Darse de baja de autónomo y cobrar el cese de actividad

Darse de baja de autónomo significa comunicar a la Administración que deja de ejercer por cuenta propia. No es un único trámite: son al menos dos bajas independientes, la censal en Hacienda (modelo 036) y la baja en el RETA ante la Tesorería General de la Seguridad Social, que se gestiona por el portal Import@ss.

El cese de actividad (el llamado paro del autónomo) es una cosa distinta: es una prestación económica que gestiona su mutua colaboradora, no el SEPE. Darse de baja no implica cobrarla de forma automática, hay que cumplir requisitos y solicitarla.

Managora presenta las dos bajas y, si procede, la solicitud de la prestación por usted, coordinando las fechas para que no queden obligaciones abiertas. Puede ver el importe del servicio en la ficha del trámite.

Seis días naturales desde el cese para la baja en el RETA y un mes para la baja censal en Hacienda. El plazo del RETA era de tres días hasta el 31 de julio de 2026: lo amplió el Real Decreto 643/2026, de 29 de julio, que dio nueva redacción al párrafo segundo del artículo 32.3 del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación (Real Decreto 84/1996), con efectos desde el 1 de agosto de 2026.

Seguridad Social (RETA): comunique la baja por Import@ss dentro de esos 6 días naturales, o prográmela hasta 60 días antes del fin de la actividad. Si la presenta en plazo, la baja surte efecto desde el mismo día del cese y solo paga la parte proporcional del mes. Pasados los 6 días, la baja se considera realizada fuera de plazo a todos los efectos: produce efectos el último día del mes, paga la cuota completa y puede generar deuda con recargos e intereses.

Existe un matiz que conviene conocer: solo las 3 primeras bajas comunicadas en plazo dentro de un mismo año natural surten efecto desde el día real del cese; a partir de la cuarta, la baja produce efectos el último día del mes aunque la presente en plazo. En un cese definitivo de la actividad, que es lo habitual, esto no le afecta.

Hacienda: presente la declaración censal de baja con el modelo 036, marcando la casilla 150, en el plazo de un mes desde el día siguiente al cese. Desde el 3 de febrero de 2025 el modelo 037 ya no existe y todo va con el 036. Presentarla fuera de plazo es una infracción del artículo 198 de la Ley General Tributaria, sancionada con multa fija de 400 euros que se queda en 200 si la presenta usted antes de que Hacienda se lo requiera.

Recomendación práctica: use la misma fecha de cese en las dos bajas para evitar solapamientos y descuadres de cuota.

Los requisitos son los seis del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social: estar afiliado y en alta en el RETA; tener cubierto el periodo mínimo de cotización por cese de actividad; encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el acuerdo de actividad del artículo 3 de la Ley 3/2023, de Empleo, y acreditar disponibilidad para volver al mercado de trabajo; no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo que no tenga cotizado el periodo necesario para causar derecho a pensión; estar al corriente en el pago de las cuotas; y, en los dos supuestos de cese parcial, no ejercer otra actividad.

El periodo mínimo de cotización es el del artículo 338: haber cotizado por cese de actividad dentro de los 48 meses anteriores al cese, de los cuales al menos 12 meses tienen que estar comprendidos en los 24 meses inmediatamente anteriores. No hace falta que sean los 12 meses justo anteriores al cierre, que es el error que más gente da por hecho.

La cotización por cese de actividad es obligatoria para todos los autónomos desde 2019, de modo que la contingencia ya va dentro de su cuota mensual. La excepción está en el primer periodo de la cuota reducida de inicio de actividad, en el que la ley excepciona expresamente de cotizar por cese de actividad y por formación profesional.

Si tiene deudas con la Seguridad Social a la fecha del cese, el órgano gestor le invitará al pago y le dará un plazo improrrogable de treinta días naturales para ingresar lo debido. Si regulariza dentro de ese plazo, el derecho a la prestación se adquiere igual.

No basta con cerrar el negocio: la ley (artículo 331 de la LGSS) exige acreditar una causa concreta. Los supuestos principales son los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos.

Dentro de los motivos económicos se admiten: pérdidas superiores al 10 % de los ingresos en un año completo (excluido el primer año de actividad); ejecuciones judiciales o administrativas para el cobro de deudas que supongan al menos el 30 % de los ingresos del ejercicio anterior; y la declaración judicial de concurso que impida continuar.

Otros supuestos reconocidos son la fuerza mayor, la pérdida de la licencia administrativa, la violencia de género o sexual (para la mujer autónoma) y el divorcio o separación (para el autónomo colaborador que ayudaba en el negocio del cónyuge). Cada causa se acredita con documentación específica que Managora le indica y reúne.

