Defender su marca: oposicion, suspenso, nulidad, caducidad y vigilancia (OEPM)

Cuando alguien solicita una marca, la OEPM la publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). Desde esa publicación usted dispone de dos meses, improrrogables, para presentar oposición (art. 19 de la Ley 17/2001, de Marcas). Pueden oponerse los titulares de marcas o nombres comerciales anteriores y sus licenciatarios facultados, invocando las prohibiciones relativas (riesgo de confusión, marca renombrada, otros derechos anteriores). Las prohibiciones absolutas (signos genéricos, descriptivos, engañosos o contrarios a la ley) puede invocarlas cualquier persona que se considere perjudicada.

La oposición se formula mediante escrito motivado y documentado, y solo se tiene por presentada si se paga la tasa dentro del plazo: 37,52 euros por vía electrónica o 44,14 euros en papel, según el cuadro de tarifas de la OEPM vigente desde el 1 de abril de 2026. Un escrito bien fundado identifica su derecho anterior, delimita los productos o servicios en conflicto y argumenta la similitud entre los signos y la relación entre las clases.

Tenga en cuenta una regla que sorprende a muchos titulares: si su marca lleva más de cinco años registrada, el solicitante puede exigirle que pruebe el uso efectivo que ha hecho de ella en los cinco años anteriores (art. 21.3 LM). Si no acredita ese uso ni justifica su falta, la oposición basada en esa marca se desestima. Por eso conviene aportar desde el principio facturas, publicidad y presencia real en el mercado.

Managora estudia la solicitud publicada, valora sus probabilidades según la similitud de los signos y la relación de clases, redacta la oposición y la presenta ante la OEPM dentro del plazo. Puede ver el importe actualizado en la ficha del trámite de oposición a marca.

El suspenso es la comunicación con la que la OEPM le traslada los reparos que afectan a su propia solicitud: defectos formales, prohibiciones detectadas de oficio u oposiciones y observaciones de terceros (art. 21 LM). No es una denegación: es su oportunidad de defender la solicitud.

El plazo para contestar es de un mes desde la publicación del suspenso en el BOPI para las marcas nacionales; para las marcas internacionales designando España, el plazo está entre dos y cuatro meses según lo publique la OEPM (art. 21 del Reglamento, RD 687/2002). Si no contesta ni subsana en plazo, se le tiene por desistido total o parcialmente, o la solicitud se deniega.

En la contestación puede hacer más cosas que alegar: retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud para salvar la parte no afectada, e incluso excluir de la protección los elementos no distintivos si el reparo se funda en las letras b), c) o d) del art. 5.1 LM. Y si el suspenso trae causa de la oposición de un tercero cuya marca lleva más de cinco años registrada, usted puede exigirle que pruebe el uso efectivo de esa marca anterior: si no lo prueba, su oposición decae.

Contestar al suspenso no devenga tasa. Solo pagaría la tasa de modificación (20,11 euros por vía electrónica o 23,65 euros en papel) si, con ocasión de la respuesta, decide modificar o limitar la solicitud. Managora estudia la notificación, elige la estrategia (alegar, limitar o dividir) y presenta la contestación en plazo: consulte la ficha de contestación a suspenso de marca.

Sí. Desde el 14 de enero de 2023 la nulidad de una marca española se pide directamente ante la OEPM en vía administrativa (reforma introducida por el Real Decreto-ley 23/2018), sin necesidad de acudir de inicio a los tribunales. Es un procedimiento más rápido y económico que el judicial y no exige procurador.

Hay dos tipos de nulidad. La nulidad absoluta (art. 51 LM) procede cuando la marca se registró contraviniendo prohibiciones absolutas o se solicitó de mala fe, y la acción es imprescriptible: puede ejercitarse en cualquier momento. La nulidad relativa (art. 52 LM) procede cuando la marca choca con derechos anteriores (su marca, su nombre comercial, otros derechos), y aquí opera la prescripción por tolerancia: si usted ha tolerado el uso de la marca posterior durante cinco años consecutivos conociéndolo, pierde la acción, salvo que la marca se hubiera solicitado de mala fe.

