Custodia, visitas y pension de hijos fuera del matrimonio: las medidas paterno-filiales

Son el procedimiento judicial que regula la relación con los hijos menores cuando los progenitores no están casados y cesa la convivencia: patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas, pensión de alimentos y uso de la vivienda familiar. Las reglas de fondo son las mismas que en un divorcio: el Código Civil no distingue entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, y la separación de los padres no les exime de sus obligaciones con los hijos (artículo 92.1 del Código Civil).

La diferencia práctica es que aquí no hay vínculo matrimonial que disolver: el juez solo decide sobre los hijos. En este procedimiento no se liquidan bienes comunes ni se fija pensión compensatoria entre los miembros de la pareja; únicamente lo relativo a los menores. Se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia (o de Familia) y la ley exige actuar con abogado y procurador incluso en el mutuo acuerdo (artículo 750 de la LEC): Managora se ocupa de todo el procedimiento por usted.

El Ministerio Fiscal interviene siempre en defensa del interés de los menores (artículo 749.2 de la LEC). Como persona física, usted está exento de la tasa judicial (artículo 4.2 de la Ley 10/2012): este procedimiento no devenga ninguna tasa que deba abonar.

Conviene separar dos planos. La patria potestad (las decisiones importantes: colegio, salud, lugar de residencia) se mantiene compartida en la práctica totalidad de los casos. La guarda y custodia es la convivencia diaria, y puede ser individual (los hijos viven con un progenitor y el otro tiene régimen de visitas) o compartida (reparto de tiempos entre ambos).

Para decidir, los tribunales aplican los criterios fijados por el Tribunal Supremo desde la sentencia 257/2013: la práctica anterior de cada progenitor en el cuidado de los hijos, su aptitud y disponibilidad real, la edad y el arraigo de los menores, la proximidad de los domicilios y del centro escolar, el número de hijos, la relación entre los progenitores y los deseos manifestados por los menores. El Supremo considera la custodia compartida un régimen normal, e incluso deseable, cuando concurren los requisitos.

Hay límites legales: no procede la guarda conjunta cuando un progenitor está incurso en un proceso penal por violencia contra el otro o contra los hijos (artículo 92.7 del Código Civil, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio). Antes de decidir, el juez recaba el informe del fiscal y puede apoyarse en el equipo técnico judicial. En cuanto a la audiencia de los hijos, el artículo 92.6 del Código Civil ya no fija un umbral de edad: el juez oye a los menores que tengan suficiente juicio o madurez, cualquiera que sea su edad. En el procedimiento contencioso, además, la regla 4ª del artículo 770 de la LEC mantiene que se oirá a los hijos si tuvieran suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años.

La pensión de alimentos cubre sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación del menor (artículo 142 del Código Civil) y se fija en proporción a los ingresos de quien la paga y a las necesidades del hijo (artículo 146). Se distingue de los gastos extraordinarios (ortodoncia, gafas, actividades no previstas), que habitualmente se reparten al 50 por ciento y exigen consulta previa salvo urgencia.

El Consejo General del Poder Judicial publica unas tablas orientadoras con una herramienta de cálculo online en poderjudicial.es: parte de los ingresos de ambos progenitores, el número de hijos y el lugar de residencia. Los juzgados las usan como punto de partida, pero no son vinculantes y la propia herramienta advierte de que el resultado es meramente informativo; además, no incluyen todos los conceptos de gasto, por lo que el importe final se ajusta a cada caso.

La pensión se actualiza cada año (normalmente con el IPC) y es independiente del régimen de visitas: se paga aunque el otro progenitor incumpla las estancias, y las visitas no se pierden por impago. En custodia compartida puede no fijarse pensión, o establecerse una a cargo del progenitor con más ingresos, contribuyendo cada uno a los gastos según su capacidad.

El criterio del artículo 96 del Código Civil es el interés del menor: en custodia individual, el uso de la vivienda familiar se atribuye a los hijos y al progenitor que convive con ellos, como regla hasta la mayoría de edad; en custodia compartida decide el juez atendiendo al interés familiar más necesitado de protección. Aunque el precepto está redactado para el matrimonio, los tribunales lo aplican también a las parejas no casadas con hijos menores.

Hay matices importantes: la atribución del uso no cambia la propiedad de la vivienda, puede limitarse en el tiempo y se complica cuando el inmueble pertenece solo a uno de los progenitores o a un tercero. El uso de la vivienda puede además valorarse como contribución en especie a los alimentos. Es una de las medidas con más casuística: en Managora estudiamos su situación concreta antes de proponer la solución en el convenio o en la demanda.

Desde el 3 de abril de 2025, antes de presentar una demanda contenciosa de familia hay que acreditar un intento de solución extrajudicial, los MASC: negociación entre las partes, mediación, conciliación u oferta vinculante (artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025). El documento que acredita el intento se acompaña a la demanda. Hay excepciones, como las medidas urgentes del artículo 158 del Código Civil o los procesos de filiación, y el requisito no se aplica cuando se presenta todo de mutuo acuerdo.

La demanda contenciosa sigue los trámites del juicio verbal con las especialidades del artículo 770 de la LEC: contestación por escrito, vista con prueba, informe del Ministerio Fiscal y, si procede, exploración del menor e informe del equipo psicosocial. Mientras se tramita el pleito pueden pedirse medidas provisionales para no dejar sin regular la custodia y los alimentos.

En Managora, el procedimiento de mutuo acuerdo tiene precio cerrado (puede ver el importe actualizado en la ficha del trámite). El contencioso se presupuesta según el caso: acaba en un juzgado y el coste depende de la complejidad y de la actitud de la otra parte, por lo que no prometemos precio cerrado ni resolución inmediata. Estudiamos su situación, preparamos el MASC y la demanda o la contestación, y le acompañamos hasta la sentencia.

Sí. Cuando varían sustancialmente las circunstancias, cualquiera de los progenitores (y el propio fiscal) puede pedir la modificación de las medidas (artículo 775 de la LEC y artículo 90.3 del Código Civil): pérdida de empleo o cambio relevante de ingresos, traslado de ciudad, nuevas necesidades del menor, incumplimientos reiterados o una edad del hijo que aconseje otro régimen de custodia.

La modificación puede tramitarse de mutuo acuerdo (nuevo convenio que aprueba el juez) o por demanda contenciosa, con el intento de MASC previo. Muy importante: mientras no haya nueva resolución judicial, la sentencia vigente obliga; no deje de pagar la pensión por su cuenta, porque el impago se puede ejecutar e incluso constituir delito.

Managora lo prepara y lo presenta por usted: cuéntenos su situación, redactamos el convenio regulador o la demanda y la presentamos ante el juzgado con toda la documentación. Puede iniciar el procedimiento desde la ficha de Regulación de Custodia y Pensión (Medidas Paterno-Filiales).