Heredar en España viviendo fuera: el impuesto de sucesiones de no residentes

Si usted no tiene su residencia habitual en España, tributa por obligación real: solo por los bienes y derechos situados en territorio español. Lo dice el artículo 7 de la Ley 29/1987. Una cuenta en un banco español, un piso en la costa, acciones de una sociedad española o un vehículo matriculado aquí entran en la base imponible. El resto del patrimonio del fallecido, esté donde esté, no.

El impuesto lo paga quien recibe, no la herencia en bloque. Cada heredero liquida su parte por separado y presenta su propio modelo. Si son tres hermanos, hay tres autoliquidaciones distintas, cada una con su propia base y su propia cuota.

La gestión no corresponde a ninguna comunidad autónoma. Cuando el causante o el heredero no residen en España, el rendimiento no está cedido y el expediente lo tramita la Oficina Nacional de Gestión Tributaria de la AEAT. Esto es lo primero que confunde a casi todo el mundo: se presenta ante el Estado, aunque el piso esté en Alicante o en Málaga.

El plazo son seis meses contados desde el día del fallecimiento del causante, o desde aquel en que adquiera firmeza la declaración de fallecimiento. Es plazo de presentación y de ingreso a la vez: en ese periodo hay que declarar y pagar.

Cabe una prórroga por un plazo igual, otros seis meses. Se solicita dentro de los cinco primeros meses del plazo de presentación, no después. Prorrogar no sale gratis: devenga intereses de demora desde que termina el plazo ordinario, y esos intereses los liquida el propio interesado en la autoliquidación.

En donaciones el calendario es mucho más corto: treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la celebración del acto o contrato, con el modelo 651. Es el error de fechas más caro que vemos en este trámite.

Cuánto se paga no tiene respuesta única, y ahí está el problema. Con normativa estatal, una base liquidable de 284.043,13 euros genera una cuota de 51.397,81 euros. Con una bonificación autonómica del 99 por ciento sobre esa misma cuota, se queda en 513,98 euros. El importe no depende de dónde viva usted: depende de qué normativa acabe aplicándose.

La disposición adicional segunda de la Ley 29/1987 no le deja escoger la comunidad autónoma que más le convenga. Le asigna una, con reglas fijas, y a partir de ahí usted elige entre esa normativa autonómica y la estatal. Esa es la decisión que mueve la factura.

Si el causante no residía en España, la normativa aplicable es la de la comunidad autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de la herencia situados en España. Si el causante sí residía en España y el heredero no, la normativa es la de la comunidad donde residía el causante. Si el causante no residía y el heredero sí, y no hay bienes en España, se toma la comunidad de residencia del heredero.

En donaciones cambia la regla. Para un inmueble manda la comunidad donde esté el inmueble. Para el resto de bienes y derechos, la comunidad donde hayan estado situados el mayor número de días de los cinco años inmediatamente anteriores.

Hay una excepción que conviene tener presente desde el principio: las cantidades percibidas por beneficiarios de seguros de vida que no se acumulan al resto de la herencia tributan al Estado y solo admiten normativa estatal. Ahí no hay elección posible.

Es la duda número uno de quien hereda desde Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, México o Argentina. La respuesta corta es que sí, puede aplicarla.

El origen está en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, asunto C-127/12, que condenó a España por tratar peor a los no residentes. La reforma que la ejecutó redactó la disposición adicional segunda pensando solo en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo, y dejó fuera al resto del mundo.

El Tribunal Supremo cerró ese hueco. En sentencias de febrero y marzo de 2018, entre ellas la 242/2018, de 19 de febrero, apreció que la libre circulación de capitales del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea también protege a residentes en países terceros, y condenó al Estado a indemnizar a una persona residente en Canadá por la diferencia entre lo pagado con normativa estatal y lo que le correspondía con normativa autonómica.

La Dirección General de Tributos asumió esa doctrina en la consulta vinculante V3193-18, de 14 de diciembre de 2018. Hoy las preguntas frecuentes de la sede de la AEAT lo dicen sin rodeos: tanto los residentes en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo como los residentes en países terceros pueden optar por normativa estatal o autonómica.

Para los fallecimientos producidos a partir del 1 de enero de 2022, la base imponible de los inmuebles no es lo que usted crea que vale el piso ni lo que le diga una inmobiliaria. El artículo 9 de la Ley 29/1987, en la redacción dada por la Ley 11/2021, fija como valor el valor de referencia del Catastro Inmobiliario a la fecha del devengo.

Si el valor declarado por los interesados es superior al de referencia, se toma el declarado. Nunca el menor de los dos. Declarar por debajo del valor de referencia es una liquidación complementaria prácticamente segura.

El valor de referencia se consulta en la Sede Electrónica del Catastro y no es lo mismo que el valor catastral que figura en el recibo del IBI. Confundirlos distorsiona la cuota en ambos sentidos, y los dos son un problema.

Para el resto de bienes se aplica el valor de mercado a fecha de fallecimiento: certificado bancario de saldos para las cuentas, cotización o valor teórico para participaciones, y valoración específica para vehículos y seguros.

La AEAT exige que los documentos expedidos por funcionarios o autoridades extranjeras se aporten con la Apostilla de La Haya y traducción jurada al castellano. Un certificado de defunción británico o un testamento estadounidense sin apostillar no se admite.

Se acepta como alternativa la copia autenticada del Certificado Sucesorio Europeo, con traducción si no está en castellano. Cuando existe, ahorra semanas de trámite.

Cada heredero necesita número de identificación fiscal español, en la práctica el NIE. La única excepción que contempla la sede electrónica es la del fallecido que nunca tuvo NIF asignado, en cuyo caso se admite identificarlo por nombre y apellidos en la presentación en impreso.

Si usted reside fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, la AEAT exige además designar a una persona física o jurídica con residencia en España que le represente ante la Administración tributaria. Esa representación la asumimos nosotros dentro del expediente: no es algo que usted tenga que resolver por su cuenta antes de empezar.

Si presenta tarde pero antes de que Hacienda le requiera, se aplica el recargo del artículo 27 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 11/2021: un 1 por ciento, más un 1 por ciento adicional por cada mes completo de retraso. Pasados doce meses, el recargo es del 15 por ciento y se suman intereses de demora.

Ese recargo se reduce en un 25 por ciento si se cumplen los requisitos del apartado 5 del mismo artículo. Aun llegando tarde, queda margen para limitar el daño si se actúa antes del requerimiento.

Si es la Administración quien le encuentra primero, ya no hay recargo: hay liquidación y procedimiento sancionador. En herencias de tamaño medio la diferencia entre regularizar por iniciativa propia y esperar al requerimiento se cuenta en miles de euros.

Hay un motivo práctico añadido para no dejarlo correr. Sin justificante de presentación del impuesto, el banco no libera los saldos y el Registro de la Propiedad no inscribe el inmueble a su nombre. El artículo 8 de la Ley 29/1987 hace responsables subsidiarias a las entidades que entreguen fondos o valores sin ese justificante, y por eso no lo hacen nunca.