El derecho de separacion del socio: dividendos (348 bis) y otras causas

El derecho de separación es la facultad del socio de salir de la sociedad cobrando el valor razonable de sus participaciones o acciones. Se ejerce mediante una declaración unilateral dirigida a la sociedad: la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública lo califica de derecho potestativo, de modo que, ejercitado en plazo y con causa legal, sus participaciones se convierten en un crédito frente a la sociedad por su valor razonable.

Su función es proteger a la minoría en sociedades cerradas. En una SL no existe un mercado donde vender las participaciones a un precio justo, así que la ley permite al socio disconforme con ciertos acuerdos de la mayoría marcharse con su dinero en lugar de quedar atrapado.

El régimen está en la Ley de Sociedades de Capital: causas legales en los artículos 346 y 348 bis, causas estatutarias en el 347, forma y plazo de ejercicio en el 348, y valoración y pago en los artículos 353 a 356. Se aplica a sociedades limitadas y anónimas, aunque el 348 bis excluye a las cotizadas y a otras sociedades que veremos más abajo.

La redacción vigente del artículo 348 bis LSC (dada por la Ley 11/2018) exige que se cumplan todos estos requisitos a la vez: que haya transcurrido el quinto ejercicio desde la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil; que usted haga constar en el acta de la junta su protesta por la insuficiencia de los dividendos; que la junta no acuerde repartir al menos el 25% de los beneficios legalmente distribuibles del ejercicio anterior; y que la sociedad haya obtenido beneficios durante los tres ejercicios anteriores.

Ojo con una referencia que circula mucho: el umbral de "un tercio de los beneficios propios de la explotación" corresponde a la redacción anterior a 2018. Desde el 30 de diciembre de 2018 el listón es el 25% de los beneficios legalmente distribuibles, y ya no hace falta haber votado a favor del reparto: basta la protesta expresa en acta.

Existe además una válvula de escape para la sociedad: aunque el reparto de un año sea insuficiente, el derecho no nace si el total de dividendos distribuidos en los últimos cinco años alcanza al menos el 25% de los beneficios legalmente distribuibles de ese periodo.

En grupos de sociedades hay regla propia: si la sociedad está obligada a formular cuentas consolidadas, el socio de la dominante puede separarse cuando la junta de esta no acuerde repartir al menos el 25% de los resultados positivos consolidados atribuidos a ella del ejercicio anterior, habiendo habido resultados positivos consolidados en los tres ejercicios anteriores.

El plazo para ejercitarlo es de un mes desde la celebración de la junta general ordinaria (art. 348 bis.3 LSC). Es un plazo breve y fatal en la práctica: si lo deja pasar, pierde la oportunidad de ese ejercicio.

Sí. Desde la reforma de 2018 el 348 bis es una norma dispositiva: se aplica "salvo disposición contraria de los estatutos". Muchas sociedades han incorporado cláusulas que lo excluyen o lo modulan, así que lo primero es siempre leer los estatutos vigentes.

Ahora bien, suprimir o modificar esta causa de separación tiene un precio: el acuerdo exige el consentimiento de todos los socios, salvo que se reconozca el derecho a separarse al socio que no haya votado a favor de esa supresión (art. 348 bis.2 LSC). Es decir, la mayoría no puede arrebatarle el derecho sin darle salida.

Quedan fuera del 348 bis, por el apartado 5 del propio artículo: las sociedades cotizadas y las que tienen acciones admitidas en un sistema multilateral de negociación; las sociedades en concurso; las que han comunicado al juzgado la apertura de negociaciones con acreedores al amparo de la legislación concursal; y las sociedades anónimas deportivas. El texto legal habla todavía de sociedades que han alcanzado un "acuerdo de refinanciación" protegido por la legislación concursal: esa figura fue sustituida por los planes de reestructuración en la reforma concursal de la Ley 16/2022, de modo que en la práctica la exclusión opera sobre las sociedades en negociación o con un plan de reestructuración de ese tipo. La disposición adicional undécima LSC excluye además a entidades de crédito y otras entidades financieras.

Managora revisa sus estatutos y las cuentas depositadas antes de la junta y le dice si el derecho está disponible en su caso concreto, para que no ejercite una separación condenada de antemano.

El artículo 346.1 LSC permite separarse a los socios que no hayan votado a favor del acuerdo (incluidos los socios sin voto) en estos casos: sustitución o modificación sustancial del objeto social; prórroga de la sociedad; reactivación de la sociedad; y creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.

