procedimiento concluye sin más trámite.

La persona física (empresario o consumidor) puede obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, la llamada segunda oportunidad: bien liquidando su patrimonio con exoneración inmediata, bien mediante un plan de pagos de tres años (cinco en ciertos casos, por ejemplo cuando se conserva la vivienda habitual) sin liquidar sus bienes. La exoneración no alcanza a todas las deudas: el crédito público solo se exonera con límites cuantitativos y quedan fuera, entre otras, las deudas por alimentos o las derivadas de delito. El Tribunal Supremo ha fijado en febrero de 2026 el criterio de cómo aplicar esos límites respecto de cada acreedor público.

Si la insolvencia todavía no es actual, o lo es desde hace poco, el Libro II del TRLC ofrece una alternativa preconcursal: los planes de reestructuración. Puede usarlos el deudor en probabilidad de insolvencia (riesgo de no poder pagar en los dos años siguientes), en insolvencia inminente o incluso actual.

El primer paso suele ser la comunicación de apertura de negociaciones al juzgado (artículos 585 y siguientes TRLC). Sus efectos duran tres meses, prorrogables por otros tres: se paralizan las ejecuciones sobre los bienes necesarios para la actividad y queda en suspenso el deber de solicitar el concurso mientras se negocia. El plan aprobado por las mayorías legales y homologado por el juez puede imponerse incluso a acreedores o clases disidentes. Si la negociación fracasa y la insolvencia actual persiste, renace el deber de solicitar el concurso.

Managora analiza su caso y prepara el expediente del concurso voluntario completo (memoria, inventario, lista de acreedores y relación de trabajadores) en 3 a 5 días hábiles desde que recibe su documentación: puede ver el importe actualizado en la ficha del trámite Solicitud de concurso voluntario. Tanto en el concurso ordinario como en el procedimiento especial de microempresas la presentación requiere abogado y procurador; esa representación procesal no está incluida en la preparación del expediente y se lo advertimos desde el primer momento.