El procedimiento se inicia con un escrito motivado y documentado y el pago de la tasa: 170 euros por vía electrónica o 200 euros en papel. La OEPM da traslado al titular de la marca impugnada, que dispone de dos meses para presentar observaciones, y puede haber varias rondas de alegaciones entre las partes (arts. 59 LM y 61 del Reglamento). El titular impugnado también puede exigirle prueba de uso de su marca anterior si esta lleva más de cinco años registrada.

La nulidad declarada tiene efectos retroactivos: el registro se considera que nunca fue válido. Managora estudia la viabilidad de su caso, reúne la prueba (mala fe, derechos anteriores, riesgo de confusión) y presenta la solicitud de nulidad ante la OEPM en su nombre: el importe está en la ficha de la acción de nulidad de marca.

Toda marca registrada debe usarse de forma efectiva y real en España. Si en los cinco años siguientes al registro no se ha usado para los productos o servicios protegidos, o si su uso se ha suspendido durante cinco años ininterrumpidos, cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada puede pedir su caducidad ante la OEPM (arts. 39, 54 y 58 LM). Existen otras causas menos frecuentes: que la marca se haya vulgarizado por inactividad del titular, que se haya vuelto engañosa, la falta de renovación o la renuncia.

La gran ventaja procesal es la carga de la prueba: es el titular de la marca atacada quien debe demostrar que la usa de verdad (art. 59.3 LM), con facturas, catálogos y publicidad con fecha y lugar. Usted no tiene que probar un hecho negativo. Si el titular no acredita el uso ni causas justificativas, la marca caduca para los productos o servicios afectados.

La solicitud se presenta ante la OEPM con la misma tasa que la nulidad: 170 euros por vía electrónica o 200 euros en papel. La acción no prescribe, aunque solo prospera contra marcas que ya llevan al menos cinco años registradas. Los efectos de la caducidad se producen, con carácter general, desde la fecha de la solicitud de caducidad.

Es la herramienta típica para limpiar el registro: por ejemplo, cuando una marca inactiva bloquea la suya o cuando su titular se opone a su solicitud sin estar usando la marca que invoca. Managora prepara la solicitud, la presenta por vía telemática y sigue el expediente hasta la resolución: consulte la ficha de solicitud de caducidad de marca.

Porque desde la Ley 17/2001 la OEPM no deniega de oficio las nuevas solicitudes por parecerse a marcas anteriores: solo examina de oficio las prohibiciones absolutas. Si nadie se opone en los dos meses de plazo, una marca prácticamente idéntica a la suya puede quedar registrada, y desalojarla después exige una nulidad o una caducidad, procedimientos más largos y caros que la oposición.

La OEPM puede remitir avisos meramente informativos a titulares de signos anteriores detectados en una búsqueda informática, pero ese aviso no está garantizado, no cubre todos los supuestos y no interrumpe ningún plazo. El plazo de oposición corre desde la publicación en el BOPI, se entere usted o no.

El servicio de vigilancia de marca de Managora monitoriza de forma continua el BOPI. Si aparece una solicitud idéntica o similar a su marca, le avisamos de inmediato con un análisis del riesgo, de modo que pueda decidir con tiempo si presenta oposición dentro del plazo de dos meses. Puede contratar la vigilancia desde la ficha del servicio de vigilancia de marca registrada.

En el procedimiento de registro, la OEPM resuelve conceder o denegar la marca, total o parcialmente, y publica la resolución en el BOPI. Contra las resoluciones desestimatorias cabe recurso de alzada en el plazo de un mes (Ley 39/2015), con su tasa correspondiente (76,39 euros por vía electrónica, 89,86 euros en papel).

En los procedimientos de nulidad y caducidad, la resolución firme de la OEPM produce efectos frente a todos. Además, la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, atribuyó la revisión última de estas resoluciones a la jurisdicción civil (las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales), y no a la contencioso-administrativa.

La ley también coordina las vías: si la validez de la misma marca ya se está discutiendo ante un tribunal, la OEPM suspende su procedimiento, y viceversa (art. 61 bis LM). Por eso conviene definir la estrategia completa antes de disparar la primera acción: oposición si está en plazo; nulidad si hubo mala fe o choque de derechos; caducidad si la marca contraria no se usa. Managora le plantea la combinación adecuada a su caso.