Licencia y registro de un perro potencialmente peligroso (PPP)

Un perro potencialmente peligroso (PPP) es aquel que la ley considera capaz de causar daños por sus características o su comportamiento. El marco vigente a 17 de julio de 2026 es la Ley 50/1999 y su Real Decreto 287/2002, que siguen plenamente en vigor para los PPP.

Un perro es PPP por tres vías. Primera, por raza: las ocho razas del Anexo I del RD 287/2002 y sus cruces (pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu). Segunda, por características físicas del Anexo II (fuerte musculatura, peso superior a 20 kg, pecho macizo, etc.). Tercera, por comportamiento: cualquier perro que haya mostrado agresividad marcada o protagonizado agresiones, previa declaración de la autoridad competente.

Por eso un perro mestizo o de una raza no listada también puede ser PPP si reúne las características del Anexo II o si es declarado agresivo. Todo PPP debe estar identificado con microchip.

Necesita la licencia toda persona que sea propietaria o que conduzca por la vía pública un perro potencialmente peligroso. La expide el ayuntamiento del municipio donde reside el titular.

Los requisitos del artículo 3 del RD 287/2002 son: ser mayor de edad; no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad, la integridad moral, la libertad sexual o la salud pública, ni por asociación con banda armada o narcotráfico, ni estar privado judicialmente del derecho a la tenencia; no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves de la Ley 50/1999; disponer de capacidad física y aptitud psicológica; y tener contratado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

La cobertura mínima estatal del seguro es de 120.000 euros, pero algunas comunidades autónomas exigen una cuantía superior (Andalucía, por ejemplo, exige 175.000 euros). Managora comprueba el importe que le corresponde según su comunidad y su municipio.

Para solicitar la licencia debe aportar: documento de identidad (DNI, NIE o pasaporte); certificado de capacidad física y de aptitud psicológica emitido por un centro de reconocimiento autorizado (los mismos que examinan a los conductores); certificado de antecedentes penales, que se solicita mediante el modelo 790 código 006 del Ministerio de Justicia (impreso de autoliquidación de la tasa); acreditación de no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves; y la póliza del seguro de responsabilidad civil.

El certificado de capacidad física y aptitud psicológica tiene una vigencia de un año desde su expedición, según el artículo 7 del RD 287/2002, por lo que conviene reunir toda la documentación en el mismo plazo.

Managora se encarga de solicitar el certificado de antecedentes penales, coordinar el reconocimiento físico y psicológico, contratar el seguro con la cobertura correcta y presentar la solicitud ante su ayuntamiento. Puede ver el importe actualizado del servicio en la ficha del trámite.

Obtener la licencia y registrar al animal son dos pasos distintos. Una vez concedida la licencia, el propietario debe inscribir al perro en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos de su ayuntamiento.

El RD 287/2002 no fija un plazo estatal único para esta inscripción inicial: lo determina la ordenanza municipal, y lo habitual es que se exija en los quince días siguientes a la obtención de la licencia. Cualquier variación posterior de los datos de la licencia también debe comunicarse al ayuntamiento, en el plazo que establezca la ordenanza municipal (habitualmente quince días); el RD 287/2002 no fija un plazo estatal cerrado para ello.

La inscripción deja constancia del animal, su microchip, su titular y el seguro. Managora presenta la solicitud de inscripción y le entrega el certificado de inscripción, que es uno de los documentos que debe llevar consigo en la vía pública.

En lugares y espacios públicos, el PPP debe llevar bozal apropiado para su tipología racial y ser conducido con cadena o correa no extensible de menos de dos metros. No se puede llevar más de un perro potencialmente peligroso por persona. Algunas comunidades autónomas endurecen estas medidas (Andalucía limita la correa a un metro).

Quien conduzca al animal debe llevar consigo la licencia administrativa y el certificado de inscripción en el Registro Municipal. En una finca o terreno, el PPP debe estar atado salvo que haya un recinto cerrado adecuado. La pérdida o sustracción del animal se comunica al Registro Municipal en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Las sanciones de la Ley 50/1999 van desde 150,25 euros (leves) hasta 15.025,30 euros (muy graves). Tener un PPP sin licencia es infracción muy grave; circular sin bozal o sin la correa reglamentaria, o no inscribirlo en el registro, es infracción grave. La sanción puede acompañarse del decomiso del animal y de la retirada o suspensión de la licencia.

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, está en vigor desde el 29 de septiembre de 2023. Introduce un seguro de responsabilidad civil obligatorio para todos los perros y un curso de formación para su tenencia.

A 17 de julio de 2026, ambas medidas dependen de un desarrollo reglamentario todavía pendiente, por lo que no son exigibles con carácter general. Mientras tanto, los perros potencialmente peligrosos siguen rigiéndose por la Ley 50/1999 y el RD 287/2002, con seguro mínimo de 120.000 euros.

Existe además un borrador de nuevo Real Decreto que plantea dejar de clasificar a los PPP solo por raza y sustituirlo por una prueba de aptitud a los doce meses de edad, con un seguro de 100.000 euros. Es solo un proyecto y no está en vigor. Managora vigila estos cambios y le avisa si le afectan.