En las sociedades limitadas hay una causa adicional: la modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales (art. 346.2 LSC). La doctrina registral la ha aplicado incluso a cambios que amplían la libre transmisibilidad, cuando tienen entidad suficiente.

La transformación, la fusión, la escisión y el traslado del domicilio al extranjero ya no se rigen por este artículo: desde el Real Decreto-ley 5/2023 el artículo 346.3 LSC remite a su libro primero. En las operaciones transfronterizas que cambian la ley aplicable (por ejemplo, el traslado internacional del domicilio), el socio que vota en contra tiene derecho a enajenar sus acciones o participaciones a cambio de una compensación en efectivo adecuada.

Además, los estatutos pueden crear causas propias de separación (art. 347 LSC), con su propia forma y plazo de ejercicio. Para las causas del artículo 346, el derecho se ejercita por escrito en el plazo de un mes desde la publicación del acuerdo en el BORME o desde que usted reciba la comunicación escrita de la sociedad (art. 348 LSC).

Lo que usted tiene derecho a cobrar es el valor razonable de sus participaciones o acciones, no su valor nominal. La primera vía es el acuerdo con la sociedad: sobre la cifra directamente, o sobre quién valora y con qué procedimiento.

Si no hay acuerdo, cualquiera de las partes (la sociedad o el socio afectado) puede pedir al registrador mercantil del domicilio social que designe un experto independiente para la valoración (art. 353 LSC). El experto emite su informe en el plazo máximo de dos meses desde el nombramiento (art. 354 LSC) y su retribución corre a cargo de la sociedad (art. 355 LSC).

Recibido el informe, la sociedad debe pagar: dentro de los dos meses siguientes usted tiene derecho a obtener en el domicilio social el valor razonable de sus participaciones, como precio de las que la sociedad adquiere o como reembolso de las que se amortizan. Pasado ese plazo sin pago, los administradores deben consignar la cantidad a su nombre en una entidad de crédito del municipio del domicilio social (art. 356 LSC).

El cierre societario se formaliza en escritura pública: los administradores declaran que ningún socio ha ejercitado el derecho o, en su caso, que la separación se ha resuelto mediante la adquisición de las participaciones por la sociedad o la correspondiente reducción de capital (art. 349 LSC). Ese paso pasa por notario y Registro Mercantil, pero es una carga de la sociedad, no suya.

Ejercitar el derecho de separación en sí (la comunicación a la sociedad) no devenga tasa administrativa. Ahora bien, si hay que pedir al Registro Mercantil la designación del experto independiente, ese expediente devenga aranceles registrales y, en la práctica, el registrador exige a quien lo inicia (que puede ser el propio socio) una provisión de fondos previa. La retribución del experto, en cambio, la soporta siempre la sociedad (art. 355 LSC).

Antes de la junta: revise los estatutos (por si el 348 bis está excluido), las cuentas anuales y los repartos de los últimos cinco años, y calcule los umbrales. Si teme que el acta no refleje lo que ocurra, los socios con al menos el 5% del capital en la SL (1% en la SA) pueden exigir la presencia de notario solicitándolo con cinco días de antelación (art. 203 LSC).

En la junta: asista personalmente o debidamente representado y haga constar en el acta, de forma expresa, su protesta por la insuficiencia del dividendo. Sin esa protesta no hay derecho del 348 bis, por muy escaso que sea el reparto.

Después de la junta: ejercite el derecho por escrito y de forma fehaciente (burofax con certificación de texto y acuse de recibo dirigido al órgano de administración) dentro del mes. En la misma comunicación conviene proponer un valor o anunciar que, a falta de acuerdo, se solicitará experto independiente al Registro Mercantil.

La separación no le cierra otras puertas: el propio artículo 348 bis deja a salvo las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de responsabilidad que puedan corresponder. Son palancas de negociación compatibles.

Managora lo prepara y lo presenta por usted: validamos el plazo y los requisitos con sus estatutos y cuentas, redactamos la comunicación de separación, la notificamos de forma fehaciente y preparamos la propuesta de valor o la solicitud de experto independiente al Registro Mercantil. Puede ver el importe actualizado en la ficha del trámite "Derecho de separación del socio (LSC arts. 346, 348, 348 bis)".