Filiacion, adopcion nacional y emancipacion: tres expedientes de familia

La filiación no matrimonial se determina por las vías del artículo 120 del Código Civil: la declaración del padre o progenitor no gestante en el formulario oficial al inscribir el nacimiento, el reconocimiento ante el Encargado del Registro Civil, en testamento o en otro documento público (una escritura), el expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil o la sentencia firme. El reconocimiento voluntario no exige juicio: es una declaración formal de que usted es el progenitor.

La eficacia depende de quién sea el reconocido. Si el hijo es menor de edad, hace falta el consentimiento expreso de su representante legal (normalmente la madre) o, en su defecto, la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal y del progenitor legalmente conocido (art. 124 CC). Ese consentimiento no es necesario si el reconocimiento se hizo en testamento o dentro del plazo para inscribir el nacimiento, aunque la madre puede pedir la suspensión de la inscripción del padre durante el año siguiente al nacimiento. Si el hijo es mayor de edad, decide él: su consentimiento expreso o tácito (art. 123 CC). Si ya ha fallecido, solo surte efecto si lo consienten sus descendientes (art. 126 CC).

Hay supuestos que pasan por el tribunal en jurisdicción voluntaria: el reconocimiento otorgado por un menor no emancipado necesita aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal (art. 121 CC), y la aprobación judicial del artículo 124 se tramita conforme a los artículos 23 a 26 de la Ley 15/2015, ante la Sección Civil o de Familia del Tribunal de Instancia del domicilio del reconocido (el órgano que, tras la Ley Orgánica 1/2025, ha sustituido a los antiguos Juzgados de Primera Instancia) y sin necesidad de abogado ni procurador (art. 24.3 LJV). Managora prepara el reconocimiento, los consentimientos y, si hace falta, la solicitud de aprobación judicial. Cosa distinta es que el otro progenitor niegue la paternidad: la reclamación judicial de la filiación (arts. 131 y siguientes CC) es un pleito contencioso que exige abogado y procurador y no está incluido en este trámite; consúltenos y le orientamos sobre su caso.

La filiación matrimonial y la no matrimonial producen los mismos efectos (art. 108 CC) y esos efectos se retrotraen al momento del nacimiento del hijo (art. 112 CC). Determinada la filiación, el hijo lleva los apellidos conforme al artículo 109 CC y a la Ley 20/2011: el orden se fija de común acuerdo y, si no lo hay, decide el Encargado del Registro Civil atendiendo al interés superior del menor.

Del reconocimiento nacen la patria potestad y sus deberes (velar por el hijo, alimentos, educación), la obligación de alimentos entre parientes y los derechos sucesorios: el hijo reconocido es legitimario de su progenitor igual que cualquier otro hijo, y el progenitor también adquiere derechos en la sucesión del hijo.

Existe un límite importante: el progenitor condenado por la relación que dio origen al nacimiento, o que reconoció contra la oposición legalmente manifestada, queda excluido de la patria potestad y de los derechos sobre el hijo y su herencia; el hijo, en cambio, conserva todos los suyos (art. 111 CC).

Para adoptar hay que ser mayor de 25 años (si adoptan los dos cónyuges o miembros de la pareja basta que uno alcance esa edad) y llevarse con el adoptando al menos 16 años y no más de 45; cuando adoptan dos, basta que uno de ellos cumpla la diferencia máxima, y puede superarse en la adopción de grupos de hermanos o de menores con necesidades especiales (art. 175 CC, redacción de la Ley 26/2015). No cabe adoptar a un descendiente, a un pariente en segundo grado colateral por consanguinidad o afinidad, ni al pupilo por su tutor hasta la aprobación de la cuenta de la tutela.

Solo pueden ser adoptados los menores no emancipados. Por excepción cabe adoptar a un mayor de edad o a un menor emancipado cuando ha existido acogimiento o convivencia estable previa con los adoptantes en los términos del artículo 175.2 CC.

La regla general es que la adopción la inicia la propuesta de la entidad pública de protección de menores de su comunidad autónoma, previa declaración de idoneidad del adoptante (valoración psicosocial): es la propia entidad pública quien eleva esa propuesta al tribunal, sin que un tercero pueda presentarla en nombre del adoptante. No hace falta propuesta en cuatro casos (art. 176.2 CC): ser huérfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o afinidad, ser hijo del cónyuge o de la pareja de hecho del adoptante, llevar más de un año en guarda con fines de adopción o bajo tutela del adoptante, o ser mayor de edad o menor emancipado. Solo en esos supuestos la solicitud la presenta directamente el adoptante, y ahí sí Managora se la prepara y presenta.