El 70 por ciento de su base reguladora, con un tope de 1.225 euros al mes si no tiene hijos a cargo, 1.400 euros con un hijo y 1.575 euros con dos o más. Y un suelo: no puede cobrar menos de 560 euros al mes sin hijos ni de 749 euros con hijos a cargo.

Esas cifras salen de aplicar los porcentajes del artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social (175, 200 y 225 por ciento como máximos, y 80 o 107 por ciento como mínimos) al IPREM mensual incrementado en una sexta parte. Con el IPREM de 600 euros al mes vigente en 2026, esa referencia es de 700 euros.

La base reguladora es el promedio de las bases por las que haya cotizado en los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. A diferencia del paro del SEPE, aquí la cuantía no baja al 50 por ciento con el paso del tiempo: se cobra el 70 por ciento durante todo el periodo.

La duración va de 4 a 24 meses según los meses cotizados, con la escala del artículo 338 que tiene en la tabla. Durante el cobro, la mutua asume la cotización por contingencias comunes.

Para los topes cuentan como hijos a cargo los menores de veintiséis años, o los mayores con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que convivan con usted y que no tengan rentas iguales o superiores al salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

El cambio que de verdad le afecta este año es el plazo de la baja: desde el 1 de agosto de 2026 son 6 días naturales desde el cese y no 3, por el Real Decreto 643/2026, de 29 de julio, publicado en el BOE del 30 de julio. Si en su día leyó que eran 3 días, ese dato ya no vale.

En cotización no hay novedad de fondo: el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero, mantiene para 2026 las mismas tablas de tramos que regían en 2025, y la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, fija los tipos, con un total del 31,50 por ciento. Como la base reguladora del cese sale de sus bases de cotización, tampoco cambia la forma de calcularla.

Los topes de la prestación siguen calculándose sobre el IPREM mensual incrementado en una sexta parte, y el IPREM continúa en 600 euros al mes, de modo que la referencia para los topes es de 700 euros. Las cifras en euros las tiene en la tabla de cuantías.

En lo demás, la regulación de fondo se mantiene en los artículos 327 a 350 de la Ley General de la Seguridad Social, incluidos los dos supuestos de cese parcial que introdujo el Real Decreto-ley 13/2022 y que siguen siendo la vía para cobrar sin cerrar. Y la baja censal se sigue presentando únicamente con el modelo 036 desde la supresión del 037, el 3 de febrero de 2025.

Sí, en dos supuestos concretos que la ley llama cese parcial y en los que expresamente no hace falta cerrar el establecimiento abierto al público ni transmitirlo a terceros.

El primero es para el autónomo con trabajadores: reducción del 60 por ciento de la jornada de la totalidad de las personas en alta con obligación de cotizar de la empresa, o suspensión de los contratos de al menos el 60 por ciento de esa plantilla, siempre que en los dos trimestres fiscales previos a la solicitud los ingresos ordinarios o las ventas hayan caído un 75 por ciento respecto de los mismos periodos anteriores, y que sus rendimientos netos mensuales no alcancen el salario mínimo interprofesional o la base por la que viniera cotizando, si esta fuera inferior. Es el epígrafe 4.º del artículo 331.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social.

El segundo es para el autónomo sin asalariados: mantener deudas exigibles con acreedores por importe superior al 150 por ciento de los ingresos ordinarios o ventas de los dos trimestres fiscales previos a la solicitud, con esa misma caída del 75 por ciento y el mismo límite de rendimientos. Las deudas por incumplimiento de obligaciones con Hacienda y con la Seguridad Social no se computan en ese 150 por ciento. Es el epígrafe 5.º del mismo artículo.

La contrapartida es que se cobra menos: en estos dos supuestos la prestación es del 50 por ciento de la base reguladora y no del 70, y no se les aplican los topes máximo y mínimo generales (artículo 339.2 y 339.3). A cambio, es compatible con seguir en la actividad que causó el cese, siempre que sus rendimientos netos mensuales durante el cobro no superen el salario mínimo interprofesional o la base por la que venía cotizando, si fuera inferior (artículo 342.1).

Es la variante que más se busca y la que más se pierde por desconocimiento. Si su facturación se ha desplomado pero el negocio sigue abierto, mire esto antes de cerrar. Managora reúne la acreditación de los dos trimestres, calcula si encaja y presenta la solicitud ante su mutua: el servicio está en la ficha cese_actividad_autonomos_tgss.