La jura de cuentas: como cobra el abogado o procurador a un cliente que no paga

La jura de cuentas es el procedimiento especial y sumario de los artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite a procuradores y abogados reclamar a su propio cliente lo devengado en un pleito concreto. El artículo 34 ampara al procurador, que presenta cuenta detallada y justificada de sus derechos y de los gastos que suplió; el artículo 35 ampara al abogado, que presenta minuta detallada y manifiesta formalmente que esos honorarios le son debidos y no se han pagado. De esa manifestación formal viene el nombre: la cuenta se jura.

Se presenta ante el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del juzgado que conoció del asunto, en la práctica por LexNET. No exige demanda, no devenga tasa judicial, no requiere intento previo de negociación (MASC) y la propia ley dice que no es preceptiva la intervención de abogado ni procurador para tramitarla. También pueden utilizarla los herederos del profesional respecto de esos créditos.

Su fuerza está en el final: si el cliente, requerido de pago, ni paga ni impugna en 10 días, se despacha ejecución directamente por el importe de la cuenta o minuta, sin pasar por un juicio declarativo.

Solo caben las cantidades devengadas en el proceso judicial en el que usted actuó: derechos de arancel y gastos suplidos del procurador, honorarios de defensa del abogado. La minuta o cuenta debe ir desglosada por conceptos, con fecha y cuantía de cada actuación, porque el requerimiento se libra sobre ella tal cual se presenta.

Quedan fuera los trabajos extrajudiciales: consultas, informes, negociaciones o asesoramiento previo al pleito. La doctrina administrativa lo resume con claridad: por esta vía solo se reclaman honorarios devengados en el pleito, no conceptos devengados extrajudicialmente (consultas de la Dirección General de Tributos V1027-07 y V4153-15, que además confirman que los servicios minutados siguen sujetos a IVA). Para esas otras deudas la vía es el monitorio o el declarativo.

Si existe hoja de encargo o pacto de honorarios, conviene acompañarla: un presupuesto previo aceptado por escrito evita la tasación si el cliente impugna por excesivos. Y si el cliente es una persona física, aportar el contrato es directamente obligatorio desde el 20 de marzo de 2024.

Presentada y admitida la reclamación, el LAJ requiere al cliente para que en 10 días pague o impugne. El silencio tiene precio: sin pago ni impugnación, se despacha ejecución por el total de la cuenta o minuta.

La impugnación por indebidos discute que la cantidad se deba (actuaciones ya pagadas, no encargadas o no realizadas). El LAJ da traslado al profesional por 3 días, examina la cuenta, las actuaciones procesales y la documentación, y dicta decreto en 10 días fijando la cantidad, con apremio si no se abona en los 5 días siguientes a la notificación. La cuenta del procurador solo puede impugnarse por indebida: sus derechos vienen tasados por arancel.

La impugnación por excesivos, propia de los honorarios del abogado, discute el importe. El LAJ da traslado al abogado por 5 días; si no acepta la reducción, se abre la regulación de los artículos 241 y siguientes de la LEC, con informe del Colegio de Abogados (artículo 246), salvo que exista presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante. Después se dicta decreto fijando la cantidad debida.

Contra el decreto cabe recurso directo de revisión ante el juez, garantía que abrió la STC 34/2019 al anular su antigua irrecurribilidad. Ni el decreto ni el auto que resuelva la revisión producen cosa juzgada: cualquiera de las partes puede acudir después a un juicio declarativo.

El Tribunal de Justicia de la UE (sentencia de 22 de septiembre de 2022, asunto C-335/21) declaró que la Directiva 93/13 se opone a una jura de cuentas en la que ningún juez puede controlar de oficio si las cláusulas del contrato de honorarios son abusivas. En el mismo fallo advirtió que una cláusula que penaliza al cliente por desistir del pleito remitiéndose al baremo del Colegio, no mencionada en la oferta ni en la información previa, puede constituir una práctica comercial engañosa.

El Real Decreto-ley 6/2023 incorporó ese control a la LEC con efectos desde el 20 de marzo de 2024: si la reclamación se dirige contra una persona física, el profesional debe aportar el contrato suscrito con el cliente y, antes de librar el requerimiento, el LAJ da cuenta al juez, que examina de oficio la posible abusividad. Si aprecia indicios, oye a las partes por 5 días y resuelve por auto en los 5 siguientes: puede declarar improcedente la pretensión o continuar el procedimiento sin aplicar las cláusulas abusivas. Ese auto es directamente apelable y, una vez firme, produce cosa juzgada.

En la práctica: revise su hoja de encargo antes de reclamar a un consumidor. Penalizaciones por desistimiento, remisiones a baremos o importes no informados antes de firmar pueden tumbar la reclamación entera. Managora revisa el encargo junto con la minuta al preparar el escrito.

Para honorarios extrajudiciales o encargos que no llegaron a pleito, la vía natural es el juicio monitorio (artículos 812 y siguientes de la LEC): se acompaña la minuta o factura y la hoja de encargo, el juzgado del domicilio del deudor le requiere de pago en 20 días y, si calla, se despacha ejecución. Si se opone, el asunto se decide en juicio verbal (hasta 15.000 euros) u ordinario.

En cuanto a costes de entrada, el monitorio no devenga tasa judicial para las personas físicas, que están exentas en todo caso; la persona jurídica también está exenta cuando la cantidad reclamada por monitorio no supera los 2.000 euros (artículo 4.1.a de la Ley 10/2012), y solo por encima de ese umbral puede devengarse la tasa. La jura de cuentas, en cambio, no devenga tasa en ningún caso.

También puede acudir directamente al declarativo, o hacerlo tras una jura de cuentas con resultado insatisfactorio, porque el decreto no produce cosa juzgada. Tenga en cuenta que desde el 3 de abril de 2025 la Ley Orgánica 1/2025 exige acreditar el intento de un medio adecuado de solución de controversias (MASC) antes de la demanda declarativa civil. Si el monitorio queda o no sujeto a esa exigencia es hoy una cuestión abierta: el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2025 no lo incluye pero tampoco lo excluye expresamente (a diferencia del proceso monitorio europeo), y los juzgados vienen resolviendo en sentidos opuestos, con Juntas de Jueces que lo exigen y otras que no. Conviene comprobar el criterio del partido judicial concreto antes de presentar. La jura de cuentas, por su parte, no exige MASC.

Managora le redacta el escrito completo: la cuenta detallada y jurada del procurador o la minuta detallada y jurada del abogado, con el desglose por conceptos que el LAJ necesita para admitirla, la manifestación formal de que la deuda está impagada y la petición de requerimiento. Cuando el deudor es una persona física, revisamos además la hoja de encargo para anticipar el control judicial de abusividad.

Usted solo aporta la minuta o cuenta con sus conceptos, el pacto de honorarios si existe, su DNI/NIF y su carné colegial, y recibe el escrito listo para presentar por LexNET en el juzgado que conoció del pleito. Puede ver el importe actualizado del servicio en la ficha del trámite de jura de cuentas. Y si su caso no encaja en esta vía, Managora le prepara la petición de juicio monitorio.