La adopción se constituye siempre por resolución judicial, atendiendo al interés superior del menor y a la idoneidad del adoptante (art. 176.1 CC). El expediente se tramita por jurisdicción voluntaria (arts. 33 a 42 de la Ley 15/2015) ante la Sección Civil o de Familia del Tribunal de Instancia, tiene carácter preferente, interviene siempre el Ministerio Fiscal y no exige abogado ni procurador (art. 34 LJV).

En el expediente deben consentir el adoptante y el adoptando mayor de 12 años en presencia del juez. Deben asentir el cónyuge o pareja del adoptante y los progenitores del adoptando no emancipado, salvo que estén privados de la patria potestad o incursos en causa legal para ello; la madre no puede prestar su asentimiento hasta que hayan pasado 6 semanas desde el parto (art. 177 CC). El menor de 12 años será oído según su edad y madurez.

Constituida la adopción, se extinguen los vínculos jurídicos con la familia de origen, salvo en la adopción del hijo del cónyuge o pareja, en la que se mantiene el vínculo con ese progenitor (art. 178 CC). El juez puede acordar, si conviene al menor, alguna forma de relación o contacto con la familia de origen: es la llamada adopción abierta (art. 178.4 CC). La adopción es irrevocable (art. 180 CC): solo cabe una extinción judicial excepcional pedida por el progenitor que, sin culpa suya, no intervino en el expediente, dentro de los 2 años siguientes y siempre que no perjudique gravemente al menor. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer sus orígenes biológicos al alcanzar la mayoría de edad o antes mediante sus representantes.

Desde la Ley 8/2021 la emancipación se regula en los artículos 239 a 248 del Código Civil (la numeración antigua, arts. 314 a 324, ya no está en vigor). La emancipación tiene lugar por la mayoría de edad, por concesión de quienes ejercen la patria potestad o por concesión judicial (art. 239 CC). Para la concesión de los padres se exige que el menor tenga 16 años cumplidos y que la consienta, y se otorga en escritura pública o por comparecencia ante el Encargado del Registro Civil (art. 241 CC).

El juez puede conceder la emancipación al mayor de 16 años que la pida, con audiencia de los progenitores, cuando quien ejerce la patria potestad se casa o convive con persona distinta del otro progenitor, cuando los progenitores viven separados o cuando concurre una causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad (art. 244 CC). También se reputa emancipado al mayor de 16 años que vive independiente con consentimiento de sus progenitores, aunque este consentimiento es revocable (art. 243 CC). Al menor bajo tutela el juez puede concederle el beneficio de la mayoría de edad (art. 245 CC).

La emancipación concedida es irrevocable y debe inscribirse en el Registro Civil: mientras no se inscriba no produce efectos frente a terceros (art. 242 CC y art. 70 de la Ley 20/2011). El emancipado rige su persona y bienes como si fuera mayor, pero hasta los 18 años no puede tomar dinero a préstamo, ni gravar o enajenar inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin el consentimiento de sus progenitores o, a falta de ambos, de su defensor judicial; sí puede comparecer en juicio por sí solo (art. 247 CC; el art. 246 CC es el que declara la plena capacidad del mayor de edad). Además, de entre los menores de edad, solo los emancipados pueden contraer matrimonio: el artículo 46 CC prohíbe casarse a los menores de edad no emancipados.

Para el reconocimiento de filiación: DNI o NIE del progenitor y del hijo, certificado literal de nacimiento del hijo, libro de familia si dispone de él y, en su caso, el consentimiento del representante legal del menor. Para la adopción: DNI del adoptante, certificado de idoneidad de la comunidad autónoma, documentación del menor, asentimiento del cónyuge o pareja si procede y la propuesta de la entidad pública cuando es necesaria. Para la emancipación: certificado de nacimiento del menor, DNI del menor y de los progenitores, empadronamiento y, en la vía de vida independiente, pruebas de esa independencia económica.

Ninguno de los tres expedientes tiene tasa administrativa: los certificados del Registro Civil son gratuitos y las personas físicas no pagan tasas judiciales; solo hay arancel notarial cuando interviene una escritura (reconocimiento en documento público o emancipación notarial).

Managora estudia su caso, prepara la solicitud y los consentimientos y presenta el expediente ante el Registro Civil, la notaría o el tribunal cuando el procedimiento admite que lo inste el interesado: así ocurre en el reconocimiento de filiación, en la emancipación y en la adopción de los supuestos del artículo 176.2 CC. En la adopción por la vía ordinaria la propuesta la eleva la entidad pública de su comunidad autónoma, y nuestro trabajo es preparar el ofrecimiento, la documentación y el seguimiento hasta la inscripción. Puede ver el importe actualizado de cada servicio en la ficha del trámite: reconocimiento de filiación no matrimonial, solicitud de adopción nacional y emancipación del menor. Empiece hoy: complete el cuestionario del trámite y nos ocupamos del